A lo largo de estos años, el proceso de lucha y la organización popular nos ha permitido desarrollar diversas y numerosas experiencias de producción y de trabajo que nuclean a miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Aquellos que nos las rebuscamos para poder trabajar, que no ingresamos al mercado formal pero nos las ingeniamos para generar nuevas unidades productivas, hoy estamos en condiciones de reclamar y luchar por los mismos derechos que le corresponden a cualquier laburante.
En este sentido, uno de los desafíos que vemos hacia adelante es la necesidad de reconocer al sector de la economía popular, de otorgarle y reconocerle herramientas gremiales para que, desde allí, se pueda defender al alto porcentaje de trabajadores que hoy no tiene representación en su conjunto ni derechos frente al Estado.
Es la economía popular como tal la que debe ser reconocida, regularizada y organizarse unificadamente. Sólo a partir del reconocimiento gremial de quienes trabajan en unidades productivas (cooperativistas, quinteros, productores familiares, cartoneros, vendedores ambulantes) se va a poder discutir una negociación paritaria que asuma la existencia de un alto porcentaje de trabajadores del sector y que le reconozca sus derechos laborales.
Quienes somos parte de la economía popular tenemos que dar la pelea con el conjunto de la clase trabajadora, porque hablamos de universalizar los derechos laborales conquistador hace larga data por el pueblo trabajador: salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares, protección a la maternidad, licencias, obra social, estabilidad laboral, derecho a agremiación, jornada de trabajo que no supere las 8 horas diarias, seguro de Riesgos de Trabajo, condiciones laborales dignas, entre muchas otras.
Frente al mercado y la necesidad de consolidar políticas para la economía popular
Es cierto que los emprendimientos no pueden competir con las grandes empresas instaladas, por ejemplo, un emprendimiento de pastas no puede competir con Don Vicente. Lo cierto es que, en lo que tiene que ver con las posibilidades de insertarse y competir en el mercado, hoy la unidad productiva de la economía popular tiene todas las de perder: los costos de producción, la tecnología, las condiciones laborales, la comercialización de los productos, son sólo algunos puntos en los que la economía popular no puede y por eso termina aislada o subsistiendo.
Es el Estado quien debe intervenir, como veedor de los derechos del conjunto de la población. Si existe un sector pudiente que esta capitalizado y hay otros sectores de la economía popular que se organizan para producir, es responsabilidad del Estado generar herramientas para que esta última pueda crecer en una economía de mercado desigual.
Las prácticas autogestivas enfrentan sus límites en el marco de una sociedad dominada por el capital. Encuentran la dificultad de desplazar al mercado como espacio de venta de su producción, la compra de sus insumos y (parcialmente) la reproducción de la vida de sus familias. La necesidad de enfrentar en el mercado a empresas capitalistas limita la autonomía en la toma de decisiones.
Así, dejarlo librado “al mercado” es darle carne a los caranchos. Intervenir con política de pequeña subsistencia, como sucede hoy, también es relegar ese sector a una cuestión de subsistencia. El objetivo es que se le dé herramientas para que realmente esos desarrollos formen parte de cadenas productivas en mejores condiciones, para equiparar la función social de esa economía.
En ese sentido, potenciar la economía popular es impulsar una economía que vaya del productor al consumidor, que responda a los intereses populares, que permita generar productos, vestimenta y alimentos a bajo costo, que puedan consumir los sectores populares.
Para consolidar una economía popular hay que transformar radicalmente la concepción que se tiene. Y la intervención del Estado se apunta a la regulación de precios, regulación de importaciones, fondos de fomento a la producción agropecuario o empresas recuperadas. Es decir, una serie de políticas públicas, que se relacionen con la creación de un ministerio específico de Economía Popular que regule, planifique y fomente todos los procesos de Economía Popular para garantizar políticas públicas para el sector, así como la actualización de la normativa de cooperativas sin “flexibilizaciones progresistas” y la reforma del INAES.
En este sentido, hay políticas específicas para las distintas ramas que hoy se desarrollan que deberían implementarse: desde una nueva ley de quiebras y de expropiación para recuperar las fábricas vaciadas y la estabilidad para las empresas recuperadas, políticas masivas para el sistema mixto cooperativa de separación en origen de los residuos sólidos urbanos, la conformación de polos textiles cooperativos como alternativa al trabajo esclavo en la industria de la indumentaria, la conformación de polos agrarios cooperativos, la incautación de bienes provenientes del crimen organizado para su reutilización social, el fortalecimiento de las redes de comercialización e intercambio entre las organizaciones de la economía popular. También es importante el reconocimiento de nuevas formas de propiedad y organización, es decir, de la propiedad social, colectiva y/o comunitaria sobre los medios de producción y territorios afectados a actividades de Economía Popular
El punto de la comercialización es un desafío en sí mismo. Los emprendimientos siempre tuvieron esa traba porque el traslado concreto de la mercancía e implica una logística que el pueblo no tiene. Las organizaciones populares, los trabajadores de la economía popular tenemos la tarea de avanzar en una comercialización colectiva que permita integrar los diversos productos del sector para que la distribución sea propia. Este desafío implica además dar un paso más y pensar el abastecimiento local, territorial así como nacional.
En este sentido, también es una tarea pendiente consolidar los mercados populares como una alternativa y propuesta en los territorios. En la Argentina quien más y quien menos tiene, paga de igual manera, ya que por cualquier alimento que compramos todos y todas pagamos el 21 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA). En momentos donde, además, la inflación crece y los salarios no permiten llegar a fin de mes, cobra mayor relevancia la propuesta de ferias de la economía popular con productos y alimentos para el pueblo a bajo costo. En muchos barrios se vienen impulsando ferias periódicas, pero es necesario generar una red de mercados y ferias populares que permitan abastecer en gran escala y masificar la rica experiencia que ya se viene llevando adelante. El reconocimiento, la protección y el registro a ferias populares sin explotación que permitan reconocer los derechos de los productores y los feriantes y, a la vez, multiplicar las experiencias a lo largo y ancho del país.
En este mismo marco, le concierne al Estado la tarea de impulsarse una ley de compras del Estado a las producciones de economía popular que permitan a las unidades productivas sostener una venta básica por fuera de la competencia desleal con las grandes empresas.
La potencia revolucionaria de prefigurar la sociedad que soñamos
Creemos que la construcción de una economía popular es central en un proyecto emancipador revolucionario. Vivimos en el capitalismo y para transformar esta realidad, para construir camino al socialismo desde abajo, debemos empezar por nosotros mismos, buscando construirnos como hombres y mujeres nuevas, construyendo nuevas relaciones sociales. Si el capitalismo se organiza en torno de la explotación del trabajo y la primacía de la ganancia, el proceso colectivo de trabajo autogestivo es parte de una propuesta integral de cambio social, de una práctica de construcción cotidiana de poder popular.
Para nosotros y nosotras la garantía de derechos para los trabajadores de la economía popular, el reconocimiento del sector y las políticas que permitan desarrollarlo van, necesariamente, acompañadas de una práctica transformadora que busque ir poniendo los cimientos de esa nueva sociedad que queremos construir.
Las relaciones económicas, sociales y políticas de la economía popular deben ir anticipando la transformación radical con la que soñamos. Por eso creemos que es una apuesta política insoslayable que nuestras unidades productivas construyan con valores antagónicos a la economía de mercado, que prime la solidaridad, el compañerismo, el trabajo igualitario, la democracia participativa y protagónica, que nuestras experiencias corten de lleno con el sistema capitalista, que funcionen de manera cooperativa, que generen productos de bajo costo para que estén al servicio del pueblo trabajador, que produzcan alimentos sanos, que la producción no dañe el medio ambiente.
Los desafíos de la economía popular no son sólo garantizar los derechos para los trabajadores sino sentar las bases para un orden económico radicalmente distinto. Y en esa construcción de poder también vamos desarrollando otra educación posible con los bachilleratos populares, dando la disputa por una educación pública y popular, dando la pelea en el ámbito cultural, de comunicación, con la capacidad de organizarnos por cada una de las necesidades y los derechos de nuestro pueblo. Organizándonos las mujeres contra la violencia y por nuestros derechos, organizándonos desde la juventud, peleando por el derecho a la tierra, a una vivienda digna, a construir y organizarnos por los barrios dignos. Formándonos, luchando en las calles, organizándonos en el barrio, en los lugares de trabajo y en las unidades productivas de la economía popular.
Si a la sociedad futura la pensamos sin explotados ni explotadores. Si frente a la exclusión soñamos con una vida digna, con derechos plenos y socialización de la riqueza. Si frente al sistema capitalista nos imaginamos un nuevo orden social, político y económico donde la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente, la vivienda digna, la educación pública y popular, entre otras cosas, sean lo que predomine; entonces decimos que empezamos hoy a construir esa sociedad que queremos.
Con todo este acumulado de tantos años de tantas experiencias del campo popular creemos que tenemos la capacidad como parte de la clase trabajadora d empezar a hacer lo que decimos que hay que hacer. La construcción política tiene que tener un enorme basamento en la construcción de otra economía Porque vemos que es en las relaciones económicas donde ese socialismo se va a materializar o no. Hay mucha potencialidad desde lo que ya hemos construido pero podemos dar más pasos de avance, siempre recorriendo el camino con un horizonte socialista.