Brasil: El “golpe” ya fue dado

La onda de desempleo prepara el blindaje de los empresarios para acogerse, más adelante, en el nuevo marco de legislación laboral. Las masacres contra la juventud de la periferia urbana y contra los indígenas, se adelantan a otro marco legal que busca mantener a raya la “población excedente” de la ciudad y retroceder en el reconocimiento legal de las tierras indígenas, que ya se anuncia en la “Agenda Brasil”. También apunta para este nuevo marco legal la reducción de la edad de responsabilidad penal.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Cuando hablamos de “golpe”, “golpe de Estado”, tenemos en mente: 1- la instauración de dictaduras militares, 2- el cierre del congreso, 3- el fin de las elecciones directas, 4- la pérdida de derechos laborales, 5- la crisis económica y 6- mucha represión por parte de los militares. Actualmente, los tres primeros ejemplos arriba citados son, inclusive, innecesarios para aplicar los tres últimos. Aquellos que nos alarman con la posibilidad de un “golpe” no ven que ya estamos sufriendo un duro golpe escondido bajo la defensa de la “democracia” para pocos. Al final del texto, presentamos un cuadro que caracteriza el golpe del que hablamos.

En los noticieros vemos innumerables referencias a la crisis que se abate sobre el país: alto precio de los alimentos, despidos en masa, quiebre de empresas, entre otras. Es decir, vivimos la peor crisis económica de los últimos 20 años. Los ataques no se presentan sólo a nivel económico, sino también en la violencia policial, como es el caso de la masacre de jóvenes negros de Osasco (en el conurbano de la ciudad de San Pablo) y la agudización de los ataques de los hacendados contra los indígenas en Mato Grosso do Sul (MS). Todo ese cuadro afecta el cotidiano de la población. Pero, ¿cuál es el telón de fondo de este escenario?

Un momento de crisis significa, en suma, que la posibilidad de mantener los lucros de los capitalistas está agotándose o estrechándose. En los noticieros es común hablar de “crecimiento de la economía” y “aumento del PBI” como índices que, sin mucha explicación, si disminuyen de un año para otro, tornan el cuadro de la economía alarmante y justifican el deterioro de la condición de vida de los trabajadores.

En este momento, los inversores están repensando cómo y dónde invertirán su dinero para tener mayor lucro. Esto significa que también precisan excluir competidores, disminuyendo el número de los ganadores y redistribuyendo entre esos pocos el poder de decisión. Ejemplo de esto es que los grupos antes beneficiados, en el período de 2002-2010, están perdiendo espacio de subsidios e inversiones, como la industria de transformación y las constructoras. Sin embargo, sectores como el agronegocio continúan siendo beneficiados[1]. A eso llamamos realineamiento en la esfera económica.

Una consecuencia de esto es que los gobiernos de los países son presionados a reducir los “costos” para aumentar los lucros. Con “costos” nos referimos al monto destinado a los salarios (remuneración de la fuerza de trabajo) y los recursos que gasta el Estado en políticas sociales como salud, educación, redistribución de renta, derechos laborales, previdencia, etc. Esto, que consiste en el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo, es necesario para atraer inversiones y aumentar la competitividad nacional, disminuyendo el llamado “costo Brasil”.

Vivimos el fin de un ciclo de expansión económica, o sea, de “crecimiento”, y entramos en un período de reconcentración que exige un nuevo marco político y legal que cree las condiciones necesarias para una transición segura. Ese realineamiento en la esfera económica requiere, en países de capitalismo dependiente y subordinado, como Brasil, definir, en la esfera política, los operadores de esta transición.

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La rivalidad (al estilo de un “River vs. Boca” o un “Nacional vs. Peñarol”) entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) a la que asistimos durante la campaña electoral de 2014 y que continuó hasta poco tiempo atrás, con las amenazas de juicio político que tenía como argumento central la desaprobación de las cuentas de la presidenta Dilma Rousseff por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), fue la exacerbación de una disputa para ver quién presenta mejores condiciones de operar esa transición que ya fue diseñada en la esfera económica.

El caso de la “Agenda Brasil” (ver recuadro) es esclarecedor. La amenaza de juicio político alardeado por la derecha e inclusive por partidos aliados al gobierno en el congreso, como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue un instrumento importante para los proyectos que prevén un gran retroceso en los derechos sociales. Gracias a tales amenazas, el actual ministro de la hacienda, Joaquim Levy, representante del capital bancario, promovió una tensa unidad entre la federación de los bancos (FEBRABAN) y la federación de la industria (FIESP), en esta propuesta de la “Agenda Brasil”[2] llevada adelante por Renan Calheiros, presidente del Senado y miembro del PMDB. Ese llamado “gran acuerdo” tiende a poner la esfera política en sintonía con la dinámica de los intereses y necesidades económicos. Después de esto, toda la base del congreso que estaba a favor del juicio político de la  presidenta dio marcha atrás y hasta organizaciones como Globo (mayor conglomerado de las comunicaciones) dieron un golpe de timón, cambiando su línea editorial de apoyo al golpe para un llamado a la “gobernabilidad”.

En nombre de esa misma “gobernabilidad”, la presidenta Dilma y el PT hacen coro a la necesidad de llevar adelante esos retrocesos. Cabe percibir que el juicio político era una salida desgastante, arriesgada e innecesaria para ajustar las políticas públicas a las necesidades de rápida concentración que tiene el capital. Pero la campaña que giró en torno del juicio político sirvió para desviar las atenciones y acelerar la imposición del nuevo marco legal y de políticas públicas. La urgencia responde a la intención de evitar resistencias y disciplinar a las clases trabajadoras: para ellas, tratamiento de choque.

La “Operación Lava-Jato”[3], que sirvió para desgastar al gobierno nacional ante el gran público, está sirviendo, inadvertidamente, para transferir parte substancial de las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y del Programa de Inversión en Logística (PIL), ambos llevados adelante por el gobierno nacional, para nuevos inversores nacionales e internacionales. Una de las consecuencias de este nuevo alineamiento, como vimos con el viaje de Dilma y Levy para los Estados Unidos en el primer semestre[4], fue abandonar en buena medida las relaciones comerciales con países de América Latina y articularse con los intereses del bloque estadounidense. Ejemplo nítido de esto es que la propia “Agenda Brasil” prevé la desarticulación del Mercosur.

Los cortes de recursos para la educación con el llamado “ajuste fiscal” intensifican el cuadro. Con esos cortes, el sistema básico llega al límite, proyectos de mejoría de la educación comienzan a retroceder, con el cierre de aulas y la falta de profesores. También se coloca en este conjunto el corte de recursos para la construcción de guarderías, una de las evidencias de que el mayor peso de esta crisis caerá sobre las mujeres.

También la Secretaria Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), la Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM) y la Secretaría de Políticas para la Juventud (SPJ) corren riesgos de cerrarse[5].

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En la parte baja del tablero, los desposeídos, que pueden perder lo último que tienen con estas medidas, precisan ser controlados para garantizar el éxito del plan. Los proyectos de la ley de antiterrorismo, reducción de mayoridad penal (ver cuadro), así como el fortalecimiento de las fuerzas armadas nacionales, son los dispositivos de control de esta articulación. Las recientes ejecuciones en Osasco y los ataques de los hacendados contra los indígenas en Mato Grosso do Sul anticipan la tragedia social que se vislumbra para Brasil.

La reestructuración de la clase trabajadora aumentó la fragmentación entre los sectores, por la vía de la tercerización, ahora reglamentada e intensificada por el proyecto de ley 4330 (ver cuadro), de la dispersión geográfica de la producción y de la constitución de una camada de trabajadores especializados de “alto padrón”.

En los embates internos del PT, originalmente instrumento de organización de la clase trabajadora y representante del ciclo de luchas de los años 80, acabó venciendo la tendencia que administró el período de expansión del capital, desarticulando las organizaciones de clase (sindicatos, movimientos sociales, etc.) e integrándolos al Estado. El resultado de eso fue que la trayectoria de luchas de los últimos 20 años en Brasil no afectó la estabilidad de la dominación burguesa, y tampoco dejó un legado combativo para enfrentar los ataques a nuestros derechos.

Ese hilo interrumpido en la década de 90 aún no fue vuelto a atar. Tal falta de organicidad configuró un obstáculo para que las clases trabajadoras se lancen a la disputa política para defender sus propias causas, liberándose de las relaciones de cooptación política, como vagón de cola de los intereses y necesidades de las fuerzas que dominan el orden existente. Inclusive ha inviabilizado una respuesta nacionalmente integrada de la clase trabajadora que haga frente a los ataques directos del gran capital, entre otros, el representado por la “Agenda Brasil”. Este estado de cosas dificulta la resistencia, inclusive en una coyuntura en que afloran huelgas y movilizaciones en todo el territorio nacional.

Faltan luchas continuas con fuerza suficiente para contagiar y aglutinar los elementos dispersos nacionalmente en ejes comunes de acción. La extrema fragmentación de los movimientos sociales y de la propia clase trabajadora, junto con el total descrédito en que las organizaciones del ciclo PT se colocaron, nos alerta sobre el hecho de que el golpe ya ocurrió ante la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo. Es preciso reaccionar inmediatamente.

 

Marco legal del “golpe”

 

  • * El mayor ajuste fiscal de la historia de Brasil que, en términos nominales, reorientó el montante de 70 mil millones de reales antes destinados a áreas esenciales para el pago de la deuda pública.
  • * Medidas provisorias 664 y 665, que restringen el beneficio del seguro de desempleo y la jubilación.
  • * Proyecto de ley 4330, que permite la tercerización de la actividad esencial de las empresas.
  • * Cambio en el carácter de los de las inversiones de los fondos de previdencia, que pueden ser aplicados en la especulación financiera.
  • * Medida provisoria 680, el llamado Programa de Protección al Empleo, que permite disminuir la jornada de trabajo y el salario hasta el 30% y restringe el pago de los abonos salariales como el aguinaldo.
  • * Propuesta del fin de la unión aduanera con el Mercosur y abertura comercial con los Estados Unidos.
  • * Propuesta de Enmienda a la Constitución 171, que reduce de 18 para 16 años la edad de responsabilidad penal para una serie de delitos.
  • * Propuesta de Enmienda Constitucional 215, que confiere al Congreso Nacional la competencia exclusiva para aprobar el reconocimiento de tierras indígenas y la revisión de las tierras ya reconocidas.
  • * Proyecto de ley 867, que impide al profesor hablar de política en sala de aula.
  • * Proyecto de Ley 131, que tramita en régimen de urgencia en el Senado y que pretende transferir para multinacionales los lucros de la explotación de los recursos del “presal” (grandes yacimientos de petróleo –debajo de una camada de sal).
  • * Proyecto de ley 5807, que define un nuevo marco de regulación para el sector de minería, abriendo territorios de las comunidades tradicionales para la explotación extreactiva.
  • * Plan “Brasil Patria educadora”, que destina gran parte de los recursos públicos de la educación para instituciones privadas.
  • * Proyecto de ley 2016, que caracteriza como terroristas las manifestaciones políticas, equiparándolas con el uso de explosivos nucleares.

 

“Agenda Brasil”.

 

  • * Protección legal para las inversiones privadas en concesiones y privatizaciones en la forma de “Cooperación Público Privada”, por medio del desmonte de las agencias que imponen límites a los impactos ambientales y sociales, flexibilizando las leyes laborales, desreglamentando la actividad extractiva, la protección ambiental y del patrimonio histórico y retrocediendo en la demarcación de las tierras indígenas, así como estimulando grandes eventos, como las Olimpíadas, en detrimento del bien público y relativizando los estudios de impactos sociales y ambientales en las obras de infraestructura.
  • * Procura de equilibrio fiscal por medio de la reducción de impuestos sobre el patrimonio y aumento de impuestos sobre la renta, de la desvinculación de los presupuestos empeñados en áreas esenciales, privatizando el patrimonio público, caracterización de la inversión de las estatales como gasto público, imposibilidad de ajuste salarial para empleados públicos.
  • * Desmonte de la protección social que acaba con el principio de gratuidad del Sistema Único de Salud y desplaza las inversiones en educación para el pago de la deuda pública.
  • * No cobranza de impuestos para empresas por la reducción de plantilla de pagos y acceso a fuentes de financiamiento público.

 

(*) Traducido para Contrahegemonía Web por Canudos – Organización política.

http://coletivocanudos.blogspot.com.br/

 

Notas

[1] En el período de 2002 a 2010, las empresas constructoras y la industria de transformación, aliadas al agronegocio y a las empresas mineras, formaron el llamado “frente neodesarrollista”, y recibieron amplio crédito de fondos retirados de los trabajadores por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Todos los sectores perdieron fuerza por la caída del precio de las commodities y por la retracción del comercio internacional. La crisis obliga a una disminución en el poder de compra por el corte de las políticas sociales, lo que afecta directamente la industria de transformación. Hoy preenciamos un deslizamiento en ese “frente”, con una aproximación del agronegocio al capital bancario y financiero.

[2] “Agenda Brasil” es un conjunto de medidas lanzado por Renan Calleiros, presidente del Senado y miembro del PMDB, de la base aliada al PT en el Congreso Nacional. Lo presentó después de una reunión entre el presidente de la FIESP y el ministro de la hacienda y representante del capital bancario, Joaquim Levy, que acertaron una serie de orientación en la política del gobierno. La presidenta manifestó su aprobación a las medidas.

[3] Algunas noticias: “Senado amplia pacote anticrise após receber Levy” (http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-nova-versao-de-agenda–renan-recua-sobre-cobranca-no-sus-e-propoe-fim-do-mercosul,1742969); “Joaquim Levy realiza encontro com banqueiros e os aproxima do governo” (http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-nova-versao-de-agenda–renan-recua-sobre-cobranca-no-sus-e-propoe-fim-do-mercosul,1742969); “Empresários vão apoiar agenda de Levy para retomada…” (http://www.valor.com.br/brasil/4179832/empresarios-vao-apoiar-agenda-de-levy-para-retomada-diz-ceo-da-amcham)

[4] “A viagem de Dilma Rousseff aos EUA e os novos alinhamentos do capitalismo” http://coletivocanudos.blogspot.com.br/2015/07/a-viagem-de-dilma-rousseff-e-os-novos.html

[5] “Acabar com a Seppir não reduz gastos e é retrocesso no combate ao racismo” http://www.geledes.org.br/acabar-com-a-seppir-nao-reduz-gastos-e-e-retrocesso-no-combate-ao-racismo/#gs.8a2303f3e3a4454aa7a518acee8316af

 

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