Producción de litio en la Argentina: sobre la Ley y el debate

En el pasado mes de julio, los diputados del Partido Solidario presentaron un proyecto de ley para crear la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado (YEL). La noticia produjo una serie de declaraciones públicas que, de manera incipiente, fueron definiendo la emergencia del debate sobre el litio en Argentina. En abierta polémica con la visión predominante en el Sistema Nacional de Innovación, el autor sostiene que ningún proyecto industrializador podría tener sentido sin la previa recuperación de la soberanía nacional sobre los yacimientos públicos.

 

Hace más de 15 años que la empresa norteamericana FMC Corp. explota en Argentina el tercer proyecto de litio en salmueras más importante del mundo, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca. En los últimos 10 años, los mayores yacimientos de litio localizados bajo los salares de la puna argentina, fueron adquiridos por empresas mineras directamente asociadas con las principales automotrices del mundo. Sin embargo, a pesar de la importancia de este recurso para el desarrollo de baterías recargables demandadas por casi toda la electrónica portátil y por los nuevos vehículos eléctricos en pleno desarrollo tecnológico, la sociedad argentina no atravesó aún ningún tipo de debate público de alcance nacional sobre el régimen de propiedad y el destino de sus yacimientos. Al menos, no hasta ahora.

En el pasado mes de julio, un proyecto de ley presentado en 2014 por los diputados del Partido Solidario en el Congreso de la Nación, cobró estado parlamentario impulsando tres propuestas centrales: 1) declarar las reservas de litio como “recurso natural de carácter estratégico”, 2) fundar la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado (YEL) y 3) crear una Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL). La noticia fue interpretada como una señal de partida para el debate pendiente, produciendo inmediatamente una serie de declaraciones públicas y notas de opinión que, de manera incipiente, fueron definiendo los términos de la discusión y revelando los diversos intereses en conflicto.

Entre las diversas opiniones que generó el proyecto de ley, se destaca la del Dr. Bruno Fornillo[1]. No sólo por ser el director del proyecto de investigación “La explotación del Litio en la Argentina” (CONICET), sino sobre todo porque en suúltimo artículo expone, con inédita claridad, la visión que predomina en varios organismos de ciencia y tecnología a la hora de diseñar políticas públicas relativas al litio. En su nota de opinión, el Dr. Fornillo rechaza la necesidad y oportunidad de cualquier ley que busque “posicionar al Estado Nacional en la extracción de litio”. Según el autor, lejos de cuestionar el actual régimen de concesiones provinciales diseñado en la década del ‘90, el Estado Nacional debería limitarse a financiar proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) en baterías de litio, aun cuando estos proyectos estuvieran totalmente desvinculados de la producción primaria local destinada a la exportación.

Si las leyes son siempre el resultado de conflictos materiales, los diversos sectores sociales vuelven conscientes estos conflictos por medio de debates públicos que, a su vez, otorgan legitimidad al complejo proceso legislativo. Es por ello que, para aportar nuestras propias ideas al nuevo debate abierto por el proyecto de ley, elegimos polemizar con esta visión predominante (y de presunta vanguardia) sobre los recursos de litio en general y sobre el régimen argentino en particular.

 

Sobre el litio sudamericano

El argumento utilizado por el Dr. Fornillo para rechazar la necesidad de una ley nacional que regule la producción primaria del litio, comienza relativizando el carácter “estratégico” de las reservas sudamericanas. Para ello se basa, sin embargo, en dos supuestos generales que, en esencia, consideramos equivocados: “El litio no es escaso, ni está distribuido desigualmente en el planeta”.

En primer lugar, la abundancia de un recurso natural en relación a la demanda, lejos de disminuir su carácter “estratégico”, justifica la regulación de su producción/exportación por parte del país propietario. Caso contrario, podría derivarse en una sobreproducción que, a la larga, haría caer los precios de la materia prima exportada, transfiriendo a la industria demandante parte de la llamada renta minera (más adelante volveremos sobre este punto).

En segundo lugar, la distribución geográfica de las reservas de litio sí es desigual. Los salares del altiplano sudamericano (Bolivia, Chile y Argentina) no sólo contienen el 65% del total de los recursos mundiales de litio, sino que además representan el 80% de los recursos de litio en salmueras. En este punto, es necesario hacer una aclaración. A diferencia de los minerales de litio, las salmueras de los salares permiten obtener carbonato de litio con el grado de pureza que demandan las baterías eléctricas, bajo costos productivos y ambientales mucho menores a los asociados con la minería convencional. Sólo dos operaciones ubicadas en el Salar de Atacama de Chile y una en el Salar del Hombre Muerto en Argentina, controlan desde hace más de 15 años alrededor del 50% de la producción global total, representando en 2012 el 85% de todo el litio obtenido a partir de salmueras en el mundo (casi 90.000 toneladas).[2]

A pesar de estas evidencias, el Dr. Fornillo cree poder confirmar su hipótesis sobre la escasa importancia de las reservas de litio sudamericanas, a partir de la política europea: “Como no es escaso ni está distribuido desigualmente –insiste- la Unión Europea quitó al litio de la lista de minerales que considera «críticos»”.Sin embargo,el Dr. en geopolítica parece confundir aquí los términos “crítico” y “estratégico”. Si la Unión Europea no considera al litio como un recurso “crítico”, es porque existen abundantes reservas económicamente explotables. Pero sobre todo, porque a pesar de la alta concentración geográfica, la producción está totalmente en manos de empresas transnacionales, y por lo tanto el suministro para la industria europea estaríagarantizado. Aun así, en 2011 el Parlamento Europeo declaró que el litio, junto al hafnio y el níquel, poseen una “importancia estratégica para responder a las necesidades de la industria europea y para producir bienes de consumo de alto valor añadido”, y en consecuencia resolvió que debe “evaluarse la dependencia de estas materias primas […] y examinarse medidas para garantizar la seguridad del suministro” (Resolución del Parlamento Europeo, 13/09/2011)[3]. Más recientemente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos aclaró en qué consiste esa importancia estratégica: “A medida que la tecnología de las baterías se desarrolla, se espera que el litio juegue un papel clave en los esfuerzos por reducir las emisiones de dióxido de carbono, responsables del calentamiento global” (USGS, 2014)[4].

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El valor del litio: precios, ganancias y renta

En realidad, el artículo del Dr. Fornillo no busca negar por completo el carácter “estratégico” del litio, sino sólo desplazar el eje del debate hacia la necesidad de desarrollar baterías de litio, evadiendo así los conflictos políticos que necesariamente supone la modificación de cualquier régimen de propiedad sobre los recursos naturales.Para ello, el autor se verá obligado a plantear una hipótesis tan confusa como aparentemente sofisticada: el valor estratégico del litio no está en sí mismo, sino en las baterías que pueden hacerse con él, aun cuando los hipotéticos productores locales de baterías deban “importar el litio”. En términos más generales (y también más actuales):el verdadero valor ya no estaría en las materias primas sino en la innovación tecnológica. Pero, ¿a qué tipo de valor se refiere el autor? Veamos:

 “¿Dónde está el valor del litio? En una dimensión realmente diferente a la minera. […] El valor concreto está en el conocimiento científico-técnico y en la capacidad económico-empresarial para realizar y comercializar baterías. Una tonelada de carbonato de litio cuesta alrededor de 6.000 U$D, mientras que una batería de auto -que utiliza apenas 10 Kg-, entre 10.000 y 20.000 U$D. […] Es claro que una ganancia potencialmente extraordinaria está en el mercado de baterías.”

Sin mayores datos que los expuestos, el Dr. Fornillo confunde aquí, bajo el término “valor del litio”, el carácter estratégico del recurso y de las reservas por un lado, con el precio de mercado del commodity carbonato-de-litio por el otro, olvidando a su vez la clásica distinción entre valor de uso y valor de cambio.

Más allá de las reservas y de los precios internacionales, el valor de uso del litio radica en sus cualidades materiales intrínsecas, bajo múltiples formas físico-químicas. Su alto potencial electroquímico y su baja densidad (la más baja de la tabla periódica), permitieron el desarrollo de un tipo particular de acumuladores electroquímicos denominados litio-ion, que hasta ahora son los más óptimos para satisfacer casi todo el rango de aplicaciones demandadas por la sociedad, desde un teléfono celular hasta la acumulación de energías renovables y la propulsión de vehículos híbridos y eléctricos. Es por ello que, presionados por la urgente necesidad de reducir el acelerado calentamiento del sistema climático, los países industriales consideran al litio como un factor clave para la emergencia futura de un nuevo esquema energéticosustentable,basado en la generación, el almacenamiento, la distribución y el consumo eficiente de energías renovables.

En cuanto a la relación entre los precios de mercado del carbonato-de-litio y de las baterías de litio, ésta nada nos dice si no se aclaran –por lo menos- los costos de producción. Mientras el precio internacional del carbonato-de-litio oscila hoy en torno a los 6.000 y 7.000 dólares por tonelada, los salares de Chile y Argentina adquiridos por las principales productoras, permiten obtener los costos de producción más bajos del mundo, calculados en torno a los 2.000 y 3.000 dólares por tonelada[5]. Sin embargo, esta distancia “extraordinaria” entre los precios de venta y los costos de producción alcanzada por el sector primario, no se replica en el mercado de las baterías como presupone el Dr. Fornillo, y mucho menos podría replicarse si estas baterías fueran producidas o ensambladas en la Argentina. Esto no significa que no sea rentable la producción de baterías ion-litio, sino sólo que la rápida expansión global del mercado de baterías tiende a presionar sobre los precios, reduciendo los márgenes de ganancia hacia las tasas medias.

Y aquí llegamos a lo que consideramos el eje central del debate: las reservas nacionales de litio y la renta pública. A lo largo de lo que podríamos llamar la industria del litio, la mayor posibilidad de obtener ganancias extraordinariasradica fundamentalmente en las dos puntas extremas de la cadena:

1) En la innovación tecnológica de los vehículos eléctricos de alta gama, cuyo desarrollo industrial tiende hacia modelos de fuerte integración vertical, incluyendo la producción de las baterías eléctricas e incluso del propio carbonato de litio;

2) En los bajos costos de producción que ofrecen ciertos yacimientos de litio en relación a otros. Este último sería el caso de los yacimientos localizados en los salares de América del Sur que, como mencionamos, permiten obtener los costos de producción de carbonato-de-litio-grado-batería más bajos de todo el mundo.

A diferencia de lo que ocurre con la innovación tecnológica, las ganancias extraordinarias obtenidas por el acceso a un recurso natural especialmente productivo, dan origen a la llamada renta del suelo, que corresponde lógicamente al propietario original del recurso. En nuestro país, los yacimientos de litio ubicados en la puna pertenecen íntegramente al sector público (históricamente nacional, luego provincial), y fueron descubiertos y explorados desde los años 1960 por geólogos de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Por lo tanto, la diferencia entre los bajos precios de producción que obtienen las concesionarias de litio en la Puna argentina y los elevados precios internacionales, corresponde enteramente al sector público en forma de renta.

 

Soberanía nacional: el eje central del debate sudamericano

Gracias a las reformas mineras impulsadas por el Banco Mundial en los años 1990, cualquier individuo puede adquirir concesiones sobre los extraordinarios salares de la puna argentina y disponer de ellas con total libertad, a cambio de un módico canon minero y regalías provinciales que no pueden superar el 3% de las ventas declaradas. De esta forma, las empresas concesionarias no sólo pueden vender, hipotecar, arrendar y heredar estos yacimientos estratégicos, sino también explorarlos y explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran, y comercializar toda la producción con quién deseen y en los términos que crean más convenientes para sus intereses privados, apropiándose de casi toda larenta pública.

Notable diferencia con Bolivia y Chile, países que hace tiempo discuten sobre la necesidad y posibilidad de industrializar sus enormes reservas de litio, pero sobre un principio político y jurídico elemental: la declaración de “recurso natural estratégico” que impide la libre concesión de sus yacimientos. En ambos países, el Estado Nacional no sólo decide si debe explotarse, sino también cómo y con quién, en qué escala y bajo qué condiciones socio-ambientales, con qué destino comercial y bajo qué esquema impositivo, etc., etc., etc. A partir de este elemental principio político y jurídico de soberanía nacional, cada país puede luego ensayar los más variados modelos productivos, que a su vez dependerán de los debates públicos internos y de las relaciones de fuerza entre los distintos sectores sociales.

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En Chile, por ejemplo, el gobierno de Pinochet dio origen a los dos mayores proyectos de litio del mundo (permitiendo el ingreso de una empresa norteamericana y privatizando una empresa pública), pero la posterior declaración de “recurso estratégico” por su aplicación en la energía nuclear, impidió hasta el presente el avance de las concesiones sobre los demás yacimientos públicos. Y si bien en 2012 el gobierno de Piñera intentó eliminar esa barrera proteccionista, una serie de escandalosas “irregularidades” motivaron la caída de la licitación, llevando al nuevo gobierno de Bachelet a crear una Comisión Técnica del Litio para proponer una nueva política sectorial. En enero de 2015, el informe final de la Comisión no sólo ratificó el carácter “estratégico” y “no concesible” del recurso, sino que además recomendó al poder ejecutivo revisar los contratos vigentes con las empresas transnacionales y considerar la posibilidad de que el Estado asuma la dirección de la producción primaria promoviendo su industrialización[6].

En Bolivia, por su parte, el campesinado potosino no sólo tuvo la fuerza en 1993 para expulsar del Salar de Uyuni a la norteamericana FMC Corp. (que inmediatamente fue bien recibida por el gobierno de Catamarca), sino que en 2008 le exigió al presidente Evo Morales la realización de un Plan de Industrialización 100% Estatal, que actualmente se encuentra en marcha comprometiendo una inversión pública cercana a los 900 millones de dólares. Dirigido por la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, el plan estatal contempla la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio a mediano plazo, y la producción de materiales catódicos y de baterías de ion-litio a largo plazo. Sólo en este último caso, la empresa pública tiene permitido asociarse con el sector privado para la transferencia tecnológica, siempre y cuando no comprometa la soberanía sobre los recursos del salar[7].

El problema central del debate sobre el litio en Argentina, por lo tanto, puede reformularse de la siguiente manera: el marco legal vigente en nuestro país, permite a las empresas mineras disponer libremente de los yacimientos públicos de litio considerados estratégicos por la industria de vanguardia, apropiándose de casi toda la renta pública asociada con los bajos costos relativos de su explotación. Sólo en torno a este conflicto material de carácter histórico, pueden analizarse luego la relevancia, la eficacia y los alcances del proyecto de ley presentado por el Partido Solidario para crear un “Régimen legal de la explotación del litio y sus derivados”. Y sólo en el marco de la soberanía nacional sobre los yacimientos públicos, las distintas posturas sobre lo que debe hacerse con el litio argentino, pueden cobrar sentido y formar parte de un verdadero debate nacional.

A partir de allí, unos podrán advertir sobre la necesidad de agregar valor a las exportaciones y otros sobre la importancia del desarrollo tecnológico local; unos exigirán consultas previas a las comunidades originarias de carácter vinculante y otros que aumenten significativamente las regalías provinciales; unos podrán cuestionar el elevado consumo de agua dulce que supone la producción industrial de carbonato de litio y otros discutirán sobre la propiedad de la empresa productora/exportadora; y habrá incluso quienes propongan limitar las escalas productivas y hasta quienes busquen prohibir totalmente la extracción de salmueras de los salares de la Puna. Pero ninguno de los argumentos desplegados podría tener verdadera eficacia, si no tuvieran como eje articulador común el principio jurídico-político de la soberanía nacional[8].

Y es, justamente, este principio fundamental y fundacional del debate, el que el Dr. Fornillo buscadesacreditar en su artículo,argumentando que el verdadero valor del litiono está en los extraordinarios yacimientos públicos sino “en la oportunidad que ofrece para pensar la realización de baterías en el país”.Según esta tesis, en lugar de impulsar una traumática política de soberanía nacional, podría diseñarse unaeficiente gestión de innovación tecnológica. Como si ésta pudiera tener algún sentido sin aquella.

 

A propósito del modelo argentino: ¿gestión de lo existente o política superadora?

Como vimos, el argumento del Dr. Fornillo contra el proyecto de recuperación de la soberanía sobre los yacimientos de litio, se basa en la escasa importanciaque tendrían las reservas públicas para la economía nacional.Desde esta perspectiva, el proyecto de ley sería económicamenteinnecesario, pero ademáspolíticamenteinviable, por el rechazo que generaría en los gobiernos provinciales la intervención de cualquier empresa nacional. Este rechazo, según el autor, estaría plenamente justificado por dos razones: 1) porque con la intervención estatal “disminuirían las chances provinciales (sic) de que la agregación de valor se produzca en sus propios territorios”; y 2) porque además “se pondrían en riesgo los acuerdos que [los gobiernos provinciales] ya alcanzaron con las empresas privadas”.

Sin entrar a analizar si estas son las verdaderas razones que históricamente movilizana los gobiernos provinciales contra cualquier política nacional de recursos naturales, una simple aproximación a la realidad de las provincias bastará para refutarlas. Tanto el viejo proyecto de litio de la FMC Corp., como los más recientes de Lithium Américas y Orocobre-Toyota, acordaron desde el comienzo una participación minoritaria por parte de los respectivos gobiernos de Catamarca (3%) y de Jujuy (8,5%). Mientras el primer caso, con más de 15 años de elevadas exportaciones, es hoy cuestionado por la total falta de efectos virtuosos sobre el desarrollo local, el segundo se limita a proponer una lista oficial deproveedores locales y a prometer la venta eventual en el mercado interno de hasta un 5% de la futura producción de litio (a precio internacional).Estas empresas, por otra parte, no sólo se benefician con el Régimen de Inversiones Mineras de 1993 (amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales), sino que además gozan de un régimen provincial adicional de reintegro a las exportaciones mineras, originalmente del 5% y luego reducido al 2,5% en enero de 2002, en el marco de la “emergencia pública”.

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Demás está decir que este esquema de negocios, diseñado a lo largo de la década de 1990 con la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial, no podrá desarmarse de un día para el otro, y mucho menos sin generar algún tipo de resistencias conservadoras. Si así fuera, ciertamente no harían falta ni leyes nacionales ni debates públicos de ningún tipo.Pero en cualquier caso, lo que no deja de llamarnos la atención, es el hecho de que el Dr. Fornillo se muestre tan pesimistacon la propuesta de una empresa nacional del litio, y al mismo tiempo tan optimistasobre la posibilidad de desarrollar una industria de bateríasde litio en el país a través del financiamiento de proyectos I+D.Según el autor, la Argentina tendría ya una institución públicacapaz de impulsar ese salto tecnológico, sin la necesidad de tener que afirmarse previamente sobre la propiedad de los yacimientos públicos. Esta institución sería la flamante Y-TEC, creada en 2013 por YPF SA y el CONICET. A ella se reduciría, en definitiva, toda la propuesta del Dr. Fornillo:

“no hace falta posicionar al Estado Nacional en la extracción de litio, eso bien puede quedar en manos de la provincias, porque en la tecnología de baterías, que es el punto clave, puede actuar YTEC. En otros términos, es preciso desligarse de todo perfil extractivo para dirigir las fuerzas a una dimensión absolutamente distinta, que está vinculada al «salto tecnológico» que requiere la producción de baterías, para lo cual ya existe una empresa en manos del Estado Nacional.”

Es preciso, en primer lugar, hacer algunas aclaraciones semánticas.La extracción del litio argentino no está “en manos de las provincias”, sino en manos de una empresa química norteamericana como la FMC Corp. y, más recientemente, en manos de mineras transnacionales asociadas con fondos de inversiones y grandes automotrices como Toyota y Mitsubishi. En este contexto, “desligarse de todo perfil extractivo” como exige el autor, sólo puede significar que el actual perfil extractivo predominante se desligue de cualquier tentativa política nacional de regulacióny/o superación.

En cuanto al “salto tecnológico que requiere la producción de baterías”, al igual que la producción industrial de cualquier otro producto tecnológico ya maduro en el mercado mundial, no figura entre los objetivos explícitos de la flamante YTEC. Inspirada en la tesis de la transferencia tecnológicadesde el sector público hacia las empresas locales, la nueva compañía tecnológica de YPF-CONICET se propone funcionarcomo una unidad de vinculación tecnológica más, financiando determinados proyectos de investigación existentes en el país para asociarlos con el sector privado. En lo que al litio respecta, la nueva compañía se limitó a reunir en su departamento de Energías Alternativas a los principales grupos de investigación de CONICET y a firmar un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy para la futura creación de un Centro Científico y Tecnológico sobre Litio que promueva la radicación de científicos en la provincia.

Esta nueva red académica del litio constituye un importante avance y hasta el momento es el único ámbito de debate público y federal sobre los usos y el destino del litio argentino. Sin embargo, al estardesvinculada de la fase primaria-extractiva, se ve obligada a adoptar un modelo tecnológico tipo “downstream” (hacia atrás), que en el mejor de los casos podrá transferir sus avances a un pequeño sector privado local que difícilmente podrá competir en el mercado mundial de baterías, y mucho menos en el de baterías para vehículos eléctricos, crecientemente controlado por las propias automotrices. Esta idea de gestión de innovación sin política de soberaníapostulada por el Dr. Fornillo, olvida que el factor clave que da sentido a la planificación en esta área estratégica es, justamente, la existencia de las importantes reservas públicas de litio. En otros términos: se trata de convertir la “ventaja natural” que supone la propiedad pública de una de las reservas de litio más importantes del mundo, en “ventajas dinámicas” que permitan a largo plazo el desarrollo de ciencia y tecnología autónoma,al servicio de las necesidades energéticas y ambientales de la sociedad.

Poder superar el actual perfil extractivista dominante, significa ver a la alta rentabilidad internacional de los componentes primarios de litio, como unmedio para desarrollar a largo plazo tecnologías de almacenamiento energético al servicio de necesidades sociales internas, como la expansión del suministro eléctrico y del transporte público a partir de nuevos esquemas energéticos ambientalmente sustentables.Para que esta alternativa de desarrollo autónomo intensivo en ciencia y tecnología sea posible, deberán asociarse las actividades de la valiosa red académica del litio, con la recuperación de la propiedad pública sobre los bienes naturales comunes, para la fundación de una nueva empresa estatal que sea capaz de producir excedentes y de reinvertir la renta diferencial en innovación tecnológica, sometiéndose a estrictas y abiertas fiscalizaciones socio-ambientales. En síntesis, recuperar la soberanía nacional para democratizar el desarrollo tecnológico.

 

Notas

[1] Fornillo, Bruno, “Leyes sobre el litio: ¿Recurso estratégico minero u oportunidad científico-industrial?”, Parlamentario.com, 7/08/2015. Disponible en www.parlamentario.com/noticia-84737.html.

[2] Los datos utilizados corresponden a COCHILCO, 2013.

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0364+0+DOC+XML+V0//ES.

[4] http://pubs.usgs.gov/fs/2014/3035/pdf/fs2014-3035.pdf.

[5] “A diferencia de otros minerales, para el litio no existe un precio spot en el mercado internacional, ni se comercia en la bolsa de metales. Los precios varían según las condiciones y particularidades de cada transacción, pudiendo tener una variación de hasta un 100%. Sin embargo, se toma como indicador un precio de 6.300 dólares por tonelada de carbonato de litio” (Gutman, 2013:112). Los datos de costos de producción corresponden a COCHILCO (2013) y Roskill (2013).

[6]www.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/Informe-Comisi%C3%B3n-Litio.pdf; comision.minmineria.cl/.

[7] http://www.evaporiticos.gob.bo/

[8] Ningún soberano puede “enajenar alguna parte de él mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual existe sería aniquilarse: y lo que nada es nada produce” (Rousseau, El contrato social, 1762).

 

Fuente: Revista Realidad Económica, septiembre 2015.

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