Huelga general y construcción política en Paraguay

Los días 21 y 22 del mes de diciembre un conjunto de organizaciones sociales y políticas del Paraguay llevaron adelante una huelga general y paro cívico nacional en oposición a las políticas implementadas por el gobierno de Horacio Cartes, quien desde el momento de su asunción al poder en el año 2013 aprobó una serie de medidas de claro corte neoliberal1. Esta huelga coincidió con el desarrollo de la Cumbre del Mercosur llevada a cabo en Asunción.

Los reclamos contaron con la participación y adhesión de centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, campesinas y urbanas en representación de diversos sectores de la sociedad. Entre ellas se hizo presente el Congreso Democrático del Pueblo (CDP)2, herramienta que se reactivó a principios de este año y conglomera un conjunto de organizaciones que se oponen a las políticas de Cartes como la Federación Nacional Campesina (FNC), Coordinadora Nacional de Mujeres trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el Partido Paraguay Pyahura y el Frente Guasú entre muchas otras.

Como parte de las reivindicaciones se encontraban la de reforma agraria, atención a las problemáticas de la agricultura campesina, impuesto al agronegocio, control en el uso de los agrotóxicos, eliminación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) y de la Ley de Defensa y Seguridad Interna, modelo de desarrollo inclusivo, cese a la criminalización de la protesta social, libertad sindical, reajuste salarial, inversión en educación, reforma universitaria y acceso universal a una salud pública y de calidad.

Esta huelga general fue la segunda que atravesó el gobierno hasta ahora – en el año 2014 aconteció la primera con un importante apoyo y centrada principalmente en el rechazo a las políticas privatizadoras y represivas aprobadas unos meses antes –, además coincidió con una medida de protesta de los choferes de la línea 49 frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde se encuentran acampando y crucificados hace más de cuatro meses como forma de manifestación,frente al despido de trabajadores por haber intentado conformar un sindicato. La huelga también se encontró marcada por la lucha de los estudiantes universitarios contra la corrupción en las universidades estatales. Finalmente algo que caracterizó particularmente esos días son las inundaciones en varias zonas del país y específicamente en los Bañados Sur y Norte de Asunción, donde viven muchas familias que se encuentran resistiendo el avance de los negocios inmobiliarios y cotidianamente padecen las consecuencias del modelo capitalista, teniendo como respuesta sólo la cara represiva del Estado3. Las últimas cifras estiman que son alrededor de 100 mil las personas evacuadas sólo en Asunción, donde 80 mil permanecen en lugares de refugio con una gran incertidumbre sobre el regreso a sus hogares.

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Estos diferentes acontecimientos vuelven la atención hacia el carácter de la unidad de las diferentes organizaciones y espacios políticos que habitan las luchas, en un contexto de creciente conflictividad social donde se va develando el rostro concentrador, excluyente y necesariamente represivo del actual modelo que controla el país y tiene en el poder político un fiel representante. En el año 2002 el CDP dio muestras del potencial contestatario que puede contener la unificación de las fuerzas políticas que apuestan por la transformación de la sociedad. Tanto ayer como hoy el protagonismo lo tienen las organizaciones campesinas, debido al nivel de organización con el que cuentan y la capacidad movilizadora de sus bases. En este sentido, la Federación Nacional Campesina posee un acumulado histórico en materia de resistencia y defensa del modo de vida y producción campesinas frente al avance del agronegocio. De la misma manera, la Coordinadora Nacional de Mujeres trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) apuesta por un espacio propio para las mujeres trabajadoras en defensa de sus derechos y en lucha contra el patriarcado, además de enfrentarse al modelo sojero y ser pionera en la denuncia por envenenamiento con agrotóxicos de familias campesinas. Tanto estas organizaciones como otras afines a ellas proponen un modo de vida alternativo, una sociedad sin explotación, basada en relaciones sociales no opresivas y con una distribución igualitaria de la riqueza. Incluso si tenemos en cuenta que la base del poder se encuentra en la actual distribución de la tierra, podemos percibir la importancia de las demandas de las organizaciones campesinas y la consecuente criminalización, persecución y violencia constantes que sufren por parte del Estado.

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Por otro lado se presenta como imprescindible para cualquier tipo de amenaza a la actual estructura de dominación, la articulación y proyección a largo plazo entre organizaciones campesinas, urbanas y de la clase obrera bajo un mismo horizonte político. Sólo la participación del conjunto del movimiento popular puede generar caminos alternativos a la histórica desigualdad y ausencia de una democracia real que caracterizan al país.

30 de diciembre de 2015

Nadia Alderete, militante de FPDS Corriente Nacional. Integrante de grupo interdisciplinario CHIPA (UNGS)

1 Entre las que se encuentran la Ley de Alianza Público-Privada (Ley APP) que implica la concesión de bienes, servicios y recursos públicos al sector privado y la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que habilitó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta con el supuesto objetivo de combatir el EPP pero en realidad conlleva la militarización de territorios campesinos.

2 Este congreso tiene su origen en el año 2002 cuando logra frenar un conjunto de políticas impulsadas por el FMI, como la ley de privatizaciones y la ley antiterrorista, desactivándose al poco tiempo de haber obtenido esos logros.

3 El 18 de diciembre fueron reprimidos manifestantes de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados De Asunción (Cobañados) mientras exigían atención urgente a las problemáticas producto de las inundaciones, frente a la Secretaria de Emergencia Nacional.

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