Gestión Macri: despidos y estigmatización del empleo público

En tan sólo 15 días hábiles de gestión, el Gobierno del ingeniero Mauricio Macri llevó adelante una ola de despidos en el Estado que hasta el momento dejó en la calle a cerca de 10.000 trabajadores. Con pretextos como la búsqueda de eficiencia y “despolitizar” la administración pública, el ajuste viene acompañado de una estigmatización del empleo público y tiene como objetivo final el desmantelamiento de servicios públicos y políticas de Estado. El mensaje a los privados: “vía libre” para cesantías.

No resulta sencillo lanzar una cifra exacta de estatales que quedaron en la calle, sobre todo debido a la gran cantidad y diversidad de áreas afectadas, su heterogeneidad y su efecto en la extensión del territorio argentino. En el mismo sentido, la información se hace difusa como consecuencia del gran peso relativo de trabajo informal y precarización heredado del kirchnerismo. Sin embargo, el dato que maneja ATE es lapidario y trágico a la vez: desde la asunción de autoridades el pasado 10 de diciembre se estima que fueron despedidos cerca de 10 mil trabajadores públicos, lo que equivale a poco más de 666 cesantías por cada día hábil desde el inicio de la nueva gestión.

 

En el caso de quienes se encontraban en planta permanente, estos trabajadores tuvieron el “privilegio” de recibir la notificación formal mediante telegramas de despido. Para otros – la gran mayoría – se trató de la no renovación o cesantía de contratos transitorios, el cierre de áreas completas donde monotribustistas y precarizados eran denominador común, la anulación de contratos con organismos externos (universidades, ONGs, etc.) que disimulaban la relación de dependencia, o sencillamente el vaciamiento de los sectores de trabajo y la consiguiente destrucción de los puestos laborales.

 

Despidos masivos, o cómo achicar el Estado

 

El caso más resonante fue el de los 2035 despidos en el Senado de la Nación. En defensa de esta medida la vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, Gabriela Michetti argumentó que no tuvo tiempo para hacer un desglose y análisis pormenorizado de los casos. “A la persona que está más de un año en planta permanente no la podés sacar más del Estado, salvo por causas extraordinarias. Entonces, yo tenía que apurarme y no pude mirar uno por uno”, respondió ante los cuestionamientos. Vale aclarar que, a pedido de la nueva administración, ya había sido encargado un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el que se pretendía evaluar la legalidad y funcionalidad de las contrataciones efectuadas durante el último año. Si bien estaba previsto que el informe de la UBA estuviera terminado para febrero, la compañera de fórmula de Mauricio Macri no pudo esperar y dejó a miles de trabajadores en la calle y familias sin sustento.

 

No se trató de un caso aislado. La triste lista se vuelve interminable: 90 personas fueron dejadas cesantes en la disuelta por decreto AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada a partir de la ley votada democráticamente por el Congreso en 2009); en Jefatura de Gabinete, otras 150; en Vialidad Nacional ATE denunció que 20 personas se quedaron sin trabajo; en el Centro Cultural Kirchner (CCK) unos 600 contratos no fueron renovados y el espacio quedó prácticamente vacío; en Nación Seguros se informó 52 despidos; 2000 cooperativistas fueron privados de realizar trabajos de mantenimientos en la ex ESMA; mientras que en la Unidad Fiscal AMIA, ATE denunció la disolución del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA.

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Como si no fuera poco, y cual efecto contagio, la política de ajuste y despidos siguió la lógica vertical de una democracia sumamente presidencialista: entre 800 y mil despidos en Quilmes; en La Plata la tensión creció al extremo cuando se estimó la posibilidad de despedir a 4.000 trabajadores; en Lanús –gobernado por el ex ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti–se anunció la revisión de 301 contratos del año pasado; el partido de Malvinas Argentinas con 900 –en este caso el jefe comunal no es de Cambiemos sino del FpV; en Coronel Vidal 300 empleados quedaron en la calle; y así sucesivamente en municipios como Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Chascomús y Esteban Echeverría.

Este nuevo paradigma se torna todavía más dramático en los municipios – en donde gobiernan representantes de diversos espacios políticos y no sólo del PRO- donde precarización y salarios bajos son el común denominador desde hace años.

 

“Ñoquis*” = Estigmatización del empleo público

 

“No va a haber más ñoquis* en Argentina” fue la frase con la que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi intentó justificar la cesantía de los 600 trabajadores del CCK.

La estrategia de la nueva administración macrista es la de aplacar la lógica impopularidad, y en muchos casos el carácter ilegal, de las medidas adoptadas al buscar “demonizar” el trabajo estatal. Esto quiere decir que se busca crear un consenso social para aislar los legítimos reclamos de los trabajadores en defensa de sus puestos laborales (en un primer término estatales y luego del sector privado) para así legitimar las políticas de vaciamiento y ajuste.

 

“Recortar el empleo público es  golpear el derecho a la educación, salud, etc.”, opinó Hernán Izurieta, Delegado General de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación. “En el Estado no hayñoquis*. Por ejemplo, en el programa Primeros Años bajaron el contrato de 33 compañeros. Y la pregunta es, ¿se imaginan a un ñoqui trabajando con familias en los barrios carenciados de la Provincia de Buenos Aires? Claramente no es así, son trabajadores que hacen su labor con profesionalismo, vocación y esfuerzo”, explicó el delegado de ATE.

 

Por su parte, el Secretario General de ATE, Hugo Godoy afirmó: “No vamos a permitir la actitud de querer descalificar” a los empleados públicos.

 

A su vez, no cabe duda que desde los medios de comunicación dominantes se busca imponer la falsa idea de que en el sector estatal existen sueldos altos reforzando la idea del “gasto público excesivo”, y situando a este como consecuencia del empleo público. Sin embargo, no hay nada mas alejado de la realidad: Solo por poner un ejemplo, un administrativo del Estado nacional con categoría “D” cobra $8453 de bolsillo, cifra alejada de los casi 15 mil pesos que calcula como canasta básica la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA – A).

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Por su parte, el Presidente de CLATE indicó: “Tenemos que ganar un debate central en la opinión pública: nuestro trabajo está directamente atado a la concreción de derechos de la comunidad, y es en defensa de los sectores mas vulnerables”.

 

* En este contexto, el concepto de ñoqui refiere a un individuo que cobra un salario sin la contraprestación laboral correspondiente. Sería difícil remontarnos al origen de la expresión o determinar su nacimiento, pero sí podemos identificar su correspondencia: la costumbre de comer esta típica pasta los días 29 se asocia al último día hábil del mes, fecha en que históricamente cobraban sus salario los trabajadores estatales.

 

Detrás de la restructuración del estado, el desmantelamiento

 

A la avalancha de despidos se sumó al embate del Gobierno sobre organismos autárquicos (que debieran ser autónomos del poder de turno) -como en el caso del AFSCA- y sectores de apoyo a políticas de Estado clave, como es la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

 

La AFSCA fue intervenida el 23 de diciembre pasado y designado, en lugar de Sabbatella y todo el directorio, al legislador del PRO Agustín Garzón. Luego, el 29 del mismo mes, el Gobierno nacional anunció la firma de un DNU que modificaba las leyes 26.522 y 27.078, eliminando así el AFSCA y AFTIC, y creando un nuevo ente, el ENaCom. Esto debía ser puesto en suspenso por la medida precautelar dictada el mismo día por el magistrado Luis Arias. Sin embargo, el Gobierno avanzó y publicó el decreto en el Boletín Oficial. Luego, y como consecuencia de este embate, la cesantía de 90 trabajadores.

 

Cabe recordar que el AFSCA es un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma votada por unanimidad en el Congreso de la Nación en el año 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la ley no logró aplicarse en su conjunto como consecuencia de la presión de sectores dominantes del sector (sobre todo el monopólico Grupo Clarín) y en cierta medida por la falta de voluntad política de la gestión precedente, la denominada “Ley de Medios” tuvo una fuerte adhesión, sobre todo del campo popular, debido a su espíritu antimonopólico y pluralista.

 

En otra muestra de desdén para con políticas de Estado fundamentales -en este caso vinculadas nada menos que a los Derechos Humanos- es que hace pocos días el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció la discontinuidad de los contratos de dos mil trabajadores del programa Argentina Trabaja, que durante años han acondicionado, construido y mantenido los edificios del predio de la ex ESMA, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio (centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar) es un símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en lo que concierne a juicios de lesa humanidad.

 

En su mayoría, los cooperativistas son mujeres que a partir de un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU), la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Social de la Nación han logrado poner en marcha y permitir que la comunidad toda, los organismos de derechos humanos y el Estado nacional tengan un lugar en el que pueda conocerse la trágica historia reciente y consolidar los derechos obtenidos en democracia.

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Del mismo modo podemos considerar la denuncia que hizo ATE sobre los catorce trabajadores contratados del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA (GERAD) que fueron echados el 14 de diciembre pasado. Los compañeros componían un grupo interdisciplinario que preservaba archivos desclasificados de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el atentado a la mutual judía ocurrido en 1994 en Buenos Aires. “Sin trabajadores no habrá esclarecimiento en la causa AMIA”, afirmó en aquel momento Hugo Godoyo, Secretario General de ATE.

 

El encargado de llevar adelante la revisión de contratos de los últimos tres años es el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Ayer el funcionario sostuvo que “no hay un objetivo de reducción específica” del personal, sino que se están evaluando “situaciones que no son justificables”. Al igual que Michetti, Ibarra señaló que los despidos continuarán durante las próximas semanas.

 

Guiños al sector privado

 

A diferencia del sector público, los gremios privados denuncian que hasta el momento se están realizando despidos aislados y no masivos. No obstante, existen claras muestras de que a lo largo de la historia Argentina las políticas de ajuste y despidos a nivel estatal se terminan replicando a empresas privadas. Sin ir más lejos, durante la década del 90 la desarticulación en el Estado fue acompañado de legislación antiobrera que permitió, e incluso promovió, despidos masivos y el vaciamiento de pequeñas y grandes empresas, tanto públicas como privadas.

 

En este sector, el primer caso de fuerte resonancia tuvo eco el 22 de diciembre cuando la fuerza federal de Gendarmería Nacional reprimió fuertemente a los trabajadores de “Cresta Roja” que mantenían una protesta al costa de la autopista Ricchieri. El reclamo era en demanda de salarios atrasados y por la continuidad de los cerca de 3.000 puestos de trabajo que se vieron en peligro debido al vaciamiento que desde hace tiempo venían realizando los dueños de la compañía avícola. En aquel entonces la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti no sólo no realizó una autocrítica tras el desproporcionado accionar policial ordenado por el Gobierno que encabeza junto a Macri, sino que a las pocas horas afirmó en conferencia de prensa: “Volveremos a actuar de la misma manera”.

 

Otra muestra clara, y a la vez paradójica, de este efecto dominó fue el vaciamiento y cierre de medios que vienen denunciando los trabajadores y periodistas del Grupo Veintitres, perteneciente a Sergio Szpolski, empresario que en 2015 se presentó como candidato a Intendente del partido de Tigre por el Frente Para la Victoria. El grupo está conformado por los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, las radios América, Splendid, Rock & Pop y  Vorterix, la cadena de noticias CN23 y el sitio web Infonews, entre otros medios.

 

Por Diego Leonoff / Resumen Latinoamericano/ CLATE/ 08 DE Enero 2016

fuente : Prensa CLATE

 

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