“Revolución educativa es otra cosa”… o, de cómo el gobierno le hace un boquete a la escuela pública.

“La presentación del Presupuesto Educativo de la C.A.B.A., de 2017 muestra ante cualquier docente que la lea, por lo menos, 10 ítems de los que se expresan ahí, identificables como causales de sus padecimientos diarios”.

Revolución educativa es otra cosa… o, de cómo el gobierno le hace un boquete a la escuela pública.

Natacha Levisman y Estefanía Barone
Educadoras de la Agrupación Docente Estudiantil “Simón Rodríguez”,
en la Corriente Popular “Juana Azurduy”.

 “El Proyecto Ciudad Educadora, tiene como finalidad primordial- la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y solidaria, capaz de convivir en la diferencia y de solucionar pacíficamente sus conflictos.       

Mejorar el posicionamiento del valor de la escuela y los educadores / Aumentar el “índice de confiabilidad” de las instituciones educadoras.  Se trata de concientizar a los distintos sectores de la sociedad sobre el valor de la educación trabajando en conjunto con los distintos organismos de gobierno. A su vez, trabajar con los distintos sectores de la sociedad sobre el valor de la educación mediante la firma de convenios con empresas privadas, ONGs y cultos.

  Se implementan lazos estratégicas con ONGs y Fundaciones las cuales son especialistas en las temáticas y problemáticas que atañen a la educación. Este trabajo en conjunto permite la implementación de acciones y estrategias innovadoras y transformadoras de la realidad, con aportes de diferentes actores de la sociedad, incorporando al tercer sector”1

Estos párrafos fueron extraídos de la presentación del Presupuesto Educativo de la C.A.B.A para el 2017. Cualquier docente que lo lea puede pensar en, por lo menos, 10 ítems de los que se expresan ahí como causales de sus padecimientos diarios.

Podríamos tirar la ruleta y empezar por “convivir en la diferencia y solucionar pacíficamente los conflictos” ¿cómo se crea una ciudad pacifica donde hay miles y miles de niñxs que se quedan todos los años sin estrenar su guardapolvo? ¿Dónde está la convivencia en la diferencia cuando la segregación de las clases populares en las escuelas del sur, aumenta dimensionalmente con cada almanaque? ¿Cómo resuelve pacíficamente una ciudad la fuga de dinero público que nunca se usa para lo que se debería? Las preguntas brotan como las irregularidades.

Hay dos interrogantes más que desencadenan una serie de razonamientos lógicos para cualquiera que se detenga a mirar el cuadro de situación en el que intenta flotar la educación pública ¿Por qué faltan vacantes? ¿Por qué no se construyen escuelas? Porque no hay voluntad política podría ser la respuesta de sentido común; porque el proyecto de educación del Pro, de Cambiemos, consiste en una privatización paulatina y endógena del sistema educativo, dirían los más audaces; porque el presupuesto que se destina a este objetivo se subejecuta y vaya a saber una en qué se reconvierte, salta a la vista en los números; porque el negocio inmobiliario es una debilidad de la familia Macri y secuaces, y su especulación vale mucho más que la utilización de los edificios ociosos para establecimientos escolares que, en definitiva, para este gobierno, no sirven demasiado.

Vayamos a los datos duros2: en la Ciudad de Buenos Aires de 244.555 estudiantes de nivel primario, 126.190 son de escuelas públicas y 118.365 de privadas. Cifras alarmantes teniendo en cuenta que por lo menos un 56%3 de esos colegios privados son subvencionados por el Estado. A medida que se camina hacia los niveles de más edad o menos, la situación empeora. En el Nivel Medio egresan más estudiantes del sector privado que del público, existiendo en la Ciudad 158 escuelas medias de gestión estatal y 338 de gestión privada. En el Nivel Inicial, no hay alivio: 245 jardines son públicos y 475 privados, de los cuales 62 son CPI, es decir, Centros de Primera Infancia, una nueva forma de terciarizar la educación inicial. La cereza del postre llega de la mano del presupuesto para la educación privada cuyo porcentaje ha subido de un 14,5 % en 2012, a 16,2% para el año próximo.

En efecto, si los que gobernaran la educación bregaran por la defensa de un sistema educativo público que contemplara las necesidades de docentes y familias, ese dineral que se invierte de forma creciente en la educación privada podría destinarse a construir las, por lo menos, 33 escuelas que hacen falta para subsanar la falta de vacantes en la zona sur de la ciudad. También podrían reubicarse en la creación y cobertura de cargos de Equipo de Orientación Escolar o sus equivalentes en nivel inicial y medio. Estos equipos interdisciplinarios resultan esenciales para abordar las complejas situaciones psico-afectivas y socio-económicas que estallan diariamente en las escuelas debido a la crisis social que viven las familias. Redireccionar esos fondos para infraestructura escolar, mejoramiento de edificios que se caen a pedazos y escuelas donde se deben suspender las clases por falta de gas un día, de agua otro, dengue, ratas, podría ayudar a que se cumplan los sagrados 180 días de clases que el macrismo está obsesionado en cumplimentar… además de garantizar una educación digna a las/os estudiantes y un trabajo decente a las/os docentes, aunque para el gobierno sea un detalle menor.

El mantenimiento del subsidio a la educación privada no es el único escollo dentro del presupuesto 2017. De forma general, el dinero destinado a educación y salud representa el menor porcentaje de la torta respecto, por ejemplo, a seguridad.

Dentro del presupuesto asignado para educación podemos seguir encontrando algunos puntos interesantes. $115.000.000 es lo que el Gobierno le pagará a lo que llaman “Escuelas Abiertas”, un ítem referido a los que hoy conocemos como Jornada Extendida, entre otras cosas. Este proyecto tiene la finalidad de alargar el horario en que las/os niñas/os permanecen en la escuela, si asisten a Jornada Simple. Esta pretensión no es una local sino nacional. Muchas veces las/os maestras/os hemos levantado como reivindicación la reformulación de nuestra jornada laboral para que dentro del horario escolar, mientras nuestras/os estudiantes pueden desarrollarse en áreas que aún no contempla el curriculum, nosotras/os tengamos la posibilidad de planificar, corregir, encontrarnos con nuestras/os compañeras/as para llevar adelante la tarea pedagógica en equipo, capacitarnos en servicios, entre tantas otras cosas que necesitamos. Definitivamente, y una vez más, como gusta hacer esta gestión, la solución a nuestras demandas son totalmente contrarias a nuestros intereses como trabajadoras/os y a los de niñas/os y familias. La Jornada Extendida no solo resulta un proyecto inconsulto, desordenado y poco planificado, sino que pone en marcha una serie de obstáculos adicionales a los que ya tenemos para que la escuela pública funcione. Para empezar, plantea un organigrama espejo al ya establecido en las escuelas, fragmentando aún más a los equipos docentes que trabajamos allí. Estos nuevas/os trabajadoras/es de la educación ingresan al sistema sin concursos, precarizadas/os y sin formación específica para lo que se requiere. Asimismo, la Jornada Extendida supone reunir la matrícula de dos turnos en una franja horaria cruzada, sin espacios adicionales para hacerlo. Inevitable consecuencia es que se sobreutilicen espacios necesarios para el desarrollo de las áreas curriculares y de recreo. Es decir, el doble de pibas/es en la mitad del espacio… nuevamente las cuentas no cierran. Con poco tiempo de implementación ya hay resultados que son más que visibles: lo que se necesitan son más escuelas, no parches que no resuelven sino que embarran más la cancha. Si las/os chicas/os precisan estar más tiempo contenidos en instituciones educativos tanto formales como no formales, organizar aguantaderos no sería una respuesta efectiva.

La Jornada Extendida se da en el marco de otro capítulo en el presupuesto 2017 que es la transferencia de fondos a ONG´s, fundaciones y asociaciones civiles contemplada como articulación estatal- privada para introducir empresas y todo tiempo de agentes externos dentro de las escuelas públicas. Si los más viejos/as estábamos acostumbrados a conocer lo que nos deparaba nuestra pubertad a través de las charlas de Johnson y Johnson, hoy son cientas las empresas y organizaciones no gubernamentales que inundan el devenir escolar con propuestas completamente ajenas a las de la de los lineamientos curriculares vigentes, con personal no concursado y con una fuerte impronta de terciarización y privatización de la enseñanza y el aprendizaje.

Así como en el nivel primario se vive un fenómenos de “privatización endógena” por las múltiples intervenciones de privados dentro de las escuelas públicas, los CPI, ya mencionados, dependientes del área de Desarrollo Social representan la asistencialización de la educación en el nivel inicial. El Ministerio de Educación y Deportes suelta las riendas de la responsabilidad que le compete en cuenta a la cobertura educativa de su mentada “primera infancia”, y la regala a organizaciones de la sociedad civil para que la gestionen a gusto y paciere. Aún sin tener personal con título docente, o espacios que no cumplen con la normativa necesaria, incluso sin una acreditación oficial con la cual egresar de los mismos. Nuevamente como se reproduce en el nivel primario, entre escuelas para ricos en zona norte y escuela para pobres en zona sur; el nivel inicial se binariza entre escuelas infantiles para aquellos privilegiados que pueden lograr inscribirse de forma on line y ganar la sortija de la vacante, y aquellos que deben transcurrir sus días en los centros de primera infancia4.

Pero no hay que quitar méritos a los gobiernos anteriores. La gestión asociada, figura por la cual puede existir esta sociedad entre Estado y privados en la tarea educativa, es un regalo de la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006 por el kirchnerismo. La misma ley que también avala las evaluaciones estandarizadas y externas como lo fue el Operativo Aprender 2016, fuertemente rechazado y resistido por docentes, familias y sindicatos combativos.

Asimismo, los principios rectores que han permitido tanto la extensión de los Centros de Primera Infancia como dispositivos para cubrir la demanda de nivel inicial, así como la evaluación y la Jornada Extendida, no fue otra que la Declaración de Purmamarca firmada a principio de año por el Consejo Federal de Educación donde todos los Ministros de todas las provincias, sin distinción de partido ni tendencia, mostraron acuerdo. El corte de cinta de la reforma educativa que se viene preparando hace tiempo.

El presupuesto educativo es el plan estratégico con el que el gobierno traza la política educativa del próximo año. Si bien sabemos que la implementación de cada proyecto es una batalla a librar, es de suma importancia prestar atención a esta instancia para poder prever nuestras perspectivas de lucha. El objetivo del macrismo es muy claro, desguazar al Estado, privatizar todo aquello que sea público, mercantilizar nuestras vidas. El uso de recursos estatales para financiar las políticas públicas, es reconocido para la gestión, como un gasto innecesario que reditúa realmente solo si se invierte en el sector privado, que es aquel que se busca que acumule y gane. El macrismo- esa alianza entre burguesía empresarial, los dueños y gerentes de las grandes multinacionales aliado incondicional de la oligarquía terrateniente- es un representante de ese sector. Sin embargo, estos muchachos aprenden de sus errores, no solo propios sino de los de su escuela. Y no solo aprenden en cuanto al contenido sino que afinan sus métodos.

Las/os docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de numerosos distritos de la provincia y de otras jurisdicciones del país, hemos dado muestras tras el Operativo de Evaluación Nacional Aprender 2016, que con la unidad por debajo de todas/os las/os docentes y la esencial pelea desde los sindicatos antiburocráticos y combativos, se puede decir que no a un gobierno que parecía invencible. El vínculo con las familias, el trabajo en el territorio, la pelea consecuente en defensa de la escuela pública, la organización en nuestros lugares de trabajo y con nuestras/os compañeras/os son tareas que no escapan a nuestro trabajo político pedagógico, sino que deben ser tomadas como responsabilidades si verdaderamente queremos llevar adelante una transformación educativa y social estructural.

Natacha Levisman y Estefanía Barone
Educadoras de la Agrupación Docente Estudiantil “Simón Rodríguez”,
en la Corriente Popular “Juana Azurduy”.

Fuentes consultadas:

Te puede interesar:   -Toc toc. -¿Quién es? -La falta de vacantes otra vez…

-Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, Ministerio de Educación, págs. 9 y 10. www.buenosaires.gob.ar/hacienda/presupuesto/presupuesto-2017

– Relevamiento Anual 2015 de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa.

www.portales.educacion.gov.ar/diniece/2016/09/20/anuario-estadistico-educativo-2015/

Notas al pie:

1 Poder Ejecutivo GCBA, Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, Ministerio de Educación, págs. 9 y 10. www.buenosaires.gob.ar/hacienda/presupuesto/presupuesto-2017

2 Datos extraídos del relevamiento Anual 2015 de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa.

3 Datos aportados por ACIJ correspondientes al año 2011. Este informe revela también que de 789 establecimientos, 441 reciben subsidio estatal.

4 No negamos que haya CPI que funcionen muy bien o de forma comprometida, lo que se trata de problematizar en este artículo es quién tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y de qué manera.

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