DISPAREN CONTRA EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS

Con la política de derechos humanos del actual gobierno viene sucediendo algo similar a lo que acontece en otros rubros. En algún momento de descuido durante la campaña electoral, a fines de 2014, Macri confesó que con él se acabarían “los curros en derechos humanos”. Pero desde entonces y luego como presidente prefirió no confrontar abiertamente con las organizaciones, sabiendo del prestigio moral que todavía conservan.

La estrategia Durán Barba –nunca decir lo que uno piensa hacer, nunca confrontar– indicaba que lo mejor era dejar que las figuras secundarias de Cambiemos y sus intelectuales y periodistas afines se ocuparan del trabajo sucio de destruir la legitimidad de la lucha por los derechos humanos. Que no es otra cosa que destruir el pilar que organiza la memoria sobre el pasado reciente y, con ella, la propia autopercepción de la sociedad argentina.

Los medios de comunicación participaron de esa campaña con peculiar fruición (lo que no debería sorprender a nadie, ya que los dos principales están salpicados no sólo por su apoyo a la última dictadura, sino también por haberse quedado con Papel Prensa con su ayuda). El caso de malversación de fondos que involucró al programa de construcción de viviendas que llevó adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue utilizado incansablemente para desacreditar a Hebe de Bonafini, emblema principal del movimiento. El responsable del desfalco, Sergio Schoklender, fue convocado una y otra vez a los medios como si fuese un columnista de opinión, para dar sus pareceres sobre temas diversos (incluyendo el caso Nisman). Se le permitió allí inculpar a la titular de Madres de Plaza de Mayo y a Cristina Kirchner y prodigar elogios a Macri sin ser molestado con preguntas incómodas. Pero el ataque mediático también fue abierto y frontal. Aunque el único caso de malversación denunciado es el que involucra a la organización que preside Bonafini, Alfredo Leuco aprovechó para extender sobre todas las demás la presunción de habitar “el nauseabundo pantano de la corrupción” y exigió lisa y llanamente que se creen nuevos organismos de derechos humanos para reemplazar a los existentes. Se atrevió incluso a proponer los nombres de las personas que podrían dirigirlos: todos conocidos macristas, salvo algún que otro independiente.[i]

Algunos periodistas también reflotaron el pedido de “memoria completa” que vienen impulsando los propios militares acusados desde hace añares y reeditaron otros viejos argumentos que buscan poner en pie de igualdad el terrorismo de Estado y los hechos de violencia que protagonizaron las organizaciones armadas en los años setenta. Eligen para ello, sin embargo, olvidar un dato central que desarma su argumento: que entre los militantes sindicales y de izquierda de los años setenta sólo una minoría se involucró en acciones armadas, pero el terror de Estado cayó sobre todos ellos por igual. Jorge Lanata y los editorialistas de La Nación estuvieron entre los más insistentes en aquél pedido y este olvido. En la TV, escudándose en supuestos “debates” plurales y en su habitual griterío, 2 Intratables puso en marcha una verdadera campaña en ese sentido. En el colmo de la improvisación, el escritor Marcelo Birmajer, de simpatías macristas pero sin ningún antecedente de interés por los derechos humanos, ocupó los estudios de TV y las páginas de Clarín con una denuncia sobre el Parque de la Memoria, basada en un grosero error de información, que de todos modos venía bien para exigir una condena social para los militantes de los años setenta. Pero la palma se la llevó un funcionario del PRO, el radical Darío Lopérfido, quien afirmó que los organismos de derechos humanos fraguaron la cifra de 30.000 desaparecidos con el fin de cobrar subsidios, una infamia incalificable por donde se la mire.[ii]

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Los intelectuales del macrismo colaboraron en el mismo sentido. Los del Club Político se sumaron al pedido de “memoria completa”, buscaron igualar el terrorismo de Estado con las acciones violentas de agrupaciones políticas y se lanzaron a una verdadera campaña para desacreditar los juicios contra militares genocidas. Luis Alberto Romero fue quien más se destacó en ese sentido: reformulando la “teoría de los dos demonios”, sostuvo que en los años setenta en verdad hubo sólo uno, con dos caras (su teoría de que “la violencia” fue el único demonio genérico que afectó al país fue inmediatamente levantada por periodistas de derecha). También llegó a afirmar que se estaba condenando a los militares sin pruebas, violando las garantías del debido proceso y manipulando a los testigos, en juicios en los que estaba definido de antemano que los acusados recibirían las penas máximas. Por todas partes hubo voces que salieron a denunciar que se estaba privando a los militares del derecho a la prisión domiciliaria. Estos ataques a los juicios se fundaban obviamente en información falsa: un mínimo cotejo con las estadísticas muestra que una importante proporción de acusados resultaron absueltos, que sólo la minoría recibió las penas máximas, y que uno de cada tres condenados fue beneficiado por la prisión domiciliaria (un porcentaje mayor que el de los condenados por otro tipo de crímenes).[iii] Queda claro entonces que se trata de un ataque por motivaciones ideológicas, sin relación con supuestas irregularidades procesales sistemáticas.

Mientras esa campaña tenía lugar, el gobierno de Macri aprovechó para desmantelar sigilosamente varias de las áreas bajo órbita del Poder Ejecutivo que se dedicaban a prestar apoyo a las investigaciones y a los juicios por violaciones a los derechos humanos. Las actitudes del propio presidente fueron oscilantes, impropias de un jefe de Estado. Inicialmente amparó en el silencio la campaña de sus partidarios, trató a las organizaciones de derechos humanos con frialdad y se negó a recibirlas. Pero pronto revirtió su actitud, tras comprobar que le traería dificultades en el terreno de las relaciones exteriores. En efecto, en su visita a Argentina el presidente de Francia se negó a visitar el teatro Colón, dirigido por Lopérfido. Por su parte, el interés de Barak Obama por visitar los sitios de la memoria obligó a Macri a buscar un acercamiento coyuntural con los organismos de derechos humanos. Irónicamente, debemos al presidente norteamericano el súbito interés de Macri por conocer la ESMA, un sitio central de la memoria colectiva de los argentinos que, sin embargo, Macri nunca había pisado. Sus expresiones en ocasión de la primera conmemoración del 24 de marzo bajo su mandato (que compartió con Obama) fueron francamente incómodas. Se limitó a recordar el hecho como un triste episodio más de “la división entre los argentinos”. Con esa expresión repartía culpas  por igual a todos los causantes y lo relacionaba implícitamente con el divisionismo por el que culpó a los Kirchner durante la campaña electoral. Vaciamiento y banalización. En alusiones posteriores a la dictadura nunca pudo emplear la expresión “terrorismo de Estado”. Prefirió en cambio la que usaban los propios militares: “guerra sucia”. Otra vez, la idea de contendientes equivalentes. Sobre la cifra real de desaparecidos, afirmó que no le interesaba saber cuál pudiera ser. La brutalidad de esas afirmaciones fue tal, que obligó a sus propios funcionarios a hacer malabares para salir a matizarlas y explicarlas. El ataque a la memoria de los años setenta y al movimiento de derechos humanos se completó con una cantidad de pequeños gestos de profanación, como la designación de diversos funcionarios con actuación durante la última dictadura o antecedentes carapintadas, la decisión de recibir a Obama justo un 24 de marzo, el desfile de Aldo Rico en los actos del Bicentenario (justificado por el propio Macri), o la tentativa de hacer del Día de la Memoria un feriado móvil. Pero el más atrevido fue el intento de llevar a Hebe de Bonafini a notificarse de sus derechos frente a un juez por la fuerza pública, sin ninguna necesidad legal, bloqueado en las calles por una multitud que concurrió espontáneamente en su apoyo.[iv] El objetivo, está claro, era arrastrar a un patrullero al emblema mayor del movimiento de derechos humanos. Pisotear y humillar nuestra memoria.

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Mientras esta campaña informal tiene lugar, el Estado mantiene, desde el punto de vista institucional, una aparente continuidad. No hay ataques frontales, como podría ser el cierre de los espacios de la memoria. Tampoco intentos de reivindicar la dictadura (aunque sí hubo al menos un funcionario, Juan José Gómez Centurión, que relativizó sus crímenes). El gobierno retiró la colaboración activa a los juicios por delitos de lesa humanidad, pero no tuvo iniciativas legales para ponerles fin. Y posiblemente no veamos cambios de ese tenor. Puede que Macri sea incapaz de pronunciar la expresión “terrorismo de Estado”, pero sí la usan su secretario de derechos humanos y los guiones y sitios web oficiales. El Estado seguramente seguirá sosteniendo la visión oficial sobre la dictadura, aunque de manera más “fría”. La estrategia es la de la ritualización, despolitización y banalización de la memoria, antes que la de una reversión explícita de sus contenidos. O dicho de otro modo, la de sostener una condena genérica a “la violencia”, pero lavada de contenidos específicos, especialmente de aquellos que apuntan a la relación que existe entre el terrorismo de Estado y los proyectos e intereses económicos que lo alentaron. Atacar frontalmente las políticas de la memoria expondría al PRO a comparaciones con quienes efectivamente son sus antepasados políticos: los Chicago Boys que condujeron la economía en tiempos de la dictadura. La apuesta del PRO es por ello, más que la de un ataque frontal, la de desacreditar a los organismos de derechos humanos y al conjunto de la militancia de los años setenta. Ponerlos en cuestión, ensuciarlos, hasta que pierdan el sitial de honor que tienen como pilares de la memoria colectiva.

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* Este texto forma parte de un libro de próxima aparición titulado El cambio y la impostura

[i] “Schoklender cree que a Nisman lo asesinaron”, Clarín, 4/3/2015; Alfredo Leuco: “Es necesario que haya nuevos organismos de Derechos Humanos”, Clarín, 26/3/2016. En el mismo sentido: Fernando Iglesias: “Las esquirlas de un pasado que no termina de pasar”, La Nación, 9/2/2017.

 

[ii] 2 “Intratables y su campaña a favor de la ‘teoría de los dos demonios’”, La Izquierda Diario, 16/2/2017; Laura Malosetti Costa: “Polémica con Birmajer”, Clarín, 7/3/2016; Jorge Lanata: “Sobre la militancia”, Clarín, 7/2/2016; J. Lanata: “Condiciones para pensar la Historia”, Clarín, 4/2/2017; “A 40 años del último golpe de Estado”, La Nación, 24/3/2016.

[iii] Vicente Palermo, Guillermo Rozenwurcel, Henoch Aguiar: “Hacer de la memoria un patrimonio común”, La Nación, 24/3/2016; María Zaldívar: “Es hora de contar la verdad completa”, Infobae, 24/3/2016; Luis Alberto Romero: “Macri no puede ser clasificado”, La Nación, 22/2/2016; L. A. Romero: “Hay que debatir el sentido de los feriados”, La Nación, 31/1/2017; “Las dos verdades de los 70: los momentos más fuertes de un debate inédito”, Infobae, 22/2/2017; “Un manifiesto por la justicia”, La Nación, 2/8/2016; Horacio Verbitsky: “Malditos sean los datos”, Página 12, 7/3/2016.

[iv] “Instrucciones para terminar con una política de Estado”, Página 12, 28/3/2016; “Del hecho al dicho”, Página 12, 15/8/2016; “Nos fuimos muy preocupados”, Página 12, 28/1/2016; “Convenios, tango y champagne en el Centro Kirchner”, Clarín, 26/2/2016; “El Gobierno ‘corrigió’ a Macri y repudió ‘el terrorismo de Estado’”, La Nación, 12/8/2016; “Funcionarios PROdictadura en el gobierno de Mauricio Macri”, La Izquierda Diario, 17/12/2015; “Es una afrenta a la democracia”, Página 12, 12/7/2016; “Me parece que no me consta…”, Página 12, 1/8/2016; “Caso Bonafini: ¿podemos ser obligados a ejercer un derecho?”, Infobae, 5/8/2016.

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