La asunción del gobierno de Mauricio Macri ha abierto la posibilidad de revisar y poner en cuestión el consenso mayoritario al que nuestra sociedad había arribado acerca del terrorismo de Estado y el genocidio de los 70. Los planteos negacionistas de todo tipo se presentan desde el mismo gobierno de Cambiemos y desde los círculos mediáticos que multiplican las entrevistas, los discursos y los editoriales en contra de aquel consenso. Obligan así a volver a dar la misma batalla, que ya había sido dada y ganada, en pos del sentido y consecuencias de la dictadura militar. Entre los variados intentos negacionistas, tales como cuestionar el número de desaparecidos, reflotar sin pudor aquella frase de Macri de “el curro de los Derechos Humanos” , como hicieron diputados del PRO el mismo 24 de marzo, declarar que no hubo un plan sistemático para asesinar y robar niños, y muchos otros, resalta uno que tergiversa la historia groseramente y con toda utilidad para el negacionismo: la teoría de los dos demonios, dos demonios igualmente armados, y lo que se calla al ponerla en primer plano.
La teoría de los dos demonios, que justifica y exculpa el genocidio al comparar la violencia de las organizaciones políticas que llevaron adelante lucha armada, Montoneros y PRT-ERP, con la violencia de las Fuerzas Armadas, le sirve especialmente al gobierno y sectores afines para tergiversar, desviar y ocultar el verdadero cometido y el verdadero objetivo del genocidio: los trabajadores.
Los trabajadores y su capacidad de organización y de lucha, no la minoritaria guerrilla, fueron el objetivo central y final a destruir en el contexto del plan político, económico y social que la dictadura se proponía. Los números, aunque no puedan ser definitivos, lo confirman plenamente. En las estadísticas del viejo informe de la CONADEP, con sus carencias de datos al ser elaborado y sus sesgos, y con la peculiar clasificación que hace, se contabiliza un 55,4% de trabajadores sobre el total de desaparecidos sumando obreros, empleados, docentes y periodistas, una cifra que podría aumentarse más con otras categorías de esas mismas estadísticas. Solo por mencionar otras cifras, la CTA ha calculado que la cantidad de asalariados desaparecidos es del 67% sobre el total1. Eran trabajadores la amplia mayoría de los desaparecidos y asesinados y lo fueron en sus funciones de delegados en las empresas y en el Estado, miembros de comisiones internas y activistas sindicales, y no milicianos armados de las organizaciones guerrilleras.
Confundiendo la naturaleza del genocidio, ocultando la mayoritaria condición de trabajadores de los desaparecidos, escudándose detrás de los actos de violencia de Montoneros o ERP, agigantando el peso de sus acciones hasta ponerlas a la par de las del propio Estado, presentándolo a éste como a un pobre agredido; y silenciando el de las poderosas huelgas y movilizaciones masivas de entonces, así como la potencia de las organizaciones desarrolladas en los lugares de trabajo, el gobierno de Cambiemos y amplios sectores mediáticos y empresariales buscan intervenir con fuerza, ahora que tienen espacio, en la escritura de la historia reciente, en el relato que prevalecerá, en el que se contará en los libros de historia y en las aulas del país.
Pero esta intervención no tiene solo objetivos puramente históricos, intelectuales, futuros. La revisión que se ha desatado desde el gobierno de Macri tiene objetivos concretos y bien actuales, tales como impedir que los juicios se dirijan hacia los empresarios por su responsabilidad en el genocidio. De aquí se desprende una de las más importantes razones para sostener la teoría de los dos demonios armados. También en proteger, liberar o atenuar las condenas o la cárcel de los militares ya enjuiciados.
Y en especial para direccionar la imagen que sectores de la sociedad configuren de la actual protesta social contra el gobierno, las multitudinarias huelgas y marchas de docentes, trabajadores en general y mujeres, demonizándolas a todas como kirchneristas ante aquellos auditorios, y si puede sobre otros también. Es la misma intención con que se escriben los editoriales de Clarín y La Nación, horrorizados porque en la marcha del 24 de marzo “se reivindicó a los violentos” trayendo a primer plano la figura de la guerrilla y no la de la Comisión Interna, claro. Y las entrevistas por radio a lejanas maestras en donde se comenta el espanto democrático que produce el discurso de Bonafini y los helicópteros de cartón en la reciente marcha a Plaza de Mayo, desvirtuando por extensión los motivos de las masivas protestas bajo una sospecha de violenta intencionalidad política. Se muestra así que tal como fue el ataque del demonio guerrillero contra las instituciones de los 70 se ataca ahora al gobierno legítimo, ni más ni menos. En esta versión promovida por el gobierno y afines no hay clase obrera de entonces, parece no haber existido. Y siguiendo esa línea es posible sospechar de los reclamos de los trabajadores actuales, que se harían detrás de aquella intencionalidad nefasta.
Es decir: ocultar y tergiversar la historia para desvirtuar el presente en el cual ocurren o pueden ocurrir las cosas de hoy.
1 Fernández, Norma; 24 de marzo de 1976. 25 años después, Revista Milenio Nº 5, Buenos Aires, 2001, Pág. 69. (entrevista a Víctor De Gennaro)