Por: *Santiago J. Morales. y Martin L. Paoloni
I.-
Argentina asiste a un escenario oscuro y penumbroso para los niños, niñas y adolescentes. La arremetida del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y la siempre presente complicidad de los sectores conservadores de la sociedad, pretenden imponer una agenda política de encierro con la baja de la edad punible para los jóvenes de nuestro país. Estrategia de criminalización que no es nueva y que emerge en tiempos electorales desde hace varios gobiernos, mientras el diseño e implementación de políticas públicas que efectivamente incidan en las paupérrimas condiciones de vida de las nuevas generaciones, no forman parte de las mismas agendas.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, planteó la necesidad de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años en el marco de la creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Proponen el encierro de los niños y niñas de 14 y 15 años como “la solución” a los problemas de inseguridad que sufre nuestra sociedad. Al mismo tiempo, otras áreas del Estado vienen cerrando espacios destinados a garantizar derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares (como comedores, merenderos, centros educativos, espacios de participación, entre otros), es decir, desfinanciando las políticas de promoción y protección de sus derechos.
La verdadera inseguridad, la que padecen los niños, niñas y adolescentes sin acceso a los derechos de salud, vivienda, alimentación y educación, carece de una respuesta que permita visibilizar un horizonte de dignidad donde el enfoque de derechos en las políticas públicas sea una realidad. Vivimos en un país en el que la propensión a la pobreza absoluta por ingresos es más elevada entre los niños y niñas, alcanzando un porcentaje de alrededor del 49% en el 2016, es decir, uno de cada dos niños y niñas en son pobres.
La información estadística con la que contamos -escasa- para describir la situación de los delitos cometidos por jóvenes, indica que en la Provincia de Buenos Aires (donde reside el 40% de la población del país) el 3,59% de las causas penales iniciadas corresponden a delitos atribuidos a personas menores de edad, y el 0,55% refieren a homicidios. Sin embargo, el recrudecimiento de las políticas represivas y de control social aumenta de manera exponencial como estrategia de disciplinamiento de las clases que viven del trabajo. Tal es así que el gobierno de Mauricio Macri no ha tenido pruritos a la hora de entrar violentamente en un comedor infantil con armas y gases lacrimógenos, acabando con la vida de un niño por nacer cuya madre se desempeñaba como educadora del espacio (2); o de detener, esposar y llevar a la comisaría ilegalmente a niños menores de edad no punibles.
La criminalización y estigmatización que el gobierno dirige hacia las nuevas generaciones se complementa con el vaciamiento de políticas públicas orientadas a proteger y asistir a las mujeres y niñas víctimas de la violencia del patriarcado. Según datos del Informe de Estadísticas Criminales en la República Argentina del Ministerio de Seguridad de la Nación del Ministerio de Seguridad de la Nación se registran más de 10 denuncias por día de mujeres por violación -antesala del femicidio-. Y considerando que se denuncian sólo el 5% de las violaciones en la región -según la Organización Mundial de la Salud- ese número es en un 2.000% mayor. Tristemente coherente con estos datos son las cifras reveladas por un informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, las cuales confirman que en los primeros 43 días de este año 2017 ya se produjeron un total de 57 femicidios en nuestro país. En otras palabras, una mujer muere asesinada cada 18 horas en Argentina. Son tantos y tantos los casos, que no todos cobran conocimiento público. De estos, uno conmovió a la población hace pocos días: Micaela García, una joven de 21 años militante y educadora social oriunda de la Provincia de Entre Ríos, fue víctima de un nuevo femicidio.
II.-
El proyecto del gobierno de bajar la edad de punibilidad generó en respuesta -entre otras reacciones populares- la creación del Espacio “No a la Baja”, el cual reúne a organizaciones que trabajan con pibes y pibas, organizaciones de chicos y chicas del pueblo, trabajadores y dirigentes sociales y sindicales, legisladores, partidos políticos, personalidades que participan en la defensa de los Derechos Humanos, entre otros. Desde el Espacio se impulsa una campaña que busca enfrentar la avanzada criminalizadora de nuestras infancias a partir de la consigna #NoalaBaja como punto de partida para seguir insistiendo tanto en que los pibes y las pibas no son peligrosos sino que -muy por el contrario- están en peligro, como en que nacer pobre no puede ser la antesala de crecer preso.
La lucha heroica del movimiento de mujeres también se organiza en torno a consignas claras: “Vivas nos queremos”, “Ni una menos”, “El Estado es responsable”, “Basta de femicidios”. El Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo puso a cientos de miles de mujeres en la calle. Ante ese hecho político de indiscutible trascendencia, las chicas del pueblo organizadas en la Asamblea R.E.V.E.L.D.E. se pronunciaban de este modo:
“Niñas, niños y adolescentes participamos del paro internacional de mujeres el día 8 de marzo del 2017 con el fin de parar la violencia adultista y machista que son las que más nos afecta a las niñas.
Sostenemos que mientras haya capitalismo, habrá patriarcado y todo tipo de violencia machista, adultista, institucional y otros. Es por eso, que hoy más que nunca tenemos que articularnos, niñas, niños y adolescentes, adultos y adultas. A nuestro querido presidente Mauri, le decimos “Che, che Mauricio, che Mauricio no te lo decimos más, si nos tocan a las pibas que quilombo se va a armar. Al Estado fascista lo vamo’ a correr y con las mujeres no van a poder porque contra el patriarcado salimo’ a luchar y por el aborto seguro y legal. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir.”
El proyecto neoliberal del actual Presidente Mauricio Macri, (que combina la criminalización de la pobreza y la protesta social con la reducción de la intervención estatal en las áreas sociales, culturales y educativas, y la transferencia de los recursos públicos destinados a esas áreas a los grandes capitales concentrados) se encuentra con una reacción popular clara: manifestaciones masivas y numerosas experiencias de organización de las clases populares. Sólo en el mes de marzo de 2017 se realizaron seis marchas multitudinarias que en total reunieron a más de un millón de personas en la calle. Sin embargo, todo esto no parece aún preocupar lo suficiente al gobierno de la Alianza “Cambiemos”, pues continúa profundizando su plan político-económico.
Es en este contexto de necesidad organizativa en el que diferentes organizaciones sociales del campo popular, en articulación con las distintas centrales de trabajadores y trabajadoras que históricamente se han solidarizado con las organizaciones y movimientos de niños, niñas y adolescentes, se vienen pronunciado y realizando acciones masivas con la intención de visibilizar las experiencias de lucha y su hermandad con los trabajadores. La realización de la Caravana de los Pibes y Pibas así como los diferentes encuentros de niñez, formación de educadores y educadoras populares, campamentos de jóvenes, avizora la emergencia e instala en la agenda pública la vitalidad de los movimientos de niños, niñas y adolescentes en Argentina, poniendo en la calle y en acciones concretas la situación de los barrios y a realidad de desprotección que padecen nuestras infancias.
III.-
El Estado no debería arrogarse la facultad de imponer sanciones que priven de la libertad a una edad cada vez más temprana y sobre la base de una política criminal, a sabiendas de que el sistema penal ha fracasado en su intento inútil de reeducación social. Como planteó Alcira Daroqui en una actividad organizada por Niñez y Territorio para debatir sobre el tema de la Baja: “en las últimas décadas, justo cuando el orden social opresor capitalista se dedicó obscenamente a producir pobreza y población sobrante en el marco del neoliberalismo, es cuando consolidó a través de los organismos internacionales los derechos de las personas más vulnerables”.
En un contexto de represión a las manifestaciones y descontentos populares por la oleada de políticas represivas y que dan de lleno con el ajuste económico aplicado a los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras, resulta fundamental poner luces respecto de los procesos de institucionalización que ante la ausencia de políticas sociales resultan ser una imposición violenta y avasallante de la vida de los niños, niñas y adolescentes. La falta de garantías en la aplicación real del sistema de protección de derechos resulta ser una realidad que en el contexto mencionado se vuelve violatoria de todos los derechos de los pibes y las pibas.
Es por ello que consideramos urgente afrontar esta realidad desde las organizaciones infantiles y en la ineludible tarea de profundizar los procesos que hacen al protagonismo y la participación de los niños, niñas y adolescentes, los sujetos que más se ven afectados por una crisis social que excluye, segrega y desoye a la infancia que crece.
“Es imposible pensar a los niños aislados de los procesos sociales, de los tiempos y los espacios donde ocurren sus vidas”, escribió Alberto Morlachetti, co-fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo de Argentina. Los chicos y chicas de la actual nueva generación están recibiendo influencias antagónicas, por un lado la ideología de la meritocracia y el conformismo, que se vende a raudales en los medios masivos de (des)información; y por el otro la ideología de la lucha colectiva por los derechos del pueblo como propuesta de dignidad.
Quienes consideran que durante el periodo de la niñez no se es sujeto -ni social ni político-, creerán que los niños y niñas son manipulados por diferentes actores sociales, políticos y mediáticos. Quienes los consideramos agentes de cambio -y de reproducción social al mismo tiempo- entendemos que reciben las influencias de la época que viven y que cuentan con el potencial para transformarla. Los adultos y adultas que consideren imprescindible el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes como garantía prosperidad y porvenir, deberán asumir colectivamente la necesidad de promover procesos de formación de opinión, debates comunitarios y de organización de los chicos y chicas del pueblo como condición para tal fin.
(1) ODSA – UCA (Observatorio de la Deuda Social Argentina), Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina Urbana 2010-2016. Tiempos de balance. Documento de Trabajo. Marzo 2017
(2) El 31-03-17, efectivos policiales irrumpieron violentamente y reprimieron a niños, niñas y adolescentes que se encontraban comiendo en el Comedor Los Cartoneritos del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Villa Caraza, Provincia de Bs. As. Represión comandada por el exlegislador del Partido “Frente para la Victoria” Diego Kravetz, actual Secretario de Seguridad del intendente Néstor Grindetti de la Alianza “Cambiemos”.
- Santiago J. Morales. Sociólogo y educador popular. Integrante de La Miguelito Pepe y colaborador de laAsamblea de chicos del pueblo R.E.V.E.L.D.E. de Argentina.
- Martin L. Paoloni. Trabajador Social y educador popular. Integrante del Espacio Popular de Niñez y delEncuentro Niñez y Territorio de Argentina.
La nota en su versión original puede leerse en: http://enclavedeevaluacion.com/disciplinamiento-organizacion-ninez/