Desde el pasado 10 de julio las movilizaciones se han hecho sentir con fuerza en Asunción, donde los sectores campesinos acamparon frente a la sede del Congreso Nacional exigiendo Ley de Emergencia Nacional y condonación de las deudas. Luego de una nueva tregua de poco menos de una semana el movimiento campesino en Paraguay volvió a las calles a marchar por que se cumplan sus reivindicaciones.
Los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), quienes encabezan esta iniciativa, en su más reciente pronunciamiento responsabilizan al Gobierno de Horacio Cartes de la crisis actual que enfrenta el sector de los campesinos debido a los fracasados proyectos productivos que han provocado deudas imposibles de pagar por los agricultores. Los campesinos exigen que se declare la emergencia agrícola en el país y la condonación de deudas de los pequeños productores con el sector público y las adquiridas con el privado. También reclaman subsidio a la producción y legalización y regularización de las tierras, al igual que un plan de reactivación productiva mediante nuevos créditos.
El Gobierno de Paraguay ha manifestado que la condonación es inviable y ha propuesto una refinanciación de la deuda y una disminución de intereses, medida que fue acordada el pasado año, cuando los campesinos se concentraron en Asunción por más de 20 días.
Por su parte el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, considera la condonación como una medida innecesaria, y manifestó la disposición de avanzar con el refinanciamiento de estas. Baruja considera que la condonación en vez de beneficiar a los campesinos, los perjudicaría, ya que no podrían volver a ser sujetos de crédito en un futuro. Las autoridades alegan que no hay presupuesto para cumplir con la condonación de la deuda que es de cerca de 34 millones de dólares, situación que afecta a los labriegos y también a la producción agrícola.
Paraguay es el país suramericano con mayor porcentaje de población campesina: representa un 35 por ciento del total de la población, lo que equivale a 2,5 millones de personas que se dedican a trabajar la tierra, en un país que no llega a los 7 millones de ciudadanos.