Por Guadalupe Giménez Dixon
en https://www.revistaperipecias.com.ar/sin-esi-sin-niunamenos
el fin del duelo
El grito colectivo contra la violencia machista que encarna la consigna Ni Una Menos es el reflejo de una sociedad que se niega rotundamente a estar de duelo. Expresa, antes que nada, una incomodidad con la victimización pero en su amplitud de significaciones, invita a pensar la familia, la heteronormatividad, la larga cadena de violencias machistas que culminan en el femicidio y, en última instancia, de qué se trata ser mujer.
La exponente latinoamericana para el estudio estructural de las violencias, Rita Segato, propone una lectura sobre los femicidios que vale la pena atender y que distingue dos planos de estrecha vinculación: la cuestión moral y la responsabilidad estatal. Dice al respecto: “Es un error, que el pensamiento feminista eliminó hace muchísimo tiempo, la idea de que el violador es un ser anómalo. En él irrumpen determinados valores que están en toda la sociedad. Entonces, nos espantamos y el violador se convierte en un chivo expiatorio pero él, en realidad, fue el protagonista de una acción que es de toda la sociedad, una acción moralizadora de la mujer.”[1] “Siempre sostuve que lo que pasa con las mujeres es un síntoma de los tiempos. No se trata de crímenes de la intimidad. Se trata de crímenes que expresan el estado de arbitrio, que es el estado del presente. Deben ser leídos como un termómetro de la época histórica en la sociedad. Son crímenes que desafían a la autoridad legítima, y el legítimo control de la violencia por parte del Estado. Pero también son crímenes en los que el comportamiento de las agencias estatales –policiales y jurídicas– son cómplices. Son crímenes en los que el poder se confirma y se espectaculariza, en tiempos en que la espectacularización y el exhibicionismo son las formas en que el poder se impone como tal”[2]
Lo que comprueba su tesis, entre otras cosas, es la existencia de dos niveles de violencia que se superponen y complementan: una violencia machista frente a los cuerpos femeninos empoderados y deseantes (la acción moralizadora de la sociedad toda para con las mujeres y que encarna el violador/ femicida) y una violencia institucional que viene a duplicar los daños, en su ineficacia de intervención.
el comienzo de la vigilia
Desde el 3 de junio de 2015 hay vigilia. Un movimiento de mujeres pluricelular emerge tras esta primera movilización y avanza firme hacia el abandono definitivo de la posición víctima-reclamante para concebir a la mujer como productora de valor: llama al primer Paro Nacional de Mujeres el 19 de octubre de 2016, tras la represión del 31º Encuentro de Mujeres en Rosario y el feroz crimen de la joven marplatense Lucía Pérez. En marzo de este año, convoca al Primer Paro Internacional de Mujeres, al que adhieren más de 50 países.
Esta medida ensancha el movimiento e inscribe las movilizaciones feministas en la larga tradición argentina en defensa de los derechos humanos.
nadie aprende a vivir libremente privado de la libertad
La contundente movilización de mujeres, mientras visibiliza el problema de la violencia machista, no logra traducir su reclamo en una reducción concreta de los índices de violencia. Mientras en 2016 el promedio de femicidios era de uno cada 30 horas, hoy aumentó a uno cada 18 horas.
La inscripción del movimiento feminista en la tradición de la lucha por los derechos humanos aleja al feminismo de la traducción punitivista e instala a su vez una discusión de carácter urgente ¿qué hacer con los machos violentos? Enfrentar el discurso facho de mano dura con un discurso que no presenta alternativas al aislamiento de los machos violentos para que no vuelvan a matar, ¿es funcional a la política patriarcal que se construye sobre los cuerpos violados, violentados, y asesinados de las mujeres, lesbianas, travestis y trans[3]?
La encrucijada es enorme y parece no tener una respuesta uniforme por parte del movimiento que mientras se organiza y discute, sí encuentra en la Educación uno de sus pilares fundamentales para enfrentar la violencia machista hétero-patriarcal.
el curro de los derechos humanos
Las medidas llevadas al cabo por el kirchnerismo con relación a los derechos humanos y leídas como un curro por la gestión de gobierno actual tiene una expresión concreta en el paquete de leyes conocidas como “las 26mil”, que son aquellas que tienen en común la creación de nuevos sujetos de derecho y en el que cobra particular fuerza la inclusión de la diversidad sexual. Entre ellas encontramos la Ley de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, número 26.061; la de Protección Integral a las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los ámbitos en que desarrollen sus actividades interpersonales, número 26.485; la de Identidad de Género, número 26.743; la de Matrimonio Civil, más conocida como de Matrimonio Igualitario, número 26.618; y la Ley de Educación Sexual Integral 26.150.
Inmiscuirse en el proceso de negociación que implicó la sanción estas leyes puede colaborar en una visión crítica pero optimista sobre estos nuevos derechos adquiridos, que haga foco en las potencialidades y no en las limitaciones de la Ley, siempre escueta ante una realidad asfixiante en la que el Estado aparece como primer responsable, en tanto reproductor de valores heteronormativos y patriarcales.
sin educación sexual integral no hay #niunamenos
La Ley 26.150 propone un enfoque integral en el que la sexualidad abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos que permiten entender la trama de sentidos que evoca Segato cuando habla de una actitud moralizadora por parte de la sociedad toda para con las mujeres. Permite, desde su perspectiva de género, desentrañar las redes de sentido que atraviesan tanto la esfera individual como la social y que influyen de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad.[4]
Con toda su riqueza conceptual la Ley de Educación Sexual Integral implica hoy, a secas, un marco legal para el ejercicio de la práctica docente, pero no las condiciones estructurales para su aplicación.
En una incipiente investigación llevada a cabo por este colectivo advertimos que la aplicación de la Ley ha sido fragmentaria y descentralizada; dependiendo en muchos casos de una suma de voluntades de docentes en sus propias escuelas, que han buscado capacitación de forma individual ante los pocos espacios ofertados por el Ministerio de Educación, del cual depende.
Consideramos que esta falta de aplicación luego de diez años de promulgada la Ley se debe a dos problemáticas específicas. Una estructural, relacionada con el sentido federal de dicha Ley que provoca que cada jurisdicción provincial pueda decidir de forma autónoma su aplicación en su forma y contenido (ver su artículo 5), sin que la coordinación nacional logre garantizar este derecho ni alcanzar una real regulación del mismo. Y otra coyuntural, que tiene que ver con el presupuesto asignado para garantizar el avance de políticas públicas vinculadas a un trabajo sistemático en la capacitación docente y la publicación de materiales. Al mismo tiempo, cada provincia puede elegir cuánto presupuesto designar para ello, lo que genera un desarrollo muy desigual de su aplicación.
Estos límites ponen una traba a las potencialidades sociales que se alcanzarían con una educación que desde una corta edad permitiría a los alumnos y las alumnas cuestionar las normas del binarismo sexual y la heterosexualidad; reflexionar sobre los roles y funciones estereotipados atribuidos a las mujeres y varones en los contextos sociohistóricos; crear espacios de construcción de la subjetividad donde predomine la confianza, el respeto y el autoconocimiento corporal y psíquico para expresar sentimientos con el fin de promover relaciones afectivas e interpersonales basadas en el cuidado y el amor, en contraposición con el maltrato y la discriminación; que puedan entonces emancipar a las personas para vivir una vida sin violencias.
Las conclusiones que surgen de este estudio evidencian una realidad: las experiencias quedan aisladas y acotadas a su territorio siendo difícil compilarlas para pensar una sistematización que pueda aportar a las futuras estrategias educativas ricas en esta perspectiva. Esta depende más de los sindicatos y de las organizaciones sociales, que del propio Estado, y es entonces ahí donde habrá que ir a buscarlas.
Sin organización, no hay Educación Sexual Integral y sin ella, no hay #NiUnaMenos. Por eso apelamos a indagar y problematizar la ausencia de esta perspectiva en las instancias de formación docente a las que asistimos diariamente y que incidirán directamente en nuestras prácticas áulicas.
Es tarea de todas y todos la defensa de este y otros derechos humanos. Hay que reclamar políticas públicas, pero también hay que reconocer, feministamente, que el conocimiento está en esa otra compañera, ese otro compañero, que está haciendo la experiencia y dar sentido, hoy más que nunca, a todos aquellos espacios que generen esta práctica compartida de saberes.
[1] https://www.pagina12.com.ar/32120-con-mas-carcel-no-solucionamos-el-problema
[2] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-304897-2016-07-22.html
[3] Claudia Koroll en Facebook.
[4] Faur Elenor, “Desafíos para la igualdad de género en la Argentina, Programa Naciones Unidas para el desarrollo, Buenos Aires, 2008.