El artículo en cuestión fue motivado por la siguiente nota, firmada por Laura Di Marco y publicada por el Diario La Nación el 6 de Abril de 2018: https://www.lanacion.com.ar/2123119-un-caso-que-quema-y-reabre-las-heridas-de-los-anos-70
¿O es que acaso alguien niega que “matar por un ideal” deje de ser un crimen?
La operación nos es patológicamente conocida, pero no por menos indigerible. Por innúmera vez, lxs adláteres de turno muestran las garras para comparar el último genocidio de nuestra historia con las víctimas -en este caso, LA víctima, ya que se trata de una sola persona- de las organizaciones político-militares (en adelante OPM) argentinas -en este caso el E.R.P.- durante la década del ´70.
A sabiendas del exabrupto ideológico-jurídico que intenta reabrir el “caso Larrabure”, caratulándolo como crimen de lesa humanidad y de la posible prisión de Luis Mattini (único sobreviviente de la cúpula perretista1) es que se firmó una extensa y amplia solicitada de repudio que enfurece a la mencionada escriba. El elocuente título de la misma fue “No hay equiparación posible”.
“¿Qué evita que un delito prescriba, quien lo comete o su atrocidad? ¿Por qué mi dolor es distinto al del hijo de Larrabure?” inquiere la autora, en nombre de N. Morandini.
Impacta la banalidad y la carente ingenuidad de tamaña pregunta. No es sobre comparar dolores que versan las categorías jurídicas. Ni tampoco debieran ser ni el dolor ni las creencias personales los motores de ningún tipo de derecho, y menos de los que se suponen de alcance internacional.
La imprescriptibilidad de un crimen está dada por la dimensión estatal del mismo. Ninguna de las OPM que operaron en la Argentina en la década del 70 del siglo pasado contaba con las condiciones técnicas, las posibilidades económicas, la disponibilidad de “mano de obra calificada”, los medios de comunicación para legitimar la masacre ni probablemente tampoco el sofisticado grado de maldad lisa y llana para cometer las atrocidades que comete un Estado cuando decide llevar a cabo un genocidio.
“¿Acaso la violencia política que precedió el 76 no explica, en parte, lo que sucedió después?” es la pregunta retórica con que Di Marco intenta equiparar las planificadas aberraciones estatales con los errores, excesos y/o asesinatos guerrilleros.
Resulta evidente que la respuesta es no. Está claro que la violencia estatal no comenzó en el 76 sino bastante antes, razón por la cual es necesario cambiar las periodizaciones con las que nos manejamos.
Di Marco cita el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para dar cabida a la posibilidad de que en la Argentina setentista alguna OPM estuviera llevando a cabo un “un ataque masivo o sistemático a la población civil, de acuerdo con un plan”.
Honestamente creo que no hace falta presentar evidencia empírica respecto a este punto. Nadie con un mínimo de estudio al respecto de la mencionada etapa estaría en condiciones de aseverar tamaña cosa.
¿O es que acaso la autora conoce “zonas liberadas” que escaparon a nuestra percepción histórica o a las –cuando no- triunfalistas exageraciones de las OPM que ejecutaban dichas operaciones? Va de suyo que esto va más allá de lo que las mismas pudieran proclamar en sus comunicados.
Por si hiciera falta mayor grado de aclaración al respecto: que una organización que se proclama revolucionaria planteé en sus documentos políticos que se constituye para derrocar al gobierno de turno (o para acabar con el Estado) y que para ello se valdrá de todas las herramientas que tenga a mano (inclusive la creación de zonas liberadas o de focos revolucionarios), no quiere decir que ello ocurra en la realidad.
O que de ocurrir fuera a resultar exitoso, tal como testimonia el brutal exterminio de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en la Provincia de Tucumán, ejecutado mediante la famosa orden de “aniquilar a la subversión”, dictada por la democracia peronista del momento.
Y está claro además que las OPM tampoco representaban una “amenaza para el sistema”, una vez que el citado gobierno peronista -al mando de la Triple A2– dejara paso a la etapa dictatorial para la consumación final del genocidio.
Bien podría profundizarse en este aspecto la indagación respecto al carácter de “crímenes de lesa humanidad” (y no en UN caso cometido por UNA organización). Inclusive considerando que los crímenes de la Triple A ya fueron caratulados como tales por la Justicia Argentina, pero tampoco uno anda con ganas de andar regalándole argumentos (de peso por cierto) a nuestros sectores conservadores3.
El final de texto es la quintaesencia del cinismo. Señala Di Marco: “Algunos psicoanalistas ligados a la izquierda cuentan que varios ex militantes guerrilleros lloran en privado por sus crímenes. ¿Llorará Mattini por los suyos? ¿Sentirá culpa? ¿Anhelará pedirles disculpas a sus víctimas?”
¿Por quién llorará Laura Di Marco?
Edgardo Álvarez.
1 Sí, han leído ustedes bien. Único sobreviviente. Dato para nada menor, pero elegantemente pasado por alto por la Sra. Di Marco. No conforme con haber “hecho tronar el escarmiento” para la abrumadora mayoría de la militancia setentista, en especial aquella que revistaba en el PRT-ERP, 40 años después de los acontecimientos arremeten contra los escasos sobrevivientes.
2 Que vale recordar hizo su bautismo de fuego mediante el atentado contra el abogado de Agustín Tosco, el senador por Chubut Hipólito Solari Yrigoyen -con una bomba en su auto- el 21 de noviembre de 1973, recién asumido J.D. Perón y que dejó un legado de aproximadamente 1000 desaparecidos y 1200 muertos para la etapa que abarca entre fines del mencionado año e inicios de 1976.
3 Resultaría muy conveniente y necesario revisar las periodizaciones históricas de aquella época para seguir despejando incógnitas y, sobre todo, responsabilidades a la hora de dilucidar la masacre perpetrada en nombre del Estado y las crueles continuidades acontecidas.