El Estado benefactor, de los empresarios amigos

El caso del viaducto del San Martin y la patria contratista

 

“La corrupción de la política no tiene nada que ver con la moral, o la laxitud de la moral, de diversas personalidades políticas. Su causa es meramente material” Emma Goldman

Con el gobierno a la deriva, los ilícitos e  irregularidades  que antes se ocultaban o consentían, ahora afloran como hongos tras el diluvio, inquietados por un nuevo escenario, los empresarios del staff contratista de la ceocracia están tendiendo puentes para garantizar su continuidad o por lo menos su impunidad. La historia  indica que sus posibilidades están abiertas.         

Siete empresas concentran el 51 % de la obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, favorecida con 25 obras de gran magnitud. Green SA, Benito Roggio, Fontana Nicastro, Iecsa,  Dycasa, Techint y Conorvial.

La primera en cuanto a presupuestos es Green SA, del empresario mendocino  Carlos Arroyo, adjudicataria de  un tramo del Paseo del Bajo, una parte del Barrio Papa Francisco y el viaducto del ferrocarril San Martin que  conecta  Palermo y La Paternal a lo largo de 5 kilómetros y fue inaugurado por Larreta y asociados,  como parte de la campaña electoral,  aunque aún no  está terminado. La fiesta no pudo ocultar la  improvisación en el modo de actuar  que quedó evidenciada con la realización hace pocos años, con un costo 20 millones dólares,  del paso bajo nivel de Dorrego en Chacarita, que ahora con la nueva obra perdió toda utilidad.

La constructora de Arroyo asociada con la mega constructora china CCA, también fue beneficiada con uno de los primeros contratos basados en la ley de Participación Pública Privada, PPP,  el denominado Corredor vial  B,  pergeñado  por el subsecretario de transporte Guillermo Dietrich. La UTE Green- CCA  administrarán 546 kilómetros de la ruta nacional 5, entre Luján y Santa Rosa, y que comenzó a construirse el pasado diciembre. La obra requerirá de una inversión de 1.100 millones de dólares,  cerca de 66.000 millones de pesos.

Pero para confirmar la superstición sobre la mala suerte que tiene el viernes 13, ese dia el gobierno de la Ciudad  no tuvo mas remedio que rescindir el contrato con la sociedad luego de que se comprobara que Green mantiene deudas multimillonarias con al menos medio centenar de proveedores. En concreto, la firma no llevó a cabo pagos por una cifra cercana a los 500 millones de pesos aunque el Gobierno porteño aportó los fondos en tiempo y forma.

“La empresa Green SA-Rottio SA VFE UTE, con el consentimiento flagrante del Gobierno de la Ciudad, que está en absoluto conocimiento de lo que sucede hace ya muchos meses, está permitiendo que la estafa se termine de concretar. Siguió liquidándoles los certificados y redeterminaciones de obra cuando ya la empresa estaba en cesación de pago a sus proveedores. La maniobra no puede ser más descarada o, al menos, negligente". Declararon los subcontratistas afectados, y alertaron: "Advertimos a todos los usuarios de la línea San Martín que dicha paralización acarrea inevitablemente una serie de peligros, y que responsabilizamos por ello al Gobierno de la Ciudad. También hacemos extensivo el llamado de atención pertinente a todos los trabajadores ferroviarios de la Línea San Martín para que estén más alerta que nunca ante cualquier inconveniente".

El hecho puso sobre la mesa una suma de irregularidades e ilícitos, que salieron a la luz en estos días, cometidos por la empresa, con la complicidad del gobierno de CABA. Green SA enfrenta pasivos por más de 70 millones de dólares, el mayor acreedor es el Banco Supervielle con 35 millones de dólares y le sigue el Banco Galicia con 5 millones de dólares y luego viene un grupo de bancos a los que les debe un total de 15 millones de dólares. Los certificados de obra que le pagaba la sociedad estatal porteña AUSA  Arroyo se los entregaba de manera directa al Banco Supervielle para ir descontando su deuda con la institución del empresario macrista Patricio Supervielle. A pesar que  la constructora enfrenta un embargo sobre sus cuentas bancarias por $800 millones (18,5 millones de dólares), dictado por la Justicia y la transferencia de manera directa de los certificados de la obra del viaducto San Martín al Supervielle, implica una violación de esa medida judicial para beneficiar a uno de sus acreedores en detrimento de los otros y sobre todo afecta directamente a los subcontratistas que no cobraron por lo realizado

Como ocurre sistemáticamente con la obra pública, el presupuesto  original a través de mecanismos de actualización de precios, certificados de trabajos  adicionales,  diversos  modos de sobrefacturación y sobreprecios consentidos a cambio de  “atenciones especiales”,    el viaducto  del San Martín, paso de 3.600 a casi 20.000 millones de pesos,  6 veces su presupuesto original. Mientras tanto  la mano de obra de la construcción, según la Cámara Argentina de la Construcción,  en el  mismo lapso, de 4 años solo aumento 2,4 veces. Cuando se venden las bondades de la obra pública como generadora de trabajo, el mensaje oculta que, como ocurre en la  relación social capital-trabajo, la ganancia del empresario, en este caso con el beneficio de riesgo cero, se basa en la apropiación del excedente que produce el trabajador. Pero en  este periodo esa cuota de ganancia contó además con un importante plus, basado en el  deterioro del costo mano de obra producto del proceso inflacionario, que obviamente afecto de manera diametralmente opuesta a capitalistas y a trabajadores,  para unos pocos el asado, para otros solo el humo. 

Existe un serio  agravante en la suscripción de estos contratos,  pues fueron concedidos a pesar que los directivos  de Green SA, Arroyo y Daniel Román  están procesados por 25  actos de cohecho activo y asociación ilícita mencionados en la  fangosa causa de las coimas pagadas  a funcionarios por empresarios dedicados a la obra pública. Román es acusado de ser el contacto que le entrego a  Jose Lopez la suma de  400 millones de pesos o su equivalente en dólares.  Green SA estuvo entre las 30 empresas con  más facturación de obra pública en el gobierno anterior.

Estos chanchullos, hicieron que la mega empresa  China Construction America , CCA, decidiera despegarse de su socio GREEN SA , con lo cual el proyecto del corredor B  puede quedar paralizado. Parece que en el atractivo negocio de las PPP, Participación Publica Privada,  hay un  límite  para de los inversores internacionales, ese límite es  la exposición mediática de sus vínculos delictivos, después del escándalo Odebretch,  todos deben ser más prolijos. “Este pavimento que estoy tocando no es relato, es real” vocifero Mauricio Macri.  Sí, es realmente escandaloso.  

La patria contratista

Los negocios turbios con la obra pública tienen larguísima data, pero fue a partir de los 60 que se ha ido configurando la estructura mafiosa conocida como “patria contratista”, la cual se mantuvo con distintos integrantes, algunos recurrentes otros advenedizos, hasta nuestros días,  lograron arreglarse con  dictaduras o gobiernos elegidos con el voto.  Este  comportamiento corporativo  se articula,  a través de una normatividad  porosa y  hecha a  su medida, con los intereses de funcionarios y políticos para medrar a costa de los recursos del Estado sustraídos a la sociedad. Esta estructura cartelizada les permite definir obras acordadas en común, evitar el riesgo empresario, manipular presupuestos,  facturar sobreprecios y trabajos adicionales para disponer de las coimas que aceitan su funcionamiento. Un modelito a medida de la proclamada ”libre competencia del mercado”.

En 1990 Bernardo Neustadt, en Tiempo Nuevo,  le preguntó a Mauricio Macri : “Cuando digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal?”. El actual Presidente, al lado de su padre, contestó en aquel momento: “Me siento directamente involucrado porque me siento responsable de ese sector mal llamado patria contratista. Un poco son las reglas de juego en las que uno se tiene que desenvolver”

Durante el gobierno de Carlos Menem, conforme a las directivas del llamado Consenso de Washington y sus políticas de privatizaciones, varios  de estos empresarios pasaron de ser contratistas a ser dueños de compañías estatales privatizadas en actos venales, las adquirieron para administrarlas en condiciones excepcionalmente ventajosas, o para vaciarlas, o ambas cosas a la vez. En ese periodo se concesionaron las autopistas norte, sur y oeste y se entregaron las  170  hectáreas de Puerto Madero en el mayor negociado inmobiliario de la historia. Desde el 2000 hasta el 2015, el gasto en obra pública que paso por las manos de la “patria contratista” se calcula en aproximadamente  US$ 130.000 millones, el grueso de ese monto se repartió entre estas 19 empresas. : Austral Construcciones S.A. , Esuco S.A., Electroingeniería S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., José Chediak S.A.I.C.A, Supercemento S.A.I.C., Perales Aguiar S.A. Iecsa S.A., Techin S.A., Vial Agro S.A., Fontana Nicastro S.A.C, Marcalba S.A., Equimac S.A., Coarco S.A., Vialco S.A., Luis Losi, José Cartellone Const. Civiles S.A.

 Participación Público Privada, PPP

La recesión de la economía mundial tiene como una de sus consecuencias la volatilidad en los  mercados. Entre los mecanismos para enfrentar el cuadro  y poder colocar el exceso de los flujos de capital financiero minimizando el riesgo, es presionar los gobiernos para entregar  infraestructura a cambio de inversiones, dejando al Estado como garante de las ganancias.  Esa es la operatoria clave de la  Participación Público Privadas y el nuevo campo en el que incursiona la patria contratista que  ha logrado ser parte integrante de la ceocracia que se apropió del Estado ya sin mediaciones.  

Como señalo Edgardo Logiudice: ”La nueva estrategia adopta la máscara estatal como propia a través de la “alianza”, o la “participación”. Ya no se trata de un poder en la sombra, ni de gabinetes en la sombra, sino del aplaudido encumbramiento de los reales o potenciales inversores”

La ley que puso en acción las PPP se aprobó el 16 de noviembre 2016, con  los votos del bloque justicialista y  varios del Frente para la Victoria, facilitada por la  abstención del massimo y con variopintas ausencias acordadas para asegurar su aprobación. En el senado, el entonces  jefe del FpV, devenido ahora  en candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, hizo una sólida defensa de la norma: “No quiero ser el abogado defensor de este proyecto, pero este primer año el Gobierno necesita instrumentos para llevar adelante su propuesta política y económica".

Pablo Chena, economista del Conicet  comentó al respecto: “Estamos ante una deuda encubierta, el  Estado se endeuda porque es el garante de la inversión y la rentabilidad privada. En las PPP reinan los fideicomisos que tienen su propia mecánica de funcionamiento con escasa transparencia y mucha opacidad”

Este tipo de operatoria no es original, Menem, Duhalde y Kirchner, firmaron  decretos de alianzas público-privadas que fueron usados como antecedentes de esta ley  que profundiza  sus rasgos negativos. Esta mecánica, desarrollada a principios de los 70’s en el Reino Unido y con rodaje  en varios países de Europa, ha sido fuertemente cuestionada por sus propios creadores, la Oficina Nacional Auditora del Reino Unido  destaco en un estudio  que el uso por parte del Gobierno de este tipo de modelos “ha disminuido significativamente por preocupaciones sobre la eficiencia de costos y la relación calidad-precio”. Por su parte el Comité de Auditores de la Unión Europea critico a los PPP en España, Francia, Grecia e Irlanda, porque este mecanismo tuvo “muchas deficiencias generalizadas y beneficios limitados”.

Muchas empresas que participan de esta modalidad mantienen contratos secretos y tienen asiento en paraísos fiscales. No es casualidad  que la socia de Green SA en el Corredor B, la corporación china CCA, tenga su sede en Panamá y que varios de los empresarios de la “patria contratista” y funcionarios de gobierno, el presidente Macri incluido, tengan sus dólares depositados en el paraíso fiscal del país centroamericano, como fuera comprobado en el “Affaire Panama Papers”.

La concesión la obra Lujan – Santa Rosa,  forma parte del  plan de Corredores Viales diseñado por  Guillermo Dietrich, que prevé un total.12.500 millones de dólares  más 4.500 millones a aportar durante  los próximos once años. Para administrarlos  crearon en 2019 la empresa Corredores Viales S.A., reproduciendo el  formato  de encriptación en el cual los controles se diluyen y las decisiones se toman en los directorios corporativos. .  El esquema proyectado por este  gobierno, que en ese momento miraba con optimismo su futuro y el de sus socios, incluía la realización de 60 proyectos PPP hasta 2022 por un total  US$ 26 mil millones.  Dietrich está denunciado judicialmente por el Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional por la prórroga  de contratos de peaje vencidos y  por el vaciamiento de la empresa estatal

La obra pública,  un agujero negro

La obra pública en todos sus formatos, inversión estatal con recursos propios, vía endeudamiento y/o Participación Publico Privada, siempre ha sido presentada como una forma directa para  reactivar la economía, a la vez que ofrece una  respuesta a necesidades diversas de infraestructura y servicios. Entre las ideas  presentadas para recomponer el mercado interno por  el  virtualmente  electo futuro  presidente, Alberto Fernandez, la obra pública vuelve a estar en primera fila.

Sin una seria revisión de los métodos de control, prioridades y  fuentes de financiación, lo más probable es que el perverso modelo siga vigente. Ha sido norma la adopción  de proyectos de corto o mediano plazo acotados a la agenda política y  pensados más en la rentabilidad que  en su el valor de uso. En ejemplo claro es la hegemónica participación de la obra vial  para el transporte automotor privado, en detrimento del ferrocarril, las hidrovias y puertos o el transporte público,  entre otras prioridades

El actual gobierno de la Ciudad  ha dispuesto enormes recursos para el viaducto San Martin, del  Mitre y del  Paseo del Bajo, y para múltiples pasos bajo nivel, que han sido realizados a ritmo electoral y a un costo gigantesco, contrastando con la demora  de las obras de saneamiento del Riachuelo, la falta de equipamiento hospitalario y educativo, así como la paupérrima inversión en vivienda social. Estos déficits son  solo algunos de los ejes que tendría que   priorizar un plan de obra pública que deberá salirse de la lógica que emparenta el desarrollo con el hormigón y la sociedad del automóvil. Esta manera de pensar debe ser puesta severamente en cuestión, la huella ecológica, que crece sin cesar, no puede justificarse con el discurso de la  generación ocasional de empleo. Existen múltiples alternativas que deben asumirse como un nuevo paradigma y un impostergable desafío.

Transparentar los  mecanismos de licitación y control  está en casi todos los discursos, mas marketing que voluntad y por ende nunca logro plasmarse. ¿Quién  controla a los controladores? Es imposible que aquellos que  tienen intereses directos en la oscuridad del sistema, empresarios, funcionarios y políticos afines,  puedan poner fin a la corrupción crónica, intrínseca del capitalismo, ese agujero negro que se lleva sin retorno  el producto del trabajo humano y la naturaleza.

Frente a la corrupción y el maridaje entre gobiernos y  patria contratista, no cabe ninguna lógica del mal menor. Cualquier conciliación o encubrimiento contribuye a  degradar un más la ya devaluada política de la democracia representativa.

Sería interesante, como forma de poner ciertos límites a esta enfermedad congénita del capitalismo, que ámbitos como las universidades estatales y las asociaciones profesionales puedan crear instancias para proponer y auditar los proyectos, de esos espacios también deberían formar parte  los trabajadores,  principales  involucrados en la realización de las obras, varias de las  experiencias que los han tenido como protagonistas se han demostrado eficaces.

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