Desde el colectivo Contrahegemonia queremos compartir con nuestros lectores nuestro último trabajo "Resistencia o Integración. Dilemas de los movimientos y organizaciones populares de América Latina y Argentina" un libro impulsado por movimientos sociales, organizaciones de base, compañeras y compañeros comprometidos con la tarea de que la izquierda vuelva a (re) pensar las tareas estratégicas para el cambio social.
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Desde hace décadas las organizaciones territoriales son un actor político con capacidad de intervención. El lugar que adquirieron durante la rebelión popular de 2001 en nuestro país, que formó parte del ciclo de impugnación al neoliberalismo en la región, visibilizó al territorio como un espacio de conflicto. Hoy, una revisión de lo sucedido desde entonces nos abre un conjunto de preguntas.
¿La crisis de 2001 fue totalmente cerrada? ¿Quedan elementos aún abiertos de aquellas jornadas? Si bien los movimientos sociales tuvieron una importante participación en todo aquel período, resulta claro que no lograron encarnar un proyecto político que se visibilizara como alternativa de salida a la crisis. ¿Cómo pensar esas limitaciones desde las organizaciones populares? ¿Qué mecanismos se pusieron en marcha para aplacar el conflicto social y recomponer la gobernabilidad del sistema político en la Argentina?
Este artículo busca encontrar respuestas a algunos de estos interrogantes.
En la primera parte se presentan conceptos generales que consideramos centrales para comprender el capitalismo actual, como también identificar los ciclos de las luchas y resistencias de las últimas décadas en nuestro país. La segunda parte aborda el despliegue de un conjunto de dispositivos de control social que resultaron claves en el proceso de conformación de una nueva subjetividad post crisis de 2001, y se analiza la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Por último, la tercera parte ofrece algunas conclusiones provisorias que buscan integrar el análisis de la realidad concreta para pensar elementos de una estrategia desde las clases populares con un horizonte de cambio social.
Primera parte.
Resistencias, saberes y luchas populares
Con la dictadura cívico-militar de 1976-1983 se redefinieron los marcos estructurales de la sociedad argentina. El cambio hacia un patrón de acumulación de valorización financiera del capital implicó, a su vez, la desarticulación de un conjunto de relaciones sociales en que se sustentaba el Estado de Bienestar y la posterior matriz desarrollista, en la que el pueblo trabajador había logrado un importante nivel de organización, hasta alcanzar momentos de impugnación del orden social. El nuevo régimen de acumulación se constituyó como elemento central de las transformaciones en la estructura social, la ideología dominante y la forma de dominación del Estado. Todos estos elementos constituyen una nueva totalidad social que impuso el terrorismo de Estado a partir de los signos de agotamiento del anterior régimen de industrialización que se extendió por casi cinco décadas en nuestro país.
Efectivamente, si con Martínez de Hoz comienza a configurarse un modelo económico que tiene por pilares la desindustrialización, la apertura comercial y la especulación financiera –y que marcó un extraordinario proceso de transferencia del trabajo al capital– esto trajo consecuencias directas sobre la estructura social del país, específicamente sobre la estructura de clases. En tal sentido, señalamos algunas de las transformaciones que se van a observar en la clase trabajadora.
Un primer elemento a señalar es que se producen transformaciones en la composición de la clase trabajadora en la Argentina, que pasa de una presencia hegemónica del proletariado industrial dentro del modelo ISI, a una segmentación de la clase caracterizada por un descenso relativo del empleo en actividades vinculadas a la producción de bienes, y una alta precarización a través del aumento del trabajo no registrado, la desocupación y subocupación de la mano de obra, flexibilización laboral, des-sindicalización, etc.
Un segundo elemento a tener en cuenta son las formas de las luchas de clases. De esta forma, por ejemplo, de un conjunto de herramientas de lucha que tenían como elemento central a la huelga general (aunque por supuesto no sólo a la huelga general), en las últimas décadas del siglo XX se abre un período en donde las formas de lucha se reactualizan. Así, van a generalizarse tomas de tierras, puebladas, cortes de ruta, ollas populares, que se suman al extenso repertorio de la tradición del movimiento obrero.
Por último, un tercer elemento a considerar es que se modifica la expresión político-organizativa de la clase trabajadora. En este sentido, hay que señalar la emergencia de un conjunto de formas organizativas que, si bien decididamente no son nuevas, van a tomar un renovado protagonismo como espacios de asociación de los sectores populares post-dictadura: comisiones barriales, asambleas populares, movimientos de trabajadores desocupados, centros culturales y comunitarios, entre otros.
Si retomamos estos elementos a partir de un análisis, si se quiere, estructural, es para comprender cómo se desarrolla el recorrido de los movimientos sociales que, durante los años 90, encarnarán un ciclo de resistencias a las transformaciones neoliberales impuestas en nuestro país. Porque lo que se va a ver con más claridad en los últimos años del siglo XX es que los sectores que comienzan a protagonizar parte de las luchas del campo popular expresan estas transformaciones en la composición de la clase, marcan un cambio en el conjunto de herramientas de lucha, y expresan también nuevas formas político-organizativas de los sectores populares.
Los ciclos de lucha en la Argentina reciente
La sola enumeración de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Argentina a lo largo del último medio siglo nos permite identificar distintos momentos en la conflictividad social.
El Cordobazo en 1969 abre un ciclo de alza en la lucha de clases que tendrá fuertes repercusiones en los grandes centros urbanos a lo largo del país, enfrentando la dictadura de Onganía. A partir del saldo que dejó la Resistencia peronista (1955-1959), y fundamentalmente al calor de la Revolución cubana y su influencia en el continente, este ciclo significó un fuerte giro antiimperialista en la región y durante estos años se irá consolidando un horizonte de cambio radical con perspectiva socialista. En este contexto, las organizaciones armadas representaron parte de las expresiones revolucionarias de este período que se extiende hasta las movilizaciones del Rodrigazo y las Coordinadoras Interfabriles en 1975.
Con el terrorismo de Estado instaurado por la Dictadura y sustentado en la Doctrina de Seguridad Nacional, se llevará adelante un genocidio que tendrá el objetivo de imponer bajo fuego un nuevo régimen económico en favor de los grandes grupos económicos locales y multinacionales. Así, los trabajadores/as perdieron 20 puntos en la distribución del ingreso tan solo en el primer año de gobierno militar. Pero los efectos perdurables de la política del terror no deben buscarse solamente en el terreno material. El accionar genocida logró destruir todo un conjunto de relaciones sociales que las clases populares habían construido a lo largo de varias décadas en el país, relaciones de solidaridad que fueron eliminadas junto con los cuerpos de los/as desaparecidos/as.
El retorno a la democracia en la década del 80 va a estar atravesado por un marcado proceso de territorialización de los sectores populares –aunque las luchas sindicales y la referencia aglutinadora de la CGT de Saúl Ubaldini tuvieron un alto nivel de centralidad–. Ya desde los últimos años de la Dictadura van a cobrar presencia espacios de organización barrial como ámbitos de expresión de las demandas y organización populares. Los “vecinazos” y tomas de tierras que se producen en diferentes distritos del conurbano bonaerense son la expresión más significativa de este proceso.
Los años 90, por su parte, pueden dividirse en dos momentos de resistencia a las transformaciones neoliberales que profundizaron las directrices trazadas durante la Dictadura. El primero está signado por las luchas de resistencia a la reforma del Estado, en el que se destacan las luchas contra las privatizaciones de empresas públicas; las puebladas en el interior del país (Chubutazo ’90, Santiagazo ’93, Jujeñazo ’94) que convocaron a empleados públicos, comerciantes, estudiantes y docentes; y la formación de la Central de Trabajadores de la Argentina, una central sindical paralela a la CGT que representa mayoritariamente a trabajadores y trabajadoras estatales. El segundo momento se relaciona con las consecuencias de esas reformas, en donde se destacan las “puebladas” (Cutral Có y Plaza Huincul 96’/97’, Mosconi y Tartagal 97’); el nacimiento de los Movimientos de Trabajadores Desocupados en distintas ciudades del país de la mano de los cortes de ruta en Jujuy, luego en el conurbano bonaerense y las primeras tomas de fábricas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores.
El inicio de una profunda recesión económica que expresaba el fracaso del modelo de convertibilidad incluso en términos del propio enfoque monetarista, marca el comienzo de un nuevo ciclo 1998-2002 de alza en la lucha de clases.
Lo que caracteriza a todo este período de los años 90 es la confirmación de que las identidades de clase, en la nueva cartografía del neoliberalismo argentino, “exceden” los ámbitos de la producción para el capital. Exceden significa que otros ámbitos, además de los conflictos en los lugares de trabajo, son espacios de formación de las identidades de la clase trabajadora. Para ver esto hay que observar de qué forma los ámbitos de vida ligados a la reproducción de los sectores populares cobraron importancia en tanto espacios de organización.
Todo el ciclo de luchas que se abre a lo largo de la década del 90 –que tiene por principales protagonistas a trabajadores estatales, desocupados, campesinos, sindicatos antiburocráticos, colectivos culturales– manifiesta de alguna forma estos cambios en la composición, las herramientas de lucha y las formas organizativas de las clases subalternas.
Los últimos años del ciclo 1998-2002 pusieron en evidencia el agotamiento del régimen de acumulación iniciado en los años 70. Así, la rebelión popular del 19/20 de diciembre de 2001 fue sin dudas el punto de inflexión que abre hasta la Masacre de Avellaneda una verdadera crisis orgánica en el capitalismo argentino. Esto significa que, sin poder garantizar ni la reproducción del capital, ni las condiciones de dominación por parte de las clases dominantes, se abrió entonces un período en el que la resolución de esa crisis quedaría abierta.
El resultado es conocido. A partir del año 2003 se inicia un momento de reflujo al tiempo que se logró una recomposición hegemónica por un sector de las clases dominantes que logran encausar el ciclo de crecimiento económico y, fundamentalmente, recuperar la legitimidad de la dominación. Sin embargo, desde nuestra mirada, la crisis abierta en 2001 se encuentra lejos de haber sido cerrada en todas sus implicancias. Aunque las demandas de entonces, a partir de una lúcida lectura que realiza el kirchnerismo para recomponer la gobernabilidad, fueron en parte canalizadas, aquellos elementos que aparecieron como emergentes en la crisis de dominación –y que detallamos más adelante– pueden rastrearse en la matriz de muchas experiencias de organización hasta nuestros días.
Economía y territorio en las clases populares
Hay dos características del capitalismo en su fase neoliberal que es necesario analizar para comprender sus consecuencias sobre las nuevas formas de territorialidad.
La primera es que se profundizan los procesos de mercantilización de la vida, lo que significa que un conjunto de áreas que hasta ahora estaban por fuera de la lógica de producción de ganancia se mercantilizan. Sus consecuencias son privatizaciones de todo tipo (servicios públicos, sistemas previsionales, del espacio urbano, entre otros) y un marcado avance sobre la mercantilización de la naturaleza (con efectos devastadores como la agroindustria o la megaminería). Al decir de David Harvey1, en la búsqueda de nuevos espacios de valorización que permitan resolver los problemas en la reproducción del capital, desde los años 70 del siglo XX asistimos a violentos procesos de “acumulación por desposesión”, similares a aquellos que tuvieron lugar en los inicios del sistema capitalista, que se traducen en el saqueo de los bienes comunes.
La segunda característica se relaciona con un cambio en las formas de valorización del capital, en tanto que con el objetivo de maximizar ganancias, el sistema capitalista profundizó una interconexión entre los mercados formales, informales e ilegales. Hoy el capital se valoriza optimizando sus costos laborales a partir de la expansión de los mercados informales (que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad) y en el desarrollo de los mercados ilegales. Esto significa que, en la actualidad, los mercados formales necesitan tanto de los mercados informales como éstos de los mercados ilegales.2
Por ejemplo, el agronegocio dominado por transnacionales que manejan el paquete tecnológico (Dow-DuPont, Bayer-Monsanto, Syngenta) y la exportación (Drayfus, Cargill, Bunge, Nidera), además de desarrollar un modelo que niega la soberanía alimentaria de los pueblos, genera una cuantiosa masa de dinero “en negro” producto de la evasión fiscal que es reingresada a la economía formal a través del sistema financiero. La creación de fideicomisos es el mecanismo habitual por el que se “blanquea” dinero ilegal, y es la fuente de financiamiento del crecimiento urbano irracional de las grandes ciudades del país. Decimos que es un crecimiento irracional porque se concentra en emprendimientos inmobiliarios que no tienen por fin resolver el problema habitacional, sino que su objetivo es estrictamente especulativo. La especulación, por sobre la planificación urbana, tiene por resultado ciudades que colapsan. La inundación de la ciudad de La Plata en abril del 2013, con el saldo de casi un centenar de muertes según cifras oficiales, es sólo uno entre tantos ejemplos que pueden citarse.
El sistema financiero –como puerta de entrada al blanqueo de capitales ilegales– es por donde también ingresa dinero del narcotráfico o la “recaudación” policial y política. Y estos rubros, que hoy son estrictamente actividades económicas del sistema capitalista, se basan para su desarrollo en la extensión de violencias (trata de personas, trabajo esclavo, reclutamiento juvenil). La nueva dinámica de la economía capitalista con centro en las finanzas, en la medida en que incorpora al crimen como elemento inherente al proceso de valorización del capital, genera nuevas formas de violencia que se diseminan por el conjunto de la sociedad.
La morfología de la actual sociedad capitalista es lo que nos lleva a reflexionar sobre las características de los procesos territoriales. En primer lugar, hay que señalar que en el espacio social pueden desarrollarse diferentes relaciones sociales, ya sean conflictivas, contradictorias o de solidaridad. De allí que cuando hablamos de territorio estamos pensando en una categoría que excede ampliamente el espacio físico, aunque lo contiene. Entendemos el territorio como el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. Por lo tanto, son las relaciones sociales las que transforman el espacio en territorio.
En los primeros años de la década del 80, a partir de una creciente pauperización de los sectores populares como efecto de la política económica de la Dictadura, y del encarecimiento de la vivienda por la ley 1050 que habilitó la indexación de alquileres, se inicia en la zona sur y oeste del conurbano bonaerense un proceso de tomas masivas de tierras. Por el grado de planificación previa que mostraron en algunos casos, por la influencia de cuadros militantes provenientes de las comunidades eclesiales de base, por las formas de organización interna que traducían el “modelo sindical” en el territorio (asamblea, delegados/as, cuerpo de delegado/as), las tomas constituyeron una experiencia novedosa de organización popular. Como se definió luego desde la sociología, las tomas de tierras expresaban un marcado proceso de “inscripción territorial de los sectores populares” que transformaron los ámbitos de vida en espacios de organización y producción de respuestas al proceso de despojo.
La inscripción territorial que comienza a evidenciarse hace más de cuatro décadas se refiere justamente a la capacidad de las clases populares para desarrollar determinadas relaciones sociales en el espacio social, a la producción de una territorialidad que disputa la fragmentación social que impone el capital.
Algunos análisis discuten si estas tomas marcaron el repliegue de la organización sindical al territorio como consecuencia de la represión del terrorismo de Estado, o bien estuvieron atravesadas por la influencia en la periferia urbana de las experiencias de organización rural de los años 70 como consecuencia de los procesos de migración interna. En ambos casos se enfatiza la presencia de cuadros militantes (sea del ámbito obrero urbano, sea del ámbito rural) que habrían llevado sus prácticas organizativas de lucha al proceso de tomas de tierras. Sin embargo, la existencia de estas instancias organizativas en los asentamientos no siempre respondió a la participación directa de dirigentes con pasado sindical o agrario. Incluso, también es posible rastrear otras experiencias de lucha que de alguna forma coagulan en la formación de los asentamientos. Desde nuestro punto de vista, las tradiciones de lucha están presentes en la cultura popular y se evidencian como un acervo de prácticas de que disponen los sectores populares para entablar sus propias luchas en diferentes contextos.
De hecho, los Movimientos de Trabajadores Desocupados que van a cobrar fuerza en el ciclo de luchas 1998-2002 recuperan con fuerza estas experiencias previas de organización territorial. Los núcleos militantes que en los años 90 se trazaron como objetivo la organización de aquellos sectores “desclasados”, impulsaron una praxis que en sus acciones de lucha reactivó los saberes y las prácticas de las redes territoriales aprehendidas en las décadas anteriores. Ninguna lucha comienza en el vacío. La tarea militante en muchas ocasiones tiene puntos de contacto con una pedagogía del oprimido en la que se recuperan los saberes latentes en la cultura popular.
Ahora bien, las consecuencias de este doble proceso que señalábamos más arriba –a saber: a) la profundización de mecanismos de acumulación por desposesión y; b) la interconexión de los mercados formales, informales e ilegales– pueden observarse fundamentalmente en dos aspectos.
El primero es que en las sociedades actuales se impone una territorialidad hegemónica (que es la territorialidad del capital) que fragmenta a los sujetos sociales a partir de regular selectivamente las relaciones de solidaridad en el territorio y facilitar el desarrollo de relaciones sociales conflictivas y contradictorias. En este sentido, hay que señalar la connivencia entre los grupos que aseguran la reproducción de la politicidad criminal mediante mecanismos de control social.
El segundo aspecto a remarcar es que asistimos a un proceso de informalización creciente de la economía que empuja a millones de trabajadores/as a resolver por sí mismos su fuente de ingresos. En este grupo se encuentran “vendedores ambulantes, cartoneros, costureras, pequeños agricultores, artesanos, feriantes, trabajadores de programas sociales, cooperativistas, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas, entre otros”3. Este sector, al que se denomina como economía popular, está definido por todas aquellas actividades que llevan adelante las organizaciones económicas populares, caracterizadas por estar ajenas a las relaciones de explotación tradicionales, en particular las relaciones salariales.
Sin embargo, la economía popular no puede analizarse por fuera de las determinaciones de la economía de mercado capitalista, debido al “carácter subordinado” del sector informal respecto al sector formal o moderno en nuestras economías dependientes. Por eso mismo, “es imposible concebir el desarrollo del capitalismo moderno actual sin la transferencia de ingresos generados en las actividades de la economía informal”.4 En otros términos, “las grandes empresas oligopólicas que operan en el sector moderno obligan a los trabajadores de la economía informal a vender sus productos a precios bajos para, de esta manera, apropiarse del excedente económico generado”.5
Durante la última década en la Argentina, el sector de la economía popular cobró relevancia a través del impulso y la creación de cooperativas, distintas formas de asociativismo y la defensa de la agricultura familiar, al punto que hoy las organizaciones que la representan se convirtieron en un interlocutor indiscutible para las distintas esferas estatales de gobierno.
La rebelión popular del 2001: significados y herencias
Merece un apartado especial reflexionar sobre las características de la rebelión popular de diciembre. Nosotros partimos de la siguiente hipótesis: la crisis orgánica de 2001 fue superada en el ciclo kirchnerista con la formulación de una nueva hegemonía; sin embargo, hubo aspectos de esa crisis que pervivieron. La crisis de representación política fue superada solo parcialmente en los primeros años de gestión del kirchnerismo, pero se mantuvo abierta, como lo prueba la propia emergencia del macrismo rompiendo el bipartidismo, o la recurrente reaparición de la fragmentación del peronismo. Lo fundamental de esos elementos no clausurados se ven en las formas de acción, sociabilidad y subjetividad presentes en las luchas populares en el ciclo kirchnerista, que los mecanismos de cooptación6 no lograron eliminar totalmente.
Por otro lado, la crisis del patrón de acumulación del capital fue reorientada hacia un modelo neodesarrollista que no abandonó su matriz de valorización financiera; la matriz de distribución desigual de la riqueza no se modificó a lo largo de las últimas dos décadas, más allá de haberse implementado una batería de políticas sociales, más o menos desfocalizadas, que mejoraron las condiciones generales de vida de las clases populares; los procesos de acumulación por desposesión no se interrumpieron, sino que continuaron avanzando sobre los bienes comunes y un sostenido proceso de precarización e informalización de las clases populares.
Por eso es necesario subrayar cuáles son los elementos que emergieron durante la crisis, para entender qué nos dejó el 2001 y dónde reside su herencia en la actualidad. En tal sentido, destacamos cinco características que consideramos centrales:
a- Multisectorialidad del sujeto histórico. Durante las jornadas de diciembre se condensa algo que venía observándose en las décadas anteriores y es que las movilizaciones contra el despojo son protagonizadas por un conjunto amplio de sectores del pueblo trabajador. Los días en que se derriba al gobierno de la Alianza muestran a motoqueros, oficinistas, desocupados, estudiantes, sindicatos enfrentando a la policía. Una parte considerable de ese pueblo trabajador se expresa territorialmente en barrios, villas y asentamientos. Las jornadas contra la Reforma Previsional de diciembre del 2017, sin alcanzar obviamente la magnitud y características del 19 y 20, expresaron la pervivencia de esa multisectorialidad del sujeto de forma muy evidente.
b- Centralidad de la acción directa. Lejos del consignismo, las jornadas del 19 y 20 mostraron el rechazo a las políticas neoliberales en las calles, con intervenciones y el enfrentamiento directo sobre los símbolos del poder. La destrucción de sedes bancarias y de empresas multinacionales, la ocupación de plazas o la transgresión del estado de sitio son algunos ejemplos de lo que el pueblo en esos días comprendió con claridad: el pueblo sólo delibera y gobierna por sus propios medios.
c- Formas de acción política basadas en el protagonismo popular. Las asambleas populares, los grupos culturales, las asambleas en los barrios y todas las formas de asociativismo que se desplegaron en los meses posteriores a diciembre, marcaron la emergencia de una nueva politicidad. La participación predominante de mujeres en estos espacios tampoco es un dato que pueda pasarse por alto: una politicidad alternativa a la política convencional proviene justamente de aquellos/as sujetos/as que en su propio accionar discuten la sociedad patriarcal.
d- Construcción de espacios públicos no estatales. La rebelión de 2001, ya ha sido dicho, puede verse como un inmenso laboratorio de experimentación social de las clases subalternas. En este sentido, la organización popular dio lugar a formas germinales de una nueva institucionalidad. La recuperación de espacios para el desarrollo de actividades comunitarias (centros culturales, fábricas recuperadas, galpones) expresaron la construcción de espacios públicos no atravesados por la lógica estatal, sino sustentados en la propia participación popular horizontal. Estos ámbitos se transformaron, al menos transitoriamente, en espacios de decisión popular donde se intentaron brindar respuestas a los problemas nacionales y de la propia comunidad.
e- Recuperación de la memoria histórica. Por último, la rebelión popular reactualizó un conjunto de saberes que se mantuvieron latentes en la cultura popular. Mucho de lo que se observa en estas jornadas retoma prácticas y herramientas de lucha que los sectores oprimidos reconocen de diferentes momentos históricos. Por eso, el 2001 es comparable solo a momentos excepcionales en la historia de un pueblo, como el ciclo que se inicia con el Cordobazo en 1969 y se prolonga hasta 1975.
En los apartados siguientes buscamos demostrar cómo diferentes mecanismos de control y desubjetivación intentaron desarmar esos saberes populares para reconstruir la gobernabilidad. Pero también, postulamos que es posible rastrear su permanencia a pesar de esos mecanismos.
Parte II
Los dispositivos de control
Ante la crisis del 2001 el poder económico local y las instancias trasnacionales del sistema global de dominación, como los organismos financieros internacionales, han sacado sus propias conclusiones y elaborado estrategias para intentar evitar el retorno de un escenario de altísimo nivel de conflictividad.
Un elemento central del retorno a la gobernabilidad descansó sobre una serie de dispositivos de control social de largo plazo, cuyo carácter se rearticuló y se profundizó en sus aspectos más brutales en la era macrista pero que comenzaron en el ciclo Kirchnerista.
El problema de una subjetividad integrada
El capitalismo actual, como mencionamos antes, lleva adelante una estrategia de acumulación por desposesión que pone en evidencia que el sistema tiene que repetir nuevamente el brutal proceso de expropiación y saqueo de las clases populares que permitió la génesis del capitalismo. Ese proceso de separación de los trabajadores de sus medios de producción que Marx describiera como acumulación primitiva en El Capital.
En su magistral trabajo Calibán y la bruja,7 Silvia Federici retoma el concepto de acumulación primitiva para plantear –en similitud con Harvey– que en realidad no se trató sólo del nacimiento del capitalismo sino que el capital tiene la necesidad de repetir el despojo, la mercantilización de bienes comunes y la apropiación de recursos para garantizar su acumulación. Pero Federici agrega aspectos determinantes. Entre ellos su señalamiento de que ese proceso de reedición de la acumulación primitiva requiere siempre lograr una derrota subjetiva de lo que denomina, en términos muy amplios, proletariado. Quebrar las resistencias y rebeldías. La destrucción de la economía comunal en la transición del feudalismo al capitalismo necesitaba terminar con los saberes y prácticas de lo comunitario. Acabar o disciplinar sus múltiples formas autónomas productivas, culturales, simbólicas. En especial construir una brutal nueva división del trabajo sexual para confinar a las mujeres a la reproducción no paga de la fuerza de trabajo aprisionándola en el ámbito doméstico e invisibilizando el papel determinante de ese trabajo para todo el sistema. Mostrarlo como no trabajo, como algo natural que las mujeres deben proveer. Ese brutal sojuzgamiento, que sólo se logró por masivos mecanismos de terror como la caza de brujas, se articuló con el auge de la esclavitud negra, el genocidio y servidumbre de los pueblos originarios de América y la desposesión de las tierras comunales de los campesinos europeos para consolidar el sistema capitalista. La articulación de la tríada sexo, raza y clase fue fundamental para lograr su despliegue y triunfo. Para eso fue determinante romper la solidaridad entre los trabajadores y explotados ya que, como nos recuerda Federici, en esos procesos los hombres de las clases populares terminaron aprovechándose de las nuevas condiciones de dominación de la mujer.
Ante la pregunta de qué relación encontramos entre la reflexión sobre los movimientos sociales en Argentina, la territorialidad y los mecanismos de control con estos enfoques, sostenemos tres cuestiones centrales.
Como ya afirmamos en la primera parte, nuestro país y las regiones periféricas del capitalismo mundial se enfrentan a una nueva fase de desposesión.
En segundo lugar, el ciclo del 2001 y el desafío que implicó para el bloque dominante requirió, para reconstruir la gobernabilidad, tomar en cuenta determinadas demandas de los movimientos populares y las/os trabajadores al mismo tiempo que se buscaba asimilar y desviar los aspectos más disruptivos de esas demandas. Ese complejo proceso está en la base de la especificidad del fenómeno político del Kirchnerismo como amalgama de continuidad y de ruptura con el ciclo neoliberal.
En tercer lugar, en su sentido más profundo la restauración de la gobernabilidad implicó la lenta pero persistente tarea de desaprendizaje por parte de las clases populares y de sus referentes de las enseñanzas centrales del 2001. Requirió la construcción de una nueva subjetividad social, desplegada en especial en el territorio y sobre los movimientos populares, que dejara de lado, minimizara, rechazara o cuestionara gran parte de las prácticas y características que describimos anteriormente, sobre las que se asentó el ciclo de luchas condensado en el 2001.
La nueva fase de acumulación por desposesión necesita la puesta en marcha de mecanismos que sustituyan el accionar colectivo y la discusión amplia de las decisiones por estructuras altamente centralizadas en manos exclusivas de referentes; la búsqueda de instancias de gestión de los recursos lo más autónomas posibles del poder estatal debe ser reemplazada por el acceso directo a la gestión de programas estatales, incluida la posibilidad del Ministerio propio de la economía popular como objetivo de máxima; la rebeldía y el cuestionamiento al poder por vía de la acción directa es suplantada por la defensa de la gobernabilidad; el empoderamiento de las/os compañero/as y la construcción de movimientos que fueran –al menos potencialmente– una amenaza a la dominación deben ser reconfigurados en lógicas corporativas de una suerte de sindicatos que se limitan estrictamente a lo reivindicativo mientras “la política” –concebida como mera administración– es gestionada por los referentes que acceden al aparato estatal y discuten las “estrategias”. Esas y otras mutaciones no tienen que ver con la herencia del 2001. Son la negación de su sentido más disruptivo. Su contracara, aunque se revistan de un vocabulario y ritos que recuerden esas gestas.
Se trata entonces, de aquí la conexión esencial con Federici, de un proceso de construcción de otra subjetividad, una afín a la reproducción de lo existente, sin la cual es imposible avanzar en la desposesión. Contra la creencia simplista de cierto activismo de que la composición popular de los movimientos determina por sí misma su combatividad, se alza la constatación de que esa radicalidad sólo se produce si se generan espacios de sociabilidad, construcción y discusión colectivos, comunitarios, que la permitan, desplieguen, alimenten y desarrollen.
La diferencia principal entre el período de gestación de los movimientos sociales y la actual es que hoy predomina una subjetividad integrada y ese proceso está aún más avanzado en una capa de referentes –muchos de ellos con importante participación en el ciclo anterior– que en su propia base social.
Un ejemplo de lo que afirmamos no se ve sólo en las prácticas –criterio principal para evaluar construcciones y referentes– sino en las declaraciones de los principales voceros de los movimientos de mayor magnitud. Así, las figuras más connotadas del Movimiento Evita pueden sostener:
“…¿Y es malo conseguir gobernabilidad en la Argentina? Siempre que hubo desequilibrio y desestabilización en Argentina fue porque los trabajadores no estaban unidos. Sucedió en los setenta cuando las Coordinadoras de Gremios en Lucha pasaron por encima de la CGT, voltearon a un ministro y casi voltearon un gobierno. Pero también en el 2001 cuando las organizaciones sociales no tenían representación y unidad, era una dispersión…hay que pensar esto: ¿Por qué hoy no hay nadie que salte las vallas y pudra las movilizaciones?…”
“… En ese marco, mientras el gobierno dé para este lado no veo cuál es el problema. Hay un compañero sindicalista que dice ‘yo quiero sacarle todo lo que pueda. Y para eso tengo que estar cerca, le manoteo, le saco’…”.8
En este canto al pragmatismo más acérrimo, los grandes momentos de lucha populares y sus herramientas (como las Coordinadoras fabriles en el 75 o el movimiento piquetero en el 2001) aparecen como problemas, como momentos de desborde que al impedir la gobernabilidad perjudican a los trabajadores. Lamentada unidad de los trabajadores que pregona es en realidad la unidad con la burocracia sindical; y los gobiernos que “casi tiran” las protestas son los de Isabel Perón, con el fenomenal ajuste del Rodrigazo, y el de Fernando De la Rúa con el blindaje y el corralito. En esta suerte de retorno del vandorismo –golpear para negociar, pero ya no en las fábricas sino en el territorio–, todo lo que no se canalice institucionalmente por medio del Estado es un peligro a desterrar. Es esta subjetividad, recreada en un largo proceso, lo que posibilitó los “éxitos” de Carolina Stanley en su Ministerio y no un fenómeno atribuible en exclusividad al macrismo. En parte –hay otros factores clave como subordinar todo a la espera de las elecciones del 2019, postura que compatibiliza perfectamente con la lógica integracionista– la fuerza de esa subjetividad explica por qué el gobierno consiguió un anhelado Diciembre del 2018 sin grandes conflictos.
Dicho esto, no se nos escapa que este camino de integración no es lineal sino lleno de contradicciones.
La formación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) –que hoy podría llegar a los 100 mil afiliados– partió de un diagnóstico acertado: los diversos actores que la integran son frutos de cambios profundos del capitalismo. El “precariado”, como analizamos más arriba, es un fenómeno estructural que vino para quedarse –de no mediar un cambio radical– y cuyas necesidades y existencia no eran cubiertos por los sindicatos clásicos y las diferentes estrategias de la izquierda. Una de sus fortalezas es que las conquistas reivindicativas que consiguen –sobre todo vía unidad con el denominado triunvirato que completan Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa– al menos contribuyen a morigerar los aspectos más terribles que generan las políticas de ajuste y exclusión. Es cierto que esa capacidad de amortiguamiento es cada vez menor, fruto de la propia dinámica del ajuste. Al mismo tiempo ofrecen espacios colectivos que sacan a los compañeros/as del drama individual. El problema es que en términos estratégicos sus concepciones predominantes, como vimos, terminan por alimentar y fortalecer lo que teóricamente combaten.
Sabemos que incluso dentro de los espacios de quienes encabezan estos procesos existen corrientes que cuestionan el proceso de integración o al menos aspectos parciales de estos. Pero están muy lejos de ser hegemónicas. Aún más, en la medida que no existe una mirada que abarque la complejidad de este largo camino de desarme moral, intelectual y simbólico, esas corrientes, quieran o no, se subsumen a los trazos gruesos diseñados por las fuerzas que sí asumen plenamente la nueva lógica dominante.
Si esos cambios vienen sedimentando en el largo plazo, es en la era macrista donde han alcanzado sus efectos más perversos. Al mismo tiempo, si en la etapa anterior predominaban los mecanismos consensuales de construcción de esa subjetividad, ahora se multiplican los aspectos represivos a la vez que se deterioran aceleradamente las condiciones de vida de las clases populares. Los elementos integracionistas quedaron desdibujados en los últimos meses de la administración macrista, porque el avance inflacionario y el ajuste permanente generan de todos modos mayores tensiones y conflictos. Pero, para pensar estrategias, no hay que ver sólo la foto congelada sino la totalidad de la película.
La relación con el Estado
Los límites de las políticas que subordinan sus construcciones a la estatalidad y formulan un culto de la gobernabilidad se intersectan con los aprendizajes del bloque dominante. Un dato que comprueba esto es que el propio FMI al negociar el acuerdo con el gobierno recomendó explícitamente que el programa de ajuste no desactivara los planes sociales y programas que volcaran recursos en los lugares donde la pobreza fuera mayor. De la misma manera, ante las necesidades electorales del gobierno dio la autorización para un leve aumento de la Asignación Universal por Hijo. El Estado, aún en el marco de un recorte masivo a nivel social, no abandonó como vimos la política de contención de la conflictividad, en especial en el conurbano bonaerense.9
Un elemento para reflexionar respecto a la praxis en el territorio es sacar un balance de la relación con el Estado y los recursos que los movimientos populares obtienen de él con sus luchas. Hay ahí un nudo a repensar detenidamente. Sin duda, una enorme riqueza de los movimientos en otras etapas fue conquistar reivindicaciones por medio de la lucha e intentar modificar el sentido jerárquico y de control social que el Estado intentaba –e intenta– dar a sus programas sociales. Fue así con el Plan Jefes y Jefas de Hogar duhaldista y sucedió con el Plan Argentina Trabaja durante el kirchnerismo y sus cooperativas. Gran parte de la disputa pasaba por no dejarle a los punteros el control de las grandes masas populares en los barrios y porque los movimientos autogestionen de manera autónoma esos programas. Sin esa pelea, la inserción territorial de las organizaciones quedaba reducida. El problema se presenta cuando la situación de relación de fuerza con el Estado se modifica y lo que fue conquista pasa a ser desgastado, desgranado y reducido por el propio Estado. A su vez, como las negociaciones de los movimientos con el aparato estatal suelen darse de manera fragmentada, los funcionarios son el eje de la distribución de los recursos, lo que les permite un conocimiento detallado de las organizaciones y una tarea de inteligencia sobre su desarrollo, disputas internas y concepciones.
Pero los dispositivos de control no parten sólo del Estado. Los cambios en la Iglesia y la llegada de Bergoglio al papado juegan un papel decisivo en la consolidación de la estrategia integracionista.
Iglesias y dispositivos de control: el rol del francisquismo y el evangelismo
El nombramiento de Francisco surge en el contexto de una crisis aguda del poder eclesial. De la magnitud de la crisis habla el hecho de que por primera vez en la historia moderna se reemplaza un Papa con vida por otro. El nuevo papado es una respuesta a la expansión de los gobiernos populares en América Latina pero sobre todo un intento de freno al crecimiento exponencial del evangelismo, dado que nuestro subcontinente aún contiene la mayor parte de los más de 1200 millones de fieles católicos. Expresa también un intento de reorganización de la iglesia ante los escándalos financieros y la multiplicación de juicios en todo el mundo por los aberrantes abusos sexuales, a miles de niños y jóvenes, cometidos por gran parte de sus miembros.
Lo primero a problematizar es la falsedad de las posturas que asocian los enfoques de Francisco a la Teología de la Liberación que surgiera en Latinoamérica en los 60’ y70’. La teología pregona un giro sustancial en la mirada hacia los excluidos y explotados ya que les da un lugar teológico a través de la opción preferencial por los más pobres. No hay neutralidad ni conciliación posible para quien busca una sociedad más justa, si se quiere estar en consonancia con la prédica de Jesús entre los más oprimidos de su época. No se trata de caridad, de “ayuda”, de paternalismo revestido de discurso por la igualdad. La teología postula que sólo la transformación profunda del sistema capitalista puede acabar con la desigualdad. Ese cambio sólo lo pueden garantizar los desposeídos transformándose en protagonistas de su propio destino. Toda la teología de liberación apunta a que se vuelvan sujetos de un proyecto emancipador, es decir a formular una construcción identitaria insumisa de las clases populares.
Por el contrario, el actual Papa es miembro de la llamada Teología del Pueblo, que parte de la conciliación de clases y postula una sociedad donde cada sector, cada corporación, cumpla sus respectivas funciones como parte de un todo integrado. Es una imagen más cercana a la de la comunidad organizada formulada por Juan Domingo Perón en el primer peronismo –tan cara a la ideología de la agrupación ortodoxa Guardia de Hierro en la que militó Bergoglio– que a una búsqueda de cambio estructural del sistema. La categoría «pueblo» es utilizada para antagonizar con la idea de la existencia de la lucha de clases. Esta vertiente de la iglesia reivindica el pasado hispanista y las jerarquías sociales autóctonas que permitieron la expansión de la fe, entendida como un elemento esencial de la cultura latinoamericana que nos protege de la dominación de las ideologías foráneas, sean estas el liberalismo o el marxismo.
Según este enfoque la cultura popular es profundamente conservadora porque defiende los valores autóctonos encarnados en la religiosidad popular, la familia y la Iglesia, como sostenes de una sociedad más justa.
Otro elemento a tener en cuenta es que un enemigo central de las iglesias y del francisquismo es la que denominan “ideología de género” y las disidencias sexuales. Las conciben como portadoras de un programa que destruye valores esenciales sobre los que debe asentarse la sociedad, potenciando comportamientos hedonistas e individualistas. De allí el entusiasta despliegue en la lucha contra la sanción por el derecho al aborto, el acercamiento a la gobernadora María Eugenia Vidal –a despecho de la supuesta empatía con el peronismo del papado–, los ataques a la ESI y en general al movimiento feminista.
En este sentido, resulta un elemento a destacar la aparición de candidaturas como las de Juan Grabois, de pública y reivindicada cercanía con el Papa. El abogado y referente del Movimiento De Trabajadores Excluidos (MTE) logró el apoyo de agrupaciones con importante desarrollo en el movimiento feminista a pesar de postular –y conseguir– el desplazamiento del derecho al aborto legal y gratuito de la plataforma electoral de su frente. Pero la discusión no debería basarse centralmente en la figura de Grabois. Sus declaraciones y acciones se corresponden con la mirada y la estrategia del papado que describimos más arriba. Su postura, o la de los curas villeros, expresa esa lógica patriarcal difundida desde las iglesias que sostiene que los pobres –nunca “las”– no abortan, pero sobre todo son parte de una ofensiva para reforzar el control del cuerpo de las mujeres por parte de la “madre” iglesia. La enunciación de ideas como que “se le puede ganar la discusión a Juan mientras construimos la unidad contra el macrismo” expresada por algunas referentes del feminismo10 omiten que el problema no es “Juan”, sino una estrategia de reestructurar una institución mundial. La misma que ha jugado un rol clave en la perduración de múltiples mecanismos de dominación con vigencia de siglos desde su cooptación por el imperio romano. Postular la defensa de un proyecto socialista, antipatriarcal y anticolonial desde la candidatura estelar de Grabois equivale a buscar la cuadratura del círculo.
Nada de esto impide articular con toda libertad la lucha contra el ajuste del gobierno en los territorios con todas las expresiones que lo hagan cotidianamente. El problema, a nuestro entender, es no ser parte de estrategias político-electorales ajenas que terminan por reforzar el poder de gran parte de lo que se combate cotidianamente en esforzadas militancias.
Por último, cabe señalar que la estrategia de la iglesia en Argentina, avalada por el Vaticano y en consonancia con lo realizado por Bergoglio en su país, busca terminar con el juicio y castigo a los responsables del terrorismo estatal bajo el discurso de la reconciliación nacional. El intento fallido –por la contundente movilización popular– de la Corte Suprema de aplicar el 2x 1 a los genocidas habría sido imposible sin el guiño cómplice de las jerarquías eclesiales.
Uno de los aspectos que posibilitaron el terrorismo de Estado fue la larga fusión de intereses entre la iglesia católica y las Fuerzas Armadas. Una herramienta decisiva de esa convergencia fue la creación del primero vicariato y luego obispado castrense que, desde 1957 –no casualmente en pleno golpe militar contra el peronismo– obtuvo la potestad de la asistencia espiritual a las tres armas así como de Gendarmería y Prefectura. Como ese cargo debe ser acordado con el Presidente de la Nación, durante gran parte del ciclo Kirchnerista permaneció sin ser ocupado ante la decisión de la anterior gestión de mantener la situación congelada. Con el gobierno de Macri, Francisco acordó designar en el obispado castrense a Santiago Olivera, público impulsor de la teoría de los dos demonios.
El periodista Horacio Verbitsky11 atribuye a Bergoglio, en su época de cardenal, la frase “memoria completa” que se convirtió en sentido común de todas las instancias de poder que quieren terminar con los juicios. En sus investigaciones, que muestran la ligazón estructural de la iglesia con la represión, también se comprueba la relación de Bergoglio con el secuestro de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics. Al ordenarles, como máxima autoridad de la orden, abandonar la experiencia comunitaria que impulsaban en el Bajo Flores de la Capital Federal y difundir informes negativos, generó las condiciones para el secuestro de los sacerdotes. Era una precondición acordada durante la dictadura que los secuestros de miembros de la iglesia se realizaban cuando sus instancias jerárquicas le quitaban toda protección, exponiéndolos a la represión.
Sin embargo un clima de época que ve en el nuevo papado un paraguas para sustentar transformaciones de importancia en la iglesia y un supuesto aliado de los gobiernos y fuerzas populares en la región lleva a que connotadas figuras del pensamiento progresista, dentro y fuera de la institución, sostengan una enfática defensa del nuevo Papa. El ataque explícito de los sectores eclesiales más conservadores a ciertas iniciativas papales, como el desplazamiento de viejos referentes eclesiales, su mayor preocupación por lo ambiental, la defensa de los inmigrantes que intentan llegar a Europa, su calculada ambigüedad respecto a la ofensiva contra Venezuela o la cumbre en el Vaticano para tratar el tema de los abusos sexuales en la iglesia –por cierto, de nulos resultados–, contribuye a reforzar el imaginario de un Papa progresista.
En realidad, el francisquismo es en parte producto de las siniestras transformaciones socioeconómicas implementadas por las dictaduras militares y el sistemático ataque y desmantelamiento del peso alcanzado por la Teología de la Liberación, llevado adelante en el largo papado de Juan Pablo II. Estos cambios alteraron la correlación de fuerzas y generaron las condiciones para un ensayo que se pretende progresista sin alterar ninguno de los pilares fundamentales de esa hegemonía conservadora.
Las estructuras de contención social del conflicto en los territorios, difícilmente podrían sustentarse sin el auxilio del catolicismo, a los que el macrismo ha sumado en la provincia de Buenos Aires la intervención directa de iglesias evangélicas en la distribución de recursos en el conurbano. Si ubicamos como preocupación primera al francisquismo, no es por no tener en cuenta el crecimiento del evangelismo en las barriadas populares. El problema es que el aura supuestamente progresista del francisquismo genera una política de traccionamiento de toda una capa de movimientos sociales y referentes que terminan atrapados en las redes del integracionismo, esterilizando las estrategias de confrontación y de autorganización en las barriadas. Por cierto, no se trata sólo de un fenómeno local. El caso del Movimiento sin Tierra de Brasil (MST) es quizás el ejemplo mayor de –dolorosa– cooptación al proyecto diseñado desde el Vaticano. Al igual que en Argentina es fruto de un largo período de articulación con las políticas institucionales estatales, en este caso de las administraciones del Partido de los Trabajadores (PT), que desembocan en prácticas más burocratizadas e incapaces de afrontar el crecimiento de los nuevos fascismos.
Por otro lado, se torna imprescindible una mención al crecimiento evangélico, que ha demostrado ser la vertiente más militante y con base social plebeya movilizada en la cruzada antiderechos. Una de las razones de su multiplicación se encuentra en su capacidad de inserción en lugares y temáticas donde predominan altísimos niveles de exclusión y de violencia. En todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires se pueden encontrar pabellones para los evangelistas –se calcula que más de 10.000 detenidos se agrupan en esos espacios– e incluso el conurbano bonaerense fue el laboratorio de ensayo de una cárcel donde detenidos, celadores y directivos eran evangelistas. A esto se agregan más de 500 colegios evangelistas y 200 centros de rehabilitación para adictos. En las barriadas populares las iglesias evangélicas crecen como hongos, con un fuerte dispositivo social y educativo. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que cada miembro tiene la posibilidad y el deber de llevar adelante la prédica del evangelio, por lo que muchos de los creyentes se convierten en pastores de sus propios vecinos –lo que les da mayor legitimidad– de una manera muy vertiginosa y fuertemente descentralizada. Otro aspecto es su capacidad de generar sentido de pertenencia y de comunidad con mecanismos mucho más participativos que los de otras iglesias. Pero sin duda gran parte del atractivo reside en su creencia en que la relación con el Espíritu Santo, con Cristo y Dios es permanente. Lo divino –y la maldad expresada en Satanás– están presentes en la vida cotidiana. De esa manera el acceso a los poderes divinos es posible y no requiere de una estructura centralizada y burocrática como la de la iglesia católica. Su capacidad de interpelación a la cultura popular y sus componentes de religiosidad popular es exponencialmente más alta.
Como sabemos, esto va acompañado de una subjetividad claramente antagónica respecto a todo tipo de defensa de las disidencias sexuales, cambios culturales que impliquen mayor secularidad y por supuesto contra la marea feminista que trastoca el sistema patriarcal que el evangelismo sostiene. Eso se potencia por una actitud militante, que se plantea explícitamente la ocupación de territorios para liberarlos del “mal” en un concepto de territorio que tampoco se reduce a lo geográfico sino que incluye sobre todo la dimensión espiritual.
Es cierto que la heterogeneidad de esta vertiente religiosa es muy amplia, con diversidad de congregaciones (metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos, etc.). Históricamente, además, existieron corrientes progresistas que en el caso argentino mantuvieron un compromiso muy alto en la lucha contra la dictadura, en el impulso de organismos de Derechos Humanos como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) e incluso en la defensa de la revolución nicaragüense en los 80’ o de la ley de divorcio sancionada durante el gobierno de Alfonsín. También existieron pastores que se pronunciaron a favor de la legalidad del aborto en las recientes movilizaciones.
Desde ya esas expresiones son muy minoritarias. Lo predominante es la versión neopentecostal que, aunque tampoco es una unidad, tiene una alta influencia de las denominadas iglesias electrónicas estadounidenses asociadas a expresiones de ultraderecha o del tipo de la Iglesia Universal del Reino de Dios liderada por Edir Macedo en Brasil, que fue –y es– sostén decisivo del triunfo del neofascista Jair Bolsonaro. En el caso argentino la concepción predominante se agrupa en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) de aceitados vínculos con el macrismo y eje principal de la movilización antiderechos en el último tiempo.
Los estudios que evalúan cuál es el peso social del evangelismo han quedado desactualizados, ya que provienen de una etapa previa al boom actual. Pero algunos más recientes argumentan que el 15% de la población argentina adhiere al evangelismo, cifra que por cierto, pese a su crecimiento, está aún muy lejana de los indicadores brasileños.
Está claro que es un fenómeno que vino para quedarse y que sus visiones mayoritarias colaboran y fortalecen con una eficacia importante los mecanismos de control social que estamos analizando.
Cualquiera que haya desarrollado trabajo político en los barrios populares sabe que en los movimientos sociales los/as integrantes que adhieren de manera militante a las variantes católicas o evangélicas son miles. Es necesario tener en cuenta sin dogmatismos ni perspectivas simplistas “bien pensantes” esta participación. Esto ya sucedía en el ciclo 1998-2002 y obviamente hoy es un fenómeno aún más presente. A su vez, el trabajo con los núcleos de buen sentido, en términos gramscianos, existentes en la población hace impostergable trabajar la religiosidad popular, que por cierto poco tiene que ver con las estructuras oficiales de la iglesia, aunque los voceros oficiosos del francisquismo deliberadamente asimilen en sus discursos ambas cuestiones.12
Represión, narcotráfico y esfera paraestatal del control de la vida
Los procesos de control social basados en la militarización de los territorios provienen de larga data.
En el ciclo Kirchnerista se evitaron las represiones directas a grandes movilizaciones populares en la megalópolis de Buenos Aires, uno de los elementos que tuvo que tener en cuenta para poder reconstruir gobernabilidad tras el 2001. Al mismo tiempo, se profundizó la judialización de las luchas y sus referentes, el control celular de los jóvenes de las barriadas populares por medio del gatillo fácil y las mafias policiales, la provincialización de las represiones sobre los movimientos populares, la sanción de normas para el control del conflicto social como la Ley Antiterrorista, la protección de las tareas de espionaje de las fuerzas represivas y la culminación de la transformación –iniciada en el menemismo– de la Gendarmería y la Prefectura en fuerzas de represión internas. El rol determinante de Sergio Berni en el último gobierno de Cristina y la política represiva aplicada con Scioli como gobernador pusieron en tensión las miradas progresistas sobre la seguridad que había nucleado el Kirchnerismo. Como vemos, se trata de un panorama mucho más complejo y matizado que el que muchos de los referentes de los movimientos populares, pero también buena parte de la sociedad enfrentada con el macrismo, está dispuesta a recordar.
Esos dispositivos sin embargo dieron un salto cualitativo en el actual gobierno.
A la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, lo acompañó un discurso de demonización de las resistencias, los pueblos indígenas y los mapuches en particular. La denominada doctrina Chocobar legalizó la impunidad de las ejecuciones policiales y multiplicó las muertes de jóvenes cómo la masacre de Monte puso brutalmente en evidencia. La represión en diferentes movilizaciones y las detenciones al voleo para acusar falsamente a los detenidos de diversos desmanes se volvieron habituales. Amparados en el crecimiento de una subjetividad social neofascista a nivel local y mundial, alimentada mediáticamente, el gobierno lanza una nueva fase represiva en el 2019 de la que espera obtener réditos electorales. Se trata de la reforma del régimen penal juvenil para disminuir la edad penal a los 15 años, la compra de pistolas Taser y la expulsión sistemática de inmigrantes, uno de los actores acusados socialmente del incremento del delito.
El objetivo de mayor alcance consiste en intentar implementar el uso del ADN para la identificación de delitos creando un registro nacional de ADN de toda la población, proyecto que conecta con las peores distopías totalitarias que la imaginación humana ha creado desde 1984 de George Orwell para acá.
Es cierto que el ajuste del FMI requiere un nuevo salto represivo, pero la razón de ser esencial de la propuesta del macrismo –y su clivaje represivo– responde a que para el bloque dominante, en todas sus fracciones, ha llegado el momento de cerrar definitivamente el 2001 y las concesiones que se debieron hacer en el marco de las relaciones de fuerza generadas por ese ciclo de luchas.
Esta militarización se ampara en la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo diseñada por Estados Unidos. Como no podía ser de otra manera, en realidad, cuanto más se acepta el discurso de la guerra contra el narcotráfico más crece este aunque aún no haya alcanzado el peso estructural que tiene en México o Colombia. Centenares de jóvenes son reclutados por bandas armadas en zonas de CABA, el conurbano, Rosario o Córdoba como grupos de choque, dealers, campanas, sicarios, proyectando su poder en el territorio. La multiplicación de la precarización social; la imposibilidad de acceder a un sistema laboral basado en el salario; la necesidad simbólica –que crea cotidianamente el sistema– de acceder a mercancías que son percibidas como el único lazo que crea pertenencia e identidad por lo que hay que poseerlas como sea; la cultura patriarcal del matar como forma de afirmación de la masculinidad, son algunos de los factores que están en la base de estos fenómenos. En una relación con puntos de contacto con el crecimiento de la economía popular que comentamos anteriormente, se genera en muchos territorios una economía informal, no legal, como forma de sobrevivencia cotidiana. El asesinato como ajuste de cuentas desborda a crímenes hacia quienes se resisten en las barriadas a esa expansión e incluso –aunque aún no sistemáticamente– en el asesinato de jóvenes vinculados a los movimientos sociales como sucediera en Rosario el 1° de enero de 2012 con los casos de Adrián Rodríguez (“Patóm”, de 21 años), Jeremías Trasante (“Jere”, 17) y Claudio Suárez (“El Mono”, 19).
El sentido común señala la ausencia del Estado y la complicidad policial como aspectos decisivos de este entramado, sin embargo resulta mucho más revelador de sus características comprender el vínculo estructural entre el Estado y la paraestatalidad.
Como señala Rita Segato13, el incentivo a los diferentes fundamentalismos religiosos cristianos –que no tienen problemas en unirse para enfrentar las que juzgan amenazas mayores, como las del movimiento feminista– y la expansión del crimen organizado y la violencia en el territorio conforman lo que denomina “esfera paraestatal del control de la vida”.
Entiende por esto Estados nacionales que –en el caso latinoamericano de manera más acentuada– desde su creación como tales fueron construidos por las elites criollas contra las mayorías sociales encarnadas en las clases populares. Esa marca de origen generó una vulnerabilidad constitutiva tendiente a la hipertrofia de una esfera para-legal, para-militar, para-económica y para-política. El Estado actuó permanentemente a dos aguas, sea en un registro legal o para-estatal, según las necesidades del bloque de poder. Esa lógica se potencia con procesos de las últimas décadas, muy avanzados en casos como México, Colombia y Centroamérica, donde el Estado captura y burocratiza, coloniza el crimen organizado. No se trata de policías corruptos, de un Estado que abandonó a los que menos tienen. Es el Estado fusionado con el crimen, con el narcotráfico, con la administración del crimen desde las fuerzas represivas asociadas a barras bravas, funcionarios, punteros, sistema judicial. Gestiona formas de economía no legales y debe potenciar una cultura afín a este funcionamiento.
Así, se pone en evidencia que la “mano de obra” para la política criminal –o, en otros términos, la fuerza de trabajo para la economía ilegal basada en el crimen– está formateada en el mandato de masculinidad. “Barras bravas”, “patotas”, grupos narcos o policías son las formas que adquiere la politicidad criminal, que es condición para el proceso de acumulación en los capitalismos dependientes. Esto es lo que la antropóloga denomina como “política matona”14, una politicidad basada en un mandato violento que es a la vez un fuerte mecanismo de control social en el territorio, como también la base de sustentación de la política convencional.
Esta mirada enlaza con la de Aníbal Quijano y su tesis de colonialidad del poder donde el racismo es un componente decisivo de la dominación. El intelectual peruano explica cómo las clases criollas mantuvieron la sociedad colonial heredada prácticamente sin modificaciones, y el eje del racismo perduró para mantener fuera de cualquier derecho social y político a los pueblos indios, negros, mestizos –mujeres, agregaríamos– que eran –y son– las mayorías populares de nuestro continente. La colonialidad del poder se mantuvo plenamente viva como sostén de la desigualdad social de nuestras sociedades.
Colonialidad del poder y para-estatalidad se conjugan con la desposesión y la necesidad de desubjetivar a las clases populares, que mencionamos al recuperar a Federici, para hacer posible la acumulación y la perdurabilidad de la dominación en nuestros territorios.
Las enormes dimensiones del entramado de poder que describimos podrían llevar a una conclusión errónea: la idea de que la gobernabilidad se encuentra asentada en el territorio y sólo podemos denunciar las evidencias más visibles del deterioro social. Decididamente no es así. Las fuerzas de resistencia, rebeldía, indocilidad e indisciplina así como formas de solidaridad social no sepultadas emergen como una marca que la integración no ha logrado desandar de manera completa. No se trata sólo de las desigualdades sociales al rojo vivo que reabren posibles caminos distintos de organización. Se trata de cuestiones más profundas, referidas a los procesos de memoria e identidad de nuestros pueblos. Como ya señalamos, en el ciclo 1998-2002 aparecieron en los movimientos los hilos que articulaban con las tomas de tierras en los 80’ o las comunidades cristianas de base en la zona sur, emblemáticas luchas obreras e incluso en algunos casos, la pervivencia del recuerdo de las organizaciones revolucionarias de los 70’. De la misma manera estamos convencidos de que algunas de las enseñanzas y saberes del 2001 que describimos en la primera parte continúan presentes en las barriadas populares.
En algún sentido, la ola feminista actual o los conflictos contra el extractivismo recuperan y reformulan claves de ese período sin las que su accionar hubiera adquirido clivajes mucho menos radicales. Contra lo que sostienen los referentes de la integración, que creen que el 2001 está muerto y enterrado –a la vez que contribuyen todo lo posible a arrojar las paladas necesarias– sostenemos que una mirada de largo plazo de las luchas populares siempre detecta los caminos complejos que las vinculan entre sí. El problema es que no se trata de convocar esas presencias bajo rituales que imaginan sólo una repetición imposible. Apelar a su presencia requiere, por el contrario, el marco de nuevas estrategias y prácticas acordes a los desafíos que plantea toda la etapa presente y por venir.
Tercera Parte
Apuntes incompletos para una estrategia
Decíamos anteriormente que no se podía confundir la necesaria unidad en la lucha contra las políticas de ajuste, con la participación en armados político-electorales que subordinan a los movimientos populares a las estrategias ya descriptas de control y desarme de saberes de los de abajo.
Una pervivencia del macrismo en el gobierno aparece cada vez con mayores dificultades ante la dinámica de aguda recesión, inflación y brutal endeudamiento, por lo que la apelación a la polarización con el Kirchnerismo y la bolsonarización de su discurso parece no alcanzarle. Su política económica reside tan sólo en sostenerse en el FMI y las tasas de interés más altas del mundo para evitar una corrida cambiaria con una nueva macrodevaluación, posibilidad que aparece, más tarde o más temprano, como un desenlace inevitable en la lógica del sistema. Sólo alimentando el odio social puede intentar ganar en un supuesto ballotage, pero lo que le sirvió en 2015 y en 2017 es incierto que le resulte ahora. Una nueva corrida sella su destino.
El preferido de las fracciones del bloque dominante distanciadas del macrismo –con el liderazgo del grupo Techint de la familia Rocca– es Roberto Lavagna. El economista intenta articular al PJ no cristinista, fracciones del radicalismo y la “centroizquierda” mostrándose como garante de una continuidad supuestamente menos traumática del acuerdo con el FMI. Para aumentar sus posibilidades necesita de un derrumbe del macrismo que le permita ingresar al ballotage.
La sucesión más probable asoma por el lado del peronismo. Un posible gobierno peronista, encabezado por la formula de los Fernández, difícilmente modificará aspectos esenciales de las contrareformas realizadas por el macrismo. Menos aún lo hará con algunas continuidades del neoliberalismo que permanecieron intocadas en el ciclo Kirchnerista.
El alto nivel de endeudamiento actual sólo se puede enfrentar con una ruptura con el FMI y el establishment financiero. Al próximo gobierno le esperan vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$ 20.376 millones en 2020, US$ 31.608 millones en 2021, US$ 49.923 millones en 2022 y US$ 46.594 millones en 2023, lo que suma alrededor de US$ 150.000 millones en sólo cuatro años.
Respecto al endeudamiento, frecuentemente se olvida y oculta que el default oficializado por Rodríguez Saá fue determinante durante más de dos años en la recuperación económica del gobierno de Néstor Kirchner, volcando recursos en la economía interna que hubieran ido a parar al exterior y a los grupos económicos internos dueños de bonos.
La candidatura presidencial de Alberto Fernández es un indudable giro conservador que intenta generar condiciones de negociación con el FMI y los grandes grupos económicos en un camino que prioriza la gobernabilidad antes que cualquier intento de modificar relaciones de fuerza. Anticipa además un rol del Kirchnerismo integrado como ala progresista subordinada al predominio de las alas dominantes del PJ. Una vez más esta fuerza emerge como partido capaz de garantizar el orden sistémico y reencauzar la economía en una situación de aguda crisis e inestabilidad. Esta nueva fase vendrá envuelta en la retórica del pacto social base de una supuesta unidad de todos los argentinos que no será otra cosa que la convergencia de las víctimas y los victimarios del ajuste.
En ese marco la idea de un retorno del Kirchnerismo supuestamente capaz de radicalizar su gestión anterior no aparece ni en la voluntad de los actores reales, ni en las relaciones de fuerza de la actualidad, sino más bien en los “deseos imaginarios” de un sector social y del activismo. Los mismos deseos que ya imaginan, en caso de ganar las elecciones, una ruptura de Cristina si “el Alberto” sobreactúa demasiado su perfil negociador.
A su vez, la ecuación de mayor unidad del peronismo, incluyendo a quienes garantizaron las leyes y gobernabilidad del macrismo, otorga mayores posibilidades de triunfo electoral pero es inversamente proporcional a la posibilidad de realizar alguna transformación de fondo de lo heredado si se obtiene el gobierno. Sumemos que, a diferencia del 2003, en el mediano plazo no se advierte una suba de los bienes primarios que permita financiar una sostenida política distributiva, existe un mundo mucho más inestable con una ofensiva neofascista en curso y un debilitamiento de los otrora gobiernos aliados en la región. Aún más, el derrumbe de la economía combinada con estallidos sociales fue determinante, como vimos, tras el 2001 para que sectores de la burocracia gubernamental y franjas del poder económico auspiciaran –o al menos toleraran– niveles de recomposición del salario y el gasto social para aumentar el consumo. Ante la ausencia de un escenario de caída del macrismo fruto de un levantamiento popular el margen de maniobra del futuro gobierno es mucho más bajo y no se percibe hoy en los planes de las distintas fracciones de la clase dominante la posibilidad de aceptar una variable redistributiva. Esto más allá de que algunos sectores pudieran estar dispuestos a ralentizar reformas y velocidad del ajuste, algo que por cierto no es lo mismo.
Por otro lado, los movimientos territoriales que accedan a la administración de recursos estatales de importancia estarán más preocupados en garantizar gobernabilidad que en incentivar movilizaciones que impliquen acciones de ruptura. Baste ver cómo actuaron las corrientes más poderosas en el segundo gobierno de Cristina para sacar conclusiones en base a las prácticas y no a los discursos.
De allí que evitar la cooptación y la subordinación política sea esencial de cara al futuro. Es factible un escenario donde la inestabilidad económica y política no sea un rasgo de la coyuntura sino un elemento de largo plazo.
Esta lectura no está reñida con apoyar la derrota del macrismo en un ballotage porque efectivamente permitiría un respiro de las clases populares y simboliza el desalojo de una administración brutal en todos los sentidos. Pero el aprovechamiento de ese triunfo momentáneo sólo podrá ser factible desde la autonomía política más plena.
En segundo lugar es necesario discutir que, como sucedió en la década del 30’, las corrientes neofascistas en alza no pueden enfrentarse desde la mera defensa de la democracia liberal y una supuesta república cuyas instituciones son amenazadas desde afuera. Eso es una falacia. No hay tal ataque externo sino que la ultraderecha es parida desde las instituciones y el poder económico. Es un producto de esa para-estatalidad que plantea Segato y de un largo proceso de fusión del pensamiento liberal con el conservador que en el caso argentino tiene una prolongada historia.
Hay una tendencia mundial –no lineal, pero ningún fenómeno social lo es– al deterioro de la credibilidad de las instituciones y sistemas políticos existentes. Una de las fortalezas de los neofascismos es justamente aparecer como fuerzas disruptivas frente a los límites de las democracias liberales realmente existentes. Es una obviedad que es necesario defender espacios mínimos como el derecho a voto, la libertad de expresión y reunión, etc. Pero eso no conduce a frenar el avance de las fuerzas reaccionarias, ni mucho menos a una posibilidad de cambio. Un ejemplo acabado de esto fue el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil frente a la candidatura de un Fernando Hadad, que siempre se limitó a la defensa de las libertades civiles y la búsqueda de una hipotética burguesía democrática. En la imposibilidad de comprender que las democracias parlamentarias ya dieron todo lo que podían dar y que las fuerzas regresivas son parte de las instituciones existentes, se alza uno de los nudos ciegos del progresismo y de todas las fuerzas que se subsumen en el sistema político. Hay que plantear una democracia radical que genere condiciones para romper la escisión entre la política y la sociedad civil creada con la consolidación de los Estados nacionales. Una política que se alimente de las concepciones de lo comunal que en la historia reciente se recuperó de manera embrionaria en la Venezuela bolivariana, en el comunitarismo de base indígena o de los pueblos afro, así como en la muy rica experiencia revolucionaria tanto a nivel mundial como, sobre todo, en Latinoamérica. En la búsqueda de la autoadministración y autoemancipación donde “la política” ya no es más entendida como tarea de una elite especializada. Nada de esto debería impedir la disputa de espacios estatales evitando caer en ideas situacionistas que esterilizan las prácticas políticas, pero sólo a condición de que esa participación sirva para reforzar la construcción de poder popular en las bases y no al revés, como plataforma para la integración de referentes y fuerzas sociales a estructuras cada vez más podridas por donde se las mire.
Es necesario comprender que sin la construcción de relaciones de fuerza diferentes en el seno de la sociedad civil, la política se vuelve sólo administración de lo existente; a la vez que la construcción de poder popular en el territorio, por sí misma no garantiza posibilidades mayores de transformación y en el mediano plazo, de no combinarse con otras acciones, aumentan las posibilidades de aislamiento, integración o aniquilamiento.
En tercer lugar, es necesario discutir el problema de la legitimidad de la violencia ejercida por las clases populares. Entiéndase bien: no se nos escapa que acciones vanguardistas o enfrentar desafíos como los del narcotráfico en el territorio y la represión estatal y para-estatal en términos militares conduce, en las actuales relaciones de fuerza, a la derrota o el exterminio. Pero una cosa es eso y otra muy distinta la aceptación acrítica de las concepciones sociales hegemónicas, que es una de las cuestiones esenciales que ha dejado el ciclo de desarme de los saberes existentes. No hay toma de tierras, marcha, corte, acción de protesta que no tenga una faceta de autodefensa. Pero no se trata de contemplar ese aspecto en función de un momento puntual sino de repensarlo en el marco de una estrategia de autogobierno. Una perspectiva que discuta profundamente el despliegue represivo y social de las fuerzas antagónicas en el territorio, que estudie las nuevas formas represivas aplicadas en barrios y calles, incluidos sus mecanismos de consenso donde el discurso de la inseguridad juega un rol imprescindible para la gobernabilidad. Se debe reflexionar sobre la rica historia de resistencias de nuestro país, plena de una importante lista de insurrecciones populares. Estudiar la subjetividad de nuestro pueblo respecto a las formas de lucha existentes. Elaborar nuevas formas de lucha de calles y protesta. Reivindicar el derecho histórico y actual de los explotados a la rebelión frente a las injusticias permanentes.
El precepto que puede guiar este plano, inserto en una estrategia integral, es el de moverse en los márgenes de los consensos existentes sin volverse una fuerza marginal. Resolver la tensión implícita en este postulado será una de las cuestiones centrales en la etapa actual.
En cuarto lugar, ya señalamos que el tipo de relación con el Estado –con la dependencia abrumadora de los recursos provenientes de los programas focalizados armados desde oficinas gubernamentales, ONGS y organismos financieros mundiales– es condición imprescindible del desmantelamiento de la subjetividad rebelde en los movimientos populares. A su vez, es imposible no disputar esos recursos si se pretende hacer política en los lugares más álgidos de explotación y exclusión social en nuestro país. En ese hilo tan fino, que pasa por no caer en el rechazo pleno de la lucha por los recursos estatales (basta mirar lo que pasó con “Toty” Flores y el MTD de la Matanza15, para entender que eso no es garantía de nada) y la dependencia estructural del aparato estatal, pareciera ser necesario para las futuras luchas, priorizar formas de sociabilidad, de construcción de base, que no dependan única ni mayoritariamente de los recursos estatales. Un enfrentamiento que sea integral y contemple la conquista de programas del Estado, aún en su versión autogestionada, como una estrategia subordinada a otras formas autogestionadas y de inserción en el territorio, construidas con recursos que no provengan del Estado. Cuanto más fuertemente las construcciones territoriales basen su desarrollo en los recursos estatales más eficaces serán las políticas que los traccionan hacia la integración.
Nuestra posición reconoce como punto de partida de la lucha política a la crítica de la política, lo que no supone rechazar al Estado, sino concebirlo como relación social sobre el que la práctica emancipatoria agudiza sus contradicciones.
Pero esto requiere de una amplia retaguardia sobre la que recostarse, que no debe estar subsumida por las instituciones, prácticas y jerarquías que son parte del campo enemigo. Una experiencia como la de Venezuela mostró que si la existencia de un gobierno popular juega un rol clave en el desarrollo de ideas-fuerza antagónicas con el capital, al mismo tiempo tiende a captar sus componentes y esterilizar sus aspectos más disruptivos en procesos que siempre se piensan desde arriba. De allí la enorme intuición de Hugo Chávez al plantear el denominado golpe de timón y poner el epicentro de una posibilidad de transición al socialismo en las Comunas. La deriva de la cercada experiencia bolivariana a una estrategia de supervivencia obliga aún más al rescate de esas conclusiones.
En quinto lugar, como señalamos previamente hay que rechazar explícitamente las políticas que tienen como ingrediente principal de sus recetas la creación en el territorio de sindicatos que se limitan a políticas reivindicativas, actúan corporativamente y separan tajantemente lo social de lo político. Son lógicas profundamente despolitizantes que se revisten de vocabulario plebeyo, pero son funcionales a que la política la lleven adelante jóvenes provenientes de la clase media que se transforman rápidamente en cuadros profesionalizados de los movimientos y que difícilmente habrían llegado a posiciones de poder o escapado de la precariedad del mercado laboral sin estas experiencias.
Creemos estratégica la necesidad de un bloque histórico que articule demandas del conjunto de las clases subalternas, lo que incluye necesariamente una fracción amplia de la clase media en la construcción de una política contrahegemónica, pero nada de eso sucederá con concepciones sindicalistas de organización del precariado que favorecen la composición profesionalizada y separatista de las organizaciones políticas. De allí que sea necesario forjar en el mediano plazo una identidad territorial combativa, de base, feminista, anticapitalista, antiextractivista y anticolonial que esté en condiciones de disputar realmente franjas importantes del precariado a las fuerzas integracionistas que predominan en el triunvirato. No se trata de políticas de supuesta pureza que renuncian a la articulación y la confluencia en el conflicto, incluso con estas corrientes, más aún en una situación de fuerte debilidad. No se parte de un planteo que embellece el refugio en el sectarismo. Ya indicamos la existencia de corrientes que bajo la tesis del paraguas –hipótesis que siempre se fortalece en épocas de incertidumbre– se refugian en esos espacios aunque no coincidan con gran parte de las estrategias de quienes dirigen. Pero sólo se interpela desde una política propia con capacidad de hacerlo. De allí que esa identidad no puede surgir del crecimiento lineal y ascendente de las microidentidades que cuestionan el status quo vigente. Se tornan necesarios pasos audaces que creen una articulación cuya potencia puede multiplicarse si se piensa no sólo como convergencia de orgánicas sino de construcción identitaria que exprese otra subjetividad. Experiencias importantes de lucha previa como la Coordinadora Aníbal Verón, o de manera más clara el Frente Popular Darío Santillán, pudieron abarcar un arco alto de diversidad debido a la potencia de una identidad embrionaria que cohesionaba a todos sus miembros. Se trata de un continente de expresiones diversas pero unido por rasgos comunes porque las une una subjetividad militante que permeó a franjas amplias de la militancia popular, una subjetividad que excedió –y hoy aún más claramente excede– los espacios más orgánicos. Está presente en expresiones diferentes de colectivos culturales, de género y disidencias, ambientales, comunicacionales. Una articulación que pueda aportar a parir un movimiento de movimientos y construcciones de base. Un lugar donde núcleos militantes pueden interpelar con sus propuestas a condición de que la tarea principal sea el fortalecimiento de esa identidad común. Que genere condiciones más propicias para el fortalecimiento de corrientes revolucionarias. Que impulse una subjetividad de combate donde las clases subalternas pasan a ser sujeto de cambio, se constituyen como clase “para sí”, recuperando el poder-hacer como mecanismo de empoderamiento colectivo. Que dispute todos los planos de lo que entendemos por territorio, empezando por el entramado simbólico que lo recorre y articula.
En sexto lugar, esto requiere poner el acento en expandir políticas que conecten en sus sentidos más profundos con el movimiento feminista y juvenil. En el mundo la composición y prácticas de los movimientos populares se sostienen mayoritariamente sobre esos componentes. Su crecimiento y despliegue implica pararse sobre una pedagogía que favorezca formas de democracia de base genuinas que combatan las formas competitivas, jerárquicas, desiguales, de relacionamiento interno afines a los parámetros patriarcales. Donde el concepto de interseccionalidad que enuncia el feminismo más plural y combativo sea una guía para la acción cotidiana. Donde la búsqueda de la politización y la formación basada en la educación popular pueda ser pensada en términos masivos. Que pueda reconvocar intelectualidad orgánica con voluntad de aportar tanto a la formación de base como al impulso del formato de escuelas nacionales de formación para el activismo, factibles de ser apropiadas y resignificadas en distintos puntos del país. Que tenga en cuenta para su generalización prácticas de formación feminista de base y el componente antirracista, porque una gran parte de les compañeres proviene de pueblos originarios, afros, del mestizaje o de países nuestroamericanos y sufren cotidianamente esa forma de opresión que organiza las cosmovisiones sociales mayoritarias y es cimiento para el crecimiento de los neofascismos. Que no olvide que no basta con los espacios específicos de formación, y recupere del 2001 que la lucha es educativa, pero también tenga presente que cada práctica cotidiana y asamblea tiene que estar atravesada por una pedagogía crítica comunitaria que impulse una politización de sus componentes sin la que el crecimiento numérico es sólo engorde temporario.
Ante la etapa venidera es esencial que los espacios territoriales impulsen amplias coordinaciones de lucha que den cuenta de la multisectorialidad del sujeto histórico ya descripta. Los principales frentes de conflicto venideros pasan por impulsar la ruptura con el FMI, tanto como por enfrentar las reformas neoliberales de segunda generación, es decir la flexibilización laboral y la reforma del sistema previsional. Allí residen los núcleos principales de los objetivos del enemigo.
La enorme mayoría de estas preocupaciones y reflexiones no son fruto de elaboraciones individuales de quienes escribimos estas líneas. Están presentes en los pensamientos, formulaciones, intuiciones y prácticas de centenares de compañeres que construyen tozudamente todos los días en condiciones profundamente adversas. De allí las tomamos. Aún no constituyen un cuerpo de pensamiento cuyo entramado, despliegue y potencialidad torne visible la posibilidad de otro horizonte. Este escrito pretende ser apenas un pequeño aporte en esa tarea: la de generar un horizonte que provoque entusiasmos, venza desánimos, reconvoque militancia, recupere saberes populares, conecte con anteriores procesos de lucha, a la vez que no los vuelve dogma sino que los resignifique. Que erija utopías sin las que no existe la esperanza. Sin ella la vida, al menos la de quienes no nos resignamos, pierde sentido.
Sergio Nicanoff es historiador, docente universitario, terciario y capacitador de docentes de CABA. Militante popular y miembro del colectivo de comunicación de Contrahegemoníaweb.
Fernando Stratta es sociólogo y docente universitario. Integró distintas experiencias editoriales, de formación y educación popular. Ha publicado, en coautoría, El tizón encendido. Protesta social, conflicto y territorio en la Argentina de la posdictadura (2009), y participó de los ensayos colectivos Venezuela, ¿la revolución por otros medios? (2006), Reflexiones sobre poder popular (2007) y Socialismo desde abajo (2012).
1 David Harvey, “El ´nuevo imperialismo’. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión”, en Herramienta, n° 27, Buenos Aires, 2004.
2Resulta muy claro en este sentido el documental Rosario. Ciudad del boom, ciudad del bang (Club de Investigaciones Urbanas, 2013) en el que se puede ver cómo esta interconexión que mencionamos forma parte del proceso de valorización en un capitalismo con centro en las finanzas. El film pone en evidencia la vinculación entre la renta extraordinaria que genera el modelo extractivista, el crecimiento urbano a partir de la especulación inmobiliaria y la expansión del narcotráfico y sus dispositivos de control sobre el territorio.
3Ver “Prólogo”, en AAVV, Economía popular. Los desafíos del trabajo sin patrón, Colihue, Bs.As., 2017.
4Chena, Pablo, “La economía popular y sus relaciones fundantes”, en AA.VV, Economía popular. Los desafíos del trabajo sin patrón, Colihue, Buenos Aires, 2017, p. 48.
5Péres, P., Chena, P. y Barrera, F., “La informalidad como estrategia del capital. Una aproximación macro, inter e intra sectorial”, en La corrosión del trabajo. Estudios sobre informalidad y precariedad laboral, Miño y Dáavila, CEIL/PIETTE, Buenos Aires, 2001.
6 El término cooptación no remite a una relación unidireccional entre el Estado y los movimientos sociales. Los mecanismos de cooptación, como parte de la función estatal, deben garantizar las relaciones de dominación. En ese sentido, no sería correcto afirmar que el Estado “coopta” a determinado movimiento u organización, sino más bien que en toda relación de cooptación ambas partes identifican un campo de afinidades que tiene por resultado garantizar la subordinación de los elementos más disruptivos de un ciclo de protesta.
7 Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Tinta Limón, Buenos Aires, 2010.
8Las frases respectivas de Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro se encuentran, junto a otras del mismo tenor, en el excelente reportaje de Paula Abal Medina y Mario Santucho, “Puchero a la Evita” (en revista Crisis, n° 27, nov/dic 2016). Su revisita sirve para ver cuáles eran las previsiones de esta política respecto al macrismo en sus momentos iniciales comparado con lo que efectivamente sucedió en términos de deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Ese simple ejercicio desmitifica los supuestos éxitos de estas concepciones.
9 Al respecto, en diciembre del 2018 un referente de los movimientos decía: “Pedimos diez y nos dieron once”.
10 Ver la entrevista de Paula Abal Medina y Ximena Tordini, “Feminismo e incomodidad”, en revista Crisis, n°36, diciembre 2018/febrero 2019.
11 Verbitsky, Horacio y Sztulwark, Diego, Vida de perro. Balance político de un país intenso, del 55 a Macri. Siglo XXI, Buenos Aires, 2018.
12 Ver Revista Crisis, nº 36, Dossier: “Los evangélicos y la política en la Argentina”. Respecto a la necesidad del trabajo político con las vertientes religiosas el caso del pastor –hoy concejal– Aníbal Trasante y la experiencia electoral en Rosario de Ciudad Futura es un buen ejemplo de sus potencialidades, pero también de las fuertes tensiones que conlleva dada las denuncias de compañeras en su contra.
13 “Se va a caer”. Entrevista a Rita Segato, por Verónica Gago. Página 12, 28/12/18.
14 Ibídem.
15Durante los años 90, al interior de los movimientos de desocupados tuvo lugar un debate en torno a la disputa al Estado de planes sociales. Mientras la mayor parte de los MTD’s se volcó a la lucha por obtener recursos estatales para resignificarlos en el trabajo comunitario, el MTD de La Matanza –desde una postura que pretendía salvaguardar la autonomía– representó la posición más intransigente negándose a administrar planes sociales. Este rechazo, sin embargo, no impidió que articularan proyectos productivos y comunitarios con apoyo del sector privado. Finalmente, su principal referente, Héctor “Toty” Flores, en 2007 ingresó como Diputado Nacional por la Coalición Cívica y más tarde se integró en la alianza Cambiemos, donde representa el “sector social” del proyecto político liderado por Mauricio Macri.