La sentencia enciende Cataluña: balance de una semana de movilizaciones

El lunes 14 de octubre de 2019 quedará grabado en la historia del Reino de España como el día en el que se condenó injustamente a unos líderes sociales y políticos y se agrandó aún más el foso, probablemente insalvable, entre una mayoría del pueblo de Cataluña y el actual régimen monárquico. La historia podrá dar muchas vueltas, hacia delante o hacia atrás, pero es un hecho incuestionable la ruptura política con las instituciones del actual régimen. El proceso hacia una república podrá ser lento, quizás sinuoso y complejo, pero es el único camino que queda para recuperar derechos, tanto sociales como políticos, para devolver la soberanía al pueblo, ahora usurpada por instituciones que nadie ha elegido, como la monarquía, o heredadas del franquismo, como la judicatura.

 

Cien años de condena es la suma total de penas impuesta por el Tribunal Supremo. No tenían ninguna agarradera jurídica y tuvieron que retroceder en la acusación de rebelión y golpe de estado (que ha desmontado el discurso mantenido por la derecha durante estos años), pero han condenado por sedición a miembros de un gobierno elegido democráticamente (en la misma sentencia se reconoce que no pusieron en práctica lo que anunciaron), a la presidenta del Parlament, cuya única acusación era la de permitir el debate democrático en sede parlamentaria, y a los dirigentes sociales por encabezar una protesta pacífica. Como era previsible, el Tribunal Supremo ha aprovechado la coyuntura para sentar cátedra y amenazar con sedición a toda protesta que se oponga a decisiones judiciales o que implique desobediencia civil. La sentencia no afecta sólo a los dirigentes condenados, es una amenaza a los derechos de todas y todos. No es sólo un problema catalán, es un problema de libertades que afecta a todas y todos los ciudadanos, sea cual sea su ideología o posición política.

 

Si era previsible una gran respuesta a la sentencia, la realidad ha superado todas las previsiones. Por su masividad, la movilización probablemente ha superado la del 1 y el 3 de octubre de 2017 y sus repercusiones políticas son de gran calado. La acumulación de acontecimientos ha modificado muchas cosas, ha cambiado la percepción de otras y representa un salto adelante en el proceso de movilización popular. El mismo lunes, miles de manifestantes cercaron el aeropuerto de Barcelona y por la tarde-noche se llenaron las plazas de prácticamente todas las ciudades y pueblos, grandes y pequeños. Desde el primer momento fue bien visible la presencia activa y masiva de la juventud. Cada día por toda Cataluña ha habido concentraciones y manifestaciones. El miércoles 16, cinco columnas llamadas Marchas por la Libertad empezaron a caminar los 100 kilómetros que las separaban de Barcelona. Miles de personas se fueron sumando y convirtiendo las marchas en una impresionante demostración de protesta y expresión de la voluntad de un pueblo que no está dispuesto a permitir que sus líderes tengan que soportar tantos años de cárcel. El viernes 18, las calles de la mayoría de las ciudades aparecieron casi desiertas por la convocatoria de una huelga general que tuvo una respuesta laboral muy desigual pero que logró paralizar las comunicaciones, obligando al cierre de muchas empresas por dificultades para recibir suministros y para que los propios trabajadores llegaran a sus puestos de trabajo (Seat anunció el día anterior el cierre de la producción y la patronal Cecot comunicó que el 50% de sus asociados no habían abierto sus instalaciones). El paro fue significativo en enseñanza, comercio y en sectores de la Administración; también en polígonos de comarcas, y los estibadores del puerto de Barcelona decidieron secundar la huelga “en defensa de los derechos laborales y civiles de todos los ciudadanos de Cataluña […] y para protestar por los derechos vulnerados por la sentencia”. Por la tarde, las Marchas por la Libertad y las personas movilizadas por la huelga confluyeron en una impresionante concentración en el centro de Barcelona, además de en Lleida, Tarragona y Girona. Se podrán buscar todas las excusas posibles, algunos hasta se podrán autoengañar, pero es imposible negar la voluntad y firmeza de los millones de personas que han salido a la calle para exigir: libertad de los presos políticos y autodeterminación.

 

Uno de los aspectos más destacable ha sido la masiva presencia de la juventud. Su participación y politización está directamente ligada a las experiencias de estos años: al proceso de emancipación nacional, a la lucha contra la represión, a comprobar cómo actúa el estado y su justicia, así como a sufrir la precariedad, el paro, el esfuerzo casi imposible por encontrar una vivienda digna o la falta de futuro. Para esta nueva generación ambos aspectos están íntimamente ligados y todas las tendencias políticas deberán tenerlo muy en cuenta si quieren tener futuro. La violencia policial para dividir el movimiento no les apartó de la acción y en muchos casos aguantaron y respondieron a las provocaciones policiales.

 

Los dirigentes políticos han estado muy por detrás y han ido surgiendo nuevas expresiones de dirección de la movilización, tsunami democrático, CDRs (por Comité de Defensa de la República, previamente …del Referendum, asambleas fundadas en el Referendum de 2017. NdE) , evidentemente Ómnium (Asociación Cultural Catalana. NdE) y ANC (Asamblea Nacional Catalana)…, que habrá que analizar lo que representa políticamente en el futuro. La huelga, paro cívico y ciudadano del día 18 superó a los grandes sindicatos, más allá del volumen de gente que parara en sus puestos de trabajo, y también debe ser motivo de reflexión sobre su papel en este movimiento.

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Solidaridad

Para seguir sobreviviendo, los defensores del actual régimen necesitan dividir la lucha del pueblo catalán del resto de las luchas en el Estado, porque si se unieran las luchas sociales y democráticas tendrían muchas más dificultades para sostenerlo. Hay que reconocer que hasta ahora lo han conseguido, aunque sea utilizando la más falsa de las propagandas, intoxicando y sumando mentiras sobre mentiras, y han logrado generar una opinión contraria al movimiento democrático catalán. Las clases trabajadoras no ganan nada con esa política; al contrario, se dividen y debilitan.

 

La sentencia es un ejemplo de que esa política afecta a todos los que luchan. Es significativa la declaración de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH): “Es por eso que vemos con preocupación el retroceso de nuestros derechos que significa la sentencia a los presos y presas políticas catalanas que el Tribunal Supremo ha hecho pública hoy. ¿Penar con prisión a personas por ejercer sus derechos? ¿Es sedición manifestarse para desobedecer una orden judicial? ¿Es entonces sedición concentrarse para parar un desahucio? No podemos no mostrar nuestra solidaridad con las personas a las que el Estado ha condenado a 100 años de cárcel. Nosotras seguiremos en la calle parando desahucios y desobedeciendo leyes injustas, y si para la justicia esto es sedición, seremos sediciosas. […] Este Estado es hoy un poco más injusto y un poco menos libre. Si votar es sedición, si desobedecer es sedición, seremos sediciosas cada madrugada que nos encuentre en un portal impidiendo un desahucio, cada vez que ocupemos una sucursal bancaria y cada vez que señalemos a los responsables. Vienen a por todas y no es hora de ponerse de perfil”.

 

¡Bien dicho! No es hora de ponerse de perfil. Por todo el Reino de España ha habido significativas concentraciones solidarias. La de San Sebastián el día 19 ha sido la más importante, y las ha habido también en Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Granada, Cáceres, Oviedo (en la entrega de los premios Princesa de Asturias), Burgos, Valladolid, Coruña, Santiago, Vigo, etc. Es un hecho político de enorme importancia; en buena parte del Estado se toma conciencia de que el recorte de derechos lo es para todas y todos, y no se puede mirar hacia otro lado.

 

Por eso sigue sorprendiendo la timorata respuesta de la izquierda social y política (Pablo Iglesias afirmó que “todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia”) salvo excepciones, como Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía o Sánchez Mato de IU-Madrid. Ni siquiera se reconoce que es una sentencia injusta, no se exige la libertad inmediata ni se llama a la acción solidaria. ¿Acaso no han leído la declaración de la PAH o de Ecologistas? ¿Acaso consideran que pueden seguir mirando hacia otro lado? O habrá que recordar (adaptada) la conocida poesía de “Cuando los nazis vinieron a buscar a los independentistas, guardé silencio, porque yo no era independentista…”

 

Violencia

La violencia de estos días tiene un principal responsable: la represión policial. Unos 2.000 policías enviados por el gobierno español, más los miles de mossos, cargas indiscriminadas, utilización de balas de goma (prohibidas en Cataluña) y gases lacrimógenos, más de 200 personas atendidas en los hospitales (y parece que solo un policía), decenas de periodistas golpeados, cuatro personas pueden perder un ojo y otra más ha perdido un testículo. Un dirigente del PP catalán lo dejó bien claro: “La actuación policial no es violencia sino uso legítimo de la fuerza”. Empecemos por ahí: la brutalidad y la provocación policial es legal y está permitida, todo lo demás es el infierno. Las televisiones sólo muestran las barricadas ardiendo, pero hay numerosísimas grabaciones de personas anónimas sobre las cargas y provocaciones policiales, tanto a grupos de manifestantes como a personas individuales. Hasta Amnistía Internacional ha tenido que denunciar “casos de uso excesivo de la fuerza policial”. Su directora en Europa, Marie Struthers, declaró que “es muy preocupante la forma en que se está utilizando el material antidisturbios”.

 

Se diría que hay algo más. Las fuerzas policiales han campado a sus anchas, con una gran autonomía de los gobiernos. Ha sido evidente, en relación al govern, pero también respecto al gobierno de España. Los mossos se han saltado los protocolos de actuación y ya vimos con anterioridad la burda operación de la Guardia Civil contra los CDR, y estos días se ha podido constatar que tanto a Sánchez y Marlaska, como a Torra y Buch, les ha pillado a contrapié. Eso es un factor de desorden muy importante. No se puede gobernar un país sometido a policías y jueces.

 

Esta vez algunos miles de jóvenes, y no tan jóvenes, han respondido a las provocaciones. El carácter de movimiento masivo y pacífico es bien evidente, pero todo tiene un límite. Cuando el peso de la ley es percibido como antidemocrático; cuando se utiliza indiscriminadamente la represión policial y no hay perspectivas de diálogo ni propuestas políticas, cuando la crisis y la precariedad les corta cualquier perspectiva vital, no es difícil ver ahí el caldo de cultivo para que grupos de jóvenes se enfrenten con la policía. En vez de condenarlos e intentar aislarlos, mejor sería escucharlos y enseñar y aprender estrategia política, porque el problema de esas acciones estriba en valorar su aceptación o no por la masa movilizada, si sirve para fortalecer el movimiento o lo debilita, y no condenas hipócritas de quien, sin embargo, está dispuesto a enviarles a la policía, ya sea la nacional o los mossos.

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Eso no quita que haya elementos provocadores policiales (es habitual: no sería la primera vez) o aventureros que se enfrentan a la policía sin ningún objetivo y es evidente que el Estado y el gobierno tienen un enorme interés en presentar el movimiento de emancipación nacional como violento. En realidad, la sentencia les da esa cobertura, y la aprovechan para machacar y machacar con la misma idea.

 

El periodista Javier Gallego, de El Diario, ha situado el problema en el lugar adecuado. Dice: “Hemos visto contenedores quemados en Gamonal y hemos aplaudido la pelea de un barrio contra la especulación. Hemos visto a los mineros disparar proyectiles a la policía y hemos admirado su valentía defendiendo sus trabajos y a sus familias. Hemos visto a los murcianos cortar las vías del tren para pedir el soterramiento del AVE y hemos celebrado su victoria. Hemos celebrado cómo los ecuatorianos acaban de tumbar las medidas neoliberales de su gobierno tras una batalla campal. Hemos visto al 15M, las mareas, las marchas de la dignidad enfrentarse a los golpes de los antidisturbios y hemos criticado la violencia policial y defendido la lucha social por la democracia. Ahora con los catalanes indignados, yo también voy a hacerlo, aunque discrepe con el independentismo”.

 

Diálogo, ¿qué diálogo?

La moción de censura que derribó a Rajoy e hizo presidente a Sánchez tenía como uno de sus elementos la propuesta de abrir un diálogo con y sobre Cataluña. Durante años habíamos asimilado que la política de Rajoy de dejar que los problemas se resolvieran solos, o se pudrieran, era una especie de característica psicológica de su personalidad. Estábamos equivocados, porque ahora Sánchez actúa como si estuviera “haciendo un Rajoy”. ¿Diálogo? Nunca más se supo. ¿Propuestas? ¿Y eso qué es? Entonces descubrimos que el problema no es tanto la idiosincrasia de Rajoy como la incapacidad del Estado para abrir un verdadero diálogo, para poner encima de la mesa los problemas políticos y estudiar mecanismos para abordarlos y solucionarlos.

 

Tras la publicación de la sentencia se oyeron expresiones del tipo “hay que abrir una nueva fase”, “es el tiempo de la política en mayúsculas”, “es el momento del diálogo”. Sin embargo, hasta ahora, no dejan de ser palabras vacías porque no hay ninguna propuesta y, lo que es peor, tampoco se la espera. La ministra Carmen Calvo y el ministro Ábalos lo expresaron con claridad esta semana: “No es el momento”. ¿Llegará algún día? Porque si todo se limita a decir que el independentismo tiene que hacer autocrítica y que lo único que se puede hablar debe estar dentro de la ley, la conversación tiene poco recorrido.

 

Sin duda que se necesita dialogar, pero cuando se ha puesto por delante a los jueces y se ha impuesto largas penas de prisión el punto de partida no puede ser el del ventajista que dice: “Eso es lo que hay, ahora vamos a hablar de política”. El soberanismo y el independentismo han planteado propuestas: amnistía (liberar a los presos políticos) y un referéndum para que la sociedad catalana pueda decidir sobre su futuro. ¿Se puede dialogar sobre ello? Si se habla es para resolver democráticamente el conflicto, no para alargarlo ni para poner paños calientes que no resuelvan nada, y el actual gobierno, como las derechas, sigue anclado en la idea de que sobre la actual forma de unidad de España no se puede hablar nada, porque para ellos no hay otra “España posible”. En la práctica esa visión provoca que tampoco se pueda hablar sobre los recortes sociales (la reforma laboral sigue ahí y las pensiones en el alero) o sobre las medidas antidemocráticas, tanto las que se desprenden de la sentencia como la Ley Mordaza. Entonces, ¿sobre qué cree esa gente que se puede dialogar? Sobre si se invierte más o menos dinero, sobre el corredor mediterráneo… pero el punto en el que está al menos un 80% de la población catalana es en el de que hay que dar la voz al pueblo para que decida sobre qué tipo de relación debe tener con el resto de los pueblos de España. El Gobierno de España debe sentarse a negociar lo que exige el movimiento: amnistía y autodeterminación. Y mientras tanto es necesario seguir manteniendo la lucha.

 

El diálogo es imprescindible si se parte del reconocimiento en pie de igualdad de la realidad plurinacional y las aspiraciones que ello implica. Lo contrario, apunta solo a represión e involución. La izquierda de todo el Estado debe implicarse en ello para poder frenar a la derecha.

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Crisis en el govern

Si la rebelión catalana es la causa principal de la crisis del régimen monárquico, lo es también para el propio govern de la Generalitat. Está en crisis y paralizado desde el primer momento, y la movilización de estos días la ha agudizado mucho más. Incapaz de definir una línea concreta de avance hacia la autodeterminación más allá de declaraciones, amenazado por un nuevo 155 y con los mossos descontrolados y sin tener una política de orden público diferente de la policía nacional y la guardia civil (la exigencia de dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, es un clamor), el govern Torra está colapsado.

 

Sin pretender abordar todos los matices del debate, hay dos posiciones en disputa en el movimiento independentista: la representada por la ANC, Puigdemont y el propio Torra, sin que sean exactamente iguales, que defiende que la única respuesta a la situación es la independencia. En el último 11 de septiembre se expresó en el lema: objetivo, la independencia; y tras la condena del Tribunal Supremo se plantea: contra la sentencia, independencia. De nuevo aparece el objetivo mágico que resolvería todos los problemas, sin tener en cuenta las alianzas, las fuerzas y los contrincantes. La otra posición, también con sus matices, es la representada por Ómnium, ERC y sectores soberanistas de los Comunes, que consideran que se necesita una respuesta amplia y democrática, de alianza con otros sectores de la sociedad catalana y española para lograr la amnistía y poder ejercer el derecho de autodeterminación, pero que, sin embargo, tampoco llega a establecer un plan político y de acción para lograrlo. El movimiento necesita de un plan político para avanzar, un plan que plantee los objetivos y debata los medios para lograrlo. La acción sigue siendo unitaria y masiva, y este debate tiene que ver con la lucha por la hegemonía en el movimiento, si deben ser las izquierdas quienes lo encabecen o si sigue en manos de una derecha con una política ya agotada.

 

Elecciones

La semana ha sido intensa y, de nuevo, el movimiento ha mostrado su indignación, su fortaleza y conciencia de que la movilización seguirá, día tras día, semana tras semana. Quien no lo quiera ver que siga ciego, pues aún se encuentran dirigentes políticos y escribidores, de esos que se llaman de izquierdas, que afirman que el movimiento catalán es burgués o que está engañado por Torra. La próxima cita masiva y unitaria está prevista para el próximo sábado 26.

 

Y justo cuatro días después se abrirá una nueva campaña electoral determinada por el conflicto catalán. Es difícil saber cómo afectará en las urnas, pero es evidente el giro a la derecha del PSOE y que las derechas lo van a utilizar para demonizar la rebelión catalana. Un eventual reforzamiento de esas opciones no sería una buena noticia, como tampoco un posible pacto PSOE-PP. Si eso sucediera, la responsabilidad no estará en la movilización de Cataluña, sino en las dificultades que existen en el conjunto del Reino para establecer una política democrática y de alianza entre las izquierdas y el soberanismo y el independentismo que reconozca los derechos sociales y de los pueblos hoy bajo el Reino de España. La derecha lo utiliza para dividir y enfrentar y la izquierda debería utilizarlo para unir y buscar la fraternidad entre las clases trabajadoras y los pueblos; o sea, plantear como perspectiva una salida republicana, democrática, feminista, ecologista y de reconocimiento del derecho de autodeterminación. Eso es lo que puede derrotar a las derechas y abrir una nueva etapa de derechos y libertades.

 

 

 

En el conjunto del Estado la campaña de prensa, radio y televisiones contra el movimiento catalán está llena de mentiras e intoxicaciones. Hay que esforzarse para conocer la verdad, por informarse de los hechos y escuchar lo que opina la gente. Si la verdad es siempre revolucionaria, estos son unos momentos en los que la lucha por la verdad es un instrumento básico de solidaridad y fraternidad entre las personas y los pueblos.

 

PD. El conflicto catalán no debe tapar dos importantes movilizaciones que abren otro boquete en la estabilidad política. La huelga del metal de la provincia de Vizcaya paralizó el sector durante cinco días, se produjeron importantes movilizaciones y confraternización con otros sectores en lucha, especialmente los pensionistas de Bilbao. Fue una huelga de las que hace tiempo no se veía y las espadas están todavía en alto, a la espera de una propuesta de la patronal. Si no es satisfactoria, se preparan nuevas jornadas de huelga. El miércoles 16, miles de pensionistas se concentraron en Madrid para exigir el mantenimiento de las pensiones públicas y la revalorización y mejora de las actuales. El día anterior habían llegado los grupos que habían caminado desde Rota (Cádiz) y Bilbao. “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden” -gritan las mareas pensionistas extendidas por toda el Reino de España-. Si se suman los derechos sociales y los democráticos, todos los movimientos sociales y de clase saldrán reforzados. Eso es una perspectiva republicana.

Fuente: Sin Permiso

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