El estallido catalán

Mientras los hacedores de la política juegan en sus tableros, las calles han vuelto a hablar. La base insoslayable de todo proceso político está en la voluntad de su sujeto elemental: el pueblo, una entidad colectiva muy concreta a pesar de las visiones neoliberales que lo conciben como una entelequia abstracta juguete de manipulaciones demagógicas. Cualquier duda acerca de la concreción, volumen y peso específico del pueblo, basta con atender a los datos más recientes de su protagonismo decisivo en el ejercicio del contrapoder: la rebelión popular que en Ecuador le torció el brazo al presidente Lenín Moreno, obligándolo a dar marcha atrás con las medidas dictadas por el FMI, y la lucha que se libra hoy en las calles de Chile contra un gobierno oligarca, enfrentando una feroz represión. He ahí el pueblo.

En Catalunya el referéndum del 1 de octubre de 2017 arrojó un nítido resultado a favor de la independencia: el “sí” obtuvo 90,2% del voto válido. Sin embargo, sólo un 43% de la población participó en la votación convocada por el Gobierno catalán. Bajo la suspensión declarada por el Tribunal Constitucional, el referéndum se desarrolló atravesado por las duras cargas policiales, cuyas imágenes conmocionaron al mundo entero. Fue una declaración unilateral de independencia forjada en un contexto electoral de excepcionalidad, en el que la abstención alcanzó aproximadamente el 58%, según las propias cifras de la Generalitat. Maltratado por la ineptitud del Gobierno de Mariano Rajoy, el conflicto entre el Estado Español y la Nación Catalana vivió en el 1-O una instancia decisiva, sofocada por una atroz represión policíaca y por medidas que desembocaron en la sentencia del Tribunal Supremo, que el 14 de octubre de este año condenó con penas de hasta 13 años a los líderes organizadores del referéndum y a activistas del movimiento independentista, por los delitos de sedición y malversación.

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El fallo del Supremo –criticado, entre otras cosas, por el riesgo de que la figura de sedición pueda aplicarse a cualquier protesta social- desencadenó el estallido que la semana pasada tomó varias vías públicas en Catalunya, con marcada virulencia en ciertos puntos de la ciudad de Barcelona. A menos de un mes de las elecciones generales –las cuartas en cuatro años, lo cual habla de la crisis del sistema político español- la cuestión catalana se ha convertido en munición electoralista. Ante el empantanamiento de los partidos políticos y de los Gobiernos, incapaces de trazar estrategias consensuadas tras el fallo condenatorio, las bases asumieron el liderazgo de la lucha soberanista catalana. Mientras los sesgos del periodismo hegemónico estigmatizaban con trazo grueso el movimiento independentista y arreciaban las vociferaciones de las derechas invocando más represión y hasta la declaración del estado de sitio, en las calles el activismo tomó dos direcciones. El viernes 17 de octubre, en el marco de una huelga general, medio millón de personas se movilizaron en una marcha pacífica. En contraste, ese mismo día, por quinta noche consecutiva, volvieron a su accionar en Barcelona los grupos radicalizados, un porcentaje muy pequeño dentro del masivo movimiento independentista, donde se mezclaban grupos antisistema y jóvenes en busca de adrenalina, como expone un revelador artículo publicado en eldiario.es (1). Por su parte, los dirigentes encarcelados y los principales portavoces de la Izquierda Republicana de Catalunya condenaron la violencia, desmarcándose de ella.

En su propia órbita en torno a las elecciones del 10 de noviembre, el presidente del Gobierno Español en funciones, Pedro Sánchez, se distancia cada vez más del clamor soberanista catalán, una cuestión que trastoca sus estrategias electorales entre las que se cuenta el circo de la exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco. Por su parte, tildado desde el oficialismo y las derechas como ambivalente con respecto a la violencia de las protestas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tratado -sin éxito hasta el momento- de comunicarse con Sánchez, quien asilado en sus razones se niega a restablecer el diálogo, dándole la espalda a la ciudadanía catalana. Esta actitud llegó a su gesto más extremo con el viaje relámpago del mandatario español a Barcelona, con el solo objetivo de visitar a los policías hospitalizados durante los enfrentamientos callejeros. Durante esta brevísima estadía, Sánchez porfió en su negativa a hablar con el presidente de la Generalitat, quien afirmó que el Gobierno de Catalunya presentó una propuesta de referéndum acordado y, en una sesión del Parlament, señaló que los grupos independentistas catalanes dieron en su momento su voto “sin reservas” en el Congreso para que el líder del PSOE echara a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, “con la ilusión y la esperanza de iniciar un diálogo serio”. Ese diálogo aparece por ahora en un limbo, mientras que el Gobierno catalán y sus aliados de las izquierdas presentaron ante el Parlamento la propuesta de una resolución que reivindica “el derecho de los diputados y las diputadas a poder debatir sobre todos los asuntos que interesan a la ciudadanía, incluidos el derecho a la autodeterminación, la monarquía o la soberanía”.

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Entre el marasmo estatal, el oportunismo electoralista y la violencia que enturbió el independentismo, se hace imposible aventurar el cálculo de cualquier pronóstico. Sólo se puede decir que esta agudización del conflicto puede ser la indicación urgente de la necesidad de un diálogo político hasta ahora obstruido, y de una reforma del sistema de leyes del Estado Español, con pie en el reconocimiento del derecho a autodeterminación de los pueblos, principio básico del Derecho Internacional. Pero, ciertamente, ningún Estado legisla abriendo la puerta para lo que puede interpretar como un atentado contra su integridad territorial y unidad nacional. Desde un enfoque del derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos, tal como resulta del marco de las Naciones Unidas, existe para los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera. Fuera del marco de descolonización, la independencia catalana no sería una cuestión de derecho internacional –donde reside el derecho a la autodeterminación de los pueblos- sino que pasaría por la habilitación de una autodeterminación constitucionalmente pactada a través de las normas del derecho interno (2).

Si se trata entonces de un pacto constitucional, volvemos a la necesidad de un diálogo político que los gobiernos y partidos han sido, hasta el momento, incapaces de entablar. Quizá la insurgencia social arrojada a las calles -agotado ya el slogan de “la revolución de las sonrisas”- entre la manifestación pacífica todavía masiva y los estallidos radicalizados minoritarios, sea la fuerza que arranque de su parálisis a quienes conducen la política y las políticas, empujándolos hacia acciones dialogales. Sin embargo, el ostracismo gubernamental y las pujas electoralistas no permiten avizorar los pasos que habrían de construir el camino hacia ese pacto que habilite la autodeterminación del pueblo catalán. Entre la frustración, la ira y el tambaleo de los liderazgos, este pueblo movilizado es el germen no del desorden, sino de un nuevo orden donde la parte soberanista tenga parte.

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1. https://www.eldiario.es/catalunya/independentismo-pierde-control-movilizacion-calle_0_953655166.html

 

2. https://www.eldiario.es/tribunaabierta/derecho-autodeterminacion-hablan_6_691590852.html

 

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