Las leyes de Solidaridad Previsional y Social. Del autoengaño a la complacencia

Ya advertía Marx en su célebre “Prólogo a la Contribución…”, que así como no se debe juzgar a un hombre por lo que dice de sí mismo, tampoco hay que juzgar a las épocas históricas por lo que tales épocas dicen de ellas mismas: En los albores del capitalismo, la burguesía revolucionaria podía presentarse como el adalid de la libertad y la igualdad humanas, e incluso podía creérselo. Casi 250 años después, semejante operación ya resulta un poco más difícil, vistas las tropelías que este régimen social ha puesto en práctica, y las consecuencias que su supervivencia descarga sobre la población trabajadora y sobre la naturaleza.

Sin embargo, una variante o un aspecto de este tipo de operación propagandística, la práctica de rotular para disfrazar, y hacer así caer en confusión al desprevenido, sigue siendo puesta en práctica, y con relativa eficacia. En nuestro país, ya Menem y Cavallo recurrieron a ese método al bautizar como Ley de Solidaridad Previsional al proyecto que descuartizó el sistema jubilatorio y creó el sistema de AFJP. Lo hace ahora el albertismo, que a la hora de elegir nombres parece haber ido a hurgar en los anaqueles del cavallismo previsional, que conoce a la perfección. Lo cierto es que ese objeto al que se ha dado en llamar Ley de Solidaridad Social, no podía ser llamado con un nombre que aludiera a su efectivo contenido, si se pretendía tener alguna chance de que alguien cayera en la trampa discursiva que permite barnizarlo de “progresividad solidaria”. En fin: Cuando uno desgrana mínimamente el texto de la ley, en el lugar de la “solidaridad” lo que encuentra es una especie de Pacto Roca- Runciman II o, para ser justos con Alberto, enésimo.

La euforia con la que reaccionaron los otrora condenables mercados financieros, parecería corroborar este aserto: “Los títulos en pesos fueron la vedette de la semana y rebotaron hasta 42,2 por ciento, mientras que los bonos en dólares lograron subas de hasta el 16 por ciento. Es que los inversores valoran las intenciones del Gobierno de llevar adelante la renegociación de la deuda, honrando sus obligaciones de corto plazo. Además, creen que las medidas económicas en pos de incrementar los ingresos mejoran la capacidad de pago de Argentina” (Ambito, 20-12).Semejante euforia “neoliberal” vuelve asombrosa la reacción de la progresía, acostumbrada a sacar sus conclusiones por oposición a los títulos de Clarín y La Nación y en concordancia con los de Página/12.

Es interesante observar cómo opera en unos el recurso del autoengaño, o la complacencia interesada en otros,y como franjas importantes de la progresía salieron en defensa de una ley cuya orientación reaccionaria es completamente evidente. Sorprende, aunque menos que las remanidas acusaciones a la bancada del FIT de “hacerle el juego a la derecha” por intentar, aun con sus modestas fuerzas, obstaculizar el tratamiento de una ley de derecha. Parafraseando y emprobreciendo al Moro, en este caso a la medida de la pobreza intelectual del interlocutor, habría que decirle a nuestro culto desprevenido: “No juzgues a las leyes por lo que sus Títulos dicen de ellas.”

Y como dirían los muchachos de la esquina, leé la ley antes de opinar…

Artículo 3

La orientación general de la ley aparece explícita y sin ningún tapujo en los artículos dos y tres. El 2 inc. A señala que la delegación por un año de facultades de todo orden al Presidente, se hace con el fin de “Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. Primero lo primero, segundo lo segundo y, después de la coma, se escribe para la tribuna. Primero la deuda, después los negocios y después que la gente morfe. Cualquier similitud con la teoría del derrame…

Y el artículo 3, clave: “Facúltase al PEN a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda…” ¿Por qué este artículo es absolutamente clave? Porque cualquier cambio de “modelo”, para usar un término caro al nacionalismo burgués, depende de la manera en que se encara el problema de la estafa externa. Para que hubiera algún indicio, siquiera, de reorientación en este sentido, Alberto cuando menos debería haber devuelto al Congreso la facultad constitucional de investigar, auditar y negociar la deuda, expropiada al Parlamento por los sucesivos gobiernos desde el menemismo en adelante.

En un país que debe afrontar pagos por 40 mil millones de dólares durante este año, alrededor de un 10 por ciento de su PBI, está claro que el control absoluto de la negociación de la deuda es el control absoluto del país. En ese contexto, el Congreso queda limitado a recibir un informe del PEN, según señala el artículo 4: “remitirá un informe con los resultados alcanzados como producto de las gestiones y actos mencionados en el artículo 3° de esta ley, a la Comisión Bicameral de Contratación y de Pago de la Deuda”.

Después de rasgarse las vestiduras en campaña con los negociados de Macri y Caputo, de despotricar contra el FMI y los mercados financieros por estafar al pueblo argentino en beneficio propio y de su clase, Alberto Fernández legaliza la estafa. Ni siquiera se plantea revisar no ya la deuda total, como correspondería, sino ni siquiera la deuda macrista. Los trabajadores y los jubilados sufragarán de este modo los gastos de la fiesta de los Ceos, sobre la que el albertismo ha decidido hacer borrón y cuenta nueva, y pagarán con la sangría de sus magros ingresos los bonos que Caputo emitió y se compró a sí mismo.

Algunas franjas del kirchnerismo esperaban del discurso de Máximo Kirchner alguna señal sobre esta cuestión. Excelente reseña del proceso de endeudamiento macrista, se detuvo sin embargo a la hora de cuestionar su legitimidad, manteniéndose de ese modo dentro de los límites de la estrategia del albertismo…

Veremos.

El espirítu de las leyes

No por evidente, menos cierto: La curva del nacionalismo burgués se cierra sobre sí misma, y lo que alguna vez fue una limitada pero progresiva medida introducida por el kirchnerismo, que al menos eliminaba la arbitrariedad presidencial a la hora de fijar los haberes de los jubilados, ahora es suprimida. El albertismo naciente parece marcado por el sino de tener que desandar el extremadamente limitado progresismo kirchnerista. Puede parecer una verdad de Perogrullo, pero así son las verdades…

La rígidez del gasto social ha sido, sin lugar a dudas, la principal preocupación del FMI, en representación de los bonistas, mayoritariamente argentinos. El Fondo se ha cansado de despotricar contra las claúsulas indexatorias de jubilaciones y planes sociales, y el macrismo fue incapaz de resolverle el problema. El albertismo, en cambio, y dada su capacidad de control, vía burocracia sindical, de franjas clave del movimiento social, pretende tener éxito donde el macrismo no pudo avanzar ni un milímetro.

Efectivamente, aun la reforma previsional macrista, recibida con catorce toneladas de furia obrera y popular, representó el reemplazo de una fórmula indexatoria por otra fórmula indexatoria, fuera del control de la política económica. De hecho, la necesidad de juntar hasta la última moneda que ande dando vueltas, es la que explica la suspensión albertista de la movilidad, condición evidente para la apertura de las negociaciones sobre la deuda: Contra las previsiones del propio Macri, la aplicación de su fórmula, este año, hubiese permitido a las jubilaciones ganarle, aunque fuera por poco, a la inflación.

Si pasa pasa…

El famoso Artículo 85, finalmente retirado: “Facúltase al PEN a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.Aunque caído, cabe preguntarse sin embargo: ¿Con que fin sino con el de liquidar organismos estatales, reducirlos y achicarlos, podría proponerse semejante medida, digna de Roberto Dromi y su ley menemista de Reestructuración del Estado?

¿Qué otro sentido tendría, que otro objetivo, fuera del de reducir el gasto, la eliminación de los regímenes jubilatorios especiales, conquistados con la lucha de sus trabajadores, y que además exigen normalmente aportes salariales significativamente superiores al 11 por ciento de descuento jubilatorio normal? Hay que decir aquí que, vergonzosamente, fuera de los diputados del FIT, ninguno de los diputados sindicales abrió la boca en las reuniones de comisión con los ministros, y tampoco hicieron referencia al asunto en sus discursos en el recinto. Y que el retiro de los artículos que liquidaban el 82 por ciento de los docentes fue producto de las protestas de AGD-UBA, Ademys, el SUTE mendocino y Conadu-Histórica, a la que se sumó tardíamente el cuestionamiento de la dirección albertista de CTERA.

Por último, las presiones sojeras estuvieron a la orden del día, con Schiaretti y sobre todo el santafesino Omar Perotti a la cabeza, y arrojaron resultados. Nadie quiere volver a los días heroicos del 2008, que forjaron el mito “revolucionario” kirchnerista, del que el albertismo tiene que huir como de la peste. Los pobres pequeños productores que alquilan sus campos a los pooles de siembra recibirán las correspondientes compensaciones. Dreyfus, Nidera, AGD, Cargill, bien gracias.

Y, para peor, ni siquiera se escuchan las tímidas diatribas con que Carta Abierta, allá por el verano del 2014, criticara la devaluación kicillofiana, a posteriori, argumentando que podría haberse evitado mediante la intervención estatal en el comercio exterior. Otro aspecto en que el sino regresivo del albertismo se impone sobre las ilusiones de las franjas kirchneristas que esperan un retorno a la edad de oro, marcada por la épica inútil de la lucha por la ley de medios.

Qué la crisis la paguen los… jubilados privilegiados

“El ‘ahorro jubilatorio’ será de 2800 millones de dólares…”, es el título de un artículo de iProfesional. Dos bonos de 5 mil pesos en enero y febrero para los que ganan la mínima, o la cifra correspondiente para completar 19 mil, será finalmente el aumento a jubilados, luego de haber prometido en campaña un aumento para todas las categorías. El resto deberá esperar a marzo para recibir, en la medida en que el criterio de “sostenibilidad de la deuda pública” que la nueva ley establece lo permita, alguito. Por el contrario, fuentes cercanas al riñón del albertismo afirman que la idea original pasaba por la reducción de las jubilaciones mayores a 50 mil pesos: “Pero no había margen, hubiera saltado todo por el aire”…

Además, si bien la reforma del régimen jubilatorio docente ha sido finalmente excluida de la ley, no ocurre lo mismo con los demás regímenes especiales. Un nuevo proyecto será enviado en Extraordinarias para revisar las jubilaciones privilegiadas de los jueces y del cuerpo diplomático, pero a la vez el ministro de Trabajo Moroni ha declarado que impulsará una comisión parlamentaria que elabore la reforma de todos los regímenes especiales. El diagnóstico del gobierno y de toda la clase dominante es que el sistema jubilatorio es inviable, y debe ser reformado, y el argumento público no puede ser otro que el de combatir los privilegios jubilatorios de aquellos que ganan más de 19 mil pesos.

En ese camino, el artículo 53 autoriza al PEN a integrar hasta el 70 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con títulos públicos no garantizados, “transitoriamente” dice el artículo, hasta el 31-12- 2023. Habilita de este modo al estado nacional a empapelar el FGS con bonos públicos que perfectamente pueden desvalorizarse. Según el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino señaló que lo que se busca es “darle un marco legal a lo que antes se hacía sin autorización, que es usar los recursos del Fondo para otra cosa que no es el beneficio de las jubiladas y jubilados. En este caso lo hacen para garantizar los compromisos del pago de la deuda” (La izquierda diario, 19-12).

Qué la crisis la paguen los… trabajadores

El aumento de las alícuotas de bienes personales, manteniendo en 2 millones de pesos el mínimo no imponible incorpora una nueva porción de regresividad, convenientemente maquillada de verso redistribucionista, a un sistema impositivo cuya estrella es el IVA y, en segundo lugar, el impuesto al salario. Bienes Personales se transformará, de este modo, en un nuevo impuesto pagado por las capas medias, que carecen por otra parte de acceso a los sofisticados métodos de evasión que tienen a mano los capitalistas. Además, la ley elimina el impuesto a la Renta Financiera…

La eliminación del IVA a la canasta básica, que rigió en los últimos y desesperados meses del macrismo será reemplazada por un reintegro de hasta 700 pesos para jubilados de la mínima (¡14 mil pesos!) y beneficiarios de AUH. En el caso de Ganancias, reduce de un tercio a un sexto el ajuste por inflación del Mínimo no Imponible, lo que provocará la incorporación de nuevos trabajadores al pago del impuesto o, cuando menos, el aumento de las cifras que deberán sufragar los que ya lo pagan.

La Argentina burguesa confirma y profundiza, de este modo, la tendencia del régimen capitalista mundial a hacer caer el peso del funcionamiento del aparato estatal en la clase trabajadora. Inaugurada con la tablita de Machinea bajo el gobierno de De la Rúa, profundizada por el kirchnerismo y el macrismo, tal tendencia trasciende cualquier grieta para convertirse, evidentemente, en una política de estado.

Del estado burgués…

Fuente: https://elfurgon.com.ar/2019/12/23/las-leyes-de-solidaridad-previsional-y-social-de-autoenganos-a-la-complacencias/

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