Retrospectiva desde 1976 hasta 2003
El texto hace un resumen de la historia de la deuda argentina desde el comienzo de la dictadura militar en 1976 hasta el año 2003. El texto es útil para enfrentar en 2020 la nueva crisis de la deuda.
En 2001, el pueblo se levantó en Argentina contra la prosecución de las políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo. La crisis que se desencadenó en diciembre de 2001 demostró que la acción de la ciudadanía puede modificar el rumbo de la historia. En pocas semanas, desde fines de 2001 a comienzos de 2002, se sucedieron tres presidentes de la República, se decretó la cesación de pagos de la deuda externa; centenares de fábricas, abandonadas por sus propietarios, fueron ocupadas por los y las trabajadores/as para relanzar la actividad; se produjo un desarrollo inédito de las asambleas de barrio y vecinales; los y las desempleados/as reforzaron sus organizaciones y su capacidad de acción en el marco de los movimientos piqueteros (que en 2002-2003 contaban con decenas de miles de miembros); la moneda se devaluó fuertemente, dejando atrás su paridad con el dólar, que pasó a costar tres pesos; las autoridades crearon monedas locales.
En pocas semanas, de fines de 2001 a comienzos de 2002, tres presidentes de la República se sucedieron y se decretó la cesación de pagos de la deuda externa
Una reivindicación siempre aparecía en las manifestaciones: ¡Que se vayan todos! que los y las políticos/cas se vayan… Y esa reivindicación indicaba la voluntad de «un cambio en la manera de hacer política», poniéndola en las manos de la ciudadanía.
La concatenación de decisiones concretas que terminó en la revuelta de la noche del 19 al 20 de diciembre de 2001 comienza por la decisión del FMI de no abonar en la fecha prevista un préstamo al gobierno argentino, a pesar de que éste no había dudado en la aplicación de medidas antipopulares recomendadas por las instituciones de Bretton Woods. El gobierno de Fernando de la Rúa reaccionó cerrando los bancos, de hecho bloqueando las cuentas bancarias de los y las depositantes. Y eso fue la gota que desbordó el vaso: se formó espontáneamente un bloque popular cuando la clase media (en realidad, una gran mayoría de asalariados) descendió a las calles y se le reunieron los « sin», sin trabajo, sin viviendas dignas, la gente de las villas miseria.
La crisis argentina constituye un salto cualitativo en el cuestionamiento de las políticas dictadas por las instituciones de Bretton Woods, ya que se produjo después de un período de más de un cuarto de siglo de acuerdo continuo entre el FMI y el gobierno argentino —desde la siniestra dictadura de Videla, en 1976, hasta el gobierno de Fernando de la Rúa—. El fracaso es patente y la decisión del presidente que sucedió a de la Rúa marcó un giro dramático en las relaciones con el FMI: Adolfo Rodríguez Saa anunció a fines de diciembre de 2001 que Argentina suspendía el pago de la deuda hasta que se llegara de nuevo al pleno empleo. El default (suspensión de pagos) de Argentina con respecto a los acreedores privados fue el más grande de la historia de las crisis de la deuda.
Una reivindicación siempre estaba presente en las manifestaciones: ¡Que se vayan todos!
A continuación, reproducimos un estudio redactado por el autor algunos meses antes del estallido de la crisis de diciembre de 2001. No se ha realizado ningún cambio al texto escrito en agosto de 2001 titulado: «Argentina: ¿un eslabón débil de la cadena mundial de la deuda?» El título era una pregunta, la acción concreta del pueblo argentino transformó la pregunta en afirmación. A este texto le seguirá en este artículo un complemento que corresponderá a los años 2002-2003.
Argentina: ¿un eslabón débil en la cadena mundial de la deuda?
La situación argentina en el año 2001 es catastrófica después de tres años de recesión debido a la aplicación de unas políticas neoliberales particularmente agresivas. En realidad, la transformación de la Argentina había comenzado con la dictadura (1976-1983) y continuó durante casi veinte años bajo los diferentes gobiernos que se sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada por algunos sectores, no hubo una verdadera ruptura con relación a la dictadura. Vistos en perspectiva, los avatares de los cambios de gobierno no modificaron de manera significativa, durante las últimas décadas, el camino regresivo que su clase dominante había elegido para Argentina.
La situación de Argentina en 2001 es catastrófica después de tres años de recesión debido a la aplicación de una política neoliberal particularmente agresiva
La Argentina de hoy es muy diferente a la de los años 1940-1950-1960, ya que cambió fundamentalmente. Sufrió una regresión como potencia industrial periférica y, en 2001, la mayoría de la población argentina vive peor que hace treinta años. Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, Argentina rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, unas 25 veces lo que debía en marzo de 1976.
Cuadro Nº1
(*) Según la OCDE, a fines de 1999, la deuda externa total de Argentina alcanzaba 169.066 millones de dólares. (OCDE, Estadísticas de la deuda externa, OCDE 2001, p. 20).
Fuente: World Bank, GDF 2000 y 2001; BCRA y cálculos del autor.
Argentina demuestra claramente el carácter vicioso e infernal del endeudamiento del Tercer Mundo, y el de la Periferia en general. A pesar de los reembolsos de la deuda, el país debe en 2001 cerca de 20 veces lo que debía a principios de la dictadura. Gran parte de los préstamos sirvieron para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los próximos vencimientos. Los pagos de la deuda argentina fueron y son todavía un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital, sean argentinos o residentes de los países más industrializados, comenzando por Estados Unidos y Europa occidental. El mecanismo es simple: el Estado argentino consagra una partida cada vez más importante de los ingresos fiscales, cuya mayor parte proviene de los impuestos pagados por el pueblo, al reembolso de la deuda externa y a las múltiples ventajas que otorga al sector capitalista. ¿Quién recibe los pagos efectuados por el Estado argentino? Las grandes instituciones financieras internacionales que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. El colmo es que, vía los mercados financieros norteamericanos y europeos en los que se comercianlos títulos de la deuda, los capitalistas argentinos compran los de su propio país con el dinero que sacaron del mismo, y reciben por tanto una parte de los reembolsos.
A pesar de los reembolsos de la deuda, Argentina debía en 2001 a sus acreedores cerca de 20 veces de lo que les debía al comienzo de la dictadura
Más adelante en este texto veremos que los capitalistas argentinos se endeudaron alegremente durante la dictadura y colocaron una buena parte de ese dinero en el extranjero mediante la fuga de capitales. La suma de los capitales colocados por los capitalistas argentinos en los países más industrializados y en los paraísos fiscales durante la dictadura es superior a los montos de las deudas contraídas (se puede encontrar la explicación técnica de ese fenómeno en varias obras de los autores: A. y E. Calcagno; Aldo Ferrer; M. Rappoport, 2001, p. 813-814, y en el fallo Ballestero, Poder Judicial de la Nación, 2000). Sólo en el período 1980-1982 las fugas de capital llegaron, según el Banco Mundial, a más de 21.000 millones de dólares (Rappoport, p. 825). Y un enorme regalo a los capitalistas argentinos y extranjeros: sus deudas fueron asumidas por el Estado al final de la dictadura.
Desde entonces, la deuda del Estado aumentó debido a las deudas de las empresas privadas,puesto que el mismo Estado asumió el compromiso de esas deudas privadas frente a los acreedores.
A partir de esa época, los capitalistas argentinos siempre mantuvieron esa política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. A tal punto que, si se pudiera organizar un campeonato latinoamericano de evasión de capitales, el equipo argentino podría intentar ganarlo, pese a que se encontraría con rivales importantes: los capitalistas brasileños, mexicanos y venezolanos son muy fuertes en esa disciplina.
Por otro lado, las deudas de las empresas públicas, que también habían aumentado significativamente por decisión de la dictadura, no fueron anuladas, salvo cuando se emprendió su privatización. Los gobiernos posteriores a la dictadura usaron el pretexto del endeudamiento de las empresas públicas para privatizarlas, tomando la «precaución» de que el Estado asumiera sus deudas antes de ponerlas en venta (véase más adelante el caso de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea argentina). Se trataba de otro regalo al capital argentino o extranjero. ¡Es diabólico!
La suma de los capitales colocados por los capitalistas argentinos en los países más industrializados y en los paraísos fiscales durante la dictadura fue mayor que la suma que recibió Argentina por los préstamos que le fueron otorgados
Después de un cuarto de siglo en ese escenario, el país está desangrado. Los salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo sectores que en el pasado vivían con un cierto confort), las cajas del Estado están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa para privatizar. La protesta social ya se manifiesta: varias huelgas generales en el año 2000, corte de carreteras por los «piqueteros», saqueos, pauperización de barrios enteros.
Claramente, Argentina es uno de los eslabones débiles de la cadena del endeudamiento internacional. Quizás la cadena se romperá gracias a este país. Pero no hay nada inevitable. La crisis puede prolongarse durante años. Los golpes que recibieron las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales durante la dictadura, entre 1973 y 1983, todavía muestran sus efectos, y si bien el pueblo argentino tiene cien razones para decir «¡Ya basta!», parece dudar ante un resultado imprevisible. La dirigencia sindical no se juega a fondo en esta batalla fundamental. Sin embargo, visto desde una perspectiva internacional, un cambio de actitud de Argentina respecto a la deuda tendría repercusiones enormes. El monto que debe reembolsar a los mercados financieros de los países más industrializados es tal que un default (suspensión o cesación de pagos) podría amedrentarlos y obligarles a abrir el diálogo. Para que ello sea favorable al pueblo argentino y también a los países endeudados, haría falta que la presión ciudadana haga adoptar a las autoridades una posición de firmeza de manera prolongada —a diferencia de lo ocurrido con Alan García, en Perú, en 1985 o con el régimen brasileño en 1987—, acompañada de reformas económicas que favorezcan un reparto progresista del ingreso nacional por medio de una política fiscal redistributiva, de la vuelta al dominio público de las empresas privatizadas, y dando primacía a los acuerdos regionales Sur-Sur por delante de la relación comercial con Estados Unidos vía el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas).
Suspender el pago de la deuda externa y adoptar otra política económica implica la ruptura de los acuerdos entre el gobierno argentino y el FMI. Esta ruptura no entrañaría ningún daño, por el contrario, podría ser beneficiosa para Argentina. Se trataría, en todo caso, de una oportunidad para la población local y para los movimientos en los que se organiza. ¿La aprovecharán?
Con el fin de facilitar la comprensión de cómo se llegó a la situación actual en lo que concierne al endeudamiento, damos a continuación una visión histórica que comienza con la dictadura.
Endeudamiento y dictadura militar
El período en el que la deuda argentina literalmente explotó corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976-1981)
El período durante el cual la deuda argentina literalmente explotó corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976-1981). La política económica promovida por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, a partir del 2 de abril de 1976, marcó el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo de Argentina, creando las condiciones para una economía especulativa que arrasó el país. La mayor parte de los préstamos otorgados a la dictadura argentina provenían de bancos privados del norte.Estos contaban con el total acuerdo de las autoridades de Estados Unidos (tanto de la Reserva Federal como del gobierno) con esa política de endeudamiento. Y desde el comienzo vieron que la deuda era un medio de ganar influencia en Argentina. Los argentinos que llevaron a cabo esa política de endeudamiento fueron el ya mencionado ministro de Economía, Martínez de Hoz, y el Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Walter Klein. Para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía a las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.
Endeudamiento obligado de las empresas públicas
En general, las enormes sumas que Argentina recibió,mediante los préstamos otorgados por los bancos del Norte, eran inmediatamente depositadas en esos mismos bancos o en otros de la competencia.
Como ejemplo paradigmático tenemos a la principal empresa pública argentina, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que fue obligada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esa deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se había multiplicado por dieciséis en siete años.
Prácticamente, a pesar de esos préstamos en divisas extranjeras, ningún dinero de esa deuda fue a parar a la caja de la empresa; todo quedó en manos de los dictadores. Bajo ese régimen, la productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. El personal se redujo de 47.000 a 34.000 trabajadores, y el gobierno, para aumentar las entradas a su caja, disminuyó el dinero que transfería a YPF por comisiones de la venta de combustibles. Es más, YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las instalaciones de las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades, complementando la de sus refinerías de La Plata y de Luján de Cuyo. En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba representado por el endeudamiento.
El endeudamiento del Estado
El endeudamiento masivo del Estado argentino fue justificado por los responsables económicos de la dictadura y por el FMI como la forma de aumentar sus reservas en divisas extranjeras para sostener una política de apertura económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las reservas internacionales del Estado argentino habría debido ser el producto de las actividades de intercambio en el mercado mundial. Sin embargo, las reservas internacionales anunciadas por la dictadura argentina provenían del endeudamiento.
Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco Central. A partir del 2 de julio de 1982, y hasta el 26 de agosto, fue presidente del Banco Central Domingo Cavallo, que tuvo un siniestro papel en la economía argentinaen ese final de la dictadura,ya que participó activamente en la estatización de la deuda privada. Después ocupó dos veces el cargo de ministro de Economía. Una primera vez entre 1991 y 1996 durante la presidencia de Menem, período en el que se estableció la paridad entre el peso argentino y el dólar, y en el que se desarrolló un amplio programa de privatizaciones. La segunda vez en 2001, en el gobierno, supuestamente de Fernando de la Rúa para imponer una dosis masiva de austeridad a la mayoría de la población, como lo recomendaba el FMI.
De manera general, los empréstitos por sumas enormes contratados con los bancos del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en esos mismos bancos o en otros bancos de la competencia. El 83% de estas reservas fue colocado en 1979 en instituciones bancarias fuera del país. Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares, y los depósitos en los bancos exteriores a 8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones de dólares (Olmos, 1990, p. 171 y 172). En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda.
La lógica de esa política organizada por las autoridades argentinas fue, en primer lugar, la del enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los banqueros del Norte; en segundo lugar, el incremento de las reservas internacionales para sostener el importante aumento de las importaciones, sobre todo las de la compra de armas, que habrían llegado a cerca de 10.000 millones de dólares; en tercer lugar, la política de apertura económica y endeudamiento recomendada por el FMI que permitía a la dictadura argentina mejorar su credibilidad internacional ante los principales países industrializados, comenzando por Estados Unidos. La dictadura argentina no habría podido mantener el régimen de terror interno en los primeros años (1976-1980) sin la bendición de la administración estadounidense.
Por su lado, la Reserva Federal de Estados Unidos estaba más que inclinada a apoyar la política económica de la dictadura argentina, puesto que una gran parte del dinero de la deuda estaba depositada en los cofres de los bancos norteamericanos. Desde el punto de vista de la administración estadounidense y del FMI, el endeudamiento argentino hacía volver al regazo de Estados Unidos a un país que, durante décadas, había manifestado un nacionalismo contestatario y había conseguido un cierto despegue económico durante el régimen peronista.
Confusión de roles
El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica Guillermo Klein ocupó esa función de 1976 a marzo de 1981. En el mismo período dirigió un gabinete de estudios privado, que representaba en Buenos Aires los intereses de los acreedores extranjeros. Cuando comenzó sus actividades, solamente representaba al Scandinavian Enskilda Bank, pero algunos años más tarde velaba por los intereses de 22 bancos extranjeros. En marzo de 1981, dejó su puesto de Secretario de Estado en el momento en que Viola reemplazaba a Videla a la cabeza de la dictadura. Pocas semanas más tarde, el 7 de abril de 1982, cinco días después de la ocupación de las Malvinas por parte del ejército argentino y de la entrada enguerra contra Gran Bretaña, fue designado apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank Limited. Esa entidad era uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. A la caída de la dictadura y el acceso al poder de Alfonsín en 1984, su estudio quedó como defensor de los intereses de los acreedores extranjeros.
La post-dictadura militar: el gobierno de Alfonsín y la impunidad
Las autoridades argentinas, después del fin de la dictadura, tuvieron que basarse en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en contratos firmados por miembros de la dictadura,ya que no habían pasadopor el control del Banco Central
El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, así que las autoridades argentinas que sucedieron a la dictadura tuvieran que basarse en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura,ya que no habían pasado por el control del Banco Central.
A pesar de todo, después de la caída de la dictadura, el nuevo régimen presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como pública, contraída durante el régimen dictatorial. Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad por las leyes de «punto final» y «obediencia debida», promulgadas en 1986 y 1987, los responsables económicos de la dictadura se beneficiaron de la misma clemencia. La mayoría de los altos funcionarios de la economía y de las finanzas quedaron en el aparato del Estado, y algunos incluso fueron promocionados.Mayoritariamente, los militares comprometidos con la represión, responsable de al menos 30.000 muertos, permanecieron en funciones o se beneficiaron de un retiro anticipado. Estalló un escándalo cuando uno de ellos, el capitán Astiz, rompió por primera vez la ley del silencio observada por los militares. Astiz declaró: « en 1982, un amigo me preguntó si era cierto que había desaparecidos. Y le respondí: “Por supuesto, hubo 6.500, incluso más, pero no sobrepasaron los 10.000. Todos fueron eliminados» (Le Soir, 16de enero de 1998).
El Estado asume la deuda de las empresas privadas
Las empresas privadas argentinas y las filiales argentinas de las multinacionales extranjeras fueron incentivadas también a endeudarse. La deuda privada total se elevó a más de 14.000 millones de dólares.
Figuran entre las empresas privadas endeudadas, las filiales argentinas de sociedades multinacionales: citamos a Renault Argentina, Mercedez-Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Deustsche Bank.
El Estado argentino pagóla deuda a los acreedores privados de las siguientes empresas (o sea, a la casa matriz de cada una de ellas): Renault France, Mercedez Benz, City Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, First National Bank of Boston, Credit Lyonnais, Deustsche Bank, Société Générale.
En resumen, el contribuyente argentino pagó la deuda contraída por las filiales de las multinacionales con sus casas matrices o con los banqueros internacionales. Se puede sospechar que las multinacionales en cuestión habían creado una deuda de sus filiales argentinas mediante una simple operación de contabilidad. Los poderes públicos argentinos no tenían ningún medio para controlar esas cuentas.
La ola de privatizaciones
El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política generalizada de privatizaciones en 1990-1992, liquidando literalmente una gran parte del patrimonio nacional. Se calcula que eso representó una pérdida de 60.000 millones de dólares. Menem pretextó el endeudamiento formidable de las empresas públicas argentinas para justificar a los ojos de la opinión pública nacional su puesta en venta. La mala situación financiera era debida a la política de endeudamiento obligado que había sido impuesta por las autoridades económicas de la dictadura, y como mencioné más arriba, la mayor parte del dinero otorgado en esos préstamos nunca llegó a las cajas de las empresas. Menem confió al banco norteamericano Merril Lynch la evaluación del valor de YPF. Merril Lynch deliberadamente redujo en un 30% las reservas petroleras disponibles, tratando de subestimar el valor de YPF antes de su puesta en venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las reservas ocultadas reapareció en las cuentas. Los operadores financieros que habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa, pudieron obtener fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en la bolsa de las acciones de YPF. Además, esa operación permitía alabar, ideológicamente, la superioridad de lo privado sobre lo público.
Merril Lynch, en forma deliberada, redujo en un 30 % las reservas de petróleo disponibles con el fin de subestimar el valor de YPF antes de su puesta en venta.
Hay que señalar que el mismo banco norteamericano Merril Lynch fue encargado por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para que, en 1997, evaluara la principal sociedad pública brasileña «Vale do Río Doce» (empresa minera). Merrill Lynch fue acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 75% las reservas de minerales de la empresa. (O Globo, 8 de abril de 1997, Brasil).
Además de YPF, vendida a la multinacional petrolera española Repsol en 1999, se liquidó otra joya argentina. Se trataba de la compañía Aerolíneas Argentinas, vendida a la española Iberia. Los Boeing 707, que formaban parte de su flota, fueron vendidos simbólicamente por un dólar (¡1,54 exactamente!). Algunos años después seguían sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, pero Aerolíneas debía pagar un leasing para utilizarlos. Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, fueron calculados en solamente 60 millones de dólares.
La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de 130 millones de dólares, y el resto lo constituyeron anulaciones de deuda. Iberia se endeudó para comprar la empresa, pero esa deuda la revirtió en su totalidad a la nueva entidad, también llamada Aerolíneas Argentinas, que de golpe se encontró endeudada desde el origen de la operación.En el año 2001, Aerolíneas Argentinas, propiedad de Iberia, estaba al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios.La privatización de Aerolíneas es un caso paradigmático. En general, todas las empresas privatizadas fueron cedidas liberadas de sus deudas, que habían sido asumidas por el Estado.
Proceso contra la dictadura
El escándalo de la deuda argentina despertó, en los años siguientes a la dictadura, el interés de la población. El gobierno civil que le sucedió constituyó una comisión parlamentaria quefue disuelta, luego de un año y medio de trabajo,ya que sus resultados podían tumbar la política económica de Alfonsín, que había decidido entretanto la estatización de la deuda. El presidente Menem, también a su tiempo había despotricado contra los responsables del endeudamiento, pero una vez en el poder abandonó toda veleidad de volver sobre un tema que desde ese momento fue tabú.
Alejandro Olmos […] consiguió que se investigara, por autoridades judiciales, la cuestión de las responsabilidades sobre el endeudamiento del país.
A pesar de compromisos y evasivas, se inició un proceso judicial como resultado de una denuncia hecha en octubre de 1982 por un ciudadano argentino, Alejandro Olmos, cuando Argentina vivía todavía bajo la dictadura. Este valiente e infatigable periodista consiguió que el tema de las responsabilidades del endeudamiento del país fuese objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales. Tuvieron lugar múltiples comparecencias de los responsables económicos de la dictadura y de los responsables de las empresas públicas. El estudio de Guillermo Klein fue objeto de investigaciones, y gran cantidad de documentación relativa al período de la dictadura fue embargada y colocada en las cajas fuertes del Banco Central.
El fallo del 13 de julio de 2000 no produjo ninguna condena a personas, fundamentalmente en razón de la prescripción, pero reveló la magnitud del escándalo que constituía la deuda argentina. La sentencia de 195 páginas emitido por el juez Ballestero, confirmaba una serie de acusaciones extremadamente importantes (Texto completo de la Sentencia Olmos: https://cadtm.org/Deuda-externa-de-la-Argentina ).
El FMI apoyó activamente a la dictadura argentina, en particular, al proporcionarle uno de sus altos funcionarios, de nombre Dante Simone (Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000, p. 31-32; p. 106; p. 109; p. 127).
La Reserva Federal sirvió de aval ante los bancos privados de su país a fin de que esos bancos prestasen dinero a la dictadura. La Reserva Federal había sido además la intermediaria en una serie de operaciones del Banco Central Argentino. Mientras la dictadura endeudaba al Tesoro Público y a las empresas públicas, permitía a los capitalistas argentinos transferir al extranjero cantidades muy considerables de capitales. Entre 1978 y 1981, más de 38.000 millones de dólares habrían salido de Argentina de manera «excesiva o injustificada». Ello estaba permitido, fundamentalmente, por el hecho de que cada residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día, que podía a continuación colocarlos en el extranjero (p. 56-58).
El FMI apoyó activamente a la dictadura argentina, en particular, al proporcionarle uno de sus altos funcionarios, de nombre Dante Simone.
En pocas palabras, el Estado se endeudaba mientras que los capitalistas descapitalizaban alegremente al país: “Aproximadamente el 90% de los recursos provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas (privadas y públicas) y del gobierno fueron transferidos al exterior en operaciones financieras especulativas” (p. 102). Sumas importantes provenientes de los préstamos otorgados por bancos privados de los Estados Unidos y Europa occidental fueron a continuación depositadas en esos mismos bancos.
De forma sistemática se pusieron todo tipo de dificultades a las empresas públicas como YPF (p. 130). El régimen de transición “democrática” que sucedió a la dictadura transformó la deuda de las empresas privadas en deuda pública de manera totalmente ilegal (p. 152), lo que significa que debería ser posible revisar esa decisión. Entre las empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado, 26 eran empresas financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en Argentina: CitiBank, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America (p. 155-157). Ello significa que el Estado argentino, endeudado con esos bancos, decidió asumir las deudas de las filiales de los mismos. Sin comentarios.
Un ejemplo preciso de connivencia entre un banco privado del Norte y la dictadura argentina: entre julio y noviembre de 1976, el Chase Manhattan Bank recibió mensualmente depósitos por 22 millones de dólares (montos que aumentaron posteriormente) remunerándolos con un interés de alrededor del 5,5%; durante ese período, y al mismo ritmo, el Banco Central argentino tomó prestamos del mismo banco de Estados Unido, el Chase Manhattan Bank, a un interés del 8,75% (p. 165).
Argentina se puede basar perfectamente en el derecho internacional para fundamentar su decisión de la suspensión de pagos de su deuda externa
su deuda externa
Las conclusiones del fallo son demoledoras para la dictadura, para los regímenes que le sucedieron, para el FMI, para los acreedores privados… La sentencia emitida por el tribunal enuncia claramente que «la deuda externa de la nación (…) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas» (p. 195).
El fallo debería servir de base para una decidida acción en pro dela suspensión de pagos de la deuda externa pública argentina y de su anulación. Esa deuda es odiosa e ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a continuar recibiendo el servicio de ese tramo de la deuda. Sus acreencias son nulas. Y como las nuevas deudas contraídas desde 1982-1983 sirvieron esencialmente para rembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de ilegitimidad. Argentina puede apoyarse perfectamente en el derecho internacional para justificar la decisión de no pagar su deuda externa. Varios argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar: la noción de deuda odiosa (la deuda argentina fue contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la humanidad (los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello); la fuerza mayor (al igual que los otros países endeudados, Argentina se confrontó a un cambio brutal de situación a causa de la decisión de aumentar las tasas de interés en forma unilateral por parte de los Estados Unidos a partir de 1979); y el estado de necesidad (las finanzas argentinas impiden la prosecución del pago, ya que éste imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la firma de pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos).
La suspensión de pagos de la deuda deber ir acompañada por otras medidas esenciales
La suspensión de los pagos de la deuda debe ir acompañada por otras medidas esenciales. Damos aquí algunas propuestas para el necesario debate(recuérdense que este articulo ha sido redactado unos meses antes del levantamiento popular de diciembre 2001):
1.- Exigir una investigación internacional sobre los activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero (según el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países más industrializados alcanzaban aproximadamentelos 40.000 millones de dólares. Véase BIS, Quarterly Review: International Banking and Financial Market Developments, June 2001, www.bis.org). El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de fondos sustraídos a la nación.
2.-Implantar medidas de control sobre los movimientos de capitales y operaciones de cambio, con el fin de evitar que continúe la fuga de capitales y de protegerse de ataques especulativos.
3.- Poner en marcha una política fiscal redistributiva: un impuesto excepcional sobre el patrimonio del decil más rico de la población, impuestos sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre los productos y servicios de base, etc.
4.- Derogar los decretos y leyes que impongan una reducción de los salarios y jubilaciones y de otras prestaciones sociales. Defender y reforzar el sistema de seguridad social. Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y aumentar los salarios y las jubilaciones para mejorar el poder adquisitivo. Esas serían las condiciones mínimas si se quiere poner en práctica una alternativa.
5.- Retornar al dominio público las empresas privatizadas indebidamente, comenzando por las correspondientes a los sectores estratégicos (energía, petróleo, comunicaciones).
Y además, en el ámbito internacional: favorecer la constitución de un frente de los países endeudados; desarrollar las complementariedades y los intercambios Sur-Sur; oponerse de manera enérgica al ALCA; oponerse a la ofensiva militar de Estados Unidos (bases militares estadounidenses; pantalla antimisiles de Bush que intentará crear una base estratégica en el cono Sur; Plan Colombia); apoyar las iniciativas a favor de la imposición de una tasa tipo Tobin sobre las transacciones financieras internacionales.
Las distintas propuestas que anteceden constituyen pistas sobre una alternativa al modelo neoliberal. No se trata de imponer un programa tipo «lo tomas o lo dejas», sino de mostrar que existen soluciones si se quiere abandonar la lógica infernal del endeudamiento eterno y de la intensificación de la dependencia.
2002-2003: el pueblo argentino se resiste
A fines de 2002, la deuda externa pública argentina se elevaba a cerca de 137.000 millones de dólares, que se dividían de la siguiente manera: cerca de 87.000 millones en títulos de la deuda pública; cerca de 37.000 millones en forma de préstamos y, finalmente, cerca de 13.000 millones en retrasos de pagos.
La crisis de fines de 2001 fue la continuación de tres años de recesión económica y de políticas antisociales que llevaron a una degradación vertiginosa de las condiciones de vida de una mayoría de la población.
En lo correspondiente a los 87.000 millones bajo la forma de títulos, aproximadamente la mitad está en manos de bancos y de fondos de pensión argentinos (AFJP- Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que fueron creadas en los años 1990 durante la contrarreforma neoliberal del sistema de pensiones. La otra mitad de los títulos está en manos extranjeras, de personas individuales y de bancos. En septiembre de 2003, esos títulos se vendían en el mercado secundario de la deuda a cerca del 30 % de su valor.
En cuanto a los 37.000 millones correspondientes a préstamos, se deben 30.000 al FMI, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El resto se le debe al Club de París, a otros acreedores bilaterales y a bancos privados del Norte.
La crisis de fines de 2001 fue la continuación de tres años de recesión económica y de políticas antisociales que llevaron a una degradación vertiginosa de las condiciones de vida de una mayoría de la población. En 2002-2003, más del 55 % de los habitantes de Argentina vivían por debajo del umbral de la pobreza. Debido a la devaluación de la moneda argentina a comienzos de 2002, los salarios y las jubilaciones tuvieron una reducción real del 30 %. La tasa de desempleo superó el 20 %. Además, argentinos y argentinas descubrieron con estupor que una parte significativa de la población sufría de grave malnutrición Incluso entre 2002 y 2003, hubo criaturas muertas por desnutrición en las provincias del Norte del País —realidad inimaginable para la ciudadanía argentina— mientras que el país continuaba exportando alimentos en cantidades suficientes para alimentar seis veces su población total. Absurdo e indignante.
El poder de la movilización social que permitió derrocar al presidente de la Rúa en diciembre de 2001, aumentó fuertemente en 2002
La dramática degradación de las condiciones de vida venía de lejos, su origen está en la política de sumisión ejercida durante más de 25 años ante los acreedores extranjeros y a los favores que se le dieron al gran capital argentino. El poder de la movilización social, que permitió derrocar al presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, aumentó fuertemente en 2002. Eso llevó a que los gobernantes que se sucedieron después del 19 y 20 de diciembre de 2001 —Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde y Néstor Kichner, luego de las elecciones de abril de 2003— hicieran algunas concesiones al movimiento popular. El miedo de ser derrocado por un levantamiento popular junto a la voluntad de reconquistar la legitimidad llevó a los gobernantes a cambiar sus políticas neoliberales y, por lo tanto, se mostraron reticentes ante las exigencias del FMI y de los acreedores privados.
Algunos ejemplos de las medidas que se tomaron para reducir el descontento de la población:
● Creación de una renta mínima de existencia para los desempleados: 2 millones de personas reciben mensualmente 150 pesos (o sea cerca de 50 dólares). Este subsidio llamado «plan Jefes y Jefas de hogar»está, en parte, distribuido por los movimientos piqueteros que gestionan entre 120.000 y 150.000 de estos planes.
● Anulación de la medida de reducción del 12 % de los salarios de los funcionarios públicos y de los jubilados decretada por de la Rúa a mediados de 2001.
● Prohibición para los acreedores de confiscar las viviendas de personas incapaces de pagar con normalidad sus créditos hipotecarios (eso correspondía, aproximadamente, a entre 150.000 y 200.000 familias).
● Compensación otorgada a pequeños ahorradores para limitar la importancia de la pérdida debida a la devaluación de la moneda.
● Congelación de las tarifas de algunos servicios (agua, gas, electricidad…) para disgusto de las transnacionales que controlan desde su privatización las empresas de servicios.
● Anulación de la ley de «punto final» aprobada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a mitad de los años 1980, para garantizar a los militares una «casi» impunidad; se comienzan los procedimientos judiciales contra los torturadores, en especial el caso Astiz, ya mencionado.
● Cambio parcial de la composición de la Corte Suprema de Justicia en una dirección «democrática».
Estas concesiones de los gobernantes con respecto al pueblo argentino son considerables y demuestran que una movilización social de gran envergadura puede dar resultados positivos.
Cuando en diciembre de 2001 Argentina suspendió el pago de su deuda […] numerosos comentaristas anunciaron que las represalias serían muy severas. Pero nada de eso pasó.
Cuando en diciembre de 2001, Argentina suspendió el pago de su deuda correspondiente a los acreedores privados y cuestionó el pago de la correspondiente al FMI y al Banco Mundial, numerosos comentaristas anunciaron severas represalias. Pero nada de eso pasó. En septiembre de 2003, en el momento en que tenían lugar importantes negociaciones entre las autoridades argentinas y el FMI, se demostró que una actitud firme por parte de los países endeudados podía reforzar su posición. El FMI aceptó reducir sus exigencias con respecto a Argentina mientras que se había mostrado inflexible un año antes en el caso de Brasil. El FMI impuso al gobierno brasileño la liberación de un superávit presupuestario del 4,25 % en relación a su PIB, y que ese superávit estuviera dedicado al pago de la deuda. Argentina rechazó ese porcentaje y obtuvo un acuerdo sobre la base de un 2,5 % de superávit presupuestario. Luego, propuso a los tenedores privados de títulos de la deuda que renunciaran al 75 % de su valor nominal. La firmeza recompensa.
Dicho esto, no hay que hacerse ilusiones: el presidente Néstor Kirchner no tiene la intención de cambiar hacia la izquierda. Trata de sortear las exigencias del FMI, las transnacionales y los capitalistas argentinos, por una parte, y las expectativas del movimiento popular por la otra.
Es necesario proponer una alternativa a los compromisos tomados por Néstor Kirchner concernientes al FMI.
1.- La deuda que debe Argentina al FMI, al Banco Mundial y al BID debe considerarse nula, ya que fue contraída para llevar a cabo políticas nefastas y contrarias a los intereses de los ciudadanos. Además, los organismos mencionados fueron cómplices de la dictadura militar que sufrió Argentina de 1976 a 1983.
2.- El tratamiento de las deudas que se deben a los fondos de pensión argentinos (AFJP) es más delicado. Podría aplicarse el esquema siguiente: Las deudas se anulan, los AFJP desaparecen y el sistema de jubilación por reparto es restablecido. El Estado argentino transfiere el equivalente de esa deuda a las cajas de jubilación según modalidades a determinar y aplicando una quita razonable. La viabilidad del sistema de jubilación por reparto está, por lo tanto, garantizada.
3.- La deuda que, bajo forma de títulos, se debe a extranjeros tiene que auditarse de forma escrupulosa. Y la parte odiosa anularse completamente. Para el resto, se puede prever un tratamiento adaptado a las características de los tenedores de títulos, para evitar sancionar injustamente a los pequeños ahorradores extranjeros. Por el contrario, los títulos en manos de rentistas, bancos y otros organismos financieros privados deben ser anulados o aplicarles una quita de al menos el 90 %.
4.- Los pagos atrasados deben ser anulados.
Fin del texto redactado en 2003