La deuda histórica con los derechos de las infancias y juventudes

15 años se demoraron en la designación del cargo de Defensore de niñes y jóvenes, que completa un marco de institucionalidad del Sistema de Protección Integral de derechos que, en 2005, inauguró la Ley 26.061. Ahora, Marisa Graham tendrá el desafío de supervisar la protección y promoción de los derechos de las infancias y juventudes.

Podríamos trazar la biografía de algune joven de 15 años y recorrer cada una de las vulneraciones de derechos, alojadas en su vida, en las posibilidades que no tuvo. Hoy, la necesidad de seguir construyendo y fortaleciendo un andamiaje institucional que resulte funcional y efectivo para el paradigma de la protección integral es urgente en un contexto de hambre.

La Ley N° 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sancionada en 2005, propone un nuevo sistema de protección a las infancias y juventudes que replanteó las prácticas en distintos niveles y jerarquías del Estado, tanto de los ámbitos ejecutivos, legislativos como judiciales, para una supuesta protección y garantía de sus derechos. En línea con los marcos internacionales de derechos humanos, de los cuales el país forma parte, esta normativa estableció un Sistema de Protección Integral de Derechos, formado por distintos niveles, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia en el ámbito nacional, el Consejo Federal de niñez, adolescencia y familia a nivel federal y, en lo provincial, los organismos administrativos correspondientes. En ese marco, la Defensoría de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes iba a funcionar como organismo para controlar, monitorear y promover los derechos, situación de riesgo o vulnerabilidad.

Este cambio en la normativa supuso un cambio de paradigma en la concepción de las infancias en las prácticas estatales, que aún convive con las heredadas del enfoque adultocéntrico y de tutelaje, que orientó, durante tantos años, las prácticas institucionales. El sistema de protección reconoce a las infancias y juventudes como un nuevo sujeto, con derechos específicos, ya no objeto de protección, control o meros beneficiarios. A diferencia de lo que sucedía con el paradigma tutelar, las condiciones socioeconómica y étnicas no pueden ser motivo suficiente para separar al niño o niña de su familia, debiendo el Estado asistirla a través de programas e instituciones específicos, garantizando el acceso a derechos básicos.

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Otra de las cuestiones que se modifica es la limitación de intervenciones del poder judicial, que antes decidía de manera arbitraria sobre el destino de les niñes. Ahora, es requisito que la autoridad judicial evalúe y decida sólo cuando se trata de problemas de índole jurídica. Es obligatorio escuchar a les niñes y jóvenes, y que su opinión sea tomada en cuenta. Se abandona la idea de “adultxs incompletxs”, sino que se les comprende como personas completas, sujetos titulares de derechos, en pleno desarrollo progresivo de la autonomía que portan derechos y los pueden ejercer por sí mismos, son en el aquí y ahora, y tienen capacidad de hacer.

Dentro de esta normativa, aunque el plazo que estipulaba para designar al Defensor/a era de 90 días, tuvimos que esperar 15 años. Recién en marzo de 2017, el Congreso conformó una comisión bicameral para elegir y designar Defensor/a mediante un concurso público. Hubo 68 postulantes, de los cuales 14 pasaron a la última etapa de evaluación, donde explicaron sus propuestas en el marco de una audiencia pública en el Congreso, en octubre de 2018. En abril de 2019, la Bicameral nominó, por orden de mérito, a Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes; y a Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto como sus adjuntos. El 26 de junio de 2019, la Cámara de Diputados aprobó las designaciones, sólo faltaba la ratificación en la Cámara de Senadores, que, finalmente, se dio hace 4 días.

Marisa Graham es abogada especialista en niñez. Toda su carrera profesional dentro del Estado, que incluye más de 30 años, ha sido sobre la protección de los derechos de las infancias y juventudes. Es docente en la cátedra Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). En este nuevo cargo, tendrá la tarea de supervisión de las políticas públicas que deban atender a las vulneraciones de derechos, visibilizar los problemas que afectan a las infancias y juventudes de nuestro país, ponerlos en agenda, priorizarlos en las políticas públicas, tener un plan de acciones, alertar al Estado sobre cualquier incumplimiento.

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No fue tarea sencilla este nombramiento dentro de la cámara de senadores, ya que les antiderechos intentaron frenar la designación varias veces. ¿El motivo? Haberse expresado a favor de la legalización del aborto. De hecho, este lunes pasado, hubo una protesta de grupos antiderechos frente al Congreso.

Una agenda urgente para las infancias

En estos años de dilaciones, se creó el colectivo Infancia en deuda, conformado por organizaciones que trabajan por los derechos de las infancias y que nació de la campaña “Defensor ya”, como estrategia de visibilización y presión.

“La gravedad de la crisis económica y social, con especial impacto en la niñez y en la adolescencia, pone en evidencia la necesidad ineludible de contar con una Defensoría nacional que exija las políticas públicas destinadas a la infancia y asegure el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad. Casos como los fallecimientos recientes en la Provincia de Salta son ejemplos que muestran con crudeza el tipo de desafíos que debería poder estar enfrentando una Defensora designada -continúa el escrito-. Cada día de incumplimiento profundiza aún más la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país: es hora de saldar esta deuda histórica con la infancia”, habían manifestado en una solicitada.

Marisa Graham expresó en diferentes medios que los ejes prioritarios de su agenda y su tarea en el nuevo cargo serán el hambre, la falta de acceso a la vivienda y servicios sociales, la necesidad de más y mejores espacios de crianza y socialización, la exclusión escolar, explotación laboral infantil y la educación sexual integral.

También afirmó que se va a “enfocar en verificar el cumplimiento de las leyes y normativas que están vigentes y no se cumplen, como la ley contra la explotación laboral infantil que es muy buena, pero sigue habiendo chicos trabajando tanto en la producción agropecuaria como en talleres clandestinos en las zona urbanas. Hay muchas leyes muy buenas que no se implementan de manera eficiente y nosotros vamos a tener la responsabilidad de trabajar que se hagan reales, hay una ley contra la trata, pero, en Argentina, sigue habiendo explotación sexual infantil, y hay una ley que habla de la Educación Sexual Infantil, pero que no termina de llegar a todas las escuelas”.

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El efectivo cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral sigue resistido desde muchos sectores en todo el país. En algunos casos, se avanzó, pero garantizando un piso mínimo de lo enseñable en materia de educación sexual, que incluye aquellos temas que se consideran más cómodos y que no hacen más que reforzar un modelo biologicista y de prevención, no garantizado el paradigma integral y con perspectiva de género.

Otra de las deudas que el Estado tiene con las infancias está vinculada con un tema incómodo socialmente, que horroriza a muches y que está más cerca de lo que imaginamos; el abuso sexual infantil. Según los datos del portal oficial de Nación, el 75% de los abusos son perpetrados por un familiar, 40% los agresores han sido los progenitores y el 89% del total de los abusadores son varones heterosexuales. La mayoría de quienes han sido denunciados siguen impunes, en una clara muestra de cómo opera la injusticia patriarcal. Es urgente prevenir, pero, sobre todo, actuar y reparar.

En los últimos años, los ajustes se hicieron sentir en las políticas públicas de las infancias. En un país donde más de la mitad de les niñes vive en contextos empobrecidos y ha sufrido históricamente situaciones de desigualdad en el acceso y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, las infancias configuran una población expuesta a los mayores niveles de vulnerabilidad. Hay todo por hacer. 

Fuente: La Tinta

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