Pandemia, territorio y estado de excepción

Especial para Contrahegemonia

El actual contexto de pandemia impacta particularmente en los territorios. La situación de crisis sanitaria define un complejo marco de excepcionalidad en el que se desarrollan distintas lógicas de intervención.

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“El estado de excepción es hoy la norma”

Giorgio Agamben

 

La intervención sanitarista, indispensable para afrontar la situación de crisis, se traduce en medidas de control social sobre la población. Sin estas medidas de control social, no hay posibilidades de enfrentar un desarrollo exponencial de los contagios.

Ahora bien, estas medidas sanitarias son llevadas adelante, en la práctica, por distintas instituciones estatales y de la sociedad civil. Dentro del conjunto de acciones implementadas, se pueden distinguir a grandes rasgos dos lógicas de intervención.

Una de las formas de intervención se asienta en la lógica represiva para lograr el control social. Las funciones de patrullaje, control de la circulación, sanciones punitivas, se basan en el ejercicio cuasi monopólico del uso de la violencia legítima. Las instituciones de policías (fuerzas armadas, gendarmería, policías locales y provinciales) son la expresión más acabada de aquellas que imprimen en el territorio esta lógica para ejercer el control social.

Por otro lado, un conjunto de intervenciones que tienen por objetivo el control social se asienta en una lógica comunitaria. La limpieza e higiene de los barrios, apertura de comedores, asistencia a grupos de riesgo o las tareas de autocuidado de vecinxs, son algunas de medidas basadas en acciones de reciprocidad. Las organizaciones sociales y populares son en general las encargadas de desarrollar estas tareas en el entramado territorial. Se trata, también, de medidas de control social, pero basadas en una lógica comunitaria y ejercidas habitualmente por organizaciones no estatales.

Sin embargo, esta distinción no es tan clara en los hechos; son lógicas diferentes, pero relacionadas. Fundamentalmente porque hace largo tiempo no estamos en un escenario de fortalecimiento de la estatalidad. Por el contrario, son múltiples (y otras) las instituciones y organizaciones que ejercen el control en los territorios.

Nuestro punto de partida es que, en una situación de excepción, ambas lógicas –las represivas y las comunitarias– van a estar presentes para garantizar el control social, sea por instituciones estatales como por organizaciones de la sociedad civil. Pero lo que no puede naturalizarse es que existen un conjunto de instituciones modeladas para garantizar un tipo de acciones (las represivas), que volcadas al desarrollo de acciones comunitarias carecen de recursos para hacerlo. En este sentido, cuando una situación de excepción agudiza un proceso de “militarización” de la sociedad (decimos que agudiza, porque entendemos que previamente ya están dadas las condiciones para su implementación), nos encontramos en una situación en donde el pueblo ya no ejerce ninguna función de control.

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Ciudad y peste, 150 años después

Vayamos a un caso histórico. Durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló a la ciudad de Buenos Aires en 1871, las autoridades implementaron un sistema de control que implicó el patrullaje de la población urbana. Se cuadriculó el trazado a partir de las parroquias existentes y, diariamente, se tomó registro de los infectados que pasaban inmediatamente a cuarentena. Las tareas de rastrillaje fueron comandadas por una Comisión de Salubridad integrada por las principales referencias médicas, magistralmente retratadas en el cuadro de Juan Manuel Blanes “Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires”, donde se observa al Dr. Argerich ingresando a un conventillo con el cuerpo de una mujer sin vida sobre el suelo.

La reticulación de la ciudad constituyó un verdadero dispositivo para el control de una población peligrosa. En aquel momento, el discurso médico devino en puntal de los elementos de estatalidad que se consolidaban en nuestro país. Las tareas de higiene y control social tuvieron especial eje en la población inmigrante, a los efectos, el mayor contingente poblacional de la ciudad portuaria por entonces. Las propias condiciones de hábitat de esta población (el hacinamiento) las volvió un foco de la epidemia. Pero la mirada higienista no estaba exenta de otros condicionamientos: para las autoridades, los focos de la infección ponían de manifiesto la peligrosidad moral de esa población.

En la actualidad, las intervenciones sanitaristas –acertadamente, según se deduce de la fallida experiencia en países que no la implementaron a tiempo– están poniendo foco en la cuarentena obligatoria de la población en sus hogares. Por supuesto que estas medidas de distanciamiento físico por hogares son factibles de cumplir en el centro de las ciudades con eje en las clases medias. Pero las propias condiciones de hábitat de las clases populares vuelven imposible una implementación de este tipo: más del 90 por ciento de los barrios populares del país (en donde viven unas 4 millones de personas) no cuentan con acceso formal al agua potable.[1]

Por eso, lo que comienza a observarse es que entre las clases populares la cuarentena no es por hogares sino por barrios (villas, asentamientos y barrios periféricos). El objetivo se convierte así en limitar la circulación al interior de las barriadas. Las organizaciones populares se vuelven condición para el aislamiento de los barrios, en la medida en que garantizan la alimentación (a través de las viandas de los comedores) y la promoción de trabajo mediante algún programa de Desarrollo Social para la realización de pequeñas obras de infraestructura al interior de la comunidad.

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Esto abre la posibilidad a que sean las propias organizaciones sociales las que lleven adelante las tareas de control. Pero también abre un arco de disputas con los propios municipios por la administración de los recursos para afrontar el avance del Covid 19. Con todo, es evidente que sin la presencia de estas organizaciones sociales el desborde en las barriadas populares se tornaría un escenario mucho más inmediato. Resuenan los ecos de los saqueos en 1989 o en 2001.

Sin embargo, el riesgo mayor reside en que, por fuera del encapsulamiento de las barriadas y el confinamiento en sus hogares de las clases medias, comienza a desplegarse el accionar de las fuerzas de seguridad como garantes del cumplimiento de las medidas de mitigación de la pandemia. Las recientes declaraciones de Sergio Berni que, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, plantea la posibilidad de desplegar a Gendarmería en los distritos del segundo cordón del conurbano bonaerense no son auspiciosas en ese sentido[2]. De hecho, desde hace varios días organizaciones sociales y políticas vienen denunciando la escalada represiva en la Zona Norte del conurbano.

En momentos de crisis sanitaria, como lo es una pandemia, son indispensables las tareas de control social. Pero desde el Estado estas tareas se ejercen a través de múltiples instituciones de las que dispone. Si las medidas de control social implementadas se centran en una lógica represiva, va de suyo que el objetivo de esas medidas no será estrictamente el “cuidado” de la población.

Por eso es importante señalar que, desde los medios de comunicación, comienza a instalarse un discurso, muchas veces de guiño “progresista”, en el que se naturalizan las lógicas represivas para enfrentar la pandemia. El resultado es la peligrosa acentuación de una lógica policial en la opinión pública que prepara el terreno para la aplicación, lisa y llana, de un Estado de Sitio. Llegada esa instancia, ya no habrá vuelta atrás: el abordaje de la pandemia tendrá entones una sola lógica y nada bueno hay que esperar en ese contexto. Resulta prioritario, por lo tanto, advertir los efectos actuales sobre la opinión pública e impulsar todas las medidas de control social basadas en el trabajo comunitario y de autocuidado de la población.

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¿Se redefine la relación Estado / Sociedad?

Una vez atravesada la pandemia, es posible esperar una redefinición en la relación entre el Estado y la sociedad. En esta redefición tendrán lugar una serie de “desplazamientos”[3], en donde elementos preexistentes cobrarán una nueva centralidad. ¿Asistiremos a una nueva definición de las nociones de pueblo, libertad y seguridad?

En primer lugar, si bien todavía es difícil de mensurar, el freno de la economía mundial que se extenderá por varios meses no tiene una única lectura. Nada indica a simple vista que la crisis económica producida por la pandemia afecte el proceso de financiarización de la economía. En realidad, los efectos de la pandemia solo profundizarán la crisis económica global que ya venía mostrando sus síntomas con anterioridad. No está claro aún cuál es el rumbo que toma el capitalismo luego de la crisis de 2008. Probablemente, porque esa salida no está a la vista todavía para el resiliente sistema capitalista.

Por otro lado, algunos análisis confían que esta crisis sanitaria dejará expuesto el fracaso del mercado como regulador de la vida social y, no sólo eso, significará además un retorno al rol de los Estados nacionales como garantes de una sociedad que ha sido librada a la desprotección. Lo que no tienen en cuenta los discursos “progresistas” es que esos mismos Estados seguirán en bancarrota y sometidos al poder de las finanzas, con idénticos o incluso más profundos problemas para garantizar la reproducción del capital en sus países. La vuelta a un “capitalismo de derechos” no sólo es una quimera anacrónica –dado que no existen condiciones para un retorno a sociedades de bienestar– sino que resulta un espejismo que va a desvanecerse ni bien desaparezca el pánico viral.

Por último, entre los dispositivos implementados durante la crisis sanitaria –como la virtualización de las relaciones humanas y laborales– es importante pensar qué lugar ocuparán éstos una vez controlada la pandemia. Particularmente, los dispositivos de control social tendrán efectos subjetivos y concretos en la realidad cotidiana. Lo que hay que combatir es que se asuma la normalidad de las situaciones de excepción.

[1] Laura Vales, “La cuarentena en los barrios populares”, Página 12, 23-3-20.

[2] “En lo profundo del Conurbano es difícil controlar la cuarentena”. www.elintransigente.com, 26-3-20.

[3] Edgardo Castro, “Giorgio Agamben y el nuevo estado de excepción a partir del coronavirus”, Revista Ñ, 27/3/20.

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