Financiar la emergencia y acotar la recesión

La pandemia cambió el orden de prioridades. La deuda pasó a un segundo plano y se priorizan la emergencia sanitaria y las ayudas económicas a los más necesitados. El aislamiento social y la masificación de los test –para aplanar la curva de contagios- son las medidas adecuadas a la emergencia según la experiencia internacional, pero la cuarentena (controles abusivos incluidos) tiene un impacto económico negativo innegable. La actividad económica se desploma, la cadena de pagos está en riesgo, tanto como el empleo, el pago de los salarios y los ingresos de los sectores que están en la informalidad.

Este 2020 será nuevamente un año recesivo, que se suma a los dos anteriores en una economía que hace una década está estancada. Es necesario el control y manejo centralizado de las divisas. No se pueden gastar divisas en cualquier cosa y también hay que asegurar que sigan ingresando dólares por las exportaciones. Se necesita una gran centralización de directivas y organización en los asuntos económicos, en el sentido que se hizo en materia sanitaria. A los efectos de lo que aquí queremos destacar es importante señalar que la situación mundial no favorecerá nuestras exportaciones y que, por lo tanto, ingresarán menos dólares a las reservas, lo que agudizará la restricción externa; los ingresos fiscales caerán significativamente y el gasto público se disparará. Resultado: un alto déficit fiscal que solo se podrá financiar con emisión, lo que presionará sobre la inflación en un momento en el cual, a pesar de la imposición de precios máximos a más de 2000 productos. los precios siguen en ascenso, y se agudiza el faltante de divisas para evitar una debacle de la economía y sus consecuencias sociales.

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En este contexto, por demás delicado, las/os abajo firmantes, investigadores, académicos y analistas de las distintas ramas de la economía y las ciencias sociales queremos reafirmar que la prioridad es la salud de la población y que, con respecto a la política económica, debieran encararse todas las medidas posibles tendientes a resolver las necesidades integrales de la población, para lo que es necesario recuperar divisas para respaldar la expansión, atender la emergencia y sostener la economía.  Proponemos, entonces, no un programa integral sino medidas urgentes para atender la emergencia sanitaria y económica:

1. Repatriación de capitales. Con los datos del último blanqueo (AFIP) y los que provengan de la actual investigación sobre la fuga de capitales (BCRA), el Estado nacional cuenta con la información necesaria para imponer como medida extraordinaria la repatriación de capitales en el exterior y/o el establecimiento de un impuesto por única vez, del 10% sobre los bienes locales de los propietarios de esos activos. Para una cifra estimada por el INDEC de 335.000 millones de dólares de activos de particulares en el extranjero al 31/12/2019 (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/bal_03_20A1EA3250EE.pdf), podría estimarse una recaudación de máxima equivalente a los 33.500 millones de dólares. Se facilitaría así financiar la emisión necesaria para atender los gastos actuales y constituir un Fondo Solidario para la emergencia sanitaria y disminuir el impacto de la recesión. Establecer un impuesto por única vez a las grandes fortunas para atender la emergencia sanitaria y económica.

2. Frenar la salida de capitales. Suspender inmediatamente el pago de la deuda pública externa, tanto de capital como de intereses. Realizar una urgente auditoria con participación popular de la deuda, que pueda apoyarse en la investigación en curso del BCRA, en lo avanzado por la Justicia y en variados aportes de organizaciones sociales especializadas en el tema.

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3. La Auditoría con participación popular deberá proponer, en no más de 60 días, estrategias de acción sobre el asunto de la deuda para presentar al Congreso Nacional, y según define la Constitución, se pueda resolver al efecto, convocando previamente a un plebiscito para contar con el mayor consenso posible.

4. Controlar a los formadores de precios. La política de precios máximos impuesta por el gobierno está siendo vulnerada por los formadores de precios.   Los valores de la canasta básica no deben superar el nivel que tenían al 6 de marzo pasado, mientras que deben mantenerse congeladas las tarifas de servicios públicos durante la emergencia por el COVID19.. La Secretaría de Comercio debiera designar interventores en las empresas formadoras de precios, al mismo tiempo que en cada una de ellas se designe un/a delegado/a cada 10 trabajadoras/. La designación de delegadas/os deberá extenderse a todo establecimiento con 10 o más trabajadores/as. Las/os delegadas/os serán electas/os por las/os propias/os trabajadores/as. Las interferencias o restricciones por parte de las patronales a la designación de delegadas/os será pasible de sanciones, escalonadas hasta la suspensión y/o el cierre por incumplimiento de la norma.

5. Prohibir los despidos y suspensiones y garantizar un salario acorde a sus responsabilidades y riesgos a todos los trabajadores/as que se desempeñan en actividades esenciales. Favorecer con medidas fiscales y crediticias la continuidad del nivel de empleo e incluso estimular la regularización laboral. La medida apunta a sostener la demanda interna.. Defender los derechos laborales y previsionales sosteniendo el funcionamiento de las paritarias.

6. Organizar la producción de la canasta básica sobre la base de un PLAN consensuado entre organizaciones sociales con experiencia y actividad en la economía popular, las pymes, cooperativas, las Universidades y el Ministerio de la Producción. Asegurar el financiamiento adecuado con regulaciones y redescuentos dispuestos por el BCRA. El PLAN debe contener la producción y los mecanismos de distribución correspondientes, que aseguren la circulación y el abastecimiento al conjunto de la sociedad.

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7. Nacionalizar los depósitos bancarios y disponer un régimen de redescuentos asignados desde el BCRA, asistido con un Comité conformado por las organizaciones que definan el Plan en acuerdo al punto anterior. El Comité propondrá en 60 días una nueva legislación financiera que derogue la Ley 21.526/77, de Entidades Financieras, y la revisión para anulación de toda la legislación y disposición de cesión de soberanía jurídica a los fines del endeudamiento externo.

8. Este conjunto de propuestas necesita ser completada con un “Plan integral” que atienda las necesidades del consumo del conjunto de la población; el asiento en la inversión productiva, principalmente del Estado, y un estricto control del comercio exterior, haciendo que todas las operaciones de exportación/importación pasen por el Banco de la Nación Argentina.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2020

Firmas: Claudio Katz; Eduardo Lucita; Julio C. Gambina; Gabriela Roffinelli; Enrique Elorza; Luis Lafferriere; Mabel Thwaites Rey; Lucas Castiglioni; Matías Artese; Javier Echaide; Francisco Cantamutto; Luciana Ghiotto; Daniel Campione; Beatriz Rajland; Liliana Costante; Demián García Orfanó; María Elena Saludas; Sergio Arelovich; Pablo Bergel; Andrea C. Haro Sly; Mariano Feliz; Alejandro Marcó del Pont; Silvana Paris; Matías Piatti; Facundo Nahuel Martín; Cecilia Piérola; Rosario Escola; Martín Mosquera; Jorge Sorda; Arturo Blatezky; Eduardo Gruner. Alberto Jozami.

 

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