El nuevo imperialismo y la geopolítica del despojo en Colombia

Ese nombre es para los bobos colombianos. Eso se llama Ofensiva al Sur o Estrategia Andina. Así le puso el Departamento de Estado. Y a Colombia, a los seis meses, se lo vendieron con el nombre de Plan Colombia”.

Citado en El tiempo

En este artículo queremos resaltar las características que ha asumido la geopolítica del despojo en Colombia, un asunto que puede ser entendido en sus reales dimensiones a partir de los rasgos del Nuevo Imperialismo. Para efectuar este análisis hemos dividido esta presentación en dos partes. En una primera se mencionan ciertos aspectos de ese nuevo imperialismo, centrándonos en la importancia de América Latina en la guerra mundial por los recursos, que está en marcha en estos momentos, y la función que cumple el “imperialismo ecológico”, como expresión de la expropiación y el despojo de los bienes comunes. En una segunda parte, se estudia el Plan Colombia, la militarización y la contrainsurgencia impulsada por los Estados Unidos, para señalar los elementos tradicionales del viejo imperialismo, ligadas en forma directa con la ocupación de los territorios. Terminamos este punto con una breve reflexión sobre un tipo particular de ciencias sociales, instrumentalizadas como medios para justificar y legitimar el despojo.

Primera parte: el imperialismo y la guerra mundial por los recursos

El nuevo imperialismo

Después de 1989 se impuso la vulgata de la globalización, la cual da por ciertas e indiscutibles lugares comunes, entre los que sobresalen el fin del Estado y la nación, la desaparición de centros y periferias, el fin de las fronteras, la libre movilidad de todo lo existente. Al mismo tiempo se anuncia que sería el fin de la historia y tendría un carácter irreversible, por la superioridad intrínseca del capitalismo. Los cultores de la globalización reverencian a la técnica, convertida en la panacea para solucionar los problemas de la humanidad, sin considerar las contradicciones inherentes a una determinada relación social y manifiestan su desprecio por la política y por las posibilidades de acción de los sujetos sociales, que estarían constreñidos por el carácter irreversible de las “leyes de la globalización”.

Al adoptar el vocablo de la globalización se niega la desigualdad e injusticia predominantes en las relaciones internacionales, que están ligadas a la lógica de acumulación del capital. Como resultado se describe un mundo de armonía y “paz perpetua”, como si en verdad existiera.

En lugar del término ligero de globalización, y algunos de sus complementos como Imperio, hablamos de imperialismo, un concepto que ha sido desterrado del vocabulario sociológico, económico y político en las últimas décadas. El ostracismo del concepto de imperialismo del lenguaje teórico de las ciencias sociales tiene, desde luego, una explicación relacionada con el mismo sentido del término, siempre usado para señalar el carácter opresivo y explotador en las relaciones internacionales.

El imperialismo se ha modificado, en concordancia con las transformaciones del capitalismo realmente existente en las últimas décadas. El asunto es si esas transformaciones han modificado su carácter, dando origen a otra realidad y a otra época, o si son modificaciones inscritas en un mismo proceso, en el que se preservan las características fundamentales de esa realidad capitalista e imperialista. Que se han presentado cambios significativos con respecto a la situación imperialista anterior a la Primera Guerra Mundial —que produjo los análisis teóricos más valiosos sobre el fenómeno del imperialismo— es indudable, pero pensar que en el mundo actual no subsiste ninguno de los rasgos clásicos del imperialismo es ya ir muy lejos. En estos momentos asistimos al reforzamiento de la dominación imperialista en el sentido más estricto de la palabra, como lo indican los hechos prácticos de los últimos años, entre los cuales uno de los más evidentes es la guerra permanente de los Estados Unidos contra el mundo periférico: Panamá, 1989; Iraq, 1991-2006; Yugoslavia 1998-1999; Afganistán 2001-hoy; Venezuela, 2002-hoy; Haití, 1990-2004; Libia, 2010… Estos hechos, sólo para mencionar los casos más evidentes de agresión imperialista de los Estados Unidos, deberían cuestionar las trivialidades de la vulgata globalística.

Nuevo imperialismo, según la definición de autores como David Harvey, John Bellamy Foster y Robert Biel, en sendos libros que llevan ese mismo título, hace referencia a novedosos rasgos del imperialismo de nuestros días[1]. Entre esas características debe destacarse la explotación intensiva del trabajo en el Sur y el Este del mundo, puesto que la expansión imperialista se ha convertido en un mecanismo tendiente a aumentar las tasas de ganancia mediante una mayor explotación de la fuerza de trabajo de los países periféricos. Este aspecto viene acompañado de una dominación de espectro completo, en la que se encuentran interrelacionados aspectos políticos, militares, económicos, ambientales, culturales, ideológicos y comunicacionales, cuyo objetivo supremo radica en mantener en funcionamiento el capitalismo a escala mundial, manteniendo las diferencias estructurales entre centros y periferias, en concordancia con la división internacional del trabajo.

Ahora se generaliza la acumulación por desposesión, como mecanismo imperialista privilegiado para apropiarse de bienes comunes de tipo natural, impulsar nuevas formas de cercamiento, y privatizar las riquezas públicas, pero lo fundamental es la explotación del trabajo, como mecanismo de valorización y de acumulación de capital. Al mismo tiempo, y ante el agotamiento de materiales y fuentes de energías fósiles, adquiere dimensiones renovadas el imperialismo ecológico, una de cuyas expresiones es la guerra mundial por los recursos, no declarada ni reconocida en forma oficial, y que sitúa al mundo periférico como uno de los escenarios de esa guerra.

Por ello, en la cruzada neo-imperialista participa un enjambre de funcionarios de las potencias dominantes y de sus empresas, entre los que sobresalen científicos, académicos, investigadores, técnicos, médicos, antropólogos, geógrafos, revestidos con un carácter de pretendida cientificidad filantrópica para allanar el camino que permita la apropiación de la biodiversidad, del agua, de las semillas, de los bosques, de los minerales y de los bienes comunes de tipo natural y cultural que encuentren a su paso.

En esa guerra por los recursos, no declarada ni reconocida en términos explícitos, pero que se desarrolla todos los días en diferentes escenarios bélicos con intervenciones militares directas, como lo ejemplifican los casos de Libia y Siria entre los más recientes, juega un papel central la interrelación entre los intereses de las grandes empresas multinacionales con sus respectivos Estados, puesto que las primeras son los agentes que en los territorios se apropian de los bienes comunes y obtienen beneficios tanto por la extracción de recursos, como por la financiarización de los mismos. De igual forma, como en la época del imperialismo clásico, la economía mundial se encuentra dominada por unos cuantos oligopolios, radicados en los países imperialistas, que controlan los sectores clave de la actividad productiva y especulativa (biotecnología, industria de armas, informática, producción y comercialización de alimentos, sistema bancario….).

En los territorios de los países subordinados el despojo se efectúa mediante la militarización intensiva, en la que participan en forma conjunta las tropas y asesores militares de los Estados Unidos, así como sus mercenarios, junto con los ejércitos locales, que como el colombiano ha sido un agente activo no solo en la guerra contrainsurgente sino en el papel de despejar los lugares donde se adelanta el despojo y la expropiación de los bienes comunes y propicia la expulsión de las poblaciones locales.

Este proceso de despojo viene acompañado de una intensa propaganda por parte de los medios corporativos de desinformación, que ensalzan y justifican las guerras, y son los portavoces directos de los intereses imperialistas (de empresas y estados) y a su vez son los principales propagadores de la pretendida globalización, para enmascarar los verdaderos intereses en juego y las nuevas y viejas formas de sojuzgamiento y dominación imperialistas. En el ámbito de la propaganda es abrumador el dominio de la comunicación imperialista, con sus mentiras para justificar agresiones y saboteos en el sur del mundo, como lo demuestra en estos momentos el caso emblemático de Venezuela, sometida a una guerra de cuarta generación, en la cual desempeña un rol esencial la guerra cultural y mediática.

En fin, el nuevo imperialismo representa una combinación de los viejos procedimientos imperialistas, nunca abandonados, como la militarización y la invasión directa cuando sea necesaria, con nuevos mecanismos de despojo y sometimiento, entre ellos la imposición del recetario neoliberal y del libre comercio. El nuevo imperialismo, que expresa los intereses del gran capital financiero-monopolista, suele camuflarse como “humanitario” y sostener que sus guerras son “justas” y se hacen a nombre de la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Esos apelativos retóricos son los apodos que se usan para referirse al petróleo, a los minerales, al agua y a la biodiversidad, indispensables como nunca para garantizar el funcionamiento del capitalismo central, mientras que gran parte del sur del planeta se hunde en la miseria y la destrucción ambiental. Decir que Estados Unidos, por ejemplo, busca implantar la democracia en Venezuela significa simple y llanamente que se quiere apropiar del petróleo que allí se encuentra. En este caso, democracia es el término que los intelectuales del nuevo imperialismo utilizan para referirse al petróleo, la savia vital que alimenta ese tren irrefrenable de consumismo derrochador y contaminante que no puede detenerse, como lo es el capitalismo realmente existente.

América Latina y la guerra mundial por los recursos

El capitalismo de nuestros días requiere materiales y energía para satisfacer las exigencias de producción y consumo de los países centrales, así como de las clases medias del resto del mundo, entre ellas las de China, India, Rusia… Para producir automóviles, aviones, tanques de guerra, computadores, celulares, neveras, televisores, generalizar la comida chatarra y garantizar la permanente innovación tecnológica se precisa de metales y otros recursos minerales.

Tres razones determinan el control de los recursos: demanda creciente, escasez y disminución de algunos de ellos, y competencia por su dominio. En cuanto a la demanda, esta aumentó en las últimas décadas, como resultado de las innovaciones tecnológicas, el incremento de la producción y el consumo de los productos que lanzan al mercado las multinacionales de la industria microelectrónica. Respecto a las carencias, han disminuido las reservas de importantes recursos, en virtud de su explotación intensiva y su consumo desaforado. Y la competencia se hace más feroz con el aumento de la demanda y la disminución de bienes comunes, como el petróleo.

Estados Unidos gasta el 30 por ciento de los recursos mundiales, lo cual es refrendado por su poder militar, para asegurar el aprovisionamiento de materias primas y energía, hasta el punto de que ha proclamado como un asunto de seguridad nacional el acceder libremente a las fuentes de petróleo y de materias primas estratégicas, entre las que se incluyen las que son indispensables para producir mercancías microelectrónicas, como el coltán, por cuya apropiación se libra una guerra devastadora en distintos lugares de África (especialmente en la República Democrática del Congo), que ha causado millones de muertos en los últimos años[2].

Desde hace décadas se anuncia la reducción del abastecimiento interno de materiales y energía en los Estados Unidos y se recalca su creciente dependencia del mercado externo. Según Spencer Abraham, uno de los Secretarios de Energía del gobierno de George Bush II, su país “enfrenta una crisis de suministro de energía mayor durante las próximas dos décadas. El fracaso para encarar este desafío amenazará la prosperidad económica de nuestra nación, comprometerá nuestra seguridad nacional y literalmente alterará la forma en que nosotros llevamos nuestras vidas”[3].

Estados Unidos tiene una dependencia estructural de recursos minerales: con el 4% de la población del orbe, cuenta con el 2% de las reservas mundiales de petróleo y sólo produce el 9% del petróleo mundial, mientras consume el 26%, lo que equivale a 21 millones de barriles diarios, de los cuales importa más de la mitad; consume el 45% de las gasolinas de todo el mundo y el 26% del gas. El petróleo procede en su orden de los siguientes lugares: de Arabia Saudita y Canadá el 35%, de América Latina el 33%, de los países miembros de la OPEP el 32%. El petróleo que posee Estados Unidos sólo le alcanza para 11 años, pero si consumiera únicamente sus reservas le durarían cuatro años[4].

Estados Unidos depende del ciento por ciento del  arsénico, columbo, grafito, manganeso, mica, estroncio y talantium; del 99 por ciento, de la bauxita y alúmina; del 98 por ciento de piedras preciosas; del 95 por ciento de diamantes industriales y asbestos; del 94 por ciento del tungsteno; del 91 por ciento del grupo de metales del platino; del 84 por ciento del estaño; del 79 por ciento del cobalto; del 75 por ciento del cromo; del 66 por ciento del níquel; del 88 por ciento del flúor; del 86 por ciento de tántalo; del 82 por ciento de barita; del 74 por ciento de potasio; del 62 por ciento de antimonio; del 50 por ciento de cadmio. Estados Unidos depende del exterior de todos los recursos no renovables, que van desde la A, de alúmina, hasta la Z, de Zinc[5].

En un documento del 2008, el Pentágono clasificó los minerales en estratégicos, críticos y esenciales. Los estratégicos son indispensables para preservar la hegemonía mundial, aunque sus reservas son limitadas o difíciles de conseguir. Los minerales críticos también son estratégicos y generan ventajas en el terreno militar, como sucede con el berilio que se usa en las cabezas nucleares. Finalmente, los esenciales son aquellos que como el hierro y el cobre permiten el funcionamiento de la economía en general.

La importancia estratégica de América Latina

En la guerra mundial por los recursos, América Latina es uno de los principales campos de batalla porque suministra el 25 por ciento de los recursos naturales y energéticos que necesitan los Estados Unidos. Además, los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que se encuentra el 25 por ciento de los bosques y el 40 por ciento de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27 por ciento del carbón, el 24 por ciento del petróleo, el 8 por ciento del gas y el 5 por ciento del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 por ciento de la potencia hidroenergética mundial.

En conjunto, América Latina, con el 12 por ciento de la población mundial, tiene el 47 por ciento de las reservas de agua potable del mundo. El Acuífero Guaraní en el Cono Sur del continente tiene 1.194.000 km2 y supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntos. En cuanto a petróleo y gas se refiere, Venezuela tiene 30 años de reservas para seguir explotando, además posee petróleo asfáltico, lo cual las aumenta; Bolivia posee importantes recursos de gas, 27 trillones de pies cúbicos, que alcanzaría para exportar hasta el 2024; además, pueden existir grandes reservas de hidrocarburos en Guatemala, Costa Rica y Ecuador, entre otros países de la región.

La Amazonía, con una extensión de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, alberga la mayor reserva de bosques tropicales del planeta (56 por ciento) y posee una gran variedad biológica de ecosistemas, especies y recursos genéticos. Allí se encuentra un millón y medio de especies conocidas y se estima que en total puede albergar más de diez millones de especies. Por el Amazonas y sus más de 7.000 tributarios corren 6.000 billones de metros cúbicos de agua por segundo. Adicionalmente, genera el 40 por ciento del oxígeno mundial  y absorbe la mayor cantidad de carbono, en razón de lo cual, y con sobrados méritos, se le denomina el “pulmón del planeta”.

Varios países de América del Sur son fundamentales por los minerales que se encuentran en sus suelos. Entre esos sobresalen Chile, Perú y Bolivia. En estos países se encuentran las reservas más grandes de Cobre, de litio y de estaño. Chile y Bolivia son países mineros desde fines del siglo XIX y ahora Perú ha sido incorporado a la división internacional del trabajo como un nuevo país minero. Posee unos 40 metales diferentes, siendo el tercer productor mundial de cobre, zinc y estaño y el primer productor del mundo en plata, quinto en oro y cuarto en plomo. Con relación a toda América Latina, Perú es el primer productor de oro, plomo, plata, zinc, uranio y estaño y el segundo productor de Cobre, después de Chile. En cuanto a la plata, Perú posee el 30 por ciento de las reservas mundiales. Por su parte, con un 37 por ciento de las reservas, Chile es el primer productor y exportador mundial de cobre.

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Con estos datos queda claro que América Latina no es poca cosa en la lucha mundial por los recursos y de ahí la prioridad estratégica de los Estados Unidos por asegurarse su control, cosa que hoy se ha tornado algo complicada por la emergencia de ciertos gobiernos indóciles, que configuran lo que los ideólogos de Washington denominan el “eje del mal”, o “el arco de la inestabilidad regional”.

En estos momentos ha vuelto a cobrar importancia el esquema colonial de división internacional del trabajo, que se basa en la explotación minera, de tipo intensivo y depredador, de los países de América Latina. Esto ha implicado que compañías multinacionales provenientes de Canadá, Europa, China, se estén apoderando como en los viejos tiempos de la colonia de grandes porciones territoriales del continente, donde se encuentran yacimientos minerales.

Para facilitar la incursión de los “nuevos conquistadores” en nuestros países, las clases dominantes a escala local se convierten en los peones de las multinacionales, con el objeto de facilitar en todos los ámbitos -laboral, jurídico, territorial, tributario y ambiental- que esas empresas expropien los bienes comunes y se los lleven, a nombre del desarrollo y el progreso. Para favorecer a esas compañías se modifican las constituciones y la legislación interna, y se les conceden exoneraciones tributarias, ventajas ambientales y apropiación de grandes cantidades de tierras y aguas.

Colombia, por su parte, tiene una envidiable posición geográfica en el norte de Sudamérica y es el único país de esta parte del continente con costas en los dos océanos que bañan la región, el Atlántico y el Pacífico. Colombia tiene vínculos geográficos con Sudamérica y la zona andina, de un lado, y con Centroamérica y el caribe, de otro lado. Es un territorio con una notable diversidad geográfica, que cuenta con tres cordilleras, cinco regiones naturales –si nos atenemos a una definición tradicional, un poco obsoleta. Es uno de los pocos países del mundo que posee ecosistema de paramos, una importante fuente hídrica, entre ellos el imponente Paramo del Sumapaz. La biodiversidad que se halla en Colombia lo convierte en un territorio privilegiado, siendo el quinto país en el mundo en número de aves, el segundo en mamíferos, el tercero en reptiles, el quinto en anfibios, el cuarto en peces, el tercero en mariposas, el cuarto en plantas superiores….

Aunque Colombia no sea un país que se distinga por tener una riqueza mineral o de hidrocarburos similar a la de otros países de la región, como Venezuela, Bolivia, Perú o Chile, sus reservas de carbón, oro y níquel son importantes en América Latina. Al mismo tiempo, el país cuenta con importantes fuentes de agua y en algunas zonas, como en el Choco llueve durante casi todo el año, lo que convierte a la selva del pacífico en un paraíso de agua y diversidad biológica, como pocos lugares en el planeta tierra. En Colombia, un país tropical, se combina la biodiversidad con las reservas de agua dulce, puesto que las zonas megadiversas producen lluvias y atraen la humedad atmosférica. Por estas circunstancias naturales, a las que se deben agregar las razones de tipo político y militar, Colombia es un pivote geoestratégico para el imperialismo estadounidense.

Geopolítica del despojo e imperialismo ecológico

El despojo como práctica constante de la acumulación de capital, de la expansión imperialista y de las viejas y nuevas formas de dominación, tiene como objetivo -para los poderes imperialistas y sus súbditos locales en cada país- apropiarse de la tierra, los minerales, el agua y la biodiversidad, porque requieren controlar las fuentes de materia y energía que hacen posible el funcionamiento del capitalismo.

Los territorios culturales de nuestra América y de Colombia poseen una extraordinaria riqueza natural, acompañada de una horrorosa miseria social, que nos coloca como una región vital para que pueda reproducirse el metabolismo ecocida del capitalismo mundial. En consecuencia, el nuevo imperialismo se despliega en este lugar del mundo.

Para apropiarse de los bienes comunes de tipo natural se emplean diversos instrumentos (la “combinación de todas las formas de lucha” por parte del imperialismo y el capitalismo): legales, jurídicos, económicos, culturales, ideológicos, sociales, todo con el fin de legitimar el despojo y hacerlo tolerable y aceptable. Como el despojo “legal” y consentido no es suficiente, se recurre al uso de la fuerza bruta mediante la represión y la militarización de los lugares en donde se encuentra bienes comunes y existen potenciales o activas formas de rebelión y resistencia.

Estados Unidos y sus súbditos locales tienen claro que para asegurar la apropiación de los bienes comunes no basta con las “garantías jurídicas” que le vienen otorgando desde hace varias décadas diversos estados del continente, mediante la firma de Tratados de Libre Comercio. No, la garantía de que sigan fluyendo la energía y la materia hacia el centro imperialista es militar, y para ello, los Estados Unidos ha construido un sistema de bases militares en el planeta entero, en los territorios culturales de nuestro país y en el resto del continente.

Los nuevos piratas imperialistas han convertido a la biodiversidad en su principal botín. La biopiratería se encubre con máscaras de respeto, de defensa y de conservación de ecosistemas y del medio ambiente natural, con lo cual resulta más fácil llevar adelante la labor de saqueo y expolio de la naturaleza y de los bienes comunes. Por ello, se habla de corredores biológicos y las empresas transnacionales y los estados imperialistas se enmascaran con nombres filantrópicos que las pintan como defensoras de la biodiversidad.

El control de la biodiversidad y del agua resulta indispensable, por lo que no es extraño que los corredores biológicos del continente latinoamericano sean también zonas de despliegue del Comando Sur. Éste, conjuntamente con las demás instituciones del sistema de neocolonización, o sistema de guerra en red, pretende ir de las Guerras de Baja Intensidad a las Guerras de Espectro Completo, en las cuales existe una amplia interconexión entre empresas privadas, universidades, instituciones estatales, internacionales y multinacionales, ONG, transnacionales y centros de investigación militar. Esta interconexión dificulta el entendimiento de las dinámicas de la guerra, porque resulta encubierta con un sinnúmero de máscaras ideológicas y propagandísticas, entre ellas las del “proteccionismo” ambiental.

Por ejemplo, como parte de la función geoestratégica de los Sistemas de Información Geográfica, en el 2000 la World Wildlife Foundation (WWF) y Terralingua, un grupo especializado en la investigación etnolingüística, publicaron un mapa en el cual se evidencia, a nivel mundial, la relación existente entre diversidad biológica y lingüístico-cultural, en tanto que en la gran mayoría de eco-regiones prioritarias habitan grupos con características lingüísticas únicas. De ahí puede inferirse la importancia del manejo cultural de la naturaleza para el funcionamiento de estas ecorregiones. A partir de esta investigación, la WWF prioriza el trabajo con comunidades indígenas tradicionales, con el objetivo de conocer las formas de manejo ecosistémico de cada cultura e introducirlas en las 238 ecorregiones que han sido catalogadas como representativas en todo el planeta.

Este nuevo enfoque de la “conservación” busca integrar la investigación de las áreas de las ciencias naturales y sociales como herramientas principales en la recolección de datos, catalogación y manejo de recursos biológicos desde la perspectiva del “desarrollo sostenible”, con el objetivo de comercializar estos conocimientos, sin garantizar que sea preservado, sino simplemente que sirva al capital transnacional.

Para hacer posible el proyecto de apropiarse de la biodiversidad, del agua, de las semillas, de los minerales, de los bosques y de aquello imprescindible para asegurar el funcionamiento del capitalismo, las grandes potencias, encabezadas por Estados Unidos, recurren a los “viejos” mecanismos de la dominación imperialista, entre los que se destaca la militarización, la contra-insurgencia y el establecimiento de bases militares, como lo analizamos en la segunda parte de este ensayo.

Segunda parte: los instrumentos del despojo en Colombia

Plan Colombia: recolonizacion en marcha

Desde el momento en que se concibió el Plan Colombia en 1999, durante el segundo mandato de Bill Clinton (1991-1999), quedó claro que este era un programa contrainsurgente, cuyo objetivo principal consistía en fortalecer las fuerzas represivas del Estado colombiano, seriamente debilitadas por los golpes de la insurgencia de las FARC en la segunda mitad de la década de 1990. Mientras se efectuaban los diálogos en el Caguán, el gobierno del conservador Andrés Pastrana, como éste lo ha reconocido después, impulsaba una reingeniería de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de sabotear esos diálogos y asumir una nueva fase de la guerra, de tierra arrasada, bajo la tutela de los Estados Unidos.

El Plan fue elaborado en los Estados Unidos, tanto que su redacción original fue en inglés, y en su aprobación desempeñaron un papel principal los productores de armas y artefactos bélicos, puesto que ellos serían los principales beneficiarios, como en efecto lo han sido, de la “ayuda” militar de los Estados Unidos.  Los “industriales de la muerte” de Estados Unidos hicieron lobby para que fuera aprobado el Plan, en el que han ganado por partida doble: con el dinero de dicho Plan tienen asegurada la compra de armas y el dinero de la pretendida ayuda de los Estados Unidos regresa directamente a ese país, a través de las empresas productoras de armas.

Debe resaltarse el carácter contrainsurgente del Plan Colombia, aunque en principio, antes de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se le presentó como un instrumento en la lucha contra las drogas. A su vez, la política contrainsurgente, en la que coincidieron los cipayos criollos y sus amos estadounidenses, se convertía en el medio para recolonizar a Colombia. Esto es necesario recalcarlo, porque a dos décadas del comienzo del Plan Colombia, gran parte de los balances lo siguen examinando como si hubiera sido diseñado para enfrentar la producción y comercialización de narcóticos. Quienes se centran en este asunto señalan que ha sido un fracaso, porque en Colombia se sigue produciendo cocaína que fluye rauda hacia el exterior.  Esto es desviar la atención sobre la magnitud de los crímenes que se derivan de la aplicación del Plan Colombia, un resultado directo de la contrainsurgencia y de la nueva colonización.

En el caso de la “guerra contra las drogas”, es dudoso suponer que a Estados Unidos le interesa que se acabe la oferta de narcóticos, ya que eso es un pretexto permanente que justifica sus intervenciones en diversos países del mundo (Colombia, México, Afganistán, para recordar algunos de los ejemplos emblemáticos). Por ello, no sorprende que todavía Colombia siga siendo el primer productor mundial de cocaína y los negocios alrededor de la misma se hayan expandido por el sur y el centro del continente, aunque en forma rutinaria cada año, desde que el Plan Colombia, entró a operar funcionarios del gobierno colombiano anuncien en forma triunfal que está disminuyendo el área sembrada con hoja de coca y, como derivación, la producción de cocaína. Esos son simples anuncios demagógicos para la galería, porque ha aumentado la producción de cocaína procedente de Colombia, aunque incluso se hubiese reducido el área sembrada, por la sencilla razón que ha aumentado la productividad por hectárea.

Al margen de esta realidad, la trampa analítica consiste en aceptar que el Plan pretendía solucionar el problema del tráfico de narcóticos, lo que es quedarse en el terreno de las apariencias, sin ir al fondo de la cuestión, y creer a pie juntillas lo que literalmente se dice en los documentos oficiales del Plan. En verdad con el Plan se abrió una puerta de entrada al Comando Sur de los Estados Unidos que con la excusa de efectuar operaciones antinarcóticos se expandió militarmente en territorio colombiano, para lo cual subordinó a sus objetivos a las fuerzas armadas de Colombia.

Para implantar el Plan Colombia en los Estados Unidos los ideólogos de la dominación imperialista efectuaron un diagnóstico-justificación que sostenía que Colombia era un “Estado fallido” a punto de colapsar y lo único que lo podía impedir era un apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas, para recuperar la presencia de ese Estado en todos los rincones de la geografía colombiana. En esa dirección, era evidente el sesgo militarista del Plan, ya que para sus gestores era indispensable implementar medidas represivas tendientes a destruir las bases sociales de la insurgencia, sobre todo en el sur del país, so pretexto de estar atacando al corazón de la producción de cocaína. El militarismo lo evidenció la presencia activa del Comando Sur de los Estados Unidos, cuyos comandantes diseñaron una estrategia encaminada a fortalecer a las Fuerzas Armadas, pese a que estas estuvieran completamente desprestigiadas a los ojos de Washington. En informes secretos de la década de 1990 distintos funcionarios de los Estados Unidos aseguraban que “los militares tienen una historia de asesinar a civiles de izquierda en zonas guerrilleras, de cooperar con grupos paramilitares vinculados al narcotráfico en ataques contra supuestos simpatizantes de la guerrilla y de matar a combatientes capturados”. Asimismo, consideraban “a los militares colombianos como una organización criminal”, que “eran poco profesionales, ineficientes y no rendían cuentas”[6].

Pues a esos militares fue a los que Estados Unidos destinó la mayor parte de los fondos del Plan Colombia, por lo que no sorprenden sus nefastos resultados en materia de violación de los Derechos Humanos durante los últimos quince años, entre los que sobresalen el asesinato de civiles desarmados, presentándolos como “terroristas dados de baja en combate”, en lo que pasó a denominarse con el eufemismo de “falsos positivos”.

Al aprobar el Plan Colombia y reforzar el poder bélico, operativo y financiero de las Fuerzas Armadas en este país, Estados Unidos sabía a quién estaba respaldando, por qué y para qué. Apoyaba a un Estado y a un Ejército incondicionales, anticomunistas, ligados al paramilitarismo y con un verdadero prontuario criminal. No estaban apoyando a “mansas palomas”, tal como lo denunció Amnistía Internacional en el 2006: “Ya no cabe ninguna duda de que Estados Unidos suministra armas y municiones a unidades militares colombianas con un historial de haber asesinado civiles inocentes que no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas”[7].

Siempre que los Estados Unidos intervienen militarmente en algún lugar del mundo, y lo hacen cada vez con más frecuencia, piensan en los beneficios que puede obtener, porque recordemos que esa potencia imperialista “no tiene amigos sino intereses”. Desde luego, Colombia no podía ser la excepción y la oportunidad de intervenir en forma directa en nuestros asuntos se presentó a finales de la década de 1990, so pretexto de librar otra batalla de la guerra contra las drogas, pero que en el fondo tenía el objetivo de evitar el avance de las fuerzas insurgentes.

Además, en un momento en que se debilitaba su presencia en América Latina, y particularmente en América del Sur, por la irrupción de Hugo Chávez en la política continental, Colombia se convirtió en el Israel de la región, en su principal base militar (con presencia no en siete bases, como se suele decir, sino en más de 40 lugares del territorio colombiano). Eso explica la inversión militar en el país, que alcanzó sus niveles más altos de toda su historia, hasta convertirnos en el tercer país del mundo con mayor “ayuda militar” de los Estados Unidos.

Dicha “ayuda” benefició directamente a empresas de los Estados Unidos, en la medida en que los dólares entregados a los gobiernos colombianos se destinan a comprar helicópteros, aviones, tanques, preparar personal para conducirlos y mantenerlos, abastecerse de repuestos, adquirir químicos para la aspersión de glifosato, todo lo cual es vendido por empresas de ese país.

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Esa “ayuda” significó el arribo a territorio colombiano de centenares de militares y mercenarios de los Estados Unidos, llamados en forma encubierta con el nombre de “contratistas”,  que pueden hacer lo que se les venga en gana y gozan de completa impunidad. Gran parte de esos mercenarios piloteaban las naves que fumigaban con glifosato en diversas regiones de Colombia. A esos mercenarios solo les importa lo que les pagan y la mayoría de ellos ni siquiera sabe dónde queda Colombia.

La intervención estadounidense logró que se aprobara un indignó tratado de libre comercio, que abrió aún más las puertas del país a las inversiones de las multinacionales Se consolidó el neoliberalismo en todas las actividades de la vida nacional, se privatizaron las empresas públicas, regaladas a capital transnacional, hasta el punto que quedan pocas empresas estatales por privatizar, entre ellas las universidades, aunque en algunas de ellas, como La Nacional y la de Antioquía se haya avanzado bastante en esa dirección.  En últimas, se impuso la agenda económica de Washington, de tal forma que la economía colombiana se sometió a los requerimientos del capital transnacional, bajo la hegemonía del sector financiero, acentuó la desindustrialización y convirtió al país en un exportador de bienes primarios de tipo mineral.

Para completar, el costo económico del Plan Colombia ha sido asumido en su mayor parte con recursos provenientes del país y no de los Estados Unidos. En efecto, un Ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Carlos Villegas, reconoció sin pudor alguno que ese Plan ha costado la descomunal cifra de 120 mil millones de dólares, del que Estados Unidos colocó solamente 10 mil millones, es decir, menos de un diez por ciento[8]. En plata franca, el costo de la guerra ha sido asumido por la población colombiana, mediante impuestos que se destinan a mantener una poderosa máquina de guerra. Con la cifra mencionada se habrían podido solucionar gran parte de los problemas sociales del país (educación, salud, agua potable, desnutrición…), pero claro eso no es importante ni está en la agenda ni del bloque de poder contrainsurgente en Colombia ni de los Estados Unidos.

El costo humano del Plan Colombia muestra un saldo de terror y destrucción, que no se puede ocultar: 26 mil colombianos muertos en combate, y una cifra similar de muertos de la población civil;  desplazamiento forzado de tres millones y medio de campesinos, del total de seis millones que se contabiliza desde 1985; robo de más de un millón de hectáreas por parte de viejos y nuevos terratenientes; fumigación con glifosato, una sustancia cancerígena, en miles de hectáreas de diversas regiones del país; incremento del paramilitarismo, que efectuó masacres y aterrorizó a la población, en alianza directa con las fuerzas armadas y sectores de las clases dominantes;  asesinato de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos por el DAS y otros organismos del Estado; cinco mil colombianos asesinados por las fuerzas armadas, en lo que se conoce con el eufemismo de “falsos positivos”; según la ACNUR, en la actualidad 350 mil colombianos están refugiados en el exterior o solicitan asilo por la represión política interna; militares de los Estados Unidos violaron a 54 niñas y jóvenes colombianas en inmediaciones de Melgar y Girardot… Estos datos muestran que, para la población colombiana, principalmente del campo, el Plan Colombia ha sido un exitoso programa de muerte.

La “profesionalización” de los militares colombianas como asesinos en serie no solamente la ha sufrido la población colombiana, sino que ahora aquéllos son una mercancía de exportación (forman parte de las llamadas “exportaciones no tradicionales”, que tanto alaban los neoliberales y los gobiernos y empresarios colombianos). Por eso, los militares nacidos en este país, preparados y adiestrados por los Estados Unidos hoy son contratados en diversos lugares del mundo, como un ejemplo de exportación de mercenarios.

La utilización de mercenarios colombianos ya es un hecho, como se comprueba con la muerte de seis de ellos en Yemen en diciembre de 2015, cuando combatían a nombre de los Emiratos Árabes Unidos, que a su vez los había contratado a la empresa privada de los Estados Unidos, Blackwater. Cuando se conoció esa noticia se supo que había al menos 800 mercenarios colombianos en Yemen, que han sido contratados por dicha empresa[9]. Estos son algunas de las consecuencias “ocultas” del Plan Colombia de las que no se suele hablar, que en la práctica significa que el “aprendizaje” contrainsurgente sobre el terreno de la guerra en nuestro país ya se usa en otras latitudes, a través de sicarios y mercenarios de Colombia.

El Plan Colombia convirtió a las Fuerzas Armadas de Colombia en un sector muy poderoso, que ha manejado a su antojo, y como un botín privado, los recursos económicos de la “ayuda” de Estados Unidos, lo que generalizó la corrupción y el despilfarro. Y la guerra contrainsurgente no logró su objetivo principal: eliminar a las FARC y el ELN, pese a que en ese Plan de Muerte se hayan invertido 120 mil millones de dólares.

A esto habría que agregar que la “parte civil” del Plan Colombia significó la entrada por la puerta grande de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), una entidad que se camufla como civil, pero que es una tapadera de la CIA. La USAID ha venido acompañada de cientos de ONG, internacionales y locales, con el pretendido propósito de defender los derechos humanos, la denominación con la que camuflan su objetivo de servir de avanzada de la nueva colonización en marcha en Colombia. Adicionalmente, y como para que no quede duda de los verdaderos objetivos de USAID, por medio de esa agencia se canalizaron dineros que terminaron en manos de paramilitares en la Costa Atlántica para sembrar palma aceitera[10]. ¡A eso es a lo que se llama generar confianza inversionista y apoyar a emprendedores de éxito!

Debido a su carácter contrainsurgente, el Plan Colombia está asociado a las nuevas formas de acumulación de capital, esto es extracción mineral, construcción de megaproyectos, explotación intensiva de bienes naturales, impulso a obras de infraestructura, apropiación de la tierra para proyectos agroindustriales…

La falaz guerra contra las drogas

Como parte de la ficticia “guerra contra las drogas” que libra Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas, Colombia se ha convertido en uno de los principales campos de batalla a nivel mundial. Nuestro país ha sido escogido, y para eso ha sido fundamental la participación del Estado y del bloque de poder contrainsurgente, como uno de los laboratorios privilegiados en esa guerra, como lo ejemplifica la fumigación aérea contra los cultivos de “uso ilícito”, que se viene desarrollando desde 1994. Colombia es el único país del planeta en donde se mantuvo por más de veinte años esa estrategia de lucha contra la producción de las plantas que generan la materia prima de la cocaína, principalmente. Y aunque se suspendió en la fase final del gobierno de Santos, ahora se anuncia su reanudación por el gobierno de Iván Duque, cumpliendo las órdenes que vienen desde los Estados Unidos.

Lo significativo es que uno de los programas banderas, impulsado por los Estados Unidos, para erradicar la producción de narcóticos, haya tenido el efecto contrario, como es el de aumentar y dispersar geográficamente la siembra de los cultivos que se anunciaba iban a ser erradicados. En lugar de acabar con la siembra de la hoja de coca, mediante la fumigación aérea, esa política ha terminado arrasando con la selva tropical y ampliando la deforestación, lo que produce daños ambientales irreversibles. Al mismo tiempo, la fumigación aérea es una fuerza de expulsión de la población campesina en los lugares donde se ha llevado a cabo, principalmente en el sur del país.

Desde cuando comenzaron las fumigaciones aéreas en Colombia en 1994 han sido afectadas 1,750.000 hectáreas. Según Ricardo Vargas “Washington ha sido extremadamente hábil al ‘nacionalizar’ las decisiones sobre aspersiones aéreas, construyendo la apariencia que Bogotá es autónomo en esa estrategia, cuando en realidad esas fumigaciones son un punto neurálgico de su política ‘antidrogas’ en Colombia”[11]. En realidad, la fumigación aérea no se inscribe en una pretendida guerra contra las drogas, sino que es una estrategia contrainsurgente, de principio a fin, que criminaliza al pequeño productor campesino, lo somete al estigma y la persecución por verlo como un auxiliar de la guerrilla, como se comprueba con la reciente masacre de Tumaco.

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez la fumigación alcanzó records históricos: el 69 por ciento de todas las hectáreas fumigadas (un total de 1’203.874 hectáreas) del período 1994-2012 se realizó en ocho años. Desde principios de la implementación del Plan Colombia arreció la fumigación, que alcanzó un promedio de 130 mil hectáreas por año y en el 2006 la cifra de 172 mil hectáreas.

En estas circunstancias, el territorio colombiano se ha convertido en “un gran campo de experimentación de agentes químicos, mucho antes incluso del inicio del Plan Colombia. Desde 1978 se ha estado ensayando sucesivamente con diferentes fórmulas: Paraquat, Triclopyr, Tebuthiuron, Imazapyr y Hexaxinona. Su éxito, sin embargo, fue escaso, por lo cual desde 1986 comenzó a utilizarse el herbicida glifosato de la transnacional norteamericana Monsanto”[12].

La fumigación aérea ha tenido consecuencias negativas sobre los pobladores y las regiones que las han suportado. En forma esquemática pueden mencionarse algunas de esas consecuencias: problemas de salud entre las personas de las comunidades directamente expuestas a la lluvia de glifosato, destacándose enfermedades de la piel, de los ojos y estomacales, así como problemas endocrinos; han aumentado las cifras de abortos y malformaciones en los recién nacidos;  contaminación de aguas, tierras y aire, lo que enferma a personas y animales; destrucción de los cultivos de subsistencia (productos de pan coger) para miles de campesinos e indígenas; alteración y destrucción de ecosistemas, incluyendo deforestación, afectando la fauna y la flora, todo lo cual a la larga disminuye la disponibilidad de alimentos. Con toda la impunidad del caso, un funcionario de los Estados Unidos justificaba esos crímenes:

Sabemos que hay problemas de salud, sabemos incluso que hay muertes; pero para nosotros es un costo aceptable. Si para reducir la droga en Estados Unidos es necesario limpiar la frontera de todos esos bandidos pues hay que continuar con la política establecida, para mí todos esos campesinos e indígenas de la frontera son iguales, unos bandidos…[13].

Esta es una argucia racista, porque es evidente, y ese era el objetivo del Plan Colombia, que “[…] la política antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia se redujo al asunto de eliminar la insurgencia. Las campañas antinarcóticos y contrainsurgente se volvieron una sola, mientras que se suprimió estratégicamente el papel de los grupos paramilitares (aliados de los fuerzas militares) en el tráfico de drogas”[14].

Estados Unidos y el paramilitarismo

Estados Unidos está ligado en forma directa con la formación de bandas paramilitares desde comienzos de la década de 1960, cuando la Misión Militar del General Yarborought recomendó al estado colombiano que se recurriera a la constitución de grupos privados para enfrentar lo que se consideraba como el peligro comunista. En esa ocasión se sugirió la eliminación física de esos potenciales enemigos. No es a ese momento que nos referimos en este artículo sino a un hecho más reciente y directamente relacionado con la formación de los paramilitares contemporáneos a mediados de la década de 1980 en el Magdalena Medio. A ese proceso la periodista María Teresa Ronderos lo ha llamado “Guerra Fría en tierra caliente” para significar que la constitución del paramilitarismo en su etapa más reciente y sangrienta es una consecuencia directa de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, para llevar sus prácticas contrainsurgentes y anticomunistas a los diversos lugares del continente latinoamericano, en un momento en que sus esfuerzos se concentraban en derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Colombia fue un punto de lanza fundamental en esa estrategia contrainsurgente por la existencia de diversos movimientos guerrilleros.

La intervención de los Estados Unidos no se dio en forma directa, sino que recurrió a la utilización de mercenarios británicos e israelitas que se convirtieron en los adiestradores y formadores de la primera generación de paramilitares, que se autodenominaron Autodefensas Campesinas. Ese grupo inicial de paramilitares se constituyó como resultado de la acción conjunta de diversos sectores, impulsados por los Estados Unidos, en su esfuerzo por erradicar el comunismo del continente. Se generó un entrenamiento militar por parte de mercenarios extranjeros, que en últimas eran financiados por los Estados Unidos, y contó con la participación de poderosos narcotraficantes, terratenientes y ganaderos, que dieron su impulso a la conformación de este grupo de asesinos. A todos estos sectores los identificaba un visceral anticomunismo, que los llevó a rechazar, por considerarlas intolerables, a las protestas sociales en diversos lugares del país, y a masacrar a miembros de la Unión Patriota, A Luchar y otras fuerzas y a sabotear en forma violenta la elección popular de alcaldes.

La participación directa de los Estados Unidos en la conformación original de los grupos paramilitares aparece en consecuencia diluida, como si no existiera, por la presencia de mercenarios procedentes de otros países, y por la activa y militante presencia de narcos, sicarios, ganaderos y terratenientes, con el apoyo abierto de sectores de las Fuerzas Militares de Colombia. Yair Klein, un mercenario israelí que fue entrenador de los paramilitares afirmó en el 2000 en una entrevista concedida al diario israelí Maariv, que él viajó a Colombia porque fue “invitado” por representantes del gobierno de Estados Unidos. Concretamente indicó: “Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que los Estados Unidos no pueden hacer, porque le es prohibido […], lo hace […] por medio de otros. Obre con licencia y permiso de Colombia”[15].

Esta declaración podría considerarse como un pretexto para eludir responsabilidades individuales, si no fuera porque la experiencia anterior y posterior de mercenarios de Israel se corresponde plenamente con los intereses contrainsurgentes y anticomunistas de los Estados Unidos, como lo demuestra el caso de mercenarios del estado de Israel que actuaron en Centroamérica, entrenando contras en Nicaragua o formando a grupos de torturadores y asesinos en Guatemala y Honduras[16].

Estos grupos de paramilitares, constituidos en la década de 1980, sembraron el terror y la muerte a lo largo y ancho del país en las décadas siguientes, mediante la realización de masacres, asesinatos selectivos, exterminio de organizaciones sociales y políticas de izquierda, lo que ponía de presente que habían aprendido muy bien las lecciones anticomunistas que les habían dictado los mercenarios extranjeros, financiados y auspiciados por los Estados Unidos. Entre los efectos que generaron las acciones paramilitares debe destacarse el desplazamiento de miles de personas en los lugares en donde realizaron sus masacres. Ese desplazamiento de contingentes significativos de la población colombiana, en regiones de notable radicalidad política (como en el Magdalena Medio), está relacionado, aunque no se pueda realizar una comprobación estadística directa, con las políticas contrainsurgentes de los Estados Unidos.

Estados Unidos y la formación de redes de asesinos en las Fuerzas Armadas

A comienzos de la década de 1990 el estado colombiano decidió reorganizar las Redes de Inteligencia, para lo cual contó con la asesoría del Comando Sur de los Estados Unidos, de donde se desprendió la Orden 200-05/91 del Ministerio de Defensa de Colombia en mayo de 1991. “Con base a las recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, se presentó un plan para combatir lo que ellos denominaban “la escalada terrorista por parte de la subversión armada”[17]. La reorganización de estas redes de inteligencia recayó en el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En total se crearon 30 redes en el país, tanto rurales como urbanas. A cada una de las redes se le asignó personal y un oficial en actividad “con gran conocimiento del área, del problema existente, facilidad de tomar contacto con personalidades de la zona y para mantener una fachada.”  Al mismo tiempo, dicho oficial sería asistido por otro “oficial y/o suboficial retirado o en servicio activo y con medios tales como fachada, historia ficticia, vehículo y un sistema de comunicaciones preestablecido. También puede ser un civil con preparación, influencia y digno de confianza”. A las órdenes de este funcionario debían estar los “agentes de control… civiles o Suboficiales desempleados con cierta experiencia y categoría”[18]. La red 07, con sede en Barrancabermeja, tenía jurisdicción en el sur de Bolívar, en parte del Departamento del César y en Barrancabermeja. Operó entre octubre de 1991 y enero de 1993. Esta red se presentó como una empresa que ofrecía servicios técnicos a la Naviera Colombia, con sedes propias y civiles, ubicadas en lugares céntricos de esa ciudad. Esas sedes sólo eran conocidas por los jefes de la red y ciertos agentes de inteligencia, directamente vinculados con la misma. Los sicarios contratados no tenían ningún nexo directo con la Red, con la obvia intención de que éstos no supieran quienes los contrataban para adelantar los atentados, por lo que se les recomendaba “evitar asistir a las instalaciones militares” y que sus contactos e intercambios fueran secretos y “siempre dirigidos por los Comandantes de Brigada”.

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Las acciones emprendidas por la Red, planeadas desde la Central de Inteligencia de la Armada Nacional ubicada en Bogotá, apuntaban a asesinar a líderes sociales y a generar miedo y terror en toda la población. Entre los asesinados por la Red de Inteligencia 07 entre 1991 y 1993 se encontraban defensores de derechos humanos, líderes campesinos, dirigentes sindicales, periodistas, militantes y simpatizantes de movimientos políticos y sociales de izquierda.

Los asesinatos eran el resultado de un engranaje criminal encaminado a frenar la lucha reivindicativa en Barrancabermeja, puesto que fueron asesinados trabajadores de la USO y dirigentes sindicales de otros gremios de la ciudad.

Militarismo y contrainsurgencia: la red de bases militares de Estados Unidos

El control estratégico de los bienes comunes se constituye en una de las premisas de la geopolítica de Estados Unidos, con el fin de perpetuar el capitalismo. En esa medida, la apropiación de la biodiversidad y del agua resulta indispensable, por lo que no es extraño que los corredores biológicos del continente latinoamericano sean también zonas de despliegue militar del Comando Sur.

En el ámbito de la dominación geopolítica a nivel global se ha forjado una estrategia hegemónica, que abarca todos los aspectos de la vida humana, definida por la doctrina militar como dominación de espectro completo. Esta es la doctrina de contrainsurgencia para el siglo XXI que pretende privatizar los mares, el cielo, la tierra y sus entrañas con la excusa de garantizar la seguridad del mundo entero. La investigación geográfica, espacial, social y cultural se ha puesto, en consecuencia, al servicio de la dominación de espectro completo.

En este sistema de espectro completo, las pequeñas comunidades aparecen como un estorbo para el posicionamiento estratégico en las regiones de interés, las cuales son catalogadas como “potenciales focos de terrorismo”. A partir de allí, se plantean las “guerras preventivas” que buscan eliminar cualquier brote de autonomía por parte de las comunidades. Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de experimentación de esta nueva doctrina de espectro completo en la geoestrategia del siglo XXI.

En las últimas décadas, tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos en lugar de restringir su gasto militar lo ha ampliado de manera asombrosa, hasta el punto que constituye más de la mitad de todo el gasto militar del mundo. Esto se ha manifestado en la expansión del sistema de bases de los Estados Unidos por el planeta, lo que se constituye en una enmarañada red de control militar, puesto que ese país tiene unas 1250 bases militares en todos los continentes.

En Colombia se ha permitido la entronización de bases militares, con presencia directa de tropas de los Estados Unidos en más de 40 puntos de la geografía colombiana. Esas bases forman parte de un red en Latinoamérica, como parte de una estructura coordinada para el monitoreo (espionaje) a través de un sistema de radares y centros de escucha a lo largo del Caribe, Centro y Suramérica. Las bases militares, navales y aéreas a lo largo del Pacifico, el Caribe, los Andes, la Amazonia y la Pampa cumplen diversas funciones: control de recursos, centros de entrenamiento militar para diversos ejércitos y centros estratégicos para ataques sorpresa.

En este marco general, sobresale el caso particular interno de Colombia donde se ha diseñado un sistema de protección de las multinacionales petroleras, mineras e hidroeléctricas, que cuenta con 62.000 soldados, con lo cual se pretende eliminar la resistencia que las comunidades ofrecen a los proyectos extractivos, dañinos para la naturaleza y los habitantes de los territorios, como se corrobora con esta información: “las regiones ricas en recursos son la fuente del 87 por ciento de los desplazamientos forzados, del 82 por ciento de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y del 83 por ciento de los asesinatos de líderes sindicales”[19].

Aparte de vigilar los oleoductos, los batallones del PEEV también custodian el sistema de interconexión eléctrica del país, las hidroeléctricas, las áreas de producción de minería metálica y de minerales.

Ciencias sociales al servicio del despojo  

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisis sobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales. Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito a las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado “La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina”, en donde sostiene:

Las características distintivas de las ciudades más grandes del mundo o de las llamadas ciudades globales, de las cuales América Latina tiene varias, incluyen una marcada polarización económica y social y una intensa segregación espacial. También encontramos lo que probablemente es un efecto de estas condiciones: las agendas complementarias e identidades superpuestas de una gran variedad de actores anti-estatales. Los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicas, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia. También pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica[20].

En esas condiciones, Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades y la gentrificación, como forma de expulsar a la población incomoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002. El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas deben tener en cuenta en la futura contrainsurgencia urbana. En uno de esos estudios concluye:

Analizar desde la perspectiva del uso del suelo la presencia de grupos armados ilegales puede contribuir positivamente a la creación de un método de desarrollo urbano sostenible que luche contra el crimen y contra la insurgencia (probablemente con un formato de sistema de información geográfica, GIS). El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana.[21]

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Dicho de otra manera, se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales:

1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del “crimen organizado”, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro[22].

En conclusión, unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital.  Y la ciudad colombiana de Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada bajo diversos nombres, pomposos y atractivos, como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la pujanza paisa.

Renan Vega Cantor

NOTAS

[1]. Robeert Biel, El nuevo imperialismo. Crisis y contradicciones en las relaciones Norte-Sur, Siglo XXI Editores, México, 2007 [2000]; David Harvey, El nuevo imperialismo, Editorial Akal, Madrid, 2003; John Bellamy Foster, El nuevo imperialismo, El Viejo Topo, Barcelona, 2015.

[2]. Michael T. Klare: Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global, Ediciones Urano, Barcelona, 2003, p. 23.

[3]. Matthew Davis Savinar: La vida después de la debacle del petróleo, en  http://www.argemto.com.ar/8%20peak.htm

[4]. Nafeez Mosaddeq Ahmed: El ejército de USA considera una revisión del mapa de Oriente Próximo para conjurar una próxima crisis global, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=37401

[5]. John Saxe-Fernández: “América Latina: ¿Reserva estratégica de Estados Unidos?”, OSAL, No. 25, abril de 2009, pp. 23 y ss.

[6].  Citado en Winifred Tate, Drogas, bandidos y diplomáticos, Universidad del Rosario, Bogotá, 2015, p. 54.

[7]. Citado en W. Tate, op. cit., p. 82.

[8]. El Tiempo, enero 30 de 2016.

[9]. http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/78266/mueren-colombiano-australiano-yemen-taiz

[10]. http://www.verdadabierta.com/las-victimas/1963-platas-de-usaid-y-plan-colombia-llegaron-a-manos-de-los-paras

[11]. Ricardo Vargas, Fumigaciones aéreas y paz territorial:¿hay alternativas?, disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7390 fumigaciones-a%E9reas-y-paz-territorial-

[12] Mailer Mattié, Las fumigaciones del Plan Colombia, disponible en https://www.grain.org/es/article/entries/1020-las-fumigaciones-del-plan-colombia

[13]. Roger Pardo Moure, Departamento de Defensa Estados Unidos, citado en Pablo Emilio Obando Acosta, Glifosato: Muerte y desplazamiento, junio 2 de 2015, disponible en http://www.grupotortuga.com/Glifosato-Muerte-y-desplazamiento

[14]. W. Tate, op. cit.  p. 65.

[15]. Citado en CINEP, Colombia deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia, Período 1988-2003, Bogotá, 2004.

[16]. María Teresa Ronderos, Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, Editorial Aguilar, Bogotá, 2014.

[17]. Human Rights Watch, LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA. La asociación militar paramilitares y Estados Unidos, Bogotá, Nueva York, 1996,  p. 139.

[18].  Ibíd., pp. 140-141.

[19]. Censat Agua-Viva y Mining Watch Canadá, Tierras y conflicto – Extracción de recursos, derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías canadienses en Colombia, Bogotá, 2009.

[20]. Citado en El proyecto “Expediciones Bowman / Mexico Indigena”, financiado por el Departamento de Defensa, participará en el Congreso Mundial de Geografía Humana 2011. Disponible en: https://elenemigocomun.net/es/2011/09/expediciones-bowman-mexico-indigena-dod/

[21]. Geoffrey Demarest, Uso del suelo urbano por parte de los Grupos Armados Ilegales en Medellín, disponible en: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/uso-del-suelo-urbano-por-parte-de-los-grupos-armados-ilegales-en-medell%C3%ADn

[22]. Joe Bryan y Denis Wood, Mapas militarizados, pueblos indígenas y contrainsurgencia, Nueva York, 2015, citado en Gilberto López Rivas, Académicos estadounidenses desenmascaran las expediciones Bowman. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticias/2015/9/203183.pdf

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