Los dilemas de México en el escenario del siglo XXI

El 1° de julio de 2018, en su tercera candidatura presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alcanzó un triunfo contundente con más de 30 millones de votos, el 53% del total emitido, en un proceso electoral terso y pacífico. Esta victoria generó muchas expectativas entre diversos sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, transcurrido más de un año desde que AMLO asumió la presidencia de México, los saldos de la nueva administración gubernamental presentan claroscuros y un delicado panorama que genera incertidumbre en torno al futuro en el mediano y largo plazo, sobre todo en el contexto de los grandes estragos estructurales que la pandemia del coronavirus Covid-19 está dejando en el ámbito mundial, y en nuestro país.

El cambio de gobierno, el primero de diciembre de 2018, tuvo características inéditas porque se trataba del arribo del primer presidente apoyado por fuerzas de la izquierda y centro-izquierda institucionalizadas, destacando el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aunque con la alianza de algunos sectores de iglesias confesionales, ubicadas en la derecha. De inmediato, en el medio intelectual y político internacional, México fue considerado parte de los países progresistas en América Latina, lo cual originó una fuerte controversia y múltiples interpretaciones e interrogantes.

No cabe duda que los gobiernos que precedieron al de AMLO dejaron un país devastado por las políticas neoliberales impuestas por más de treinta años, una herencia inconmensurable y difícil de remontar en el corto y mediano plazo para esta nueva administración. Es el caso de la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, fenómenos que han profundizado el proceso de descomposición social que ha llevado a nuestro país a ubicarse entre los más peligrosos en el planeta para vivir.  Superar esta catástrofe humanitaria daría la dimensión del cambio que planteó el nuevo presidente a partir de la llamada cuarta transformación (4T).

En efecto, el nuevo milenio ha marcado a México con una de sus más graves crisis sociales, expresada sobre todo en una espiral de violencia que ha cobrado la vida de más de 350 mil personas y la desaparición de más de 50 mil, con un promedio de 100 muertos al día, aunado al elevado índice de otros delitos como secuestro, trata de personas, tráfico de órganos, robo y extorsión. Con el nuevo gobierno, este estado de violencia no ha cambiado, y los indicadores siguen bastante elevados, sobre todo, la violencia de género y el feminicidio, situación que determinó una protesta altamente organizada de colectivos de mujeres, y de una sociedad cada vez más consciente y participativa, que culminó en una masiva marcha, el 8 de marzo, y un inédito paro de mujeres, al día siguiente, como parte de una movilización a nivel mundial.

Actores internos y externos

En el escenario de la política nacional, actores internos y externos participan con particular fuerza. Se trata de una oposición que a pesar de la virulencia con la que ataca cotidianamente al presidente, y critica prácticamente toda decisión de gobierno, tampoco logra cuajar una articulación ni mermar las bases de apoyo de AMLO. También, esta derecha mexicana, representada básicamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), parece encontrarse en una especie de letargo programático, y en una evidente incapacidad organizativa para consolidarse nuevamente como alternativa de gobierno y, mucho menos, como aglutinante opositor a la 4T y al proyecto que representa López Obrador. Y es que, en el fondo, no existen contradicciones estructurales con el programa del nuevo gobierno porque, en esencia, comparten una misma concepción de modelo económico, el cual no ha mostrado diferencias sustanciales que afecten la lógica de expansión del capital, aunque sí explica el discurso descalificador y muchas veces violento de los opositores, potenciado desde las redes sociales y los medios de comunicación y sus periodistas más estridentes. La causa de esta rijosidad es haber sido desplazados del control del gobierno, lo que, entre otras cosas, permitía la corrupción generalizada y siempre impune.

En este sentido, es significativa la relación privilegiada que el gobierno sostiene con la iniciativa privada, empezando porque el propio jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, es uno de los más acaudalados empresarios del país, quien señala que “México debe ser el paraíso de las inversiones”. Tras cumplir la promesa de no afectar a la iniciativa privada ni revertir las reformas estructurales neoliberales, AMLO ha logrado sostener una buena relación con los principales hombres de negocios del país, en particular con Carlos Slim, considerado por Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo.

También hay que señalar que el nuevo gobierno ha logrado establecer acuerdos con los sindicatos más importantes del país, destacando el magisterial, en sus dos expresiones: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin duda, ello ha permitido tener una relativa estabilidad en este espacio de organización socio-política.

El apoyo de las fuerzas armadas se ha logrado por medio de un proceso de militarización, con la integración de otro cuerpo armado, la Guardia Nacional, y la estrecha relación que AMLO ha sostenido con el Ejército y la Marina. No solo ha aumentado el presupuesto para ambas instituciones, sino que también se les ha entregado la construcción de la sede alterna del aeropuerto, en la antigua base militar aérea de Santa Lucía, y, recientemente, la administración de hospitales para enfrentar la pandemia del Covid-19. De igual forma, personal de la Policía Militar, Policía Naval y del ejército fueron claves para la integración y el mando de la mencionada Guardia Nacional.

El combate a la corrupción, destacando el freno al robo de combustibles (el llamado huachicoleo), desde el interior de Petróleos Mexicanos (PEMEX), las medidas de austeridad, incluyendo la reducción de sueldos en los altos cargos de la administración pública y demás prebendas, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, integrado por ocho mil elementos, el cierre de Los Pinos como residencia oficial del Ejecutivo y su transformación en centro cultural, el despliegue de importantes programas sociales, sistema de becas, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la famosa y todavía confusa venta del avión presidencial, entre otras promesas de campaña, marcaron el inicio del gobierno de AMLO.

Este conjunto de acciones han sido objeto de ataque desde la oposición del otrora grupo gobernante, ya fuera procedente del PRI o del PAN, partidos desprestigiados en la sociedad mexicana tras los últimos 18 años de sus gobiernos neoliberales que exacerbaron las desigualdades sociales, y llevaron a la pobreza a más de la mitad de la población.

Por otro lado, con respecto a la relación con Estados Unidos, potencia de la que México depende económicamente en alrededor del 80% de su economía, a pesar de algunas decisiones significativas, como retirarse del Grupo de Lima y de la ofensiva encabezada por Washington contra el gobierno constitucional del presidente venezolano Nicolás Maduro, y del rescate y asilo otorgado al mandatario boliviano Evo Morales, frente al golpe de Estado de la derecha fascista, se mantienen coordenadas centrales de la histórica relación de subordinación de México frente a Estados Unidos, sobre todo  en lo que concierne a las políticas migratorias, la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) y otros aspectos de la relación bilateral.

En el caso de la migración, a partir del chantaje de aumentar 5% los aranceles a los productos mexicanos, la administración Trump logró lo que ningún presidente anterior se hubiera imaginado: la militarización de la frontera sur a través de la recién constituida Guardia Nacional, “grupo militarizado que originalmente había sido creado para combatir al crimen organizado y que hoy tiene a 6,000 elementos desplegados en la región fronteriza con Guatemala. Esta decisión, dicho sea de paso, ha enmudecido a muchos votantes decepcionados por López Obrador.”[1]

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A pesar de la presión de miles de migrantes centroamericanos en una frontera tan porosa, sobre todo en 2019, con el tránsito de las caravanas, su llegada a Estados Unidos ha disminuido notablemente. Este inesperado acuerdo entre gobiernos, ha sido utilizado por Trump para afianzar su condición hegemónica sobre México, y la continuidad de la construcción multimillonaria del muro que divide a los dos países, iniciada por el expresidente Barack Obama.

Sobre el T-MEC, el equipo de López Obrador se insertó en la última fase de la negociación del nuevo acuerdo que, en su esencia, había llevado la administración de Peña Nieto. El nuevo tratado contiene las mismas condiciones de disparidad comercial entre los tres países y la imposición de las reglas del juego neoliberal en este tipo de acuerdos, siempre favorables a Estados Unidos. Muchos apartados firmados en las negociaciones y aprobados sin cambios por el Senado mexicano, de mayoría morenista, violentan la soberanía nacional y consolidan el rumbo neoliberal de la economía. Al respecto, un conjunto de organizaciones sociales contrarias a los mecanismos de libre comercio, señalaron en una carta dirigida al Senado mexicano en junio de 2019, lo siguiente:

Las razones que hemos esgrimido para solicitar al Senado de la República  una discusión a fondo de los acuerdos adoptados en el TMEC es que desde nuestros análisis realizados, será un acuerdo que profundizará las asimetrías sociales, tecnológicas y económicas de México en perjuicio de la población mexicana, resultado de una negociación en la que el gobierno mexicano careció de una estrategia nacionalista de negociación, subordinaron la soberanía y la autodeterminación a las necesidades empresariales y políticas de los Estados Unidos y de un puñado de grandes empresarios mexicanos.[2]

Es de destacar que, bajo la premisa de que la mejor política exterior es la política interna, AMLO no ha salido del país para ninguna visita de Estado, o cumbre multilateral, confiando en que la viabilidad y el éxito de su proyecto dará la necesaria fortaleza externa. En un mundo globalizado, el hecho de no desarrollar las relaciones internacionales de una forma directa puede tener consecuencias negativas, cerrar posibilidades o hacer más tardado el inicio de proyectos bilaterales o multilaterales que, en todo caso, contribuyan a consolidar un proceso de cambio interno.

Más allá del discurso sobre la intención de acercarse al Sur, lo cierto es que la política exterior mexicana no ha variado sustancialmente con este nuevo gobierno. El peso de la misma sigue girando en torno a los intereses de Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. No existe ningún acercamiento efectivo, que sea mayor al del pasado inmediato, con América Latina y el Caribe, ni en acuerdos comerciales, mecanismos de integración o alianzas estratégicas.

El cambio de presidencia en Estados Unidos puso al descubierto el grado de vulnerabilidad a que se ha sometido el Estado mexicano por su política totalmente estadounidense. La política exterior de México debe basarse en principios, porque están dentro de su Constitución. Pero para que funcionen deben de actualizarse y después debe de crearse un sistema de control por parte del Legislativo; su orientación estará dirigida a tomar una distancia razonable del vecino norteño y una reorientación hacia América Latina y el Caribe que es su espacio vital.[3]

A pesar de las expectativas que se generaron sobre un posible cambio de las relaciones con Estados Unidos, así como en el fortalecimiento de la identidad latinoamericanista y caribeña de México tras el triunfo de AMLO, sin más, Washington continúa siendo la prioridad central de la cancillería, y el Sur ha quedado básicamente en el discurso y los buenos deseos.

Luchas populares del presente. El caso del zapatismo

En este contexto, las luchas y resistencias populares, sobre todo, de los pueblos indígenas, han continuado desarrollándose en la defensa de sus territorios y comunidades frente al despojo que representan los megaproyectos, y la continuidad del modelo económico neoliberal del capitalismo; es el caso de la explotación minera que tantos estragos ambientales y de salud ocasiona, en particular, la minería a cielo abierto.[4]

Esta realidad puede ser analizada desde la perspectiva de la necropolítica, de Mbembe,[5] quien explica que el Estado interviene de múltiples formas para generar condiciones favorables para las oligarquías nacionales y el capital extranjero, lucra con la criminalidad y utiliza el aparato institucional como un mecanismo político de distribución de la muerte contra quienes se resisten a ser desposeídos y/o subordinados, manejando los límites entre lo legal y lo ilegal.

Es el caso del movimiento indígena independiente, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha resultado ser un actor verdaderamente incómodo para la 4T, por expresar su visión crítica sobre el gobierno de AMLO y oponerse radicalmente al modelo neoliberal, a los megaproyectos, particularmente al mal llamado Tren Maya, el Proyecto Transístmico y el Proyecto Integral Morelos. Considerados como los pilares centrales de la construcción de infraestructura del sexenio, aunado a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, estas obras han sido valoradas por la comunidad científica como de alto impacto para el medio ambiente; particularmente, el proyecto del Tren plantea una ruta que atraviesa selvas y reservas ecológicas, que afectaría territorios de decenas de comunidades indígenas, sobre todo por el proyecto de instalar 15 centros urbanos alrededor de las estaciones.[6] Cabe señalar que, con un manejo maniqueo, ofreciendo poca información y sin foros de debate, el gobierno organizó consultas en las que participaron en promedio porcentajes menores al 3% de los electores de la región. Inclusive, la propia ONU criticó las consultas porque no cumplieron con los estándares establecidos en la materia.

Pese que el gobierno federal presume su “ejercicio ciudadano” de consulta sobre el Tren Maya como un éxito, solo fue a votar el 2.86% de la población inscrita en el padrón electoral de los municipios donde se instalaron 268 mesas. Según la Secretaría de Gobernación, en la votación de ayer se contabilizaron 100 mil 940 boletas en 84 municipios, cuyos padrones electorales suman 3 millones 526 mil personas, de acuerdo con una consulta en el portal del Instituto Nacional Electoral (INE), con cifras actualizadas al 13 de diciembre de 2019.[7]

Los conflictos que se han desatado por las acciones de resistencia de las comunidades en contra de estos megaproyectos, expresan la contradicción antagónica que el gobierno de AMLO tiene con los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas afectadas. La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), profundizó esa contradicción, pues constituyó una reactivación de la vieja política indigenista, que fragmenta a las comunidades y sirve como intermediario y operador de las políticas gubernamentales, al llevar a cabo las “consultas” referidas. Así, las relaciones del gobierno con los grupos étnicos organizados de forma independiente, los que se aglutinan en el CNI y se coordinan con los zapatistas, se caracteriza por la confrontación, e incluso, sus voceros consideran que se trata de una guerra del nuevo gobierno contra los pueblos. El problema radica en el choque de perspectivas sobre lo que se entiende por desarrollo y progreso, pero, más grave aún, es pensar que beneficiando a los grandes capitales se pueden resolver los históricos problemas de pobreza y desigualdad que prevalecen en el sureste mexicano.

El “México profundo” se refiere a una civilización negada, la de los pueblos indígenas que vieron destruidas o transformadas sus propias instituciones y conceptos por un largo proceso de colonización que ha seguido con diferentes modalidades después de las guerras de Independencia, la Reforma liberal, y la Revolución mexicana. Ninguna de estas transformaciones históricas mejoró inequívocamente la posición de los pueblos indígenas en la sociedad nacional, a pesar de su destacada participación en las luchas civiles y armadas que ayudaron a instalar gobiernos que prometieron independencia, instituciones republicanas y la justicia social. Con ello, es preciso preguntar hasta qué punto la “Cuarta Transformación” histórica planteada por AMLO está condenada a repetir la historia o, por el contrario, nos permite imaginar un desenlace diferente, inédito e incluyente.[8]

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Una característica que no se comprende del zapatismo, es que representa un proyecto anticapitalista, con un nuevo sentido de la política y una novedosa gama de prácticas y mecanismos propios de la democracia participativa que se sintetiza en el mandar- obedeciendo. Al respecto, el politólogo Arturo Anguiano concibe a la experiencia zapatista de la siguiente forma:

Un nuevo modo de vida, un autogobierno sostenido en principios democráticos autogestionarios y nuevas relaciones sociales igualitarias… No se trata de un islote, sino de un espacio de resistencia que se construye, vive y busca proyectarse transmitiendo no un modelo sino una experiencia, un camino que viene de atrás y se proyecta para el largo plazo. Un proceso de resistencia y liberación, de creación de un nuevo sujeto social y prácticas político-sociales que enraízan en la historia de los oprimidos del mundo. No tiene un futuro garantizado, todos los desenlaces son posibles y por ello la resistencia es permanente y los zapatistas tratan de echar puentes con otras luchas y experiencias y construir una alternativa anticapitalista de fondo al orden opresivo prevaleciente.[9]

Es importante señalar que, en el proceso electoral del 2018, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI)-Concejo Indígena de Gobierno (CIG), decidieron participar a través de la postulación de su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, para ser candidata independiente a la presidencia en las elecciones del 1° de julio. La decisión representó un giro importante en la estrategia de lucha de los zapatistas, pero fue ampliamente criticada desde las filas del movimiento obradorista, argumentando que restaba votos a su abanderado y hacía el juego a la derecha; las firmas que exigía la autoridad electoral no fueron alcanzadas, a pesar del esfuerzo y la dedicación de miles de voluntarios desplegados por todo el país. Además del cuestionamiento a las exigencias, el proceso mismo quedó deslegitimado en el momento en que se otorgó la candidatura a dos siniestros personajes de la política mexicana, quienes cometieron públicos y evidenciados actos de fraude, comprando, duplicando e inventando cientos de miles de firmas para alcanzar el mínimo requerido.

Otras tantas luchas se desarrollan en el territorio nacional, y otras, de alguna forma, se desarticularon en la medida en que sus dirigentes ingresaron en las filas del nuevo gobierno. Entre la diversidad de movimientos y acciones, resultan emblemáticas la lucha de las mujeres, el movimiento de padres y familias de los 43 estudiantes desaparecidos forzados de Ayotzinapa, los luchadores ambientalistas, la federación socialista de normalistas, grupos aglutinados en las coordenadas de la autogestión y la resistencia, como es el caso de la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán, o la guerrerense Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

El movimiento comunitario de Cherán comenzó como una acción de defensa del bosque municipal que estaba a punto de ser destruido por un cartel del narcotráfico en 2012. Seis años más tarde, se convirtió en una lucha emblemática. La multiplicación de este tipo de movilizaciones locales muestra la fuerza del vínculo comunitario en muchas áreas de México. Estos actores están experimentando con nuevos modos de organización que consisten no sólo en oponerse a proyectos “extractivistas”, sino también en la construcción de alternativas en la vida cotidiana.[10]

Los movimientos sociales del México actual, conforman, sin duda, un arco de experiencias que, a pesar de sus niveles de organización y la legitimidad de sus demandas políticas, sociales y culturales, no han logrado generar un espacio unificado de lucha con repercusión e influencia nacional que pudiera potenciar el alcance de sus esfuerzos. Por otro lado, bien se señala que “los movimientos que surgen en México en la segunda década del siglo no lo hacen a partir de una agenda político-institucional, sino a partir de lo que se ha vuelto su vida cotidiana: la violencia y las agresiones hacia las mujeres, la búsqueda de familiares desaparecidos sin tener apoyo del Estado, la destrucción de un bosque en Cherán, la devastación ecológica causada por una empresa minera.”[11]

Existe una gran diversidad de movimientos sociales, luchas comunitarias, proyectos autónomos y resistencias que están desplegados por el territorio nacional. Si hiciéramos una cartografía sobre el caso, veríamos un mapa con muchas experiencias de una realidad en la que, a pesar de algunos logros, que se deben reconocer, no hay voluntad del gobierno por revertir las causas que generan estas innumerables resistencias sociales. Y en esa visión cartográfica estarían también, muy presentes, los múltiples casos de criminalización y/o ataque del crimen organizado que sufren cotidianamente las luchas sociales, gran parte de ellas invisibilizadas en los medios de comunicación.

¿Hacia un nuevo ciclo progresista?

Tras la convulsionada década transcurrida (2010-2020), en la que destaca el crecimiento exponencial y exitoso del intervencionismo estadounidense a través de una poderosa ofensiva conservadora que modificó sustancialmente la geometría política de la región, frente a la existente hace 10 años, las posibilidades del desarrollo de un nuevo ciclo progresista resultan muy difíciles, en las actuales circunstancias, sobre todo si no se analizan las condiciones concretas, y se procesan las circunstancias y los errores en las políticas que originaron la derrota de los proyectos de cambio en Brasil, Uruguay, Ecuador, El Salvador y Bolivia, y el peculiar caso de Nicaragua. Además, será necesario a mediano y largo plazo, para cualquier proyecto que busque modificar el modelo económico, analizar la profunda crisis económica y social que está provocando la pandemia del Covid-19.

La vertiente moderada del bloque del progresismo latinoamericano, tal como sucede con el proyecto de AMLO, nunca se planteó, o no tuvo la capacidad legislativa para hacerlo, la opción de transformar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que perfilaran cambios profundos y de largo plazo, ni mucho menos generar nuevos mecanismos de participación política, bajo el amparo y la legitimidad de las mayorías populares que los llevaron a los gobiernos nacionales.

De ello se deriva que el progresismo y la nueva socialdemocracia latinoamericana no se expliquen cómo es posible que “la democracia”, cuyas reglas del juego tanto se esforzaron por perfeccionar y transparentar, haya sido utilizada por “la derecha”, no para desplazarlas del gobierno mediante una “alternancia civilizada” -lo cual esperaban que sucediera en algún momento-, sino para expulsarlas del sistema, criminalizarlas, judicializarlas e intentar destruirlas por completo, y que no tengan idea alguna de qué hacer al respecto. Por su parte, la nueva generación promotora de transformaciones revolucionarias no avanzó lo suficiente en el proceso de rupturas parciales sucesivas con el sistema social imperante. Por ello, se siente obligada a “atrincherarse” en los poderes del Estado bajo su control, con el fin de defenderse de los ataques del imperialismo, de los poderes del Estado controlados por la oligarquía y de los poderes fácticos nacionales.[12]

Por otro lado, hay que valorar la relevancia y necesidad de profundizar el análisis en torno a la perspectiva del desarrollo económico que requiere América Latina y el Caribe. Ello implica, en primera instancia, dimensionar el lugar que ocupa la región en la división internacional del trabajo, como históricamente ha sido: exportadora de materias primas y mano de obra, para plantearse la desarticulación de estas viejas pero renovadas dependencias estructurales del capitalismo.

Las dinámicas extractivistas, o el llamado neo-extractivismo progresista, no fortalecen un camino propio y soberano, ni la posibilidad de consolidar la integración que permita alcanzar la autosuficiencia económica y el fin de las asimetrías entre los países de la región. Es evidente que en el mediano plazo no resulta una tarea sencilla, ni se puede decretar el fin de este modelo de producción. Menos ahora, con el desastre económico que ha provocado la pandemia del coronavirus en nuestra región. Por lo mismo, adquiere mayor significado la reflexión sobre las alternativas viables con la participación activa de los pueblos. Aún y con la recuperación del Estado como actor central de la economía, la dependencia estructural sigue siendo una realidad mientras no se diversifiquen las áreas productivas y persista el carácter mono-exportador de muchas economías de la región.

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Con todo y sus contradicciones, el modelo neo-extractivista permitió, por ejemplo, a Venezuela, Bolivia y Ecuador generar una redistribución social de las ganancias como nunca se había dado, reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza y logrando notorios avances sociales en la salud, la educación y la vivienda. Sin embargo, este modelo económico no resuelve el problema estructural de la dependencia, ni las causas que generan pobreza y desigualdad. En los casos mencionados, la oligarquía nacional, ahora trasnacionalizada, nunca desapareció y sus medios de producción siguieron fundados en la explotación y la obtención de la plusvalía. De igual forma, el capital extranjero, fuera europeo, estadounidense o chino, siguió jugando un papel central en el funcionamiento de estas economías.

En el caso de México, sin obviar el beneficio tangible e inmediato de toda la red de becas y apoyos económicos, individualizados y clientelistas, que se han desplegado con el gobierno de AMLO, es un hecho que se mantienen elevados niveles de pobreza y que las causas sistémicas de su existencia no están siendo atacadas en ningún sentido. Además, como sucedió con las experiencias progresistas más moderadas de la región latinoamericana y caribeña, no existe un proceso de concientización sobre la dimensión política de la transformación, como resultado de una larga historia de luchas, ni tampoco sobre la oportunidad que implicaría optar por un nuevo constituyente para atacar, desde la raíz sistémica, las causas de los grandes problemas nacionales.

En este sentido, cuando se debate si los procesos que se mantienen por la vía del llamado progresismo latinoamericano, muy pocos, en realidad, pueden catapultar de nueva cuenta un recambio regional, desde una perspectiva crítica, la posibilidad se ve muy difícil. Salvo Cuba y Venezuela, países donde se desarrollan profundos procesos de transformación, arraigados en un poder popular indiscutible, a pesar de los devastadores efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, los otros casos resultan más de tendencia socialdemócrata que de izquierda.

México podría estar considerado en ese camino moderado del progresismo latinoamericano, pero no más. No hay ninguna perspectiva que apunte hacia una transformación estructural de la economía ni de la política. Teniendo las mayorías necesarias en las dos Cámaras del Congreso como para impulsar una nueva Constitución, no se plantea dicho objetivo. No hay, pues, más allá de una buena administración del orden establecido de las cosas, la existencia de un paradigma político que se proponga el fin de la explotación y la dominación capitalistas, la justicia social, la democracia participativa, las autonomías de los pueblos indígenas, la libertad y el ejercicio real de la soberanía nacional y popular. Además, como señala Daniel Martínez, el gobierno de AMLO, caracterizado por abiertas alianzas pragmáticas con sectores importantes del capital, llegó tarde a ese escenario mayoritariamente progresista que marcó a la región latinoamericana durante los primeros 15 años del siglo XXI.

Los gobiernos progresistas y de izquierda han fracasado en su proyecto de articulación de acuerdos básicos entre las élites conservadoras dueñas del capital y la población, a la cual sin duda le otorgan mayores y mejores beneficios sociales, pero no espacios de participación directa y de decisión en los destinos políticos y económicos del gobierno que ellos mismos eligieron. La izquierda gobierna desde la derecha del pueblo y el carácter institucional de los gobiernos progresistas proviene de la legalidad de una matriz ya superada por la historia. Esta democracia fraudulenta, tal vez reduce la incertidumbre de los sectores populares y proporciona legitimidad a las acciones de gobierno, pero no garantiza en absoluto una transformación de fondo en la lucha por una sociedad sin explotados y explotadores. Hasta ahora parece condenada a terminar de manera cíclica en derrotas electorales de la izquierda.[13]

Aunado a lo anterior, no cabe duda que también las perspectivas económicas y sociales planeadas inicialmente por el gobierno de López Obrador, han dado un giro radical a partir del desastre que representa la pandemia del coronavirus. Habrá que ver cómo impacta la crisis económica que se derive de la emergencia sanitaria, una vez que se logre regresar a la normalidad en el país, aunque ante las dimensiones de lo que está experimentando el mundo, difícilmente podemos pensar que las cosas puedan volver a ser iguales.

Una de las primeras lecciones de la pandemia, sin duda, es la naturaleza y la fragilidad del sistema capitalista que ha privilegiado la ganancia y la privatización de la salud a costa del desmantelamiento de la infraestructura sanitaria de los tiempos del Estado benefactor. La propagación de este virus tan sólo es una de las expresiones del colapso planetario que está atravesando la humanidad, y no será el último. En la medida en que el ser humano siga destruyendo los ecosistemas, extinguiendo las especies y manteniendo el consumismo que el sistema capitalista inculca cotidianamente, el futuro, será sombrío y cada vez más próximo a la extinción de la vida en la Tierra.

Por eso, esta crisis tan dramática que estamos viviendo se convierte en una oportunidad, tal vez la última, para modificar los parámetros estructurales del sistema imperante, y encontrar dinámicas colectivas y humanistas, tanto en las formas societales como en las estructuras del Estado, la geopolítica y en los mecanismos de las relaciones internacionales. Como señalaba Fidel Castro, en su memorable, pero más vigente que nunca, intervención en la Cumbre de Río en 1992, se trata de modificar el orden económico internacional para que, entre tantos cambios, desaparezca el hambre y no el hombre.

Bibliografía

Ackerman, John (coord.) (2019), El cambio democrático en México. Retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”, México, UNAM/S.XXI/Secretaría de Cultura.

Espinosa Damián, Gisela y Alejandra Meza Velarde (coords.) (2019), Reconfiguraciones socioterritoriales. Entre el despojo capitalista y las Resistencias Comunitarias, México, BUAP/UAM.

Fernández, Argelia y María del Carmen Solís (comps.) (2012), El derecho de la humanidad a existir. Selección de reflexiones del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre el desarrollo sostenible, La Habana, Instituto Cubano del Libro/Editorial Científico-Técnica.

García Vela, Alfonso, Fernando Matamoros, Manuel Garza y Oliver Hernández (coords.) (2019), Estado, capitalismo y subjetividad. Dignidad y esperanza en configuraciones revolucionarias del sujeto rebelde, México, BUAP/UABJO/UAEM/Ediciones del Lirio.

Hersch Martínez, Paul (2014), Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, México, INAH.

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Mbembe, Achiller (2011), Necropolítica, España, Melusina.

Pleyers, Geoffrey (2018), Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas, Buenos Aires, CLACSO.

Regalado, Roberto (coord.) (2019), El ciclo progresista en América Latina, México, PT.

Taibo, Carlos (2017), Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Madrid, Los Libros de la Catarata.


[1] Efrén Sandoval Hernández, “Los migrantes centroamericanos: entre las amenazas de Trump y las promesas de AMLO”, en Cahiers des Amériques latines, 91/2019, mis en ligne le 27 septembre 2019, consulté le 02 avril 2020, <http:/journals.openedition.org/cal/9336>.

[2] Convergencia de organizaciones sociales y ciudadanas México mejor sin TLCs, “Organizaciones de la sociedad civil solicitan al Senado que abra la discusión sobre la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”, 19 de junio de 2019, página del FAT, en <http://www.fatmexico.org.mx/boletines/organizaciones-de-la-sociedad-civil-solicitan-al-senado-que-abra-la-discusion-sobre-la-aprobacion-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada/>. Consulta: 10 de febrero de 2020.

[3] Manuel Becerra Ramírez, “La política exterior de México: evaluación y perspectivas”, en John Ackerman (coord.) (2019), El cambio democrático en México. Retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”, México, UNAM/S.XXI/Secretaría de Cultura, p. 578.

[4] Al respecto, se recomienda conocer la gravedad del impacto de la minería a cielo abierto con el trabajo de Paul Hersch Martínez (2014), Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, México, INAH.

[5] Achiller Mbembe (2011), Necropolítica, España, Melusina.

[6] Existen valiosos estudios al respecto. Entre ellos, se puede consultar el número 547 de América Latina en Movimiento, de ALAI, febrero-marzo de 2020, bajo el título “Panamá en Tehuantepec. Colonización ferroviaria del sureste de México”, coordinado por Ana Esther Ceceña (OLAG/UNAM) en < file:///C:/Users/alica/Downloads/TREN%20MAYA%20CORREDOR%20REVISTA%20ANA%20ESTHER%20GIOVANNA%2016%203%2020%20alem-547_0.pdf>, así como el reporte coordinado por Giovanna Gasparello (2019), Impactos sociales y

territoriales del tren maya. Miradas multidisciplinarias, México, INAH/UAM/Altépetl. < https://www.academia.edu/40054725/IMPACTOS_SOCIALES_Y_TERRITORIALES_DEL_TREN_MAYA_Miradas_multidisciplinarias>. Consulta: 4 de abril de 2020.

[7] Mathieu Tourliere, “La ‘exitosa’ consulta del Tren Maya en la que votó el 2.86% del padrón electoral de la zona”, en Proceso, 16 de diciembre de 2019, en <

La “exitosa” consulta del Tren Maya en la que votó el 2.86% del padrón electoral de la zona
Consulta: 4 de abril de 2020.

[8] Neil Harvey, “La democracia imaginaria y las democracias profundas: Morena, el zapatismo y los pueblos indígenas”, en John Ackerman, op. cit., p. 415.

[9] Arturo Anguiano, “Zapatismo: espacios de resistencia, otra política y socialización”, en Viento Sur, #130, México, noviembre, 2013. <http://vientosur.info/IMG/pdf/VS130_A_Anguiano_Zapatismos_Espacios_resistencia.pdf>. Consulta: 10 de febrero de 2020.

[10] Geoffrey Pleyers (2018), Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas, Buenos Aires, CLACSO, p. 165.

[11] Ibid., p. 166.

[12] Roberto Regalado (coord.) (2019), El ciclo progresista en América Latina, México, PT, p. 24. < https://www.alainet.org/es/articulo/199356>. Consulta: 5 de abril de 2020.

[13] Daniel Martínez Cunill, “El gobierno de AMLO llega cuando el ciclo progresista termina”, en Roberto Regalado, op. cit., p. 211.

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