Argentina en tiempos de pandemia

América Latina ha vivido en los últimos años un proceso social y político de facetas contradictorias. Políticos de derecha, y aún de extrema derecha, se han aupado al poder en varios países, en algunos casos en reemplazo de gobiernos más o menos progresistas, con varios períodos de permanencia. Rafael Correa fue sucedido por Lenin Moreno, Jair Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil tras la destitución de Dilma Roussef y la inhabilitación de Lula Da Silva, Gabriel Piñera volvió al gobierno tras derrotar la candidatura de la Concertación Democrática, Iván Duque sucedió a Juan Manuel Santos en un giro marcado a la derecha. En Uruguay, Luis Lacalle Pou se impuso en los comicios presidenciales, poniendo término al largo ciclo de gobiernos del Frente Amplio.

Cuando no lograron un recambio con mediana cobertura institucional, la opción fue el golpe abierto, con el derrocamiento de Evo Morales. Otra modalidad de golpe fracasó en Venezuela, no sin dar lugar al “presidente paralelo” Juan Guaidó, sin poder efectivo pero con vasto reconocimiento internacional. Las dos excepciones fueron México, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador sobre los candidatos de la derecha y en el mismo sentido el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, frente a la pretensión de continuidad de su antecesor.

Con todo, lo saliente desde una perspectiva de transformación social, es que mientras “por arriba” se imponían opciones conservadoras, o bien abiertamente reaccionarias,   “por abajo” las revueltas populares comenzaron a estar a la orden del día, en un número creciente de países, y en algunos casos con masividad y radicalidad inusitada.

Uno de los primeros datos a considerar de la coyuntura latinoamericana e incluso mundial es la propagación de las rebeliones populares. Y no se trata de cualquier manifestación de descontento, sino de unas que, en acto o en potencia, cuestionan tanto la concentración de la riqueza como el sistema político sólo atento a las demandas de los poderosos. La desigualdad creciente, un Estado que abandona no sólo a los pobres sino a los sectores medios, y una democracia que no sirve para adoptar o modificarr decisiones importantes, que se toman en otros ámbitos y niveles que los palacios ejecutivo y legislativo, únicos al alcance del voto popular. Hasta en metrópolis capitalistas como Francia, incluso en un centro financiero como Hong Kong, protestas inusitadas  cruzaron las calles de las grandes ciudades.

En estos últimos meses una buena parte de América Latina siguió asimismo un sendero de rebelión. Ecuador, Haití, Colombia, y sobre todo Chile. La riqueza  desproporcionada del sector ligado al gran capital, en un cuadro de profunda desigualdad social; la mercantilización de la vida, incluyendo derechos básicos como la salud y la educación, las políticas de privatización creciente, están entre los cuestionamientos. A ellos se añade, en un lugar central, la consigna, implícita o explícita, de refundar la democracia sobre nuevas bases, en el entendimiento de que la actual democracia representativa se identifica cada vez menos con un verdadero gobierno del pueblo. La permanencia de un millonario como Gabriel Piñera en el gobierno añade un factor de irritación, que derivó en el reclamo masivo de su renuncia.

Nuestras  menguadas democracias cada vez más se asemejan a un reaseguro para todas las injusticias, al servicio de la expansión siempre en aumento del gran capital, que coloniza al sistema político y, en los últimos años, suele elegir a grandes capitalistas como gobernantes, tal como aconteció en Argentina con Mauricio Macri, en Chile con el ya mencionado Piñera y hace poco en Uruguay, con Luis Lacalle Pou. Frente a ellas se combina la exigencia de una sociedad más justa y menos mercantilizada, con la de un ordenamiento político diferente. Las clases populares se sublevan, ocupan las calles, enfrentan y denuncian a la represión. Y reclaman la instauración de su poder constituyente, no en el limitado sentido de “reforma constitucional”, sino de asunción de la soberanía por una asamblea sin limitaciones en sus atribuciones y objetivos. Aunque el término no se pronuncie mucho, el cumplimiento del conjunto de los reclamos equivaldría al desenvolvimiento de un proceso revolucionario.

En Argentina no se dio un proceso similar. Las grandes manifestaciones de diciembre de 2017 preanunciaron una rebelión popular que podría haber alcanzado volumen y caracteres similares a la que después se produjo en Chile. La perspectiva parecía ir hacia un ascenso de las luchas obreras y populares, por un tiempo hubo indicios de que esa tendencia se consolidaba. La dirigencia peronista jugó un gran papel para que esta proyección no se concretara. La principal fuerza de oposición retomó su rol de “partido de orden”, y colocó toda su apuesta en el triunfo electoral en los comicios presidenciales de 2019. Sus esfuerzos estuvieron puestos, con la importante mediación de sindicatos y movimientos sociales adictos, en permitir que el gobierno encabezado por Mauricio Macri llegara al fin de  su período presidencial, si bien en condiciones que facilitaran el triunfo de la coalición contraria. Ocurre que, para muchas organizaciones sociales, la cultura de dependencia del Estado ocupa un rol fundamental. Esto abarca incluso a muchas de las que surgieron y se fortalecieron a la sombra de la rebelión popular de 2001. Preceptos de autonomía y/o de perspectiva revolucionaria y anticapitalista en variados casos se fueron diluyendo, dando paso a la asociación asimétrica con sectores del aparato estatal. Fue una realidad que se presentó con el primer kirchnerismo, atravesó la presidencia de Macri, en forma de una negociación tensa pero sin lugar para rupturas y rebeldías, y alcanza hoy un nuevo estadio, que incluye un acceso relativamente amplio a cargos de gobierno, sobre todo en las áreas abocadas a políticas sociales.  Asimismo se produjo un acceso a bancas legislativas. En los dos ámbitos con una presencia muy minoritaria, pero suficiente para generar pequeños espacios de poder y de negociación. Agrupaciones que no tenían una tradición de apoyo al peronismo (como la Corriente Clasista y Combativa o parte de las agrupadas en la CTEP), o que habían dejado de prestarlo hace largos años (como la CTA orientada por Víctor De Gennaro), figuras de trayectoria crítica como Fernando Solanas, optaron por acogerse al paraguas del “Frente de Todos”. Una mezcla de espanto ante la experiencia macrista y apetito por posiciones de poder, por modestas e incluso marginales que ellas sean, condujo a este resultado.

Argentina tiene hoy un gobierno peronista con continuidades y diferencias con el que rigió entre 2003 y 2015. En condiciones económicas y situación social mucho más desfavorable que la de los gobiernos k, sobre todo en sus años iniciales. Basta ver la prolongada recesión, los precios de las commodities, el nivel de endeudamiento, entre varios otros factores, para apreciar las desventajas respecto de aquel período.

El presidente trata de apoyarse en una alianza con algunos de los sectores más conservadores del justicialismo: Gobernadores de provincia, la burocracia sindical de “gordos” e “independientes”. También hay puja por los intendentes del conurbano, algunos “cristinistas” y otros más cercanos al presidente. Sigue una política de equilibrios y compensaciones con otros sectores, incluidos los que pasan por ser los más firmes seguidores de Cristina Fernández de Kirchner.

Los sectores más ligados a la especulación financiera y al pensamiento económico “ortodoxo”, le adjudican (y a la vez le exigen) a A.F. un comportamiento pragmático, ajeno a tentaciones de radicalización, de talante negociador con las grandes empresas. El presidente se muestra sensible a esa caracterización favorable y a la demanda implícita o explícita de sostenerla y profundizarla. Los voceros de las grandes patronales también le piden “coherencia” con las posiciones críticas del kirchnerismo que mantuvo en el período que va desde su renuncia a la Jefatura de Gabinete hasta su nueva alianza después de 2017. Están dispuestos a reconocer que A.F no es igual a C.F.K y a darle un trato benévolo en consecuencia, pero para eso el actual gobernante debe dar continuidad  a las conductas y políticas que acreditan esas diferencias.

Eso no quita que también tenga una mirada atenta a la base electoral peronista y a algunos de sus aliados por fuera del PJ. Con esa orientación trata de sostener todo el tiempo un discurso de solidaridad con los “menos favorecidos” o “más vulnerables” y sus diferentes políticas se articulan habitualmente con alguna medida a favor de quienes cobran A.U.H, jubilación mínima o toman parte en planes sociales. También hace hincapié en que, pese a todo, mantiene fluidos vínculos con la ex presidente, y en que ambos no permitirán que esta relación amistosa se altere.

Hasta el momento, el llamado “kirchnerismo puro” no juega al conflicto con A.F. Su máxima dirigente ha nombrado a expertos de su propio campo en variados ámbitos del aparato estatal, pero no en lugares centrales como para plantear la disputa sobre las principales políticas económicas y sociales del gobierno. Si se ha cernido sobre áreas que controlan cuantiosos recursos económico-financieros, como la Afip, ANSES y PAMI o tienen potencial o actual influencia sobre aspectos jurídico-legales de la actividad estatal o tareas de “inteligencia”, desde la intervención de la AFI a la Procuración del Tesoro, la Inspección General de Justicia o la Oficina Anticorrupción. Su presencia pública oscila entre el bajo perfil y el silencio liso y llano.

La amplia victoria electoral del peronismo en las elecciones presidenciales de 2019 fue alcanzada mediante una laboriosa alianza con el grueso de los sectores que habían abandonado el barco del oficialismo en diferentes momentos del ciclo 2003-2015. Entre las corrientes de importante gravitación sólo el peronismo de la provincia de Córdoba, que gobierna un distrito que puede resultar decisivo quedó por fuera de la coalición que se conformó. ¿Podría haberse impuesto en las elecciones la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner o de algún partidario pleno de sus políticas? Es probable  que sí, casi seguro que por un margen más estrecho.

Para unas circunstancias de mayor estabilidad institucional pero con dificultades económicas más acuciantes que en 2003, el peronismo ha optado por un candidato más bien conservador, con un equipo de confianza bastante heterogéneo y que nombra a un gabinete más diverso aún.

Es bueno dar una mirada a los indicadores sociales de Argentina, para apreciar la dimensión de los problemas que afronta el país. Es indudable que el anterior gobierno del presidente Macri produjo un acentuado retroceso, pero este se sobreimprime con un empobrecimiento general de la sociedad argentina que lleva décadas de vigencia y sólo tuvo reversiones pasajeras. Si bien esos rasgos no conducen de modo automático a un escenario de conflictividad social creciente, lo seguro es que en principio plantean una dificultad para las clases dominantes a la hora de construir consenso. Para los trabajadores y trabajadores argentinos no parece creíble una promesa de ascenso social. Hoy es muy difícil cualquier perspectiva de volverse independiente o encarar un pequeño negocio propio, el gobierno anterior trabajó mucho sobre esa idea, incluida la prédica sobre los “emprendimientos”, sin alcanzar mayor éxito. Tampoco hay perspectivas de que los trabajadores asalariados mejoren su situación sin modificar la condición de tales. Los salarios tienden a perder frente a los persistentes niveles de alta inflación, muchos empleos se vuelven inseguros o, sumidos en la informalidad, son precarios por definición. El desempleo abierto, que bordea una tasa de dos dígitos es también una amenaza muy presente.  Sólo una minoría de trabajadores formales, de mediana o alta calificación, y protegidos por sindicatos poderosos han podido sustentar el poder adquisitivo de salarios altos en términos relativos, y alcanzar cierta seguridad en sus empleos. Entre un 35% y un 40% de los trabajadores, según la procedencia de los datos, están en situación de informalidad o precariedad. Hoy se diluye también la percepción de Argentina como una sociedad relativamente igualitaria, con una poderosa “clase media”. El país que presumía hace años de su “europeidad” es hoy un ámbito de elevada pobreza por ingresos, de déficit de vivienda que refieren a pobreza estructural, de elevado desempleo, subempleo aún mayor y un elevado y creciente nivel de informalidad laboral. La “latinoamericanización” de la situación económica y social, resulta ya incontrastable, quebrando ilusiones otrora muy arraigadas. Se suma en el plano cultural el acentuado declive de un sistema educativo gratuito que colmó aspiraciones de mejoramiento cultural y movilidad social ascendente, hoy disminuidas o clausuradas para la mayoría.  La desigualdad flagrante en el nivel de ingresos, característica de toda Latinoamérica, también está implantada en Argentina. Según información del Indec correspondientes al tercer trimestre de 2019, el 10% más pobre recibe el 1,4% del total de los ingresos y el 10% más rico el 33,2% El ingreso medio del decil inferior per cápita es de 2.738 pesos mensuales y para los más ricos es de 55.042 pesos mensuales. (INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. “Evolución de la distribución del ingreso”). Sobre el conjunto de la sociedad y los recursos estatales en particular pesa la deuda externa, ya casi equivalente a un PBI, en una economía con debilidades en la generación de divisas por exportaciones y un empresariado que tiene en la especulación y fuga de capitales una de sus ocupaciones favoritas.

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En esas circunstancias más que críticas, el gobierno de Alberto Fernández ensaya una gestión signada por la moderación, reforzada por un aura de capacidad de gestión y honestidad, y a la vez entroncada con solidez en la tradición peronista.  Si bien las referencias al primer peronismo son esporádicas y sin mucho énfasis, las invocaciones al kirchnerismo original son constantes, el de la etapa en que él mismo fue protagonista central. Conciliación de clases, buena relación con grandes empresarios y a la vez con sindicatos, “estado presente” con regulaciones y subsidios, aunque sea en pequeña  proporción, políticas sociales, siquiera “focalizadas”, como paliativo de la desigualdad y la explotación, política salarial que achata la pirámide mediante aumentos  de suma fija.  Son políticas que forman parte del arsenal actual del gobierno. Está claro que las condiciones económicas y las perspectivas sociales son muy distintas a las de 2003, pero más distantes aún están los 90. Fernández defiende su prosapia “nacional popular”, no hay “neoliberales” en su gobierno, las parciales excepciones ocupan sitios se segunda o tercera fila. En su relación política con las clases subalternas sus  acciones también se aproximan al peronismo “de siempre”: Conducción vertical desde la cúpula, con movilización limitada y contenida desde arriba, sin capacidad efectiva de decisión y función circunscripta, en lo posible, a aplaudir medidas ya tomadas. Poder real sólo para “mesas chicas” que pueden variar en número e integración pero siempre sesionan “a puertas cerradas” y con un núcleo restringido de dirigentes.

 En este punto tiene una dificultad peculiar. El liderazgo de A.F fue ungido por Cristina Fernández de Kirchner, literalmente “entre gallos y medianoche”, sin otras consultas ni mecanismos de consenso. Puede constituir una debilidad para desarrollar una política propia. Y una competencia a la hora de apropiarse de los éxitos y deslindarse de los fracasos. Por ahora siguen en un equilibrio inestable que la derecha crítica del gobierno espera estalle en conflicto, con el “albertismo” como triunfador y resultado de definitiva sepultura al “populismo radical” de CFK. La apuesta del presidente y de quienes lo rodean es sostener y reforzar ese equilibrio, incluso insuflándole un componente “republicano”, de respeto a las instituciones y de buena relación con al menos una parte de la oposición. Con Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires escenifican una buena relación, más técnica y administrativa que política, solventada por un supuesto respeto a las discrepancias.

El gobierno sigue algunas líneas de continuidad con el kirchnerismo, en particular en aspectos menos ligados a la economía y al conflicto social. Aunque con modificaciones que están por verse respecto a la propuesta de la campaña original, envía el proyecto de ley del aborto, se coloca al frente del movimiento por la “reforma judicial” (aunque sin contenidos claros aún), nombra una ministra de Seguridad que aparece como “progresista” y un ministro del rubro con una concepción de la cultura claramente nac&pop.

Los debates de fondo están asordinados. Así la crítica circunstanciada y con fundamento del régimen político, que hoy constituye una prolija expropiación de toda idea de gobierno del pueblo. Y la del sistema del capital que genera una desigualdad flagrante en medio de la explotación, la pobreza y el desempleo. El conjunto queda tapado por una gran ola de posibilismo. Como Macri fue el colmo del espíritu reaccionario, la estupidez y la entrega al gran capital, deberíamos conformarnos con Fernández porque no representa lo mismo, o al menos no en tan singular grado. Toda perspectiva de cambio que vaya más allá de no recaer en el “neoliberalismo” puede ser impugnada por irreal, y de potencial perjudicial porque alimenta o beneficia a una “derecha” de contornos imprecisos. Mientras tanto la democracia se degrada, en la calidad del debate público, en la estatura ética y política de candidatos y gobernantes, en la manipulación de las instituciones de las más diversas maneras. Esto se manifiesta sobre todo en la tentativa generalizada de anular cualquier forma de iniciativa popular, en la conversión de muchos partidos que supieron tener capacidad de organización y movilización en maquinarias electorales sin espesor social ni claridad ideológica, más que la dada por la renuncia de antemano a nada que no sea la “administración de lo existente”.  En este contexto de decadencia de la democracia realmente existente, llámese representativa, parlamentaria o liberal, se encuentra la gran oportunidad de reponer el debate sobre la cuestión democrática en nuevos términos. No una concepción defensiva que se repliega en exclusiva sobre los valores de los derechos humanos y el constitucionalismo sino que, con ellos como sólido punto de partida, se lance sin complejos al debate sobre una nueva democracia socialista, hecha de la combinación entre un modo sustantivo no meramente formal, de autogobierno de las masas con la propiedad colectiva de los medios de producción.

Las opciones de la vida democrática argentina quedan hoy reducidas a un bipartidismo (ahora “bicoalicionismo”) que tiene como sustrato común la creencia en el orden capitalista como única forma de organización social posible. La diferencia fundamental está dada, hoy, porque la coalición en torno al peronismo critica con mayor o menor entusiasmo a lo que se llama “neoliberalismo” y propugna, de modo más o menos explícito, un capitalismo no atado al misticismo del libre mercado, en el que el aparato estatal pueda jugar un rol de intervención a favor de “los más vulnerables.” Frente a esa concepción se sitúa la defensa explícita  del predominio de la gran empresa, acompañada por una mirada sobre la sociedad que inculpa y estigmatiza a las clases populares, un sistema de valores que empieza y termina en el individualismo y una visión del “orden” asociada a la represión violenta. No puede trazarse un signo igual entre ambas opciones políticas, ni subestimar la base social diferente de cada una. Tampoco desatender el común carácter burgués, procapitalista de ambas.

Más allá de las dos coaliciones sólo queda en lugar visible el  estrecho espacio del FIT-U, izquierda tolerada y hasta vista con simpatía, siempre que no despegue más allá de un lugar testimonial, con unos pocos diputados y algunas posiciones minoritarias en sindicatos y organizaciones territoriales. Pero el espacio de izquierda es más diverso y más amplio. Esa ala de la política y de la reflexión sigue debatiéndose en tres vetas divergentes y que hallan cierto placer en combatirse.

Una es la trotskista tradicional, con tendencia al aislamiento, que halla su razón de ser en hacer propuestas de apariencia radicalizada, a menudo con poca imaginación y sin verdadero espíritu de cuestionamiento radical al sistema social. Suele fallar a la hora de articular sus postulados más o menos extremos del día a día con una perspectiva socialista, que rescate y defienda en toda la regla la idea de que el fin del capitalismo es posible. La invocación genérica del paradigma político y teórico de los primeros años de la revolución de octubre no resuelve esa carencia. Su destacada presencia en las luchas reivindicativas, su papel testimonial pero no desdeñable en el Congreso, sus esfuerzos para producir un cambio generacional y el empeño en una renovación cultural de alguna de sus corrientes son meritorios, pero no alcanzan para definir a una fuerza socialista con capacidades de transformación política y social.

Otro sector de izquierda ha decidido cobijarse en el peronismo, algunos desde 2003 o poco después y otros en distintos momentos, incluida una parte de conversión muy reciente, con motivo de las elecciones presidenciales del año pasado. Son organizaciones y figuras que no logran jugar un papel autónomo, no llegan a disputar influencia sobre las políticas y orientaciones del actual gobierno, alcanzan sólo un lugar marginal en la distribución de cargos parlamentarios y ejecutivos. El postulado que  los une a casi todos es el de que ningún proceso de cambio en la sociedad argentina puede desarrollarse al margen o en contra del peronismo. De allí pasan a la idea de que en algún momento puede producirse una divisoria de aguas que depure al peronismo de sus elementos más conservadores y burocratizados, para permitir el predominio de las corrientes de raíz más popular y/o propuestas más radicales.

En tercer lugar hay una línea surgida en gran parte al calor de la rebelión popular de 2001 y que mantiene la tradición de autonomía, impugnación en bloque de las fuerzas políticas tradicionales y una perspectiva plural y no vanguardista que la diferencia con bastante claridad del trotskismo, al menos en sus variantes más tradicionales. Una de las características ha sido su dispersión en múltiples organizaciones. Algunas hacen intentos de unificarse o agruparse, pero esos propósitos suelen terminar en fracasos o resultar de corta duración. La carencia de articulación repercute a su vez en la escasez o directamente carencia de visibilidad pública.

Pueden estar entre sus fortalezas el mantener una visión plural, la no atadura a esquemas ideológicos muy rígidos, el no subordinarse a una sola tradición de las varias que coexisten en la izquierda. También se destaca una voluntad de superar al practicismo de la construcción organizativa y las luchas inmediatas, de desarrollar esfuerzos teóricos, en búsqueda de nuevas herramientas para interpretar la realidad nacional y mundial. La habita una saludable vocación de heterodoxia, de impugnación del sistema y no sólo de sus peores manifestaciones, de rechazo de las posiciones nacional-populares sin por eso caer en un “antipopulismo” monocorde. Quizás su “salto cualitativo” requiera una coyuntura de crisis generalizada parecida a la que se produjo en 2001. Los aspectos de descomposición capitalista que tiene la actual coyuntura pueden ayudar a organizaciones e individuos a que desarrollen pensamiento y acción de claro sentido anticapitalista.

Es necesario un reagrupamiento de esas izquierdas de diversas tradiciones y modalidades de organización. Hablar de reagruparse en la izquierda refiere a un reencuentro sin pretensión de homogeneidad, sino de suma y articulación de propuestas de pareja intención contrahegemónica y común capacidad para el cuestionamiento radical de la sociedad en que vivimos. Un requisito inexcusable es la opción por la independencia de clase, con la consiguiente renuncia a concebirse como socio menor de una alianza con las fuerzas representativas de la política burguesa. Quienes aspiran a encarnar intereses, necesidades y sentires de las clases subalternas no pueden incurrir en la adhesión a las propuestas de las clases dominantes, por más que se pretenda presentarla como “apoyo crítico” Hace décadas que se nos propone la “administración de lo dado” en lugar de la verdadera política. Nos referimos a la de inspiración transformadora, guiada por una ética de lucha por la igualdad y la justicia, tendiente al rescate del ser humano como sujeto autodeterminado, en superación de alienaciones y sometimientos de su fuerza de trabajo, su capacidad creativa y su vida afectiva. Se trata de desarrollar esta concepción, para la que no hay recetas ni formas únicas de encararla. Sí puede afirmarse que una base indispensable para ello es poner  en circulación de nuevo la idea de expropiación de los capitalistas y posterior propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio, junto con la autoorganización y autogobierno de las masas. De acompañar esa mirada con una sostenida defensa de las propuestas ecológicas y antipatriarcales. En suma el, socialismo, que hoy no está en el orden del día del debate público, pero resulta imperativo volverlo a la  discusión, en un mundo capitalista que no ofrece soluciones no ya para las clases trabajadoras, sino para la supervivencia misma del planeta.

Un interrogante importante es cómo enfrentar los cambios en la organización del trabajo y sus efectos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las trabajadores y trabajadores. La llamada “uberización” se expande a crecientes sectores, en modo de tareas precarias en las que no se reconoce la condición de asalariado o se la desprotege por completo. Al mismo tiempo amplias franjas de la población quedan excluidos del mercado de trabajo y son empujados a ocupaciones marginales. Las múltiples modalidades de la economía popular apuntan a contrarrestar la tendencia, sobre todo la que lleva a la marginalización masiva. De todas maneras no alcanza la escala suficiente.

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Es necesaria una perspectiva democrática que confronte con la profusa trama de órganos antidemocráticos que privan de sustento real al componente de gobierno del pueblo en la versión actual del régimen liberal burgués. No puede haber auténtica democracia que no impugne la comunicación en manos de los grandes conglomerados mediáticos, el aparato estatal opaco para las demandas populares y abierto para las presiones de la gran empresa, un sistema educativo que forma en el conservadorismo y la deferencia hacia los poderes existentes, al compás de una privatización de la enseñanza que no cesa de avanzar. No puede haberla con poderes religiosos que llaman a la resignación y la esperanza en el más allá, mientras resisten con su amplia gama de recursos modernizaciones indispensables como la legalización del aborto. No puede existir democracia sin una perspectiva de clase frente a un sistema político que presenta a la “unidad nacional” y “el consenso y la paz social” como objetivos fundamentales del colectivo social. “Unidad” y “consenso” que, más temprano que tarde, no alcanzan otra síntesis que el acatamiento al pie de la letra de los dictados del gran capital. De lo contrario, éste romperá todos los consensos y se desentenderá de los propósitos unificadores.

Sólo una izquierda independiente e innovadora puede ser portadora de un disenso radical, de una perspectiva hacia la agudización del conflicto social, que no está dispuesta a detenerse hasta que se produzca una transformación radical del sistema social.

En los días del coronavirus.

La pandemia le ha dado la oportunidad a A.F. de presentarse como un jefe de estado responsable, que toma sus decisiones en alcance y tiempo adecuados, y que no vaciló en colocarse en el lugar de la cúspide en una cadena de mandos “piramidal”. El presidente optó, tras algunas vacilaciones iniciales, por la línea más dura en las restricciones a la ciudadanía, con ampliación de las facultades de inspección y control del aparato estatal en general, y un incremento de las funciones de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. El coronavirus ha cambiado las prioridades. Hasta ese momento, como ya hemos escrito, la renegociación de la deuda aparecía como primer objetivo del gobierno y después de realizada ésta, con el 31 de marzo como supuesta fecha límite, se trazarían las grandes líneas de política económica, se aprobaría el presupuesto nacional; de algún modo sería entonces que comenzaría el período de gobierno propiamente dicho. La epidemia ha venido a ocupar ese lugar, y la negociación de la deuda ha pasado a un segundo plano, por más que se siga negociando en busca de un acuerdo con los acreedores privados, que debería ser preámbulo de un “nuevo trato” con el Fondo Monetario Internacional, tal vez en forma de un acuerdo de “facilidades extendidas”.

Hoy se expande la interpretación que la baja desastrosa en el precio de los bonos y la reducción casi a cero de las tasas de interés brindan condiciones favorables para una quita y una prórroga de plazos importantes. Eso está aún por verse. Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigación de la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida resulta más imperativa, para volcar todos los recursos a combatir la pandemia y atemperar el impacto económico social de la misma.

La “peste” es ocasión y motivo para un posicionamiento crítico, frente a las políticas de los gobiernos y, por encima de ellas, frente al orden capitalista en general.

El Estado aparece como un “Leviatán”, que se expande y fortalece en un “estado de excepción” cuyas consecuencias de mediano plazo sólo se verán una vez superada la crisis sanitaria. Algo que sí puede adelantarse es que la sociedad capitalista exhibe consecuencias del modo caótico y desconsiderado hacia los seres humanos en el que ha orientado su desbocado crecimiento de producción, población y consumo en búsqueda de la máxima ganancia. El virus ha impactado de modo especial sobre sistemas de salud mercantilizados y/o sujetos a fuertes recortes presupuestarios. Valga como ejemplo el caso de EE.UU, donde sólo el test para la detección de la enfermedad cuesta una suma importante en dólares (cerca de 2000). Las reacciones de “estadistas” como Donald Trump y Jair Bolsonaro, con oscilaciones entre la negación, la soberbia optimista y la improvisación más chapucera, sirven como ejemplo de hasta dónde llega la degradación de las dirigencias políticas de la “democracias” realmente existentes.

En estos días de Covid-19 los grandes empresarios y los principales medios de comunicación le toman examen a la gestión Fernández. Si el presidente logra una buena “reducción de daños” tanto en el costo de vidas humanas como, más aún, en los perjuicios económicos que la pandemia irrogue a nuestro país, es posible que se le confiera la patente de “estadista”. Que no se intenten salidas disruptivas en la relación con los acreedores externos ni medidas restrictivas para la “libertad de empresa” serán condiciones para que esto ocurra.

El coronavirus ha alterado muchos parámetros de la situación. El gobierno tomó una decisión temprana de declarar la cuarentena y luego prorrogarla. En los primeros días pareció contar con el beneplácito general. Esto comenzó a alterarse bastante rápido, sobre todo por el lado de los grandes empresarios, que comenzaron a presionar por el regreso a la actividad, incluso con medidas de provocación como despidos masivos o la amenaza de realizarlos. También utilizaron, como tantas otras veces, a las pequeñas y medianas empresas como “colchón” para sus reclamos. No hablan en nombre de la disminución de sus ganancias sino de la pérdida de facturación de sus proveedores y comercializadores PYME. Mientras, la cadena de la alimentación, y la industria y comercialización de medicamentos e insumos sanitarios, y los bancos prestándole al Estado, ganan como nunca. Los precios de los alimentos y de los insumos para la higiene aumentan en gran proporción. Las entidades financieras incluso se dan el gusto de ignorar las normas que pretenden obligarlas a dar crédito a bajo interés. También utilizan la confusión del sentido común, inducida por el pensamiento hegemónico, de que es el capital el que produce la riqueza, al contrario de lo que han demostrado los clásicos de la economía, en cuánto a que el trabajo es el único generador de valor. (cf. Julio C. Gambina. “Los miserables que privilegian las ganancias” Inédito)

Acorde con la excepcional crisis, en consonancia con lo que se hace en otros países y hasta recomienda el último informe del FMI, el gobierno nacional emite moneda y vuelca recursos para aminorar los efectos de la recesión, aunque sea de modo parcial. Al Plan Alimentar y otros refuerzos para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de AUH y seguro de desempleo, se le ha sumado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un auxilio para millones de personas que han quedado sin ingresos por la suspensión de las actividades “no esenciales.” Los dictados de la ortodoxia “monetarista” quedan patas arriba en el mundo entero y nuestro país dista de ser la excepción. Como se expone en un documento del Plan Fenix “La realidad se ha impuesto a esos discursos. Es así como se han instrumentado mecanismos contracíclicos de expansión tanto fiscal como monetaria de dimensión extraordinaria. (Cátedra Abierta Plan Fénix. “Solidaridad y proyecto”. Página 12. 20/04/2020. Suplemento “Cash”, edición impresa.) En dirección a conjurar los quebrantos de las empresas pequeñas y medianas se halla en trance de implementación el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP, para ayudar a las empresas a pagar los sueldos. En la misma línea se han reducido los aportes patronales.

Por su parte los grandes medios de comunicación y la derecha opositora parecen haber dado por concluido el “período de gracia” que otorgaron al presidente Alberto Fernández ante las primeras medidas contra la pandemia y critican tanto sus errores y flancos débiles como el menor intento de afectar los intereses del gran capital o establecer mayores regulaciones, por limitado o vacilante que sea. Errores flagrantes del gobierno, como el caótico manejo del cobro de los jubilados o la aceptación de compras leoninas alimentan esas acciones.

Se elaboran algunos proyectos legislativos que tienden a gravar con impuestos a las grandes fortunas, a modo de compensación, así sea en mínima medida, de la regresividad del sistema tributario. La respuesta es rápida y contundente: Los nuevos tributos serían “inconstitucionales”, e irían contra las empresas que sustentan la economía nacional. No  faltaron los que sostienen que hay que bajar impuestos y no aumentarlos, y hasta circuló alguna convocatoria a la “rebelión fiscal”.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos. Le dio el control de la calle a las fuerzas policiales, lo que comprende un intento de legitimar a esas policías que tienen más de aliadas del delito organizado que de protectoras de la seguridad ciudadana. Incluso ha hecho intervenir al ejército en la distribución de alimentos, en consonancia con las anteriores declaraciones sobre “dar vuelta la página” en el tema de los crímenes de la dictadura o tildar de “inconducta” las acciones genocidas.

El gobierno no ha ampliado la injerencia de las organizaciones sociales en la atención y abastecimiento de los barrios populares, no les otorga participación en los indispensables controles de precios, no ha estimulado lo suficiente que la economía popular atienda necesidades sanitarias y de producción de alimentos. A la hora de asesorarse en la toma de decisiones, junto con el indispensable comité de médicos y científicos, son frecuentes las consultas a las centrales empresarias y a la burocracia sindical. El extenso entramado de movimientos sociales y organizaciones de todo tipo está en general ausente de las convocatorias. Sólo algunos núcleos de sacerdotes que trabajan en los barrios tuvieron el honor de una reunión con el presidente.

El “negocio de la salud” se apresta a lucrar a pleno al compás del avance de la enfermedad. Apenas el ministro de Salud insinuó colocar bajo control estatal a la sanidad privada, el conglomerado de la medicina prepaga, sanatorios, empresas de emergencias médicas, etc. pidió urgente audiencia con el presidente y logró garantías de que, en principio, no se seguirán políticas con esa orientación.

El calificativo de “miserables” para los que despiden personal en estas circunstancias y la incitación a “ganar menos” a los que siempre logran desmesurados beneficios, que se le deslizaron al presidente, fueron tomados como si fueran una declaración de guerra. Desde el establishment la tendencia a retirarle el apoyo público al presidente se aceleró desde entonces y el discurso crítico desde el gobierno se atenuó, en sus alcances y en su lenguaje.

En el tema de la deuda externa se ha aplicado un default selectivo de los bonos en dólares sometidos a legislación nacional, pero en el ínterin se pagaron doscientos cincuenta millones de dólares a los acreedores. Efectuar pagos en estas condiciones de extrema recesión económica y creciente necesidad de recursos por parte del aparato estatal es un verdadero atentado contra los acuciantes requerimientos de la sociedad.

El listado de capitulaciones frente a la gran empresa se extiende incluso a tolerar precios abusivos en las propias compras del estado, como quedó de manifiesto en una gigantesca adquisición de alimentos básicos. Por compras que se miden en centenares o miles de toneladas se iba a pagar un precio muy superior al que se le cobra al consumidor por obtener un kilo. La información trascendió y la escandalosa operación debió ser cancelada, lo que no le quita lo que tiene de demostrativo sobre el accionar estatal en la gestión de la crisis.

Frente a ese conjunto de situaciones, una perspectiva de izquierda impondría avanzar en el sentido opuesto:

-Que el sector público asuma la dirección de todo el sistema de salud, con participación de los trabajadores de la salud en su gestión. Esto debe ir acompañado con políticas de reconversión industrial hacia la producción de respiradores, instrumental médico, elementos de protección, etc. Por ejemplo las empresas metalmecánicas pueden pasar a producir respiradores artificiales, y las textiles barbijos, camisolines y otros elementos de protección, bajo la dirección del estado y con participación de los trabajadores de las plantas respectivas.

-Control popular de precios en la cadena de producción y comercialización de alimentos, artículos de limpieza, insumos sanitarios y cualquier otro bien necesario para atender las necesidades más urgentes.

–El abastecimiento de alimentos para todo tipo de comedores debe realizarse con la participación de las organizaciones populares y sus militantes. Las organizaciones de economía popular están capacitadas para tomar parte en la producción de alimentos y artículos sanitarios.

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-Asunción por los movimientos sociales del cumplimiento del aislamiento, con inclusión preferente de los barrios carenciados en los que las deficiencias de las viviendas y la falta de servicios básicos requieren medidas diferentes para cumplir la cuarentena.

-Retiro progresivo de las fuerzas policiales de las tareas de vigilancia y sanciones severas a los atentados contra los derechos humanos y abusos de cualquier tipo. Que las Fuerzas Armadas no cumplan funciones en la calle, bajo ningún concepto ni finalidad.

-Transferir al estado con control de los trabajadores a las empresas que despidan personal, aumenten sus precios en violación del congelamiento, o acaparen bienes provocando desabastecimiento.

-Nacionalización de los bancos con una concepción de servicio público para la actividad financiera. Que todo el sistema atienda con prioridad el cobro de sueldos, jubilaciones y prestaciones sociales y la atención crediticia de las necesidades básicas a tasas negativas.

-Establecimiento de impuestos extraordinarios sobre las grandes fortunas y sanciones especiales y alícuotas más altas para los que han realizado fuga de capitales u otras maniobras de evasión.

-Ampliación y profundización de la asistencia a los trabajadores precarios y cuentapropistas que han visto disminuir sus ingresos o han  quedado sin ellos por la suspensión de sus rubros de actividad o por el cumplimiento del “aislamiento social”.

-Suspensión por tiempo indeterminado del pago de la deuda externa y formación de comités de investigación para el rechazo de la deuda ilegítima u “odiosa”, codirigidos por las variadas entidades sociales y expertos que mantienen un enfoque crítico en toda la problemática de la deuda. (Parte de estas propuestas han sido tomadas de la Declaración de la Corriente Política de Izquierda, 01/04/2020)

La pandemia constituye también una confrontación entre el lucro empresario, la incitación al individualismo, el estímulo al control social por las fuerzas represivas y la xenofobia; y las inmensas posibilidades de solidaridad, autoorganización, autogestión, control popular y estatal sobre las acciones de los empresarios. Enzo Traverso alerta sobre el avance de una política inmunitaria, concebida para que cada persona se proteja de las demás, quebrantando la existencia de un espacio común, de afectos intereses  y luchas compartidos (Entrevista a Enzo Traverso: «El estado de emergencia sanitaria corre el riesgo de ejercer un control total sobre nuestras vidas». Por Mathieu Dejean. En Contrahegemoníaweb. 7/4/2020.)

De cómo se afronten estas contradicciones depende no sólo la gestión de la salud pública, sino el futuro de una confrontación de clases que va en aumento, en la medida que la desigualdad, la precarización y la injusticia creciente colman la paciencia de vastos sectores de las clases subalternas. En las próximas semanas tendremos que tomar parte en una fuerte puja en torno a cómo se instrumente la continuidad de las políticas de salud pública y sobre quiénes se descarguen las consecuencias de la crisis. Asimismo será una pugna por darle a las fuerzas represivas el máximo de control sobre las personas, con la menor fiscalización posible de esas facultades. La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, ampliación de sus oportunidades de negocios, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero. Frente a ello urge lanzar propuestas desde una perspectiva popular y de izquierda, difundirlas, y en la medida de lo posible imponerlas.

A modo de provisorias conclusiones

En Argentina, en América Latina y en el mundo asistimos a una encrucijada en el desenvolvimiento de la lucha de clases. No se trata de generar expectativas sobreabundantes sobre un inminente ocaso del “neoliberalismo”. El “Estado presente” que se predica con insistencia no es lo opuesto al capitalismo concentrador y excluyente que se disimula bajo el rótulo de “políticas neoliberales”.

 El “Estado fuerte” puede ser utilizado como complemento de la “libertad de mercado”, como mecanismo de garantía e incluso refuerzo de las utilidades empresarias en tiempos de crisis. Un aparato represivo “empoderado” bajo la apariencia de protección a la población intentará imponer una sumisión social generalizada, un refugio en lo individual bajo el “ojo avizor” de múltiples y renovados instrumentos de vigilancia. Una lógica de “encierro” en donde se esfuma la circulación en el espacio público e incluso el contacto “cara a cara” en ámbitos cerrados, de vigilancia mutua en el que cada uno se convierte en guardián de las actividades de los otros. El predominio de una visión insolidaria donde sólo importa el cuidado de la propia salud y la obtención de los bienes necesarios, aunque se prive a otros de artículos esenciales.

En las fábricas y otros ámbitos donde el trabajo continúa, los  empresarios suelen mezquinar los elementos sanitarios para sus trabajadores, mientras las centrales empresarias y las grandes compañías presionan para que nuevas actividades sean consideradas “esenciales” o retornen a la actividad con el pretexto que cuadre, con la sempiterna complicidad del grueso de los sindicatos. El gran capital impulsará esa lógica, con vistas a ampliar y afianzar su dominio ahora y sobre todo en el futuro post-epidemia. Algo que hay que tener en claro es que hasta las formas de “democracia liberal, limitada y antipopular” en las que se desenvuelve la política cotidiana, puede convertirse para el poder económico, político y cultural en “ un lastre del que desean deshacerse tirándola al tacho de la basura.”, como escribe Sergio Zeta. (“Contra la pandemia ¿Militarizar o comunizar? Contrahegemoniaweb 25/03/2020)

El reciente ciclo de rebeliones populares en la región y el mundo contra el poder económico, el sistema político y toda la organización social que se impone desde arriba ha quedado “suspendido” por el aislamiento obligatorio, que interrumpió bruscamente los mecanismos deliberativos y sobre todo la movilización callejera. Todos los problemas que el descontento movilizado planteaba siguen vigentes. De cómo se transcurra el resto de la cuarentena, del éxito o fracaso relativo para imponer el disciplinamiento “desde arriba” por parte de las clases dominantes, de la capacidad para mantener “desde abajo” las vías de comunicación alternativa y los circuitos solidarios aún en medio de la pandemia, dependen las condiciones de la continuidad de la lucha cuando los efectos de la emergencia sanitaria se atenúen. El futuro después de la “peste” estará determinado, como de costumbre, por el devenir de la lucha de clases. Y comprenderá un factor ideológico también gravitante: que las fuerzas de izquierda no se adapten a la retórica de “la guerra contra un enemigo invisible”, con la que se trata de trasmitir la idea de un “otro” oculto al que se debe eliminar. Las resonancias de esa metáfora son tan dolorosas como obvias.

También es necesario que no se acomoden al espejismo “estado vs. mercado” y no se recuesten sobre los pliegues de un renovado “estado benefactor”, que no tardará en mostrar los dientes “neoliberales” en cuanto las necesidades de salvataje de bancos y grandes empresas queden atrás y los requerimientos de mayor explotación y precarización del trabajo campen por sus fueros. En esa dirección no se trata de propiciar “nacionalizaciones” o “intervenciones” sin ninguna salvedad. Si acciones de ese tipo se realizan “desde arriba” bajo control de burocracias estatales y tecnócratas pro-empresariales, serán conducidas de modo que proporcionen al gran capital los auxilios y oportunidades que la lógica privatizadora y “desreguladora” no puede proporcionarles en estas particulares circunstancias. Expropiaciones y tomas de control de empresas o conglomerados capitalistas, desde clínicas a bancos, sí, por supuesto Pero con participación activa y control firme de sus trabajadores y de diversas organizaciones populares, para conducir esos procesos en un sentido democrático, solidario y con potencialidad anticapitalista.

Un componente importante de la situación es la previsión de un futuro diferente, a corto o mediano plazo. No hay razón para sostener una visión que espere que la pandemia liquide por su sola fuerza al capitalismo, ni tampoco para un pesimismo de matices fatalistas, que anticipe que el único resultado de este episodio de la historia mundial será un nuevo afianzamiento del poder del capital, que reforzará su dominación y recuperará más temprano que tarde su dinámica de acumulación. El mundo que emerja de la pandemia dependerá, en gran medida de las luchas sociales que se desplieguen en el futuro inmediato, de sus victorias y fracasos, de la potencia de un discurso político que combata con éxito al sentido común consumista e individualista. Uno de los emergentes de la crisis sanitaria es la reafirmación de la importancia de un sistema público de salud y más en general, de la imposibilidad de enfrentar con éxito a circunstancias de crisis extrema con el solo esfuerzo individual o con el “equilibrio de mercado”. No hay “meritocracia” que valga cuando  la diferencia entre la vida y la muerte pueden depender del socorro público. Algo similar ocurre con circunstancias en que millones de personas que confiaban en poder procurarse su propio sustento, se ven compelidas a recurrir a sistemas públicos para atender a sus necesidades más elementales, sea vía subsidios “extraordinarios” o de la asistencia alimentaria directa en comedores o merenderos.

En el plano de la relación entre estados, se derrumban los mitos de la “solidaridad internacional” entre países capitalistas. La propia Unión Europea, siempre ofrecida como ejemplo de colaboración y articulación positiva, se desdibuja por el enfrentamiento entre países que cierran sus fronteras o compiten en forma despiadada por la adquisición de insumos sanitarios. Un país como Cuba, pequeño, periférico y sometido a bloqueo, es el que ha dado ejemplo de solidaridad internacional, con sus médicos recibidos como héroes en Italia. En nuestro país la derecha más desembozada acusó recibo, y se alzó iracunda ante la posibilidad de que acudieran al país médicos cubanos. Si no hay colaboración europea o norteamericana, prefieren que no haya ninguna. La acción solidaria se hace más difícil en países que han desmontado en gran medida su salud pública y las prestaciones sociales en general. Hoy Italia, España, incluso Francia, Bélgica y Holanda se hallan aquejadas de carencias impensables hasta hace pocos años. La competencia irrestricta y la mercantilización sin límites que se impusieron en las últimas décadas reclaman ahora sus “derechos”, la puja por la ganancia capitalista se ha vuelto la medida de todas las cosas, la vida humana debe someterse a sus dictados.

Es imperioso abandonar toda confianza en los costados “amables” de la dominación capitalista. Vivimos una época de amenaza constante de cambio climático, calentamiento global, contaminación extrema y como en el presente, pandemias. Los gobiernos de ultraderecha no son una mera excentricidad histórica. En un futuro cercano, quizás librados de su ineptitud evidente de hoy, regímenes de ese tipo broten en muchas partes. En nuestro propio país existen “candidatos” a ocupar el lugar del dominio combinado de las grandes corporaciones y un estado ultrarrepresivo. Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, el propio Mauricio Macri cuando deja aflorar su costado más siniestro (“El   populismo es más peligroso que el coronavirus”, dixit), Sergio Berni en una versión peronista. Aspiran a ser en el futuro cabezas de una combinación del tipo “máximo poder de las grandes empresas más aparato represivo expandido, fortalecido y tecnificado.”

Actitudes irresponsables de los energúmenos de extrema derecha como Donald Trump o Jair Bolsonaro exhiben el rostro impúdico de la preocupación exclusiva por las ganancias aún a costa del explícito desprecio por la vida humana. No hay que llamarse a engaño, la dirigencia de “buenos modales” como Emmanuel Macron en Francia o Pedro Sánchez en España siguen políticas cuyo sentido último y objetivos principales coinciden con los de los “ineptos” a los que todo el mundo denuncia.

Para los argentinos no es muy conducente asombrarse de la ligereza y el absoluto compromiso pro empresario del presidente brasileño. Si la irrupción del virus hubiera ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri, sólo cabía esperar actitudes similares. Frente a la preservación de los negocios de su clase social, incluido el grupo económico familiar y los socios y amigos cercanos, la salud pública hubiera ocupado un lugar muy poco relevante, por lo menos hasta que la magnitud de los contagios desequilibrara toda previsión, como ocurre últimamente en Brasil.

Un punto focal para las luchas y los debates en el futuro cercano es qué mundo emergerá cuando se supere la pandemia. Esa vuelta a la “vida normal” nos debe conducir al cuestionamiento radical del supuesto estado de normalidad en esta época. Un estudioso ecuatoriano la define así “Se trata de una (a)normalidad producida por la globalización del capital, sustentada en la aceleración del consumismo, productivismo e individualismo, en la ampliación imparable de los extractivismos y la especulación.” (Maristella Svampa-Pablo Solon-Alberto Acosta “Pensando el post-coronavirus” en Contrahegemoníaweb. 10/04/2020). Habría que agregarle la tendencia a la superexplotación y precarización de los trabajadores, ese ya mencionado “modelo Uber” que nos es presentado por los capitalistas como la modalidad producto del pujante desarrollo tecnológico, de una “quinta revolución industrial” signada por el arrasamiento de los derechos obreros y el incremento de la precariedad. El imperativo de la hora es que la definición de la salida del coronavirus sea también el escenario de transformación del panorama de pesadilla que amenaza la vida del planeta.

En una interpretación pesimista del mundo post-pandemia, el historiador israelí Harari se refiere a un cambio de época que puede cristalizar los mecanismos de monitoreo e intromisión en la vida privada por parte del Estado. (Yuval Noah Harari. “The world after coronavirus”. The Financial Times. 20/03/2020). Más allá de la resonancia de liberalismo clásico que tiene la preocupación, si se piensa en experiencias “exitosas” como la de Corea del Sur, que combatió el contagio por medio de un minucioso seguimiento de los movimientos y contactos de toda la población, vía la intervención de las redes sociales y el uso de  big data, la predicción puede resultar acertada. No sólo retornaría la “normalidad”, sino que volvería empeorada.

A los movimientos y organizaciones obreras y populares que cuestionan el capitalismo, a los y las intelectuales que tratan de acompañarles, les cabe la reflexión y la acción, el diseño de la teoría y la práctica para la salida de la pandemia. Habrá varias líneas de disputa con las clases dominantes y sus aparatos de hegemonía. Para mencionar cuatro: a) Si la “suspensión” de las rebeliones populares dejará lugar a un nuevo ciclo de vigorosas protestas o continuará el impasse actual. b) Si las dirigencias políticas logran aparecer como “estadistas” que supieron salvar a sus sociedades de males mayores o quedan como gestores de una catástrofe. c) En el consenso genérico en que el mundo post Covid-19 será distinto, si eso da lugar a un cuestionamiento activo de los daños múltiples y crecientes que el capitalismo le infiere a toda la humanidad o al mundo en que vivimos o se retomará sin demasiadas modificaciones de la acumulación de ganancias sin límites ni reparos. d) Si esta enorme crisis sirve para expandir la pregunta “¿Quién decide?” Que lleva de inmediato al interrogante “¿Cuál es la fuente de la legitimidad?” Como ha escrito el filósofo italiano Bifo Berardi, “Esta es la pregunta a partir de la cual comienzan las revoluciones.” (Citado en María Moreno. “Poner el cuerpo” Página 12. 12/04/2020, página 18.)

La decisión sobre esos puntos y muchos otros, se jugará en los tiempos posteriores a la pandemia. El escenario de la lucha de clases  está abierto, una vez más, para la disputa.

Buenos Aires, 12/04/2020.

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