Los mercenarios de Guaído: el neoliberalismo militar tocó a la puerta de Venezuela

Primero de mayo de 2019. Un día después de la intentona platanera de Juan Guaidó, la agencia de noticias Reuters, aseguró que la empresa militar estadounidense Blackwaters USA estaba recolectando apoyos políticos y financieros para crear un ejército de cinco mil hombres para “expulsar” al Presidente Maduro. Primero de mayo de 2020, un grupo paramilitar, entrenado y coordinado por la empresa militar Silvercorp USA inició una operación, denominada Gedeón, de invasión y derrocamiento del mandatario nacional.

Tres días después, y en medio de las acciones de defensa del Estado venezolano, han sido capturados 13 de los paramilitares. Entre ellos, dos estadounidenses, ex miembros de las fuerzas armadas de ese país. Venezuela es posicionada así en el mapa de las contratistas de seguridad estadounidenses.

¿Mercenarios o contratistas? Los venezolanos entramos, desde el domingo, en una forma de la guerra que desconocíamos hasta ahora. Esta es la privatización de las acciones militares, la aplicación del neoliberalismo en su sentido más claro: Otros combaten y matan, con altas ganancias económicas, ahorrándole al gobierno de Estados Unidos el costo político y las responsabilidades derivadas del derecho internacional.

“Bajo la impronta neoliberal, en los EEUU se ha privatizado la guerra y corporativizado el Estado”, dijo el profesor Carlos Lanz, en un trabajo que sobre la estrategia militar de amplio espectro publicara en el año 2019.

Veamos.

¿Qué sabemos de Silver Corp?

Aparte del inusual protagonismo mediático de quien funge como su dueño, esta empresa militar posee cuentas en redes sociales, activas desde el 2018. También mantiene una página web con un solo contenido redaccional que se repite en todas las etiquetas y en el que ofrecen servicios de contingencia frente a secuestros, extorsiones, control de bombas, evacuación de empleados en áreas inestables, así como protección de individuos y activos. Aseguran que han “asesorado” a unidades militares de Estados Unidos, Israel, Alemania, Polonia, Italia, Reino Unido y Francia y que mantienen operaciones en más de 50 países. Dicen contar en su plantilla de personal con ex diplomáticos, ex jefes de seguridad de corporaciones multinacionales, profesionales militares, policiales y de inteligencia, dispersos por el mundo.

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De la revisión del presunto contrato que Silvercorp habría firmado con Guaidó, se infiere que esta empresa está registrada en Florida, Estados Unidos, pues la cláusulas de resolución de disputas dispone que será en los tribunales de ese estado a dónde deberá acudirse.

¿Una empresa de mercenarios?

En otra cláusula del polémico contrato, se advierte que el documento se redacta bajo las leyes estadounidenses. Y es que en Estados Unidos, la legalidad de empresas de servicios militares no está cuestionada.

En principio se suponía que la entrada del pensamiento neoliberal en el mundo militar implicaba la contratación de servicios logísticos. Pero no fue así. Y la participación de particulares en acciones bélicas se fue normalizando en la guerra, especialmente a partir de las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán.

“El fenómeno es sorprendente: el número de especialistas del gatillo y de toda la parafernalia militar que viven gracias a la guerra se ha disparado… No se trata de unos simples pistoleros a sueldo, sino de un negocio efectuado por multinacionales, a menudo cotizadas en bolsa, cuyas ganancias por esta actividad rebasan los cien mil millones de dólares por año”, escribió en el 2004 el periodista Pierre Hazan en un trabajo publicado por el portal oficial de la Cruz Roja Internacional.

El profesor Lanz los describe bastante bien. “Los mercenarios, como alguna vez fueron conocidos, están prosperando; ahora reciben el nombre de contratistas militares privados, con la modalidad de outsourcing, y algunos incluso son subsidiarios de las 500 compañías más poderosas del mundo. A menudo dirigidos por oficiales militares retirados, entre los que hay generales de tres y cuatro estrellas, los contratistas privados representan la nueva cara del negocio de la guerra. Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, proveen a los soldados en activo: desde apoyo logístico hasta entrenamiento en el campo de batalla y asesoría militar, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Estos mercenarios realizan todas las tareas administrativas y logísticas, tales como alimentación, correo, aprovisionamiento de armas y municiones a las tropas, sanidad, construcciones, etc. colaboran en custodia, interrogatorios y torturas a los prisioneros; también realizan tareas de guardaespaldas de personalidades, custodia y vigilancia a cuarteles, convoyes de soldados y otras instalaciones militares, y cumplen tareas de combate, junto a las unidades regulares”.

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¿Qué es un mercenario? Según el diccionario de la Real Academia Española, es lo dicho de “un soldado o de una tropa que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero” pero en términos coloquiales, nos referimos a todo aquel que combate a cambio de dinero, no importa a favor de cuál poder.

En el derecho internacional, la cosa cambia, pues la Convención de Ginebra no le reconoce el estatus de prisionero de guerra al mercenario, entendido éste como toda persona que haya sido reclutada, a fin de participar en un conflicto armado en el que intervenga directamente de las hostilidades y se le pague por ello. Pero si el mercenario trabaja para alguna empresa militar privada que haya sido autorizada a participar en una zona de conflicto, entonces sí le será reconocido el status de prisionero de guerra, tal como explica el director del portal El Orden Mundial, Fernando  Arancon, en un trabajo difundido en el año2014 y en el que los llama neomercenarios para distinguir las nuevas formas de contratación de estos negociantes de la guerra.

La experiencia de Colombia con las empresas militares neomercenarias ha sido trágica. Ya a principios de los noventa, se constituyeron empresas locales de seguridad, entre ellas las que se conocieron como Convivir y que devinieron en el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocido por su sangrienta brutalidad. Con la implementación del Plan Colombia en 1999, entre los Gobiernos de ese país y de Estados Unidos, entraron a operar, en territorio neogroanadino, las empresas militares estadounidenses, lo que alcanzó su punto máximo durante el gobierno de Alvaro Uribe, quien, de acuerdo con denuncias hechas en su momento por organizaciones y políticos colombianos, usó los servicios de estas compañías en operaciones contrainsurgentes. Aunque la actividad de estas contratistas no está regulada legalmente, gozan de la inmunidad –impunidad- derivada de los acuerdos bilaterales en materia militar. Por si fuera poco, los paramilitares colombianos engrosan buena parte de las nóminas de las contratistas militares en zonas de conflicto donde operan alrededor del mundo.

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Los neomercenarios en el campo de batalla

Para el profesor Lanz, quien viene estudiando la guerra híbrida contra Venezuela, Estados Unidos “ha potenciado las formas encubiertas de intervención”, haciendo uso de diversidad de fuerzas. Además de las empresas militares, participaran también comandos especiales, paramilitares, pranes, bandas criminales, narcotraficantes y contrabandistas.

“Este es un aspecto predominante puesto en práctica por los yankys en la guerra no convencional como la “Proxywar”, donde se intentan evadir el costo en bajas, el empantanamiento de la intervención directa y frontal, razón que los lleva a utilizar a terceros actores o fuerzas sustitutas como es el caso del papel de la oligarquía colombiana en la actual agresión contra Venezuela”.

En el trabajo publicado el año pasado, Lanz ya advertía una posibilidad como la que está sucediendo en estos momentos en el país.  Según su explicación, una operación encubierta o “Black Ops” está planeada y ejecutada para ocultar la identidad de sus autores, obviándose así las consecuencias políticas y legales. Esta operación puede ser conocida después de su ejecución, pero la responsabilidad no será rastreada ni probada.

Por el costo político interno y el desgaste en el escenario internacional, los EEUU no asumen la autoría de las operaciones encubiertas y cuando éstas resultan públicas o son fallidas, acuden a la doctrina de la negación pausible. En el caso de que las Black Ops se hagan públicas, los funcionarios de alto rango pueden negar cualquier conocimiento de tal acto o ninguna conexión con los agentes utilizados para llevar a cabo tales actos”.

Este martes 5 de mayo, el presidente Trump negó cualquier relación con los hechos que se están sucediendo. Una vez más, le dan la espalda a una operación encubierta.

(Taynem Hernández / LaIguana.TV)

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