Deuda pública y accionar soberano

El sentido común indica que no se debe ir al default, que eso sería malo, o que derivaría en algo peor que lo actual, que ya es bastante malo para millones de personas, las que medimos en términos de pobreza, de desempleo, de informalidad. El mensaje por la cancelación de las deudas, incluso renegociada, induce a pensar que evitar la cesación unilateral de pagos pudiera mejorar la situación de pobreza, desigualdad y explotación de la mayoría social. Hay que pagar si o si es la propuesta hegemónica, para no caer en default, o en todo caso, “negociar” cediendo las propias pretensiones para endulzar al “acreedor o prestamista”. Es lo que pareciera estar en juego al vencimiento del plazo de la oferta a los tenedores privados de títulos. Los medios de comunicación presionan para un arreglo que evite el default y es bueno interrogarse en un sentido alternativo, por el default soberano consciente, asumido para transformar sustancialmente la realidad.

La propuesta del Gobierno de la Argentina está siendo apoyada por el FMI y el amplio espectro político del oficialismo y la oposición con excepción de la izquierda con representación parlamentaria. La crítica a esa opinión mayoritaria por el pago, proviene también desde el movimiento social que despliega la campaña por la suspensión de los pagos y una auditoría integral y participativa.[1] Es una campaña a contramano del sentido común, que choca con ese imaginario reiterado de honrar las deudas. A favor del gobierno se han pronunciado un conjunto de personalidades del extranjero y del ámbito local.

Respecto de los apoyos, leemos en La Nación: “Desde Jorge Remes Lenicov a Emmanuel Álvarez Agis, pasando por Fernando Navajas, Pablo Gerchunoff, José Luis Machinea y Martín Rapetti” y agrega: “La carta replica centralmente el texto publicado ayer, firmado por los premios Nobel Joseph Stiglitz, Edmund Phelps, y su colega Carmen Reinhardt, que fue acompañada por otros colegas célebres como Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Kenneth Rogoff y Dani Rodrik.”[2] También fue publicitado el apoyo feminista.[3]

Quienes no acuerdan son los tenedores privados de títulos de la deuda pública dolarizada y bajo legislación externa. Estos presionan por mejores condiciones para ingresar al canje de títulos. A no sorprenderse por la presión, porque ante la propuesta argentina para canjear unos 68.000 millones de dólares, éstos demandaron un “endulzante”, algo que los acerque a aceptar la propuesta. Los prestamistas quieren negociar, pero bajo sus condiciones. Son especuladores seriales y no aceptan una quita del 5,4% de su capital registrado en los títulos, ni una quita del 62% en los intereses a cobrar desde ahora hasta el 2117, fecha de vencimiento de uno de los bonos en discusión, el que se suscribió por cien años. Tampoco quieren estar tres años sin ver un dólar en compensación por su tenencia de títulos impagables de la deuda pública dolarizada bajo legislación extrajera.

Pretenden que la propuesta del gobierno sea endulzada, o sea, menos quita de capitales e intereses, y/o, no esperar tres años para cobrar. Ellos no quieren resignar tanto, y claro, no les preocupa que sus reclamos provoquen que se resienta el gasto público en otras áreas, en desmedro de la calidad de vida de quienes deben entender que la deuda debe honrarse, sin investigar si es legal, legitima u odiosa, lo que nos llevaría a discutir quien se benefició con la deuda asumida a nombre del conjunto de la sociedad. En este razonamiento es en el que se apoyan quienes difunden una posición por el rechazo del conjunto de la deuda, base argumental de la campaña por la suspensión de los pagos de la deuda y la auditoría integral con participación ciudadana.

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Es probable que el rechazo de los fondos de Inversión defina el default unilateral, lo que pone en cuestión la dilapidación de cuantiosos recursos destinados a cancelar deuda en este tiempo, tanto como a legitimar el inaceptable acuerdo de la Argentina con el FMI.

Un problema mundial

La cuestión suscitada puede ser extendida al sistema mundial, en un tiempo de acrecentamiento de la deuda pública, pero también de las empresas y de las familias en todo el mundo. La deuda acrecentada sirve para modelar la subordinación social mayoritaria por el poder mundial en el futuro cercano.

Resulta un hecho que el mundo funciona con base a endeudamiento deliberado. En definitiva, resultan condiciones de hipoteca del presente y el futuro, cercano y lejano, para recrear las formas de producción y reproducción prevalentes que nos dejaron en el lugar que estamos, en la Argentina, la región y en el planeta. Si esto se reproduce, pues vamos a un futuro que potencia nuestro presente de falencias y necesidades irresueltas.

El dato es la aceleración de la deuda de EEUU y en ese país de las empresas y las familias, pero también en Europa y muy especialmente en países desarrollados como Italia y Bélgica, que se suman al tradicional club de la hipoteca por deudas que difundió la crisis en Grecia. La deuda y la emisión monetaria y de título es el camino de la Banca Central, de la Reserva Federal o del Banco Europeo. Son emisiones millonarias varias veces superiores a los montos definidos en la crisis del 2007/09.

También es el rumbo asumido desde los organismos internacionales, caso del FMI con su política de “ayuda crediticia” a los países más vulnerables e incluso propuestas de condonación de deudas, como mecanismo de reproducir el papel del Fondo en la gestión financiera contemporánea. El FMI cuida sus intereses y un papel guía del mercado financiero mundial, por lo que aparece con un discurso más benévolo, pero resguardando el interés de sus socios, especialmente el que decide desde Washington.

Por todo ello es que el FMI no resigna sus “derechos” sobre la deuda de la Argentina y apoya la negociación con los tenedores privados, a condición de sostener sus privilegios. En efecto, en el 2001, ante la cesación unilateral de pagos de la Argentina, el FMI siempre cobró lo suyo, incluso en 2006 percibió por anticipado los vencimientos de deuda por unos 9.500 millones de dólares. Es más, en esta semana de fin de la oferta a los titulares particulares, mayoritariamente Fondos de Inversión, empresas gerentes de la especulación mundial, el FMI cobró 320 millones de dólares. No sorprende entonces el apoyo del FMI a la negociación argentina, que pretende descargar el costo sobre los tenedores privados, sin resignar sus posiciones, aun cuando otorgue plazo en el futuro, cuestión que por ahora solo está en los planes a comprobar.

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Los tenedores de títulos dicen por ahora que no a la oferta de la Argentina, lo que suscita el debate sobre el default. Mientras se debate, ya se perdieron recursos muy importantes, recordando que en diciembre 2019 se autorizaron por ley de “solidaridad” destinar más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales al pago de deuda pública mientras se reestructura la misma. Lo que acontece en la Argentina está siendo observando en todo el mundo, por lo peligroso en que se constituyó el elevado endeudamiento público en la mayoría de los países del sistema mundial, afectados por una recesión agravada en tiempos de coronavirus.

Pero también es tiempo de discusión del orden mundial y la función de los organismos supra nacionales, entre ellos los organismos financieros mundiales. Es un problema no haber denunciado hasta ahora el préstamo del FMI otorgado a la Argentina por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron un poco más de 44.100 millones y que solo sirvieron para consolidar una escandalosa fuga de capitales. El FMI pretende validar su papel en este tiempo de crisis, sin asumir su responsabilidad como parte de la causa de los problemas actuales, aun antes del COVID19. Sus viejas y nuevas recetas contribuyeron y contribuyen a sustentar una realidad insoportable para millones de personas empobrecidas.

¿Existe otra posibilidad?

Sí, debe pensarse en la gestión de esos cuantiosos recursos que debieran haberse destinado a una desvinculación soberana del sistema tóxico del modelo de producción y desarrollo contemporáneo. Un modelo que está definido por la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes y el privilegio a la especulación de un núcleo concentrado de grandes capitales. Es cierto que enunciarlo parece sencillo, que lo difícil es construir el consenso socio político y cultural necesario para hacerlo realidad.

En ese sentido lo primero es definir la suspensión de los pagos de la deuda pública e investigar a fondo el proceso de endeudamiento. No solo de los últimos cuatro años, sino desde el inicio de la genocida dictadura, aun cuando en cada turno constitucional se haya renegociado la deuda pública. Auditar el mecanismo del endeudamiento resulta imprescindible y no se debe encarar solo desde la institucionalidad constitucional, o sea el Parlamento, que en variadas ocasiones ilusionó con llevar adelante investigaciones no materializadas. Se requiere el protagonismo de la sociedad para hacer efectiva la auditoria o investigación. Se trata de promover la participación popular en el proceso de investigación de la deuda.

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Pero no alcanza con suspender los pagos. Es necesario encarar una política económica que construya una nueva cotidianeidad del fenómeno de la producción y reproducción material y de la vida. Con “otra” orientación de la política económica se puede transformar el “orden” económico, las relaciones sociales de producción, para privilegiar las necesidades sociales básicas y más allá. Ello incluye reformas agrarias y urbanas, con base en la soberanía alimentaria, energética y financiera, con socializaciones varias, en la producción y circulación. Se trata de las finanzas, el comercio exterior, de los servicios públicos privatizados y de todo aquello que alude a dimensión estratégica para la producción y reproducción de la cotidianeidad.

Se trata de pensar soberanamente la cuestión de la deuda y no someterse al “sentido común” hegemónico de honrar a los acreedores de una deuda que no sirvió al pueblo, y que prestamistas y buscadores de crédito sabían que era impagable, por lo que se trata de una deuda odiosa. La deuda asumida sirvió para la fuga de capitales. Fueron más de 100.000 millones de dólares de fuga y de deuda pública, montos que remiten a los cuatro últimos años de gestión de Mauricio Macri, los que agravan una tendencia que se remonta al ciclo iniciado en 1975/6. Hace falta identificar a los responsables y denunciar el carácter ilegitimo de una política de deuda pública que consolidó un orden para la desigualdad y la concentración.

Por ello, para iniciar otro rumbo, lo primero es denunciar el proceso de endeudamiento suspendiendo soberanamente los pagos y cambiar todo lo que haya que modificar económica, política y culturalmente para encarar otro camino de producción y circulación de bienes y servicios. ¿Es una cuestión política? No hay duda, por eso es que necesitamos poner en discusión lo indiscutible, ese imaginario que el único camino posible es el pago de la deuda. El default soberano es una posibilidad si la sociedad lo decide e impulsa con conciencia social por ir más allá de pretender recuperar la normalidad.

La búsqueda es por otra normalidad, que termine con los procesos de desigualdad y miseria mayoritaria y augure una perspectiva de liberación social y construcción socio económica auto-gestionada. Vamos a insistir que no es una cuestión solo nacional, sino que requiere sea asumida mundialmente.

Buenos Aires, 9 de mayo de 2020


[1] CADTM, en: http://www.cadtm.org/Argentina-Cronica-del-lanzamiento-de-la-Campana-por-la-Suspension-del-Pago-de

[2] La Nación, 7 de mayo; en: https://www.lanacion.com.ar/economia/deuda-economistas-locales-firman-carta-abierta-apoyo-nid2362844

[3] El Cronista, 8 de mayo; en: https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-suma-apoyo-feminista-para-reestructurar-la-deuda-20200508-0002.html


Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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