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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Apuntes para pensar las comunidades indígenas en tiempos de cuarentena

Por Liliana Figueroa y Liliana Pérez (Universidad Nacional de la Patagonia)*.

Esta nueva pandemia del Covid-19 puso en profunda crisis la normalidad en la que vivíamos desde hace décadas, bajo el peso del capitalismo financiero globalizado. Sin lugar a dudas deja aún más al descubierto los distintos grados de desigualdad estructural de la cual el sistema se alimenta.

A medida que ponemos nuestra mirada en el sur global -y dentro de él en las zonas periféricas de las grandes ciudades y los entornos rurales-, esta desigualdad se hace más impúdica porque ha sido tan poco visible como histórica. Como sostiene Rita Segato (1), una antropología por demanda hace que podamos acercarnos a la vida diaria de estos habitantes para comprender de qué manera están atravesando esta situación.

En esta dirección nos interesa analizar cómo las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, afecta a los Pueblos originarios y, particularmente, a las comunidades de Chubut y Río Negro.

Hemos analizado algunas de las medidas que se tomaron para ver de qué forma las mismas entran en tensión con las políticas públicas vigentes -de salud, educación, sociales-, poniendo en evidencia la histórica falta de una política estatal específica para estos pueblos, pese a las garantías y derechos sobre las que el país ha legislado pero que no se están cumpliendo.

1-El aislamiento social

El aislamiento social, entendido como reclusión al interior de la vivienda con el núcleo familiar conviviente y en comunidad, no es novedoso para los pueblos indígenas. Tal como lo señala en una entrevista la Secretaria General del Consejo Consultivo de pueblos Indígenas de Argentina, Relmu Ñanku: “los pueblos indígenas históricamente hemos definido esta cuestión de aislamiento, por ser pueblos que hemos vivido de manera reservada hacia adentro de nuestros territorios, por lo tanto, el aislamiento en sí, el hecho de estar en comunión hacia dentro de la comunidad o de nuestros territorios, no es una novedad”. Al mismo tiempo indica que en el marco de una pandemia se agrava la situación, debido a una cuestión histórica: la falta de Políticas públicas específicas para los pueblos originarios.

En tal sentido, apenas un mes antes de la declaración de la Cuarentena en el país, tomaban estado público las muertes de niños wichis por desnutrición, visibilizando la falta de una política pública de garantice derechos básicos como el acceso a la alimentación, al agua y a la salud. Existen varios estudios (2) que dan cuenta que esta situación no es nueva, sino que se viene agravando a tal punto que se la ha denominado el “lento genocidio Wichi” o “ecocidio” (3). Álvarez Leguizamón (2020) indica que la escasez de comida se debe fundamentalmente a que han perdido el acceso a la tierra y a los frutos del bosque, por efectos de la deforestación para el cultivo de soja. Para la autora, las respuestas gubernamentales no actúan sobre los procesos coyunturales e históricos estructurales que producen hambre, ni tampoco sobre los perpetradores, al contrario, en la mayoría de los casos apoyan y promueven políticas que lo producen, como la expansión de la soja, o defienden a los agentes que los acorralan y les quitan la tierra y el acceso al agua. Entonces nos interrogamos ¿Que otras políticas se están planteando para atender las necesidades del pueblo Wichi, además de aquellas destinadas a palear la pandemia? ¿La importancia del lavado frecuente de manos para prevenir el Covid-19 garantiza, ahora, el efectivo acceso al agua?

O, dicho de otra forma, ahora que el agua se convierte en un recurso necesario para prevenir el coronavirus que nos amenaza a todos ¿no será el momento de garantizar mediante políticas públicas definitivas el acceso a un recurso vital como el agua a todos los pueblos?

El agravamiento de los problemas relacionados con el acceso al agua potable es una cuestión medular que afecta en diversos grados a muchas otras comunidades urbanas (4) y rurales en distinta medida, ya sean indígenas o no en su composición. La falta o la ineficacia de políticas públicas sostenidas han sido y sigue siendo la cuestión de fondo de este grave problema en pleno siglo XXI. Falta que deja a grandes sectores de población sin el derecho al agua como bien esencial, que trae ligados problemas sanitarios, de higiene y de salud por deshidratación, sobre todo de niño/as y ancianos.

De todas formas es necesario distinguir la situación de las comunidades del Chaco y Formosa de las de las comunidades rurales indígenas de Patagonia. Y dentro de la misma región; si bien hay cuestiones comunes; las diferentes realidades deben ser analizadas en concreto.

Esta semana se dio a conocer el informe denominado “Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la RMBA, NOA, NEA y Patagonia“, elaborado por investigadores de once universidades públicas. En relación a la Patagonia se reconoce que se trabajó en las zonas más cercanas a la ciudad de Bariloche, y se advierte especialmente la problemática en relación a la búsqueda de leña y el clima frío que ya se está viviendo (5). Entre las problemáticas más recurrentes el informe señala: “Hay falta de medicamentos, alimentos frescos (frutas, verduras y lácteos) y productos de limpieza, ya que la población suele abastecerse una vez al mes en ciudades más grandes. • Los cajeros automáticos no tienen dinero o no fue la “banca móvil”. • Falta de inversión para la producción de los meses siguientes, así como dificultades para la provisión de leña para los meses más fríos. • Se denuncia que en la Comuna Rural de Telsen no se cortó el tránsito en las rutas provinciales 4 y 8 y en consecuencia las medidas de aislamiento que se tomaron a nivel local pierden sentido cuando ingresan personas provenientes de otras localidades. Otro tanto sucede en el paso fronterizo aledaño a Lago Blanco,6donde el cierre del tránsito de camiones es parcial. • Dificultades para la comunicación, ya que en las zonas de las comunidades originarias no pueden cargar las baterías de los celulares. • Escasez de agua (en las comunidades originarias de las zonas Cushamen, Quintupuray, Gualjaina). • Las comunidades originarias advierten sobre su vulnerabilidad ante hechos de violencia por reclamos territoriales ya que han sacado las custodias policiales.

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Para la ya citada Relmu Ñanku, las medidas que se han ido tomando decretos /disposiciones en la cuarentena, afectan de manera negativa a los Pueblos indígenas porque “no hemos tenido la posibilidad de entrar en el debate respecto de cómo se debería enfrentar esta pandemia, teniendo en cuenta la diversidad cultural que existe en el país, la cosmovisión que tenemos los pueblos indígenas, y si bien sabemos que el Covid-19 no discrimina, entendemos que es mucho más peligroso en aquellos lugares, territorios indígenas, donde no tenemos acceso a la salud. Desde nuestra concepción de salud, el Covid sería una Huinca Putran, enfermedad ajena a las que tendría el pueblo mapuche”. Si bien la concejal relata que aún no hay situaciones de contagio dentro de las comunidades, resulta importante destacar que la variable étnica aún no ha sido incorporada en los Informes sobre Covid-19,7por lo cual resulta difícil realizar un seguimiento para el sector que nos convoca.

2-Las actividades esenciales

Por otro lado resulta necesario preguntarse ¿qué significado e impacto tienen las actividades esenciales en los ámbitos rurales?

Los meses de marzo y abril son muy importantes para las comunidades porque son los meses de la recolección de frutos, del acopio de pasto y leña para el invierno, del traslado de animales de veranadas a invernadas. Esta situación es diferente para aquellos que viven en un territorio alejado de los lugares de recolección y acopio ya que la circulación quedó restringida y los permisos de circulación tenían una durabilidad de un día.

Una situación similar se da en aquellas comunidades alejadas de los centros urbanos que, en otras circunstancias, sus integrantes de trasladan al pueblo para vender sus productos -carne fresca, huevos, verduras, leña- y a realizar compra de alimentos y medicamentos, lo que supone en algunos casos recorrer varios kilómetros, pasar límites interjurisdiccionales entre provincias. Pensemos en las comunidades de Pillan Mahuiza y Vuelta del Río de Chubut, sin ser las únicas.

La comunidad Pillan Mahuiza se ubica a 7 km. del pueblo de Corcovado. El 7 de abril, tres hermanas del Movimiento de mujeres indígenas del Buen vivir que regresaban de comprar alimentos, fueron interceptadas por la policía y obligadas por el comisario Torres a firmar un acta en blanco. Luego fueron llevadas al hospital para realizarle los controles del Covid y puestas en libertad a las 22.00 hs.8Claro está que por efectos de la violencia policial estas mujeres se ven obligadas a tener que emprender un regreso por la noche, algo imprevisto y que trata de evitarse para no quedar expuestas a los cambios bruscos de temperatura típicos de la cordillera andino patagónica.

Por su parte la comunidad Vuelta del Río9realiza el abastecimiento de alimentos y/o trámites en El Maitén, Esquel o El Bolsón. Esta última situación supone cruzar el límite que separa a la provincia del Chubut de la de Río Negro.

De acuerdo con el Informe (2020),(10)en los primeros días continuó la circulación de camiones -especialmente chilenos, que utilizan la ruta 40. Posteriormente el acatamiento del cierre de fronteras fue mayor. Ello genera más confianza, a la vez que contribuye a la concientización de la población de las localidades, ya que generaba mucho malestar tener que acatar el aislamiento mientras continuaba la circulación de camiones.

En este particular marco, las comunidades recurren a su organización interna; los werkenes y/o colaboradores o encargados del abastecimiento de alimentos. Ello implica gastos en transporte, compra de alimentos de primera necesidad, medicamentos, tramitación de permisos, y muchas veces llegar al límite interjurisdiccional y no poder pasar. Si corren mejor suerte, deben quedarse en la comunidad sin poder regresar al pueblo por la imposibilidad de tramitar nuevos permisos desde el territorio. La situación se agrava más con el cierre abrupto de la frontera de la Comarca Andina del Paralelo 42, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut, que impacta fuertemente en la vida cotidiana de múltiples familias ya que esta frontera no operaba como tal en la vida de los pobladores hasta que se identificó el primer caso de Covid-19.(11)

3-El Ingreso Familiar por Emergencia (IFE)

El IFE es parte de una política pública por la caída de la economía, principalmente para los pobres y los sectores más vulnerables que no tienen un trabajo seguro. Como ya indicamos en párrafos anteriores, los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más vulnerables. Para acceder al Ingreso es necesario poder acceder a Mi ANSES. Como sostiene Relmu Ñanku “la pandemia nos obliga a usar las redes sociales y las tecnologías, algo que en la mayoría de las comunidades no existe porque no tienen luz o señal de teléfono”. La referencia a las dificultades para la comunicación, ya que en las zonas de las comunidades originarias no pueden cargar las baterías de los celulares, es algo que también aparece señalado en Relevamiento del Impacto Social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN, Chubut.

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Gran parte de estas solicitudes de IFE, las están haciendo los referentes del INAI y los amigos/intermediarios de cada comunidad, que viven en las ciudades y que ayudan a los pobladores con estos trámites, debido a la deficiente conexión en la ruralidad, tanto como a la dificultad de muchos pobladores con la tecnología y la lectoescritura.

En este contexto cabe recordar también la suspensión del Relevamiento socio territorial para determinar las tierras que utiliza cada comunidad (Ley 26160), derecho fundamental para su supervivencia como tal. Como lo señala el Informe al que venimos aludiendo, las comunidades originarias advierten sobre su vulnerabilidad ante hechos de violencia por reclamos territoriales, ya que han sacado las custodias policiales (12) y durante este periodo de aislamiento al menos dos comunidades han sufrido atropellos y violencia por disputa territorial.

Especialmente en Chubut, la mayoría de las comunidades en el área rural cuentan con aldeas en las cuales hay una escuela y un puesto sanitario (algunos muy precarios porque el personal, ante esta situación de aislamiento, ha decidido estar en los centros más grandes y han dejado sin atención a los pobladores). En el caso de las escuelas están abastecidas con motores diésel para la luz y el bombeo de agua. En algunas escuelas tienen acceso precario a internet, tomando la señal de las antenas de los conglomerados más grandes que tiene cerca, quedando muchas comunidades y pobladores rurales fuera de ese alcance. Lo mismo pasa con los molinos eólicos, instalados años atrás, pero sin mantenimiento. Por lo tanto y en la medida que se terminan las baterías, no hay reemplazo de las mismas. Los molinos se asoman en esos espacios rurales, como metáfora, como mudos testimonios de un Estado que no sostiene o acompaña en su mentada apuesta de desarrollo social. El Estado actúa en estas comunidades del interior de manera espasmódica, siendo más activo en fechas pre-electorales, y abandónico en los años posteriores.

Muchos entrevistados en estas comunidades, como en Costa de Lepá y Cushamen, nos han señalado hace unos meses este mecanismo que consideran vil, así como el intento por parte del IPA (Instituto Provincial del Agua) de cobrarles un canon por la misma, cuestión que ha sido rechazada de pleno, ya que lo consideran un recurso vital escaso, de pleno derecho comunitario, que no están dispuestos a delegar en organismos del Estado.

Estas disputas se dan en el marco de una crisis ambiental progresiva, producto del aumento de las temperaturas medias anuales en los últimos años y la consecuente falta de lluvias y nieve. A este fenómeno se agrega la problemática del sobrepastoreo en tierras reducidas a reservas acotadas, en la mayoría de los casos en las peores tierras que quedaron de saldo a las cedidas a los terratenientes, generando inequidades estructurales. Los campos de los terratenientes contienen casi el 80% del agua del río Chubut, así como de cursos fluviales adyacentes y los mejores mallines y aguadas.

En el caso de las comunidades de la Meseta Central del Chubut, a este panorama se le añade la voracidad de los proyectos Megamineros que están rodeando a los pequeños productores en Gastre, Gan Gan, Chacay Oeste y Laguna Fría. Las actividades alrededor de esta industria extractiva y sus sectores de servicios derivados que hace años vienen organizándose, llevan literalmente agua a sus molinos, los pocos cursos han sido derivados a sus necesidades de proyectos de infraestructura para la minería.

A toda esta situación preexistente se le suma, desde marzo del 2020, las restricciones sanitaristas indicadas por la pandemia sin la necesaria interacción con los referentes de las comunidades, para atender sus particularidades.

Y si bien la mayoría de las comunidades está haciendo aislamiento comunitario, este incluso acarrea problemas específicos para los pobladores.

En nuestro caso hemos relevado también que en Chacay Oeste (13) y Colan Conhue,(14) ambas comunidades aborígenes mapuche-tehuelche de Chubut: estuvieron sin luz por muchos días por falta de mantenimiento de los equipos electrógenos, dificultad que se profundizó por el corte de rutas y el aislamiento decretado. Esto no solo significó la pérdida de alimentos refrigerados y la dificultad para reabastecerse, sino que los niño/as no pudiesen tener acceso a la escuela virtual para seguir adelante con su educación en entornos donde conectividad -cuando la hay- es deficitaria.

A esto hay que sumar el corte de caminos vecinales por la aplicación de medidas sanitaristas, sin tener en cuenta que al establecer este criterio en los entornos rurales, los dejaron también desabastecidos de alimentos y de leña, a poco de la llegada de la temporada invernal. Los intendentes y/o referentes locales deben luchar contra la desidia de un Estado que siempre está demasiado lejos y es demasiado lento para solucionar sus problemas. Por todo ello, para quienes viven en lo que se ha dado por llamar “el interior” de las provincias, esa pregunta sobre qué va a pasar cuando volvamos “a la normalidad” es un tanto vana, porque esa normalidad para ellos, hace décadas, es la de la exclusión de los servicios básicos permanentes; la de la falta de políticas integrales de desarrollo productivo que les permita vivir dignamente en su tierra comunal o familiar, sin que los grandes estancieros aliados con las autoridades locales los quieran dejar sin ellas, sin que presionen para apropiárselas.

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Las comunidades rurales tienen una vieja historia de postergación y discriminación. Sus habitantes en la mayoría de los casos aborígenes y criollos empobrecidos han estado y están siempre al borde de su existencia como sujetos de pleno derecho. Y porque los abusos o la desidia cometidos contra su población no suelen ser medidos con la misma vara que para las capas medias urbanas. Y esto es un claro ejemplo de racismo encubierto o invisibilizado.

Por eso, en esta coyuntura, mientras seguimos minuto a minuto con morboso detalle cada muerte en cualquier remoto lugar del mundo por el Covid-19, la mayoría de nosotros no sabe lo que pasa en estas comunidades cercanas. Pero esto no es ni casual ni un detalle menor. De eso trata también la hegemonía. Perfilar hacia donde debemos mirar y con qué cosas nos debemos preocupar. Los medios de comunicación logran esto sin demasiado esfuerzo. Son pocos los que se hacen eco de las injusticias que vienen ocurriendo desde hace décadas con estas y otras poblaciones que han quedado marginadas del llamado “progreso”.

Nos hemos inmunizado para aceptar el lento desaparecer de poblaciones que fueron pensadas por los poderes de turno como sobrantes. Y, al igual que como el virus Covid-19, gran parte de la sociedad se pone una máscara para que esas injusticias que rozan muchas veces el exterminio, no se les meta adentro del cuerpo.

Es así como, mientras en los ámbitos llamados académicos pensamos cuales de los pronósticos del mundo por venir nos espera, -si una salida a la Zizek, a la Han, a la Butler, de la importancia de vitamina D contra el virus, la cantidad de respiradores existentes o el problema de los geriátricos-, estas poblaciones siguen luchando a brazo partido para acceder a los bienes básicos, haciendo uso de unas de las estrategias más antiguas para la supervivencia de nuestra especie: el tejido de vínculos familiares, la solidaridad inter-grupal y las estrategias adaptativas que valoran lo social, lo comunal por sobre lo individual, los bienes comunes a la propiedad privada y la vida del planeta por sobre la voracidad de los individuos y del sistema,(15) llegando en esta lucha incluso a las más altas esferas jurídicas, tanto en el norte salteño como en la Patagonia.

Fuente: el extremo sur

1- Segato, Rita: La crítica a la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda. Prometeo Libros. 2018. Buenos Aires

2- Sonia Álvarez Leguizamón, “Neocolonialismo y hambre, los agronegocios de la Soja transgenica (Salta – Arg)”; Mariana Lorenzeti: “La dimensión política de la salud: las prácticas sanitarias desde las comunidades peri urbanas wichi del dpto. de San Martín (Salta)”. En: Víctor Arancibia y Alejandra Cebrelli 2011: “Luchas y transformaciones sociales en Salta”: Centro promocional de Investigaciones en Historia y Antropología – CEPIHA, Facultad de Humanidades, UNAS.

3- Diario Página 12 de fecha 09 de febrero de 2020 – Sonia Álvarez Leguizamón: Política de parches, Sin soluciones de fondo para el hambre wichi.

4- Este martes los casos en las villas porteñas sumaban 249, ayer miércoles ascendieron a 300 y, de acuerdo al parte diario del gobierno porteño de este jueves, se informaron 64 casos nuevos, que suman en total 365 casos positivos en todos los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, los casos vienen aumentando en este momento de forma exponencial, pronunciando la curva de contagios en dichos focos. La Villa 31 de Retiro continúa encabezando la lista con más de 200 casos, seguida únicamente por la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, también conocida como Barrio Padre Ricciardelli, donde se produjo la primera muerte. Información recabada de diversos medios de información nacionales. Jueves 7 de mayo.

5- https://eltabanodigital.com/comunidades-originarias-y-covid-19-informe-de-universidades-publicas/

6- Paso internacional con Chile.

7- REF: Propuesta de incorporación de la variable étnica en los Informes sobre Covid 19 realizada por el Tejido de Profesionales Indígenas al Ministerio de salud de la Nación. Disponible en docs.google.com

8- http://laizquierdadiario.com/comunidad-mapuche-amedrentada-por-la-policia-de-Chubut-cuarentena y latinta.com.ar2020/04 “Chubut, Argentina: ¿Cuarentena o dictadura. Comunidad Buenuleo – Felisa Curamil – disputas territoriales, integrantes heridos Friedrich-

9- Departamento Cushamen, Chubut.

10- Relevamiento del Impacto Social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN, Chubut.

11- Una comarca partida al medio por la Emergencia Sanitaria en: Diario Página 12 de 04 de mayo de 2020.

12- Brutal agresión a una comunidad mapuche Buenuleo en Bariloche, en diario Página 12 del 30 de abril de 2020. Hostigamiento y amenazas a la comunidad Fatalaufken Mew-lof-Pailako 06 de mayo de 2020 difundido por distintas redes sociales.

13- Departamento Telsen.

14- Departamento Languiñeo.

15- Saben por experiencia histórica que el Estado no construye comunidad, sino que el Estado estría, divide, califica, segrega, y esto afecta sus derechos de propiedad comunal, el derecho de consulta, el espeto a sus modos de relación con el ambiente, a su identidad cultural ancestral. Esto queda claro en el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina (2020), que determina la responsabilidad del Estado Provincial y Nacional en perjuicio de las comunidades indígenas de Salta, reunidas en la organización llamada Lhaka Honhat” (Nuestra Tierra), que reúne a 132 comunidades fusionadas en más de 2000 familias indígenas. https://www.youtube.com/watch?v=Ldr0ZZq2jrk&feature=share&fbclid=IwAR2mur3mBTVBl_cMdIaEj4hhdf2J0I5ICY7iXdRPyePXeFDWf3ABUgE5h24

* Grupo Interdisciplinario de Estudios de Crisis Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia.

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