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Venezuela: Amenazas bajo asedio imperialista

El pasado domingo 3 Venezuela volvió a ser noticia para las grandes cadenas mediáticas que modelan la opinión pública. Acababa de frustrarse un nuevo intento de ataque militar contra el gobierno de Maduro. Esta vez protagonizado por un grupo paramilitar de la derecha, armado y entrenado en la vecina Colombia, que intentó establecer una suerte de cabecera insurreccional desembarcando en las playas de La Guaira, cercanas a Caracas.

Llamativamente, desde la eclosión de la pandemia viral, las ciudades venezolanas habían desaparecido de las pantallas televisivas. Mostraban los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil o los camiones frigoríficos transformados en morgues sustitutas en Nueva York. El inocultable horror igualó circunstancialmente al capitalismo arrodillado con el capitalismo dominante. Con un cinismo, que además se cree ingenioso, los comentaristas de esa prensa canalla contarían después que “el virus es democrático” porque nadie está a salvo.

Tampoco se mostraron imágenes de la extendida frontera colombo- venezolana, ni siquiera la del puente que las une en Cúcuta, por donde están regresando a su país miles de migrantes venezolanos desencantados, que hace poco las cruzaron en sentido inverso, buscando en las economías de libre mercado de los países vecinos la estabilidad económica que ya no puede garantizarles el estatismo de la denostada “dictadura” chavista.

Debe recordarse que hace apenas quince meses atrás, mediante la cobertura de esas cadenas internacionales, la atención pública mundial se focalizó en ese mismo puente, como parte de una mega operación montada por el imperialismo yanqui. Supuestamente se iniciaba “una ruta” que debía culminar ese mismo año con el derrumbe del gobierno de Maduro, reelecto en mayo de 2018 y desconocido por la bancada derechista de la Asamblea Nacional, que unos días antes había avalado la autoproclamación de uno de sus miembros menos relevantes para sustituir al líder bolivariano en la presidencia de la República.

Hoy nadie se acuerda de aquella provocación que se pretendió presentar con tintes épicos y de cruzada libertadora. El ignoto diputado derechista que la encabezó es un cadáver político y la bancada opositora, que se sumó a esos planes, está fracturada.

Sólo queda en pie la larga obsesión y obstinación del imperialismo yanqui, asumida con mayor agresividad por el gobierno de Trump, para liquidar a la Revolución Bolivariana. Entre aquella operación iniciada en febrero de 2019 y el reciente intento invasivo hay un claro nexo estratégico de derrocamiento del gobierno de Maduro y aplastamiento del proceso bolivariano, que tiene varios brazos ejecutores, pero una dirección de mando única, política, militar y logística, en Washington.

Sus planificadores se han convencido, a través de los fracasos de este tiempo, que para lograr este objetivo final no les alcanza con entusiasmar por unas semanas a la base social antichavista con las falsas promesas de un mal comediante, actuando de “presidente virtual”, sin territorio ni mando. Comprobaron que tampoco es tan sencillo soliviantar contra el gobierno a las bases populares del chavismo, civiles o militares, a pesar de las serias dificultades cotidianas que atraviesa la población.

Por eso en los últimos años acentuaron el cerco mediante las sanciones económicas, el secuestro de bienes que el Estado venezolano tiene en el exterior y – lo más grave – la reciente opción por una acción bélica desembozada, como lo muestra el desplazamiento, hace pocas semanas, hacia aguas caribeñas de una poderosa flota, con el pretexto de combatir a un “narcoestado”, a lo que se suma el episodio de días pasados.

VIRUS Y ESTADO

Sin distingo de geografías el virus es una nueva amenaza. Su potencial infectivo, su mecanismo expansivo y el grado de letalidad es el mismo en cualquier lugar. Sin recursos medicamentosos para neutralizarlo o combatirlo la terapéutica casi excluyente se reduce al “remedio social” del confinamiento individual o de familias.

Un “remedio” que, justamente por ser social, no todas los países están en igual capacidad y disposición de aplicar. Porque depende tanto de las decisiones que se adoptan en la cúpula de la sociedad, desde el Estado, como de la capacidad de respuesta cultural y organizativa que existe en sus bases, en todo el entramado social.

En esta crisis sanitaria mundial se han visto todo un arco de políticas gubernamentales en cuanto a la imposición del confinamiento social. Decisiones, que en gran medida, estuvieron supeditadas a la mayor o menor subordinación de cada gobierno a las presiones de los grupos económicos, que bajo ninguna circunstancia son proclives a podar sus ganancias.

En las estadísticas de contagios y letalidad del virus están las huellas de esas decisiones políticas. Para desencanto y disgusto de muchos “analistas especializados” de las cadenas mediáticas, las que muestra Venezuela en esta emergencia la ubican muy por debajo de las que están a la cabeza en la región y a años luz de los datos catastróficos de las grandes economías capitalistas. Un resultado que, además, sería imposible de lograr en una sociedad azotada por una “crisis humanitaria”, como interesadamente se difundió en los últimos años, con la clara intención de justificar los sucesivos intentos de derrocamiento del gobierno.

Sin embargo las cifras no explican las causas. Es precisamente en los dos niveles señalados, el del Estado y el de la organización social, donde deben buscarse las ventajas que muestra la Venezuela bolivariana para enfrentar la pandemia, a pesar del casi constante asedio imperialista en estos veinte años. Por necesidad de enfrentar a un enemigo visible y previsible, ahora está en mejores condiciones para contener la amenaza inesperada e imprevisible.

Las ventajas acumuladas son notorias en ambos planos. La mayor autonomía frente a los intereses del capital está en los orígenes del proceso bolivariano, porque no nació patrocinado por ninguna de sus fracciones, aunque en un principio se propuso la imposible tarea de humanizarlo. Por tanto el gobierno no tuvo ninguna vacilación para imponer la cuarentena, anticipándose a la detección del virus en su territorio, cuando se comprobó que la propagación en los países vecinos era exponencial. Una decisión política cuyo costo es la parálisis económica y el aumento de las tensiones sociales que se generan cuando los intereses generales – el “bien común” social, en este caso el de la salud – tienen prioridad sobre los múltiples intereses particulares y sectoriales, que se ven afectados. Obviamente el primero con el que colisiona es con el “del mercado”, es decir el del capital en todas sus expresiones, porque afectan sus ganancias. Una confrontación que no espanta al chavismo ni es nueva en su historia.

También forma parte de esa historia del chavismo el impulso a la organización social, que se acrecentó por la necesidad de contrarrestar el daño causado por una “guerra económica”, no buscada ni deseada y ahora son instrumentos eficientes para amortiguar las dificultades generadas por la cuarentena. Entre los mismos debe resaltarse el desarrollo de una amplia trama de organizaciones de las bases populares, que en estos años azarosos se afianzaron en la tarea central de distribución de alimentos subsidiados, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), vinculados directamente al aparato estatal; aquellas que reflejan distintos niveles de auto-organización social, tanto para las tareas comunitarias como para la producción, como los Consejos comunales y las Comunas y también las organización política de las bases del PSUV, más vinculadas a la movilización popular, con amplia cobertura territorial, por municipio y por parroquia, además de un sinnúmero de “colectivos”, que expresan la pluralidad de vertientes que sostienen al proceso bolivariano. En anteriores ocasiones la acción conjunta de estas organizaciones de base con el sistema sanitario no tradicional creado por la Revolución, Barrio Adentro, obtuvo muy buenos resultados. Puede esperarse que en esta situación se logre igual eficacia.

La expansión viral también deja entre sus víctimas al mito neoliberal – levantado como una verdad revelada e incuestionable – que la supuesta ineficiencia de los Estados justifica achicar sus esferas de acción al mínimo, entre ellas las de salud. El mal desempeño mostrado en la actual emergencia por los Estados que aplicaron a rajatabla esas políticas abrió, para disgusto de la derecha más reaccionaria, un debate amplio sobre el tema.

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Pero reducir el debate a “más o menos Estado”, o sea hacia que sectores se redistribuye el presupuesto fiscal y en qué monto, es esquivarle al problema central: el tipo de Estado que necesita la sociedad y a que intereses responde.

Para los socialistas la respuesta es precisa. Si se pretende un Estado que responda al interés general y promueva el “bien común” de la sociedad, es decir para todos, no sólo para los sectores con capacidad dineraria, no puede ser un Estado supeditado a garantizar las ganancias del capital, para redistribuirlas, mejor o peor. Para concretar ese “bien común” necesariamente habrá que transitar de las actuales sociedades de la desigualdad creciente a una de igualdad social, que sólo es concebible y realizable en una sociedad sin clases explotadoras. Ambos aspectos son inseparables e imprescindibles.

Chávez lo decía así:” para acabar con la pobreza hay que darle Poder a los pobres”.

EL PRETEXTO IMPERIALISTA

La convivencia entre el proceso bolivariano y los intereses del imperialismo yanqui en el país y en la región nunca fue apacible. Por el contrario, la hostilidad de los distintos gobiernos de EE.UU. se manifestó por acciones que van desde innumerables actos de intromisión en la política interna venezolana hasta el abierto apoyo a golpes fracasados. Con Maduro en la presidencia, desde 2013, el imperialismo se trazó como ruta para su derrocamiento impulsar la guerra civil, para lo cual cuenta con el auxilio interno del sector fascista de la derecha. Para ese fin viene ensayando diversos atajos, terrorismo, revueltas callejeras, sublevaciones militares, asesinatos, etc. Aunque novedoso por su forma operativa, el reciente intento es uno más en ese camino y hay firmes razones para pensar que tampoco será el último

Se asiste a una escalada agresiva en la cual el imperialismo está urgido en apurar el paso. Es necesario entender las variadas motivaciones que confluyen en esta decisión. Si en el frustrado golpe de 2002 la mano imperialista movió a sus peones de turno por el riesgo de perder el control secular que tuvo sobre el petróleo caribeño, esa no es la preocupación actual de las cúpulas de EE.UU. Ahora lograron el autoabastecimiento petrolero y puede acumularlo, aunque las reservas que bordean al Orinoco siempre son un bien codiciable para sus multinacionales.

La urgencia imperialista pasa ahora por consolidar su predominio político y económico en el continente, descontando que el militar nadie puede disputárselo. Una urgencia que se acrecienta por dos razones. La primera es la amenazante sombra del rebrote de una crisis económica global, más grave que la de 2008 – nunca resuelta, aunque mitigada por breves lapsos de recuperación – lo cual tensa en extremo la disputa intercapitalista global que, bajo la forma de una “guerra comercial”, mantiene con la ascendente China y también con Rusia, una renovada potencia militar. En esa confrontación América Latina es sólo una parte de un teatro de operaciones más extenso, pero es la parte que los yanquis consideran su intocable retaguardia.

Además, el reverdecer de la crisis también encuentra a la economía de EE.UU. – la más grande del mundo – en peores condiciones estructurales que la de su oponente oriental, y sin duda quedará más averiada por la gestión irracional de su gobierno para enfrentar la pandemia, tanto en lo social como en lo económico.

La segunda razón es que las gobiernos derechistas de la región, que funcionan como fuerza operativa de los intereses estratégicos imperialistas, vienen sufriendo notorios reveses en el último año, tanto a causa de los desastres económicos y sociales que producen, por caso los de Macri y Bolsonaro, como por la reaparición de significativas movilizaciones populares, entre las que resalta la explosión inédita de la juventud chilena – que agrietó los cimientos del Estado pinochetista democráticamente maquillado – y en menor medida, las que también conmovieron a Ecuador y Colombia.

Esta situación se refleja en el agrupamiento regional de esos gobiernos reaccionarios, el “Grupo de Lima”, que hoy está disminuido, desgastado y con casi ninguna credibilidad pública fuera de sus fronteras. Por lo tanto difícilmente pueda servirle al imperialismo para el objetivo central que le asignó en su creación: sumarse a una eventual operación militar destinada a “restablecer la democracia venezolana”, para darle a la misma cobertura de legalidad internacional y una fachada de apoyo en la región.

La tercera razón es golpear cuando la población venezolana padece más los rigores de una economía deteriorada porque, a sus debilidades estructurales internas nunca superadas, se sumó en los últimos años el enorme daño causado por el cerco imperialista y el reciente derrumbe del mercado petrolero.

ASEDIO Y ASALTO

El objetivo final de todo cercamiento político o militar es lograr la rendición del enemigo o su destrucción. Como con la Revolución Bolivariana nunca lograron lo primero, avanzan hacia la segunda opción. Un proceso revolucionario de masas, que además se constituyó en un promotor ideológico y un articulador organizativo de la unidad caribeña y latinoamericana, es algo corrosivo e intragable para los intereses imperialistas, en cualquier tiempo y bajo cualquier administración, sea demócrata o republicana.

Por eso el ex presidente Obama, ya de retirada, firmó en marzo de 2015 un decreto declarando a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria” para los intereses de EE.UU.

Con la herencia de esa seudo legalidad el gobierno de Trump intenta justificar internacionalmente todos los actos de piratería, saqueos y agresiones humanitarias cometidos por su gobierno contra el pueblo y la Nación venezolana. En esta innoble cruzada no está sólo. En su gran mayoría los gobiernos del capitalismo occidental fueron cómplices necesarios para que la agresiva escalada yanqui haya sido eficaz.

Miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano han sido directamente secuestrados en el exterior. Para dar una idea: se secuestró una importante reserva de oro físico depositada en el Banco de Inglaterra; se bloquearon cuentas que posee el Estado venezolano en 42 bancos de 17 países europeos, por un monto global que se aproxima a los 5000 millones de dólares; se necesitó inventar a un títere como “presidente sustituto” no electo – cuya incidencia interna es nula, salvo convocar a marchas opositoras cada vez menores – para darle una apariencia de legalidad al arrebato al control del gobierno legítimo de Maduro sobre el complejo petrolero venezolano en territorio estadounidense, CITGO, valuado en 7000 millones de dólares y la planta petroquímica de Monómeros, radicada en Colombia. El último despojo públicamente registrado fue uno de 342 millones de dólares, depositados en el City Bank, que se los apropió la Reserva Federal de EE.UU.

Estas acciones se inscriben dentro de la estrategia mayor ya señalada: preparar la guerra civil. Su primer acto preparatorio es provocar una crisis social insostenible a través del desabastecimiento, no sólo mediante el señalado despojo de bienes estatales legítimos, desfinanciando al Estado, sino también con una serie de otras medidas, que constituyen una real guerra a la economía venezolana y pasan por impedir los intercambios comerciales habituales de cualquier nación, bloqueando fondos para el pago a los proveedores y sancionando a esas empresas, ataques monetarios, y un largo etc

Como a pesar de la imposición de sanciones cada vez más agresivas no se produjo el esperado caos social ni la implosión del gobierno de Maduro, pero si un empeoramiento de las condiciones de vida que afecta a toda la población, sin distingos de adhesiones políticas, el gobierno de Trump decidió, a fines de marzo, dar una señal clara que avanza sin rodeos hacia una directa intervención armada en Venezuela.

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El pasado 11 de marzo el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, en una audiencia en la Cámara de Representantes, dijo textualmente que «Habrá un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio más adelante este año; esto incluirá un mayor despliegue de barcos, aviones y fuerzas de seguridad para contrarrestar una serie de amenazas». Pocos días después el gobierno yanqui le puso precio a la captura de toda la dirección bolivariana declarándolos “narcoterroristas” porque el camino hacia la intervención directa necesita un pretexto que lo justifique internacionalmente. Inmediatamente se desplegó una flota en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas – con la supuesta finalidad de contrarrestar el tráfico de drogas – que incluyen a poderososdestructores misilísticos, un arma ofensiva innecesaria para detener un carguero o una lancha con droga, pero imprescindible para apuntarle a Caracas.

Entre esas amenazantes movimientos realizados el último tiempo desde la Casa Blanca y el reciente intento de un grupo comando para establecer una cabecera militar en la zona del principal aeropuerto del país, con la declarada finalidad – entre otras – de ocuparlo, hay una conexión indiscutible. Aunque para disimularlo el gobierno de Trump dejó la acción en manos de un enjambre de ex marines mercenarios, militares desertores derechistas y narcos reclutados por la DEA. Lo cual, adicionalmente, muestra que en estos tiempos los yanquis tienen mayores dificultades que en décadas atrás para encontrar socios internacionales que lo acompañen en sus aventuras bélicas.

Una vez más la agresión imperialista se estrelló contra la voluntad patriótica de resistencia del chavismo, cuyos componentes más notorios son un depurado sistema de contrainteligencia y la proclamada unidad cívico-militar, que no se circunscribe a la comunión ideológico- política en el bolivarianismo, porque tiene una forma organizativa concreta en la articulación del ejército regular tecnificado con la amplia fuerza miliciana, cuya necesidad y eficiencia se demostró en los acontecimientos recientes.

El presidente Maduro se refirió días pasados a la concepción que sustenta esta organización defensiva, evocando la antigua concepción revolucionaria de la “guerra de todo el pueblo”. No puede caber duda que esa fue la concepción que orientó a Chávez cuando decidió la creación de esas milicias, tras desbaratar sucesivos intentos golpistas. De allí su insistencia en que “nuestra Revolución es pacífica pero no desarmada”. Una enseñanza para los pueblos latinoamericanos que deciden transitar caminos de independencia y enfrentar al capitalismo dominante.

Pescadores de la parroquia Charuao, en defensa de la revolución bolivariana – mayo 2020

CERCAMIENTO

Contenida temporalmente la amenaza de la pandemia y conjurado, por ahora, el riesgo externo de invasión, otra sombra amenazante socava la estabilidad política y la convivencia social del pueblo: el deterioro de la economía, que se mantiene en forma irreductible desde hace tiempo. Una crisis que se alimenta desde varias vertientes, que se entrecruzan en la actual coyuntura y potencian la vulnerabilidad del proceso bolivariano.

Una es la ya descrita imposición de las ilegales e inhumanas sanciones desde Washington, que en el corto plazo no puede esperarse que se reviertan, aunque Trump sea derrotado en las próximas elecciones. No está en la genética imperialista un retroceso estratégico si no se ve forzado a ello, sea por conmociones internas – como las que vivió durante su agresión a Vietnam – o un giro sustancial en las relaciones de fuerza internacionales, en primer lugar las de nuestro continente. No se avizora ninguna de ambas situaciones, aunque la inestabilidad mundial puede trastocar cualquier previsión.

Otra causal de los desequilibrios económicos es el histórico cordón umbilical que ata la economía venezolana al mercado petrolero internacional. No sólo por la reciente e inusual caída de los precios sino también por los serios problemas internos que atraviesa la estatal PDVSA.

El derrumbe de los precios es un marcador indiscutible de la desaceleración en la economía capitalista, acentuada y al borde de la recesión generalizada por la pandemia. Como en tantos otros rubros, el mundo capitalista está enfermo de sobreproducción, en este caso petrolera y como ocurre con todas las llamadas “commodities”, el petróleo es a la vez un instrumento para enriquecer a los especuladores financieros mediante las “ventas a futuro”, que no tienen nada que ver con los volúmenes reales de producción. Una mixtura dañina, que se agravó por la guerra de precios a la baja para desplazar a sus competidores entre los grandes jugadores, la empresa estatal saudí y las petroleras rusas. El sorprendente derrumbe, más allá de lo esperado por los contrincantes, del cual nadie saldría indemne, obligó a un forzado armisticio a través de la llamada OPEP plus (OPEP ++), que juntó a sus integrantes permanentes – Venezuela entre ellos – con otros grandes productores que no la integran, para acordar un recorte mundial de la producción cercana a los 10 millones de barril/día desde el 1º de este mes. Esa disminución permitió en estos días una leve recuperación de los precios, pero muy por debajo de años anteriores, y todo indica que en ese nivel oscilarán en un futuro próximo. Toda la industria petrolera mundial deberá readecuarse a esos precios y como ocurre en las crisis capitalistas, muchos no saldrán ilesos, porque sus costos de producción no serán rentables.

Esta compleja situación encuentra además a PDVSA intentando remontar una caída de sus volúmenes de producción de los últimos años, mediante una reestructuración interna. Declinación que se debe en buena parte a una desinversión forzada por los ataques imperialistas del último período a sus finanzas y el bloqueo a insumos indispensables para su funcionamiento. Esta situación es la que motiva el actual faltante de gasolina (nafta), que paraliza buena parte del transporte del país, porque en los últimos años esa perversa combinación de desinversión en el sector de refinerías y el bloqueo a la importación de insumos químicos básicos para ese complejo proceso, afectaron seriamente la producción de los derivados del petróleo.

Pero el retroceso de la petrolera venezolana no se debe únicamente a esa presión externa imperialista. Una buena cuota de responsabilidad radica en el fracaso de anteriores planes de producción irrealizables y los desmanejos internos de castas burocráticas o corruptas, que se beneficiaron rapiñando de las inversiones hechas para financiar esos planes fantasiosos. El hecho es que la producción global de Venezuela retrocedió de poco más de 3 millones de barriles/día a menos de 1 millón de la actualidad, a pesar de los esfuerzos de gran parte de sus trabajadores, que intentaron paliar las carencias mediante su inventiva y sacrificios, resignando incluso beneficios propios.

Recientemente Maduro le fijó a la nueva directiva de PDVSA la meta de alcanzar los 2 millones barriles/día, que es un desafío en relación a la situación interna que atraviesa la industria y a la necesidad actual de inversión, pero a la vez es modesta en relación al potencial de reservas explotables.

Esta perspectiva de reactivación limitada de la principal industria del país, acentuada por el encogimiento del mercado petrolero mundial, resalta más la urgencia para superar la fragilidad crónica del aparato productivo del país. Una pesada carga que recibió el gobierno de Chávez y que éste comenzó a revertir, pero sigue siendo una tarea inconclusa del proceso bolivariano.

Este es su flanco más vulnerable, una amenaza no neutralizada y el cerco mayor que debe derribarse para su supervivencia.

Las condiciones actuales para remontar esta situación son distintas y más desventajosas que las que le tocaron enfrentar a Chávez. En primer lugar porque se frenó la fase ascendente de la década pasada del proceso revolucionario y del movimiento de masas en general, en toda la región. Esa eclosión popular le permitió a Chávez rescatar la renta petrolera de las manos imperialistas, que se la habían apropiada durante cien años – a través de sus personeros locales –, y utilizarla como palanca financiera para sus dos grandes objetivos: erradicar la pobreza y avanzar hacia una estructura productiva eficiente, sustentable e independiente política y tecnológicamente del imperialismo. Ahora se vive lo opuesto, una ofensiva del capital y el imperialismo – con sus altibajos – contra los pueblos. En segundo lugar, tampoco volverá a ser la renta petrolera – por las causas señaladas – la fuente de recursos para la inversión productiva no petrolera.

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Aquel primer impulso revolucionario dejó como saldo una estructura económica híbrida. Por un lado un sector estatizado que creció, especialmente en ramas estratégicas para construir un país soberano – telecomunicaciones, siderurgia, aluminio, minería, energética – y también en otras ramas, para garantizar su continuidad ante las amenazas empresariales de abandonarlas, como forma de boicot al gobierno. Pese a su mayor incidencia, este sector estatizado no cumplió con la expectativa de ser un amplificador productivo y la fuerza impulsora del socialismo. Del otro lado, el sector empresarial privado, que en ciertos rubros creció más y se concentró, persiste con las mismas prácticas predatorias del capitalismo rentista, subsidiándose de recursos del Estado y saqueando a los consumidores con precios usurarios. El sector más reciente de la economía comunal, que es significativo como experiencia política de autoorganización popular, por sus bajos volúmenes productivos todavía no incide en el producto global

Las falencias del sector estatizado son aprovechadas como plataforma propagandística por la oposición, que si llegase a gobernar desataría una oleada de privatizaciones, en nombre de la eficiencia. El daño mayor es que ese discurso comienza a confundir conciencias entre los sectores populares. Este riesgo acentúa más la urgencia de producir en el sector estatal de la economía los cambios necesarios para que cumplan con aquella finalidad originaria y a la vez que se evidencie que es un arma eficiente e imprescindible para enfrentar la crisis actual.

La direccionalidad que se propone para transformar las empresas estatales muestra tendencias contrapuestas en el campo del chavismo. Por un lado, para gestionarlas se promueven alianzas con el sector empresarial productivo – algunas avanzan incluso a propuestas de tercerizar ciertas áreas – y por el otro se reclama e impulsa en ellas el protagonismo de sus trabajadores a través de la ampliación de la experiencia de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT). Una experiencia que está en línea con la recordada visión que Chávez expuso al nacionalizar SIDOR, en mayo de 2008, para que sean los propios trabajadores quienes la gestionen, en beneficio del pueblo. Proceso que nunca pudo consolidarse – por las contradicciones propias de una compleja transición – pero tampoco se esfumó del ideario bolivariano ni de la conciencia de una parte de su militancia. Ahora, bajo la imposición de la coyuntura, parece que ha recibido un reimpulso desde la máxima dirección del Estado.

La dificultad de la primera alternativa no radica en los acuerdos que el Estado de transición, acosado por el cercamiento imperialista, necesita establecer con sectores capitalistas para encontrar soluciones específicas a problemas concretos de la producción y el abastecimiento de la población. El riesgo comienza cuando se pretende transformar las alianzas para medidas circunstanciales en un paradigma teórico, en un modelo a seguir para el desarrollo de una nueva economía. Sin duda que en esta perspectiva, que busca una alternativa a la crisis a través del “socialismo de mercado”, hay una influencia determinante de la experiencia China, tanto por su relampagueante ascenso en la geopolítica mundial como por su papel en el apoyo y defensa de los gobiernos bolivarianos. Pero en los procesos revolucionarios el pensamiento por analogía no ayuda y muchas veces es una trampa. Ya lo vivieron quienes en su momento para salir del capitalismo quisieron repetir el camino soviético. Aquellos que ponen su mirada en el gigante asiático olvidan que, antes de proyectarse como potencia, por allí pasó un proceso revolucionario que barrió con las viejas clases explotadoras, lo cual ahora le permite al Estado chino tener un poder punitivo suficiente como para subordinar a sus objetivos a la nueva clase capitalista. Situación diametralmente opuesta a la del presente venezolano, donde las viejas clases explotadoras – con nombres de familias y personajes bien conocidos por el pueblo – no sólo conspiran junto al imperialismo sino que incumplen los acuerdos con el gobierno y entorpecen cada una de sus medidas.

En las actuales condiciones de necesidad social los inversionistas, productivos o no, insertarán en su pliego de condiciones al Estado menores restricciones para ponerle un límite a su afán de lucro. Además, yerran quienes establecen una suerte de raya fronteriza intransitable entre “el capital productivo y el capital especulativo”. Esa línea divisoria no existe para aquellos capitales con volúmenes significativos como para apalancar un proceso de desarrollo, porque suelen ser sólo los distintos tentáculos de un mismo pulpo, que bien pueden construir una represa como provocar una crisis cambiaria especulando con bonos de los fondos de inversión. Los otros capitalistas, menores, suelen ser productivos sólo si consiguen la sombra protectora de los subsidios estatales. Al menos eso enseña la experiencia nuestramericana.

ALGO MÁS QUE RESISTENCIA

Como se dijo, la recuperación productiva del importante sector estatizado es vital para resistir el cerco imperialista. Si la recuperación se logra en base al papel protagónico de sus trabajadores, mediante la gestión directa y democrática de esas empresas, se abriría una perspectiva trascendente, que va más allá de la resistencia que exige esta coyuntura. Es el puente por el cual se podría transitar de la actual situación de extrema defensiva a la de una futura ofensiva.

Una ofensiva cuya prioridad consiste en desarrollar “la capacidad de maniatarle las manos a la burguesía”, como le planteaba Lenin a los trabajadores de su país – poco antes de su muerte – refiriéndose a la aguda conflictividad que caracteriza a las economías en transición. Una parte del pueblo trabajador viene desarrollando con sus actividades productivas esa lucha desde las comunas, rurales y urbanas, muchas veces en medio de las trabas burocráticas que surgen desde el seno del mismo Estado.

Los trabajadores de las grandes empresas estatales enfrentan nuevamente ese desafío de su auto-organización conciente en función de que realmente se transformen en una “propiedad social”, interviniendo desde la planificación de lo que se produce, como se produce, para quien se produce, es decir en todo el proceso integral del trabajo, dentro de un plan general. Para ganar esta batalla no sólo deberán seguir resistiendo al imperialismo, sino derribar los múltiples cercos interiores que se nutren de la cultura capitalista, entre ellos los de la burocracia estatal, que frustró intentos anteriores.

En contra de las opiniones de muchos agoreros, el pueblo venezolano ha demostrado en estos años de barbarie imperialista que desarrolló una notable capacidad de resistencia. Por algo pasó por esas tierras un vendaval llamado Chávez, que empujó a millones al compromiso político y sembró conciencia revolucionaria en una extendida vanguardia que no está dispuesta la claudicación.

Una rama de la moderna psicología para describir el proceso que trasciende la resistencia a los más rudos traumas y permite una suerte de renacer introdujo un término: la resilencia. El proceso bolivariano está en esa búsqueda.

Pero no es sólo su tarea. Los cercos imperialistas no sólo se rompen desde adentro. También necesitan que se los ataque desde afuera. Eso corresponde a la izquierda latinoamericana que todavía piensa que las revoluciones son imprescindibles y tiene voluntad de combate. Como enseñó el Che: el socialismo será latinoamericano o no será.

17.05.20

La Matanza


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