La educación pública ante la pandemia

Desde la CORRIENTE NACIONAL DE TRABAJADORXS DE LA EDUCACIÓN ENRIQUETA LUCERO vemos cómo la pandemia funciona en los hechos como un catalizador de las desigualdades en todas las esferas de la vida social, incluida también la educación pública.
Mientras medidas sanitarias y el esfuerzo colectivo han permitido aplanar la curva de contagios durante un tiempo, hoy el coronavirus se propaga en las barriadas pobres, villas y asentamientos, a la par que crecen exponencialmente las asimetrías intrínsecas del capitalismo.
Contrariando el discurso que describe un supuesto poder igualador del COVID-19, se descorre el velo de la “inclusión educativa” y queda al desnudo la profunda grieta social de la sociedad de clases.

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE UN SISTEMA DETERIORADO
El impacto del virus sobre la educación pública y sobre quienes trabajamos y estudian en ella atraviesa todos los vínculos del entramado socio educativo.
La nueva situación profundiza y agrava el deterioro de un sistema que ya estaba fragmentado y sometido a avances mercantilizadores en diferentes modalidades. Tampoco son nuevos los discursos apologéticos y acríticos sobre las “irrefutables bondades” de la tecnología en la escuela, acompañados en muchos casos, del interés de grandes empresas y fundaciones por la promoción y venta de las plataformas digitales, como también por el control de los contenidos.
Hoy resulta fácil verificar las consecuencias de sucesivas políticas de desinversión pública en educación, corolario entre otras cosas de priorizar los pagos de una deuda externa ilegítima y fraudulenta. Deuda que vuelve a ser legitimada -más allá de los tironeos en torno al monto y al tiempo de los pagos- con la política del gobierno de Alberto Fernández sintetizada en la afirmación del ministro Martín Guzmán de que “queremos que Argentina sea un buen deudor”.
Mediante una política que encontró unificados al gobierno nacional y a todos los gobernadores -incluidos los de Juntos por el Cambio- antes de que la pandemia azotara a nuestra población, desde los gobiernos nacional y provinciales se atacó la “cláusula gatillo” y nuestra capacidad de dar pelea contra la inflación en la defensa de nuestros salarios.

LA “CONTINUIDAD PEDAGÓGICA” COMO EXIGENCIA DESDE LOS GOBIERNOS Y EN ACUERDO CON LA CTERA
Ya en el marco de la pandemia, el discurso desde el Ministerio de Educación de la Nación a cargo de Nicolás Trotta, replicado por los gobiernos locales, ha puesto el énfasis en una supuesta “continuidad pedagógica” que sería garantizada por la educación virtual que, de buenas a primeras, estaría potenciada para reemplazar a las clases presenciales.
Este discurso ha sido acompañado por las conducciones sindicales de CTERA y de buena parte de sus sindicatos de base, que ponen el acento en “el compromiso y el esfuerzo docente” sin denunciar las consecuencias inmediatas y futuras de estas formas de trabajo sobre estudiantes y trabajadorxs. El rol de la conducción de CTERA, en sintonía con la inmensa mayoría de las burocracias sindicales, ha sido de colaboración con este contexto de pérdida de derechos de la docencia argentina. Antes de la pandemia, no ha enfrentado de manera unificada las políticas de ajuste salarial; ya en plena cuarentena, pretende anular nuestro derecho a la protesta descalificando cualquier salida a la calle con el falso argumento de que estaría en contra del aislamiento preventivo.
Con la llamada “continuidad pedagógica”, el gobierno sostiene que la mayoría de lxs alumnxs y de lxs docentes podía conectarse a través de medios virtuales. Todxs sabemos que no es así. La desigualdad se hace más patente que antes y la afrontamos lxs docentes con nuestros propios recursos, tratando de achicar esa terrible brecha con todos los medios al alcance. Lejos de garantizar equipos y conectividad para todo el alumnado y lxs docentes, el Estado ha impreso cuadernillos en papel que, como se está poniendo de manifiesto con su distribución también desigual, aumentan la diferencia entre lxs alumnxs que tienen acceso y lxs que no lo tienen.

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EL TRABAJO VIRTUAL COMO FLEXIBILIZACIÓN
Para hacer frente a este panorama, lxs docentes nos encontramos trabajando el doble de tiempo, con una sobrecarga laboral que no logra dar respuesta a todas estas situaciones, quedando expuestxs muchas veces a exigencias burocráticas y cambios inconsultos de directivas desde el nivel jerárquico, lo que acentúa el agobio. Así terminamos asumiendo una jornada laboral que parece extenderse sin límites.
Afirmamos y alertamos sobre las graves consecuencias de que el desarrollo de la educación en esta contingencia se extienda en el tiempo cuando volvamos al aula. El llamado “teletrabajo” tiene un impacto que ya hoy es perceptible en el plano de la sobrecarga y la extensión de la jornada laboral, al tiempo que deja abierta la puerta a una aplicación de esta
estrategia para apropiarse de nuestros saberes, imponer la flexibilización laboral,
incrementar el monitoreo sobre nuestro trabajo, avanzar en la estandarización de contenidos y el control ideológico. El “trabajo en casa” facilita el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, fragmentándonos y maniatando nuestra capacidad de reclamar. De allí a avanzar sobre la flexibilidad salarial, la modificación de las formas de acceso al trabajo y el retroceso en los convenios colectivos sólo hay un paso.
Dicho de otra forma, la educación virtualizada allana el camino para romper los “colectivos” que construimos en nuestro lugar de trabajo: la escuela. Otra gravísima consecuencia que ya comienza hoy a verificarse es el impacto sobre la salud física y psíquica de una importante cantidad de compañerxs.

UNA “REFORMA EXPRÉS” DE LA LEY DE EDUCACIÓN
Como en muchos otros casos, el gobierno nacional ha avanzado de manera relámpago en la reforma de la Ley de Educación Nacional (LEN 26.206), en su artículo 109, para profundizar la reforma educativa abriendo paso a las clases virtuales en todos los niveles y eliminando la restricción que existía para impedir que sea brindada a menores de edad. La
llamada “virtualidad” sobre la que se avanza, tiende a profundizar las desigualdades sociales.
Además de lo ya señalado, puede ser una herramienta utilizada contra nuestro derecho a huelga ya que, mediante la estandarización de contenidos (y en desmedro del proceso de enseñanza-aprendizaje), puede aspirar a reemplazar a trabajadorxs. Dichas modificaciones en la normativa han sido aprobadas dejando de lado, nuevamente, la opinión de la docencia argentina que solo recibe ataques a sus derechos y no es tenida en cuenta en el diseño de políticas educativas.

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LA ESCUELA EN LA PRECARIEDAD: CRISIS SOCIAL, ALIMENTARIA Y LABORAL
Gran cantidad de establecimientos escolares están entregando bolsones de alimentos para paliar la cada vez más cruda situación económica que atraviesan las familias; bolsones que muy lejos están de garantizar una alimentación adecuada para nuestrxs pibxs. Tampoco aquí el Estado cuida a la comunidad educativa (familias, alumnxs y docentes), ya que esta tarea se realiza en escuelas donde no se garantizan las condiciones básicas de bioseguridad.
Queremos señalar, además, la durísima situación de lxs compañerxs suplentes/reemplazantes que no pueden acceder a cargos u horas y además han quedado afuera de los subsidios dispuestos por el gobierno nacional, como el IFE. La no cobertura de suplencias recarga aún más a lxs docentes que se están desempeñando o deja sin maestrxs y profesorxs a miles de alumnxs.
El resguardo de nuestros derechos como trabajadorxs, empalma con la defensa de condiciones de alimentación y salubridad del alumnado y de toda la comunidad. Se trata de una pelea que debemos dar de manera mancomunada, defendiendo un interés común como clase trabajadora.

LA DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA Y SU TRANSFORMACIÓN ES UNA TAREA QUE EXCEDE LO GREMIAL
Frente a esta realidad impuesta sobre nuestro trabajo, debemos ser capaces de ir construyendo en la práctica nuestras respuestas político-sindicales. La defensa de nuestros derechos debe partir de la premisa de que el aislamiento sea físico y no social; debemos impedir una mayor fragmentación de nuestro colectivo docente, y asegurar la presencia sindical a través de distintos medios.
La pandemia y sus consecuencias han generado una revalorización de lo público que incluye a la escuela. En esto mucho tiene que ver el compromiso con el trabajo y los vínculos entre la docencia y la comunidad.
Lo público como única herramienta capaz de dar respuestas para las mayorías en materia de salud, se extiende a nuestra educación pública que sigue apareciendo a los ojos de las mayorías como la única posibilidad de acceso al conocimiento. De ninguna manera debe entenderse esto como una defensa acrítica del actual sistema educativo. Por el contrario, defender la escuela pública es defender los derechos de quienes estudian y trabajamos en ella, y apostar a una profunda transformación.

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POR UNA SALIDA DESDE ABAJO, CON PROTAGONISMO DE LXS TRABAJADORXS
Mientras el Ministerio de Educación anuncia una posible vuelta a clases descentralizada, empezando por jurisdicciones que tengan menor cantidad de circulación del virus, desde la Corriente Nacional de Trabajadorxs de la Educación Enriqueta Lucero sostenemos que ningún regreso a las aulas puede hacerse sin una representación democrática de lxs trabajadorxs debatiendo cuáles serán las condiciones de salubridad indispensables para docentes, alumnxs y personal en general que el Estado debe garantizar.
Instamos a la base docente a tomar en sus manos la lucha por salario y condiciones de trabajo digno, y que los recursos de los sindicatos estén al servicio de nuestra lucha.
Es prioridad resolver la situación de miles de compañerxs que han quedado en el más completo abandono sin poder tomar cargos por la ausencia de convocatorias y actos públicos, sin salario y sin poder acceder a ninguna ayuda económica. Rechazamos la flexibilización y la precarización laboral que el gobierno profundiza durante la cuarentena. Ningún recorte salarial ni descuentos por medidas de lucha. No al pago de salarios en cuotas o bonos.
Defensa de los derechos jubilatorios y rechazo a las armonizaciones a la baja con la ANSES (como la impuesta por el gobierno de Córdoba) 82% móvil para todxs.
Lxs trabajadorxs no debemos pagar la crisis. Impuesto a las grandes fortunas, a los bancos y a todas las empresas que siguen aumentando sus ganancias. Plata para salud y educación públicas, no para la deuda.

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https://archive.org/details/documento-cnte-enriqueta-lucero.-junio-2020

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