Vicentín y la historia del saqueo en Argentina

Leonardo Bianchi[1]

Oscar Soto[2]

“Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros”. Raúl Scalabrini Ortiz

Frente a un asunto tan delicado es preciso hablar claro, con las cartas sobre la mesa: la historia de la empresa Vicentín puede servirnos de espejo para entender el saqueo y el fraude monumental de las corporaciones para con el Estado argentino. Se trata, tal vez, de una vieja historia de expoliación perpetrada por siglos de colonialismo, que en esta etapa “posmoderna” se hace carne en “parásitos” estatales, acostumbrados a socializar las pérdidas, con la connivencia frecuente de una clase política más preocupada (y ocupada) en sus negocios que en la defensa del bienestar de sus representados. Analizamos aquí un tema de coyuntura -la posible expropiación de una empresa insignia de ese sector económico concentrado de la Argentina- pero nos atamos a la hipótesis de que este botón, solo es una muestra del vestido de desigualdades estructurales con el que estamos ataviados.

Imaginario de “empresa familiar”

La postal a la que apelan muchas de las opiniones contrarias a la intervención estatal de la firma “Vicentín S.A.I.C (Sociedad Anónima Industrial y Comercial)” es la de una empresa de familia, prácticamente atendida por sus propios dueños, quienes, en ropa de fajina casera, conocen y llaman con el nombre de pila a todos y cada uno de los clientes que entran a su almacén de ramos generales de pueblo. En ese cándido imaginario popular, don Pepe, don Pancho o doña Carmen manipulan las galletas “Boca de Dama” sacadas de una caja de lata, adormecida por el tiempo en una góndola de madera despintada, para luego pesarla en una vieja balanza Bianchi con el espejito a medio despegar, entretanto giran con premura para regalarle a los niños un caramelo, depositado en el fondo de un frasco transparente antes de irse.

Lejos de ese cuadro se encuentra hoy esta mega empresa. Si bien sigue siendo propiedad de la familia Vicentín, se trata de un pulpo corporativo con participación accionaria en 20 empresas, tanto en Argentina como en Brasil, Uruguay, Paraguay y España. Vicentín es la sexta mayor exportadora y la primera en molienda de granos del país, con ventas que rondan e incluso superan los u$s3 mil millones –tal como ha sido en sus últimos tres ejercicios de 2016 al 2019-. Una megaempresa que pidió créditos, tanto a la banca pública como privada, y se aprovechó de su situación dominante para conseguirlos, a pesar de haber estado fuera de la calificación fijada por los entes reguladores, tal como se desprende del informe que realizó el actual Director del Banco Nación, Claudio Lozano: “en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas”.

Sucede que, como dice Lozano: “sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco”. Lo llamativo es que las deudas del grupo no superaban el 20% de la facturación. Muchas empresas funcionan con porcentajes de deuda muchísimo más altos, incluso algunas llegan a superar su propia facturación anual. No obstante esto, esta multinacional alegó “stress financiero” y desde setiembre de 2019 no paga un sólo peso de sus deudas.

Pasado en limpio: con deudas sólo del 20% de sus ganancias el pulpo megaempresario decide entrar en cesación de pagos y deberle a más de 2000 acreedores, entre los cuales se encuentran no sólo el Estado nacional a través de la banca pública, sino un número enorme de cooperativas agropecuarias de la provincia de Santa Fe, con todo lo que supone interrumpir la cadena de pagos para estas pymes, arraigadas económica y culturalmente pueblos adentro.

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Radiografía de un pulpo empresario

Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres, y que la justicia es sólo para aquéllos. Manuel Belgrano

                                                                                                                                                   


Vicentín, que ocupaba el puesto 19° entre doscientas empresas en 2015 y era la cuarta cerealera de este grupo de empresas, con ganancias por $27.100 millones –superada solo por Cargill, Aceitera General Deheza y la Asociación de Cooperativas Argentinas-, en 2018 pasó a ocupar la 6ta posición del ranking total y en el mismo proceso alcanzó ganancias aproximadas a los $118 mil millones. Algunos números la describen de cuerpo entero:

-Es la sexta agroexportadora del país.

-Es la principal empresa en el negocio de molienda de oleaginosas del país (con una capacidad de 29.500 toneladas diarias), con ventas que rondan e incluso superan los u$s3 mil millones durante los últimos tres ejercicios, siendo el 85% proveniente de exportaciones.

-Es la mayor empresa de molienda de granos del país en términos de capacidad instalada (el 9% del total exportado de Argentina)

-Aumentó su facturación entre 2017 y 2019 de casi u$s700 millones al pasar de u$s3.535 millones a u$s4.256 millones.

-Según los balances 2018 y anteriores, la empresa venía atravesando una situación de expansión más que de crisis o endeudamiento, los pasivos financieros (las deudas) representan un 20% del total de la facturación (ingresos en bruto).

-Al día de hoy un total de 2.638 acreedores esperan cobrar

-Del total de deudas comerciales y financieras, que alcanzan los $99.345 millones (U$D 1.500 millones), $63.961 millones representan deudas con el sistema financiero local e internacional mientras que un 23% se encuentra acumulada en entidades financieras públicas y privadas argentinas.

-Deudas con cooperativas: ostenta una deuda comercial por compra de granos por $26.657 millones con empresas locales, lo que representa casi un 26% del total de la deuda general. De esa porción, un 31,33% (más de $ 8.000 millones) están en manos de cerca de 100 cooperativas agropecuarias.

Irregularidades regulares. Crónica de un fraude anunciado.

“Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo.”  Bertolt Brecht

Una de las maniobras fraudulentas que la empresa usaba para fugar dólares era subdeclarar exportaciones mediante triangulaciones con Vicentín Paraguay y Vicentín Uruguay. Los préstamos que le otorgaban los bancos argentinos eran para financiar las exportaciones de Vicentín Uruguay y la facturación, por consecuencia, era realizada en el país vecino pagando menos impuestos, menos retenciones y menos ganancias en Argentina. Tan solo 48 horas antes de declarar la cesación de pagos, Vicentín Paraguay vendió el 16% de acciones y en lugar de pagar su deuda, el grupo se quedó con ese dinero. Precisamente, la oficina de Vicentín con sede en Asunción, que hasta el año pasado reportaba de 6 a 7 empleados sin que exista allí una planta productiva, es el segundo exportador de granos de ese país. La ecuación ha sido sencilla: venían los barcos vacíos, se llenaban en San Lorenzo pero eran declarados en Paraguay. Por si fuera poco, tampoco pagaban los impuestos y aranceles equivalentes a unos U$S 200 millones anuales.

Sólo a modo de ejemplo, y como una anécdota tragicómica, queda el registro de los nombres con los que una de las empresas de la compañía, Vicentín Familia Wines, bautizó a sus premonitorios vinos: Maldito, Colosso, Arrogante, Voraz, El Tramposo, El Renegado, El Contrabandista, El Canalla, El Apostador, El Bribón, Prisionero, entre otros.

Los anticuerpos que se activan

“El que desconoce la verdad es un ignorante; pero el que la conoce y la desmiente, es un criminal.”  Bertolt Brecht

Vicentín, con casi 91 años de historia es una empresa ya enraizada en la sociedad santafecina, con una valoración social que excede a sus CEOs y dueños. Generaciones de trabajadores, familias, profesionales, cooperativas y pymes asociadas se han vinculado cultural y comercialmente con la empresa. Ese es un dato no menor, fuera de discusión; de hecho probablemente, nadie pretenda en este contexto que una empresa que ya es parte del imaginario popular desaparezca. Por allí, se nos ocurre, puede darse un punto de entendimiento sobre el accionar de esa pequeña parte de la sociedad que se siente involucrada legítimamente en la discusión. Sin embargo, vemos por estos días a otra fracción del universo social que se suma a la estrategia de protesta y “desobediencia” civil frente a las medidas del Ejecutivo nacional, encolumnada -sabiéndolo o no- detrás de intereses que poco tienen que ver con los suyos: el de los poderosos que ven así amenazada su capacidad de inmunidad frente al desfalco y la estafa al fisco.

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La punta de lanza de esta ofensiva la llevan legisladores de Juntos por el Cambio quienes, en complicidad con los medios masivos de comunicación, instalaron consignas rimbombantes que ayudaron más a la confusión generalizada que a una propuesta superadora respecto del tema, a sabiendas que fue su propio gobierno quien autorizó los préstamos de la banca pública a Vicentín, aun sin dar la calificación para dichos préstamos multimillonarios.  Es más, entre agosto y diciembre pasado, entraron a las cuentas de Vicentín U$S 900 millones que las autoridades no ejecutaron siendo ésta una cuenta de garantía de crédito para el cobro de la deuda. A pesar de tamañas irregularidades, los parlamentarios salieron a esforzarse por generar la mayor polvareda posible que permita desviar la atención, con consignas que calaron en una parte de la sociedad que termina, insólitamente, apoyando a quienes roban al Estado, o sea, a ellos mismos.

Como hemos visto estos días, en parte se logró que esa bomba de humo no aportara positivamente en una discusión sana y madura, no porque no pudieran, sino porque no quisieron que así se diera. No es su afán llegar con la verdad a una decisión justa, sino más bien entorpecer la discusión, desviarla y adornarla con consignas sobre supuestos intereses expropiadores a discreción por parte del gobierno: esa vieja rémora de chavismo al que nunca llegan. De esta forma, evitaron discutir dos cosas importantes y centrales: primero, su propia responsabilidad administrativa y posiblemente penal por haber amparado las maniobras fraudulentas de este pulpo megaempresario y segundo, una salida superadora al destino ya elegido de la quiebra y la cesación de pagos a los acreedores.

A pesar de lo escandaloso del fraude al Estado y la evasión de la empresa, una parte de la sociedad insiste en la defensa de quienes le hacen un daño severo y real a las arcas públicas. Esto se traduce en menos dinero para atender a las necesidades más acuciantes de una población que viene sufriendo ajustes y devaluaciones en su poder adquisitivo, y necesita más que nunca de un Estado presente, inteligente y solidario. Menos crédito para pymes, menos hospitales, menos educación, etc., una historia que ya conocemos.

Tristemente la realidad se repite como tragedia y después como farsa. La desventura de un bloque político que empeñó el futuro del país por 100 años, entregó créditos para fuga al exterior, concentra mercados en manos extranjeras (de las 6 empresas agroexportadoras más grandes con el 75% de la cuota de mercado, las 4 primeras son extranjeras, tres estadounidenses y la restante, China. Sólo AGD y Vicentín, hasta ahora, son de capitales nacionales.), destruye sueños colectivos, y ahora pretende dar lecciones de libertad y un supuesto respeto a las instituciones, las mismas que vaciaron ellos mismos. La continuación de esa farsa sería miles de compatriotas haciendo causa nacional con los estafadores de nuestro propio Estado en el nombre de la Patria y la República.

Uno de los absurdos planteado en estos días es la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo en el trámite concursal de la Justicia, siendo que el mismo juez a cargo del concurso no pudo evitar ni siquiera que los dueños cerraran las oficinas con llave para no recibir la notificación del decreto. Pensando en voz alta: ¿Alguien puede creer que un juez civil de un pueblo de 90 mil habitantes (Reconquista) le puede hacer frente a un monstruo internacional y multimillonario en dólares? No pocas veces el poder económico es más poderoso que el poder judicial.

Está en el gobierno tener la astucia y la inteligencia de convocar a todos los actores involucrados y salir por arriba de este cerco absurdo, político y mediático, para sintetizar en una propuesta superadora e inclusiva. Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo hizo público el apoyo de los trabajadores a la decisión presidencial de intervenir la empresa, varios de los acreedores y cooperativas agropecuarias santafecinas, también se manifestaron a favor. La mesa está servida para una acción sagaz. Tal vez de esa forma se disipe el humo vil y malintencionado de la oposición y de los grupos concentrados de poder que, lastimosamente, cuenta con la anuencia de un sector de la población apurada por un irracional odio a lo público y popular.

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La economía no tomó registro de la vuelta de la democracia

Después de transitada su última dictadura cívico-militar-eclesial, la más sanguinaria de todas, Argentina se encontró con una generación aniquilada y el interrogante sobre el contenido de eso que en otras regiones denominaba “democracia”. Darle forma a un país achatado por el neoliberalismo y el brazo militar, colocó a la clase política criolla frente a su propio espejo. ¿Cómo rearmar una sociedad en la que las funciones vitales del Estado y sus estelas más democratizantes (organizaciones sociales, sindicatos, activismo juvenil, etc.) había sido censurada? La salida más rápida fue rearmar la institucionalidad del sistema político, sin embargo la democratización económica se convirtió en una quimera cada vez más lejana.

Desde los años 70 a esta parte, en el sentido común mayoritario ha prevalecido una tensa calma sobre lo que entendemos por democracia. Siempre que se respete la propiedad privada y se mantenga “libre” a la economía de mercado, el sufragio y las instituciones estatales serán alabados como el cúmulo de los logros nacionales; ni bien se intente alterar -desde la sociedad civil o al interior del Estado- el modelo económico neoliberal, la reacción de las clases dominantes será mucho más encendida que el esfuerzo de los cambios democráticos. El menemismo, por ejemplo, no fue otra cosa que eso: el triunfo del glamour político por sobre el derecho esencial a no tener hambre. Recién en 2001 cuando la olla estalla, empezamos a repensar lo inalterable de esta “democracia neoliberal” argenta.

El caso de Vicentín en tiempos de pandemia no es otra cosa que la postal de un capitalismo que cierra fila sobre sí mismo en la Argentina neoliberal. Es tiempo de que las organizaciones de base del amplio campo popular puedan enunciar su propuesta de soberanía alimentaria posible. Esto bien puede ser un “pequeño gran” paso.

Una salida por arriba

“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad.”  Bertolt Brecht

Frente a todo el ruido y la polvareda mediática, consignista y nada clara, creemos que se debe actuar con la mayor inteligencia y astucia, incluyendo a todos los actores involucrados en este tema, desde YPF-Agro tal cual anunció el gobierno, hasta los trabajadores, cooperativas agropecuarias y el gobierno de la Provincia de Santa Fé en alianza, para formar una empresa pública no estatal, con un directorio conformado por todos estos sectores.

Una opción que ya circula, y consideramos posible es la de una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria integrada por: Alianza Vicentín – YPF Agro SA, (Participación mayoritaria de la Nación a través de tomas de activos y acciones por deuda. La nación debe recuperar hasta el último peso adeudado o prestado) / Cooperativismo Exportador Agropecuario de Santa Fe / Gobierno Provincial de Santa Fe (con una parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe, la provincia capitalizaría su participación público – privada en la Sociedad Anónima que crea la Corporación citada y seria clave por la posibilidad que se le abriría para el despliegue de políticas de agregado de valor) / Representación de los Trabajadores.

¿Qué beneficios se podrían obtener de alcanzarse el “rescate” de la empresa?

En primer lugar, dado que estamos frente a una disputa de “control”, la posibilidad de avanzar hacia una empresa mixta le da al Estado algo de visibilidad sobre el movimiento del mercado de granos (después de que Menem y Cavallo disolvieran la Junta Nacional de Granos creada en 1933 bajo el gobierno del conservador Agustín P. Justo, curiosamente atribuida a Perón por el coro antipopular y cacerolero), por ende abre la posibilidad de rediscutir la histórica concentración del comercio exterior de granos argentino.

En igual sentido, la potestad de intervenir en el ingreso directo de dólares, incluso mayor que con Vicentín porque se evitaría la evasión, redundaría en un fortalecimiento económico local y en una regulación del mercado de materias primas de pequeños productores respecto del precio. Una empresa pública actuando en un mercado opaco como es el de granos, blanquearía esos precios y daría capacidad al Estado para recuperar ingresos y los productores para posicionar su producción.

Esto sería central para definir políticas públicas desde el puerto hacia atrás en cada cadena de valor involucrada, por otro lado ayudaría a tener precios diferenciales en productos, insumos, costos logísticos, particularmente en relación a las multinacionales exportadoras. Podríamos establecer estrategias de inversión, con especial articulación de pymes nacionales ligada a la producción, para agregar valor en pequeñas y medianas localidades. Esto nos daría un elemento trascendente para evitar la casi completa extranjerización del mercado de los granos en caso de ser comprada por las multinacionales del rubro, situación que se preveía como la más factible. Asimismo, tener una empresa testigo en el rubro finalmente contribuiría a censurar una gran vía de fuga de divisas.

Finalmente, entendemos que esto le permitiría al gobierno nacional y provincial tener una herramienta estratégica para esbozar políticas de desarrollo territorial un poco más consistentes, contención en escala de productores para revertir la concentración agropecuaria, manejar el crédito y el acceso a tecnologías de manera diferente a como lo hacen las multinacionales.  En definitiva aquí hay una posible hendidura para poner el tema alimentario en el centro de la discusión pública.

Bienvenida de nuevo la política.


[1] Ingeniero (Universidad Tecnológica Nacional)

[2] Politólogo (CONICET- Centro de Educación Formación e Investigación Campesina / UST-MNCI Somos Tierra)

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