La hoguera de Sarandí

En estos días se cumplen 40 años de la quema en un baldío de Sarandí de libros  publicados por el Centro de Editor de América Latina. La dictadura genocida recurrió a la destrucción  de  libros cuidadosamente seleccionados por el aparato Estatal en grandes fogatas, la represión era ejercida sobre las personas y sobre las ideas. Las quemas masivas tenían un fin disciplinador, se realizaban en lugares  públicos, con testigos y fotógrafos; se debía aniquilar de raíz cualquier ideología “contraria al ser nacional y cristiano”, y la sociedad debía tenerlo en claro; el mensaje debía ser preciso; aniquilar de raíz cualquier pensamiento emancipador contrario a sus intereses de clase.  La dictadura se propuso controlar, clausurar o bien silenciar todos los espacios alternativos, vaciarlos de sentido, buscando eliminar cualquier voz considerada crítica. La represión instrumentada se planteó eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder o expresara concepciones no capitalista. La hoguera del 26 de junio de 1980 en Sarandí es por su extensión, un símbolo de lo que la última dictadura militar significó para la cultura argentina. Ardieron, en esa como en otras quemas, infinidad de libros de diversos autores de todo tipo, como Trotsky, Ernesto “Che” Guevara, Marx, Fidel Castro, Perón, Mao Tsé Tung, Enrique Medina, Blas Matamorro, Griselda Gámbaro, entre muchos otros.

No era la primera vez que la dictadura, se ensañaban con los libros, los escritores y otras manifestaciones de la cultura. La historia de nuestro país estuvo signada por la aventura represiva de eliminar la lectura de ciertos libros, prohibirlos, encarcelar a sus autores, amenazarlos o desaparecerlos. Hasta las bibliotecas privadas y públicas llegaba la sospecha de la existencia de literatura prohibida. Los allanamientos buscaban bibliografía “subversiva” o equivalente,  libros de contenidos anarquistas, socialistas, peronistas, marxistas o antifascistas. Temáticas como psicoanálisis, lógica, feminismo, sexualidad, erotismo, materialismo histórico y literatura fueron las más golpeadas. Cientos de libros, revistas y diarios, fueron prohibidos; ni los infantiles se escaparon. Escritores, artistas, poetas, editores, pedagogos, periodistas e intelectuales, todos pasaron a ser potenciales “subversivos”. Una aceitada maquinaria burocrático-represiva se puso en funcionamiento diseminando la lógica del terror, la sospecha e incluso la delación. La quema de libros fue una práctica habitual, que incluía la selección, censura, secuestro y quema pública y masiva de ejemplares. La dictadura cívico militar, en nuestro país, recurrió frecuentemente a esta práctica, a la que denominaba “rituales purificadores”.

Durante el ejercicio de la Junta militar y el Estado represor los ámbitos culturales y educativos, fueron controlados, agredidos e intervenidos a través de lo que el propio régimen dio en llamar “Operación Claridad”; el soporte burocrático para la represión cultural y educativa en Argentina; un sistema estatal puesto al servicio del control cultural y social. La metodología de la “Operación Claridad” fue la supresión física de personas sospechosas y comprometidas con la militancia política, el secuestro y destrucción de  bienes culturales y el reemplazo de ideas críticas; valiéndose de instituciones como editoriales, universidades, medios de prensa, por concepciones que intentaban afianzar el poder hegemónico. Así se generó un discurso de censura, cuyo objetivo primordial era construir una nueva subjetividad y reforzar el orden social. Se elaboró un “sistema clasificatorio” que determinaba cuál era el libro “marxista” o “subversivo” que debía ser eliminado. Diversas dependencias estatales actuaban en la conformación de listas negras, según el grado de “peligrosidad” del producto cultural o artístico analizado. Se prohibía los libros relacionados con el marxismo, el peronismo, el socialismo, pero también la literatura infantil fue controlada, analizada y censurada. La “Operación Claridad”  fue un plan que contó con sistematicidad porque estuvo a cargo de instituciones estatales y de funcionarios  que estudiaron los libros, los analizaron y escribieron sobre ellos y sobre los fundamentos para que sean prohibidos, muchas veces por la vía legal y recurriendo a la maquinaria judicial.

Te puede interesar:   El Partido del Orden

En el mes de abril del año 1976 sucedieron dos quemas significativas de libros en Córdoba. En la escuela secundaria comercial Manuel Belgrano; el interventor, teniente primero Manuel Carmelo Barceló seleccionó 19 libros de la biblioteca, escritos por autores como Julio Godio y Martí,  ordenó quemarlos en el patio con numerosos alumnos como testigos. En los meses siguientes desaparecieron doce alumnos de la institución y hubo decenas de chicos expulsados y varios docentes cesanteados. Por otro lado  el 29 de abril; el general Luciano Benjamín Menéndez ordenó la quema colectiva de libros que habían sido secuestrados en bibliotecas, colegios y universidades durante los días previos. Luego de brindar conferencias de prensa a periodistas de la provincia, el Jefe del Regimiento de Infantería, Jorge Eduardo Gorleri, exhibió ante los presentes la pila de libros confiscada y ordenó quemarlos. Periodistas, funcionarios y militares estuvieron invitados a observar la gran fogata de numerosos autores como García Márquez, Marx, Trotsky, Galeano, Bayer, Perón, Cortázar, Saint-Exupery, Engels, Freud, Sartre, entre muchos otros. Otro ejemplo de este accionar es el caso de EUDEBA (Editorial de la Universidad de Buenos Aires) en el que el 27 de febrero de 1977 camiones militares montaron un operativo para retirar del depósito de esa editorial alrededor de 80.000 libros que fueron incinerados. En el ámbito de las bibliotecas es digno de citar  el caso de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil de Rosario, de la cual, tras su intervención, se calcula que desaparecieron entre cincuenta mil y setenta mil volúmenes tanto de la biblioteca como de la editorial que dependía de la misma Asociación. En la ciudad de La Plata, sucedió la quema de los ejemplares pertenecientes al gremio Asociación de Trabajadores de la Universidad, intervenido en el año 1976.

El destino final de muchos libros prohibidos era, arder en una hoguera común. Aunque hubo muchos otros casos, la quema de libros más grande de la dictadura argentina, fue la que sufrió el Centro Editor de América Latina. En diciembre de 1978 un grupo de inspectores municipales encontraron en un local de compra-venta de papel ubicado en Avellaneda,  centenares  de libros, revistas y enciclopedias considerados por ellos de una  “marcada ideología marxista-leninista”, procediendo su incautación y a la detención de los trabajadores. Posteriormente se clausuró el establecimiento,  se realizó un informe de inteligencia analizando el material y clasificándolo en “no cuestionable” y en “cuestionable”, aquellos que hacen “apología del sistema marxista”. Se inició una causa a la Editorial en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del Dr. Gustavo de la Serna por infracción a la Ley de Seguridad Nacional,  por publicar y distribuir “libros subversivos”. Asimismo la policía detuvo a varios de sus trabajadores y clausuró sus depósitos.

Luego de un largo proceso judicial, en marzo de 1980 el fundador de la editorial Spivacow fue sobreseído de la causa. El fallo explicitaba que no quedaba demostrado que la finalidad del Centro Editor era “alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación” pero determinaba que se fijaba el plazo de un mes para convertir en rezago el material secuestrado; las publicaciones debían ser destruidos. El juzgado no sólo ordenó quemar los libros, sino que le ordenó a Spivacow que enviara dos personas para registrar el acontecimiento, tarea que realizaron los editores Amanda Toubes y Ricardo Figueira que se hicieron pasar por fotógrafos. La carga y el traslado de las 24 toneladas de libros, fascículos desde el depósito de la arteria  Agüero al baldío situado en Sarandí en la calle Ferré entre Agüero y Lucena,  se realizó en dos viajes en un camión volcador el 26 de junio de ese año. En total, un millón y medio de ejemplares, que el régimen consideraba “material subversivo y peligroso” que “atentan contra la Constitución Nacional”.  Todos los libros quemados tienen el logo del CEAL; entre los volúmenes incinerados estaban las colecciones de;  La Historia presente, La Nueva Enciclopedia del Mundo Joven, La Historia del movimiento obrero, Transformaciones, entre otras. Los vecinos recuerdan  que las llamas tardaron horas en desaparecer en uno  de los mayores crímenes culturales en la historia del país. En esa quema se perdió el 30 por ciento del catálogo de la editorial. Esta incineración, fue mayor que la ensayada por el régimen nazi  en mayo de 1933, cuando miembros de la juventud hitleriana y hombres de las SS quemaron alrededor de 25 mil libros en una hoguera pública en Berlín.

Te puede interesar:   Enero de 1989. La Tablada, el fin de una experiencia militante.

El Centro Editor de América Latina  CEAL editorial fundada por José Boris Spivacow durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966 luego de renunciar a la dirección de EUDEBA como consecuencia de la intervención Universitaria y represión en la denominada “Noche de los bastones largos”.  Uno de los proyectos más  importantes de difusión de la cultura universal, latinoamericana y argentina;  con los años se convirtió en una editorial de culto que abarca desde artes plásticas, geografía, historia y política, hasta literatura, teatro, y colecciones infantiles y juveniles. Su política comercial de editar libros con precios populares había convertido al CEAL en una editorial masiva y exitosa. La estrategia consistía en edición de fascículos, la venta en los quioscos antes que en las librerías, la distribución en todo el país, la diversidad temática, la amplitud de públicos, la calidad de los contenidos, el tono de divulgación de los textos. Entre los autores que integraron el Centro Editor estaban  Oscar Díaz, Beatriz Sarlo, Aníbal Ford, Horacio Achával, Graciela Montes, Susana Zanetti y Jorge Lafforgue, además, escribieron y publicaron David Viñas, Ismael Viñas, Noé Jitrik y Josefina Ludmer. Publicó numerosas colecciones como los Cuentos de Polidoro, la Historia del movimiento obrero, Siglomundo, Nueva Enciclopedia del Mundo Joven, Los cuentos del Chiribitil;  cinco mil títulos y  obras de calidad a precios accesibles que transformaron al CEAL en una editorial de vanguardia. Luego de la quema de 1980, el secuestro y prisión de empleados, amenazas, prohibiciones, clausuras; y un “juicio antisubversivo” contra el fundador y director, el cierre de sus depósitos y el secuestro de sus ediciones; la editorial quedó en crisis. Si bien pudo perdurar durante quince años,  en 1995 después de la muerte de Spivacow, el CEAL debió cerrar, asfixiado por las políticas neoliberales.

En la Argentina de los 70 como en el resto de nuestra América, los jóvenes, los estudiantes,  y los trabajadores estuvieron influenciados por las ideas de igualdad, revolución y socialismo. La mayoría de estas definiciones partían de la literatura marxista, cuestionadora del orden social establecido, que se difundía ampliamente por gran cantidad de publicaciones editadas en el país y en el resto de América Latina. Los libros eran considerados por los sectores del poder una amenaza de primer orden; transmitían ideas e estimulaban el uso de la imaginación y de la reflexión. La dictadura no sólo se buscó destruir las luchas populares,  también tenía la intención era dar una guerra en el ámbito cultural, educativo e ideológico. La quema de libros fue sólo un eslabón dentro de un plan sistemático para censurar, controlar y, eventualmente, eliminar “la infiltración marxista”.

Los sectores hegemónicos de la sociedad, junto con su brazo armado encabezados por los militares genocidas; aspiraban a redefinir regresivamente la sociedad, siendo la producción  cultural  una preocupación clave, estratégica, un campo de batalla. Ciertos libros y la práctica de la lectura se volvieron “sospechosos” y “peligrosos”. Para ellos los libros y la lectura eran un terreno propicio para la “infiltración subversiva”, “la acción disolvente y antinacional”, “la destrucción de valores”, el “contagio” del cuerpo social de ideas ajenas a la tradición nacional, “afectaban la seguridad nacional”, propagaban  “ideas disolventes”, “inmorales”, con la “finalidad de adoctrinamiento” entre otras consideraciones. El Estado represor percibía a la cultura como un campo de penetración ideológica en el cual los “subversivos” estaban “ganando la batalla”.

Te puede interesar:   “Las calles mendocinas mostraron la potencia de la sociedad en movimiento” Entrevista a Maristella Svampa

Generalmente, cuando se habla de la última dictadura militar se la asocia casi únicamente con la represión física y el plan sistemático de desaparición y aniquilamiento ejercida sobre los luchadores del campo popular, y con la aplicación de las bases económicas que instalaron al neoliberalismo en Argentina. La maquinaria genocida no sólo utilizó  los campos de concentración, las prisiones y los grupos de tareas; contaba con una compleja infraestructura de control cultural y educativo, lo cual implicaba equipos de censura, análisis de inteligencia, abogados, intelectuales y académicos, planes editoriales, decretos, dictámenes, presupuestos, oficinas; para desarrollar un estricto control sobre la cultura,  intentar eliminar la historia y el pensamiento contrahegemónico que venía desarrollando nuestro pueblo, llevando a cabo así otro tipo de genocidio; el genocidio cultural.

Con la cultura hacían un control sistemático, y tomaban decisiones políticas, para producir un efecto generalizado de terror en el pueblo. El funcionamiento de la censura era extremadamente simple, eficiente y prolijo; había una investigación realizada  por sus intelectuales, profesionales, profesores, abogados, sociólogos, antropólogos. Desde el punto de vista de los intereses de clase de la dictadura y de su proyecto ideológico, los libros que ellos identificaban como “peligrosos” o como representantes del pensamiento crítico, estaban correctamente identificados; luego de su análisis y su evaluación se tomaba la decisión política de la censura, que era una herramienta de control político e ideológica  en manos del estado.  Esta política no estaba sentenciada sólo a prohibir y destruir las publicaciones que los militares consideraban como “subversiva”, sino también a tratar de llenar ese espacio cultural con producciones orientadas hacia su proyecto de sociedad basada en la concepción de  “propiedad, estado, religión y familia”. El objetivo era destruir los libros para constituir otro orden y una nueva subjetividad en la sociedad, un acto simbólico de desaparición de ideas.

La dictadura dejo secuelas, de las visibles y evidentes y de las sutiles, que se sienten en el cuerpo, dejan marcas que determinan nuevas formas de comportarse de la sociedad. El poder del aparato estatal que  reprimía el acceso a la lectura llevaba indefectiblemente a practicar la autocensura como una forma de preservación pero también se resistió desde la clandestinidad la censura a los libros, la cultura y el arte. Son numerosísimos los relatos de personas que debieron deshacerse de libros o esconderlos miles fueron enterrados para no terminar en las grandes quemas, algunos fueron escondidos, a otros tantos se les cambiaba la tapa para pasar desapercibidos; se transformaron en habituales las quemas u ocultamientos de las bibliotecas personales. Sin embargo la resistencia a la dictadura demostró que a pesar de los “rituales purificadores” y de los intentos de eliminar la libertad de expresión, las ideas continuaron moviendo al mundo con mayor o menor intensidad.  Hubo estrategias diferentes  para sortear las censuras. Entre ellas  el discurso literario intentaba hacer frente a ese vacío de sentidos instalado por el discurso militar  proponiendo ambigüedad, apertura de sentidos, pluralidad y diálogo a través del arte. También algunos medios periodísticos alternativos  intentaban brindar información de forma velada y sólo aquellos que sabían interpretarla recibían los mensajes. Muchos docentes, aulas adentro y con diversos subterfugios, lograron evadir las reglamentaciones represivas y utilizaron metodologías que les permitieran incluir contenidos prohibidos de manera velada. Los mismos alumnos tenían espacios que ayudaban a seguir pensando y creando a pesar de las opresiones,  en revistas estudiantiles, experiencias juveniles que desarrollaron revistas subterráneas, conformando una verdadera cultura de catacumbas. Las estrategias de preservación de los libros fueron muchas y diversas, de acuerdo a las posibilidades.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *