Voces obreras en medio de la pandemia

Entrevistamos a trabajadores de Pedidos Ya, Latam, trabajadoras domésticas y Télam. Además situación en las provincias, transporte y medios.

Entrevista a Catriel delegado de Pedidos Ya (Rosario)

«Las apps están dañando los derechos laborales que se consiguieron en cien años«

M.H.: El 1/7 hubo una Jornada mundial de APPS no solo en Argentina, también en varios sitios de Latinoamérica, incluso se está organizando un sindicato mundial de las aplicaciones.

C.: Sí, porque si la explotación es mundial, la lucha y la organización de los trabajadores también tiene que ser mundial. Las aplicaciones están precarizando a miles de trabajadores no solo en Argentina y Latinoamérica, sino en todo Occidente, es mundial. En la era digital estas aplicaciones intentan imponer sus reglas de juego y en ese intento hay un avasallamiento de los derechos laborales, por eso los sindicatos tienen que estar presentes, por eso la idea de hacer un sindicato a nivel mundial.

M.H.: ¿Cuáles son las reivindicaciones principales que plantean?

C.: Acá en Rosario tenemos instalada una carpa de reivindicaciones laborales hace más de un mes, estamos movilizados y organizados nucleando a las tres aplicaciones que funcionan en la ciudad. Ahora estoy en la carpa con compañeros y compañeras. Lo que se viene pidiendo es que las empresas nos reconozcan como trabajadores, en mi caso yo pertenezco a un pequeño grupo de 55 trabajadores y trabajadoras que estamos en relación de dependencia con Pedidos Ya y que representamos el 6% del total de la planta de personal que utiliza la empresa en la ciudad.

Las otras dos empresas que funcionan en la ciudad son Rappi y Glovo, y no tienen a nadie reconocido como trabajador. Todos los que están trabajando para estas aplicaciones están a través del monotributo, lo que encubre una relación de dependencia que estas empresas no quieren reconocer y al no hacerlo, no garantizan la cobertura médica, que es una de las principales reivindicaciones que se reclaman. Como la ART y el seguro de vida.

En lo que va de la pandemia tenemos 6 compañeros que fallecieron trabajando para estas empresas (Emma Joncka en Rosario, Franco Almada en Quilmes, Miguel Angel Machuca en Avellaneda) que ni siquiera tuvieron la gentileza de hacerse cargo, de ninguna manera, ni se acercaron a las familias. Es bastante perverso todo el sistema que imponen estas empresas.

Uno de los reclamos es este, que la empresa esté a cargo de la salud, la ART y el seguro de vida. También pedimos la seguridad social que ofrece un trabajo en relación de dependencia. Tener un horario fijo de trabajo, un franco fijo y pago, porque con estas aplicaciones si te tomás un franco después tenés dificultades con el ranking, que es un sistema que funciona en Pedidos Ya del 1 al 5 y tenés que ir cumpliendo todos los ítems. Cumplir esos ítems es justamente precarización laboral, porque estas empresas llevan al trabajador a trabajar entre 8 y 16 horas todo el día, buscando pedidos. Y no hay reconocimiento por eso.

Nuestro lugar de trabajo es la calle y no hay seguridad ni social ni en la salud. Otra cosa que seguimos reclamando es un salario que permita vivir dignamente y que sea un ingreso fijo.

M.H.: ¿Cuál es el salario promedio de un trabajador de APP?

C.: Los que están en relación de dependencia tienen algo fijo pactado por el Convenio colectivo de trabajo del sindicato. Ahí hay un plan de 24 o 48 horas semanales con un franco. Lo que pasa es que con el monotributo encubren una relación de dependencia, por eso estas empresas hacen fraude laboral, aparte de la enorme evasión de impuestos que están haciendo a nivel ciudad, provincia y nación, es tremenda la evasión que hacen, no tributan, están dañando el sistema tributario.

M.H.: Tienen la sede fuera de Argentina ¿verdad?

C.: Claro, Rappi es de Colombia, Glovo es catalana y Pedidos Ya es uruguaya pero hace dos años la compró Delivery Hero que es una empresa que se encarga de comprar empresas con plataforma digital y una vez que compraron los capitales alemanes dentro de la empresa Pedidos Ya empezamos a sufrir la precarización laboral y la flexibilización de derechos. En ese momento Pedidos Ya acá en Rosario empezó a tomar personal como monotributista y dejó de tomar personal en relación de dependencia. Nos dividieron en 5 puntos diferentes y nos pusieron horarios y francos rotativos. Es decir, no te podías juntar ni te cruzabas con tus compañeros. La política de la empresa es que los trabajadores no se organicen, por eso cuesta tanto. Ahora estamos más organizados y movilizados, y el miércoles 1º de julio se vio más porque es el tercer paro de cadetes. En este caso impulsado por compañeros y compañeras de Brasil, así que vino con fuerza latinoamericana.

Lo otro que decía es que estas empresas están dañando a la sociedad en su conjunto porque están utilizando el espacio público, porque nos mandan a los bancos de las plazas, por ejemplo, en el caso de Rosario no tenemos un lugar físico con un techo, agua potable y baño. Nosotros en frente de la carpa tenemos la Facultad de Derecho que terminamos utilizando de baño, y eso los compañeros varones porque las compañeras mujeres sufren otra realidad, mucho más difícil. La paradoja de estas empresas fantasma es que los trabajadores terminamos meando el edificio público donde supuestamente nos tendrían que estar garantizando los derechos laborales que viene de una historia larga de todo el movimiento de trabajadores.

Estas aplicaciones flexibilizan así, aparte de tratar de vender una imagen de falsa libertad, independencia y autonomía, con esta idea de ser tu propio jefe, de manejar tus horarios, etc., están dañando los derechos laborales que se consiguieron en cien años que tiene, por ejemplo, el sindicato de Comercio de Rosario. Incluso los que estamos en relación de dependencia y tenemos algunos derechos reconocidos, también nos tratan de flexibilizar constantemente.

M.H.: En el contexto de la pandemia ¿han provisto los elementos de seguridad las empresas? ¿Hay alguna iniciativa o proyecto de legislación laboral para las App?

C.: En Rosario, nuestro grupo de trabajadores le exigimos a las empresas cuando se declaró la cuarentena que no íbamos a trabajar hasta que no nos mandaran los elementos de seguridad e higiene, alcohol y barbijos. Estuvimos una semana de paro porque la empresa tardó ese tiempo en mandárnoslos. En definitiva no estaban apurados porque 55 trabajadores de los 900 cadetes monotributistas, no es un número que afecte. Es muy grande la diferencia, hay solo 55 cadetes con derechos amparados y 900 flexibilizados, la empresa se encarga de no reconocer a los y las trabajadores como tales. Los llama “asociados” o “colaboradores” como si hicieras de onda la actividad. Cuando ya estar en la calle es algo fuerte.

Ahora viene el invierno, pero el verano también, nos afecta en el cuerpo, la mente, por eso hay una flexibilización tremenda. Y lo que me preguntás sobre la regularización del trabajo sí, hay varios sectores políticos trabajando para legalizar las App pero no hay nada concreto todavía y las empresas siguen atropellando nuestros derechos laborales.

El miércoles nos juntamos en la carpa de la plaza San Martín en la ciudad de Rosario a las 10:00. De ahí concentramos en Córdoba y Roca, donde hay un Mc Donalds y un Burguerking para solidarizarnos con compañeros y compañeras que están precarizados dentro de esos locales, que están teniendo muchos problemas, nosotros estamos en contacto con ellos y conocemos la situación, así que nos solidarizamos con ellos y de ahí marchamos por calle Roca a calle Santa Fe hacia la plaza San Martín donde está la sede de la Casa de gobierno. Allí hicimos una asamblea con las diferentes organizaciones, con trabajadores independientes y con el sindicato que venimos bancando la carpa hace más de un mes.

Tenemos la responsabilidad de hacernos presentes porque somos los únicos que estamos con derechos amparados en las leyes laborales. Es un trabajo que venimos haciendo hace más de un año, junto con otro compañero, Cristian, somos delegados desde septiembre del año pasado pero venimos haciendo un trabajo político y gremial desde antes, porque la lógica de las empresas es que no se organicen los trabajadores y tener la mayor flexibilización posible, no quieren tener más gente en relación de dependencia. Nosotros venimos haciendo ese trabajo para tratar de que no haya tantos despidos. Éramos 130 en un momento y quedamos 55, entre despidos y cansancio fuimos quedando menos, pero seguimos haciendo fuerza.

Mediante una conferencia online, titulada Conferencia Digital Global de Trabajadores, con participantes de más de cinco países, se ha presentado la Transnacional Workers Network (TWN) o en castellano Red Transnacional de Trabajadores (RTT), una organización internacional para defender los derechos de los trabajadores de plataforma y los taxistas. La iniciativa pretende organizar y conectar más organizaciones, sindicatos y trabajadores de este tipo de empresas o de sectores que se vean afectados por la irrupción de los gigantes de la tecnología y los procesos de desregulación que permiten el crecimiento de empresas transnacionales a través de la figura de falsos autónomos.

“Estas aplicaciones disruptivas entran en un país e intentan cambiar las leyes ya establecidas para imponer su modelo de negocio. Un modelo basado en la precarización del Estado y en vaciar las arcas del Estado a base de no tributar”, ha explicado en la conferencia Tito Álvarez, portavoz y coordinador de Taxi Project 2.0, una de las organizaciones que han promovido este sindicato global desde el Estado español.

Además de la plataforma de taxistas, también participaron en la presentación y forman parte de esta red los RidersxDerechos, colectivo organizado de repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo, Collectif des Livreurs Autonomes de Paris (CLAP), Mobile Workers Alliance (MWA) o el sindicato norteamericano Service Employees International Union (SEIU), que cuenta con más de 90.000 afiliados y defiende los derechos laborales de los conductores y riders de EE UU y Canadá.

Según han explicado los participantes en la conferencia, pretenden que esta unión de trabajadores y trabajadoras consiga organizarse de una manera conjunta para definir una estrategia de actuación y elaborar propuestas de estructuración de derechos laborales. En resumen, según Sonia Abellán, miembro de la organización, el objetivo es que las personas afectadas por estas prácticas “puedan disponer de una herramienta de defensa de sus derechos” y “plantar cara a estas grandes empresas de la Gig economy por medio de una plataforma cohesionada y con una misma estrategia”.

El viernes 19 de junio el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró obtener despacho de mayoría en la Legislatura porteña para su Proyecto de ley que busca regular la actividad de repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery. El proyecto contempla una normativa para regular el servicio de mensajería y reparto de alimentos, popularizados por apps como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) expresó su rechazo al proyecto y convocó a una movilización para el jueves 25 de julio a las 10:00, cuando se va a tratar en la Legislatura: “el vergonzoso proyecto de ley de Larreta consiste en perseguir al repartidor y sancionarlo, mientras las empresas siguen teniendo vía libre para llenarse los bolsillos precarizándonos, sostiene la agrupación.

“Las empresas tendrían que hacerse cargo de la indumentaria y de los elementos de seguridad e higiene. Mientras el proyecto de Larreta dice que somos los repartidores que debemos seguir pagando las herramientas de trabajo de nuestros bolsillos, remarcaron en el comunicado desde ATR. También el proyecto apunta a que para repartir en CABA el trabajador debe tener domicilio en la Ciudad, lo que deja a fuera a cientos de repartidores que a diario vienen a Capital por ser una zona con mayor demanda y menores riesgos. Esto empuja, además, a los repartidores a entregar pedidos en zonas liberadas y peligrosas o de baja demanda afectando directamente su ingreso”.

Por todo lo expresado, desde la organización consideran que están “ante un proyecto al servicio de las patronales que plantean un contrato de prestación de servicios (monotributo) cuando la realidad es un encubrimiento de la evidente relación laboral”. Asimismo, volvieron a poner el foco en la cantidad de casos de repartidores fallecidos producto de la precariedad en la que desarrollan su trabajo: “entendemos que para terminar con las muertes de los trabajadores de reparto es necesario regular de fondo la actividad. Es urgente declarar la actividad de reparto como insalubre, que se regule un ingreso acorde a la canasta familiar, un límite en la jornada laboral dado el desgaste físico y psicológico al que estamos expuestos a diario, regular límites de kilómetros y peso.Terminar con los múltiples sistemas de ranking que solo llevan a los trabajadores de reparto a competir entre sí, dejando la vida por $ 60 por pedido”.

“Denunciamos la complicidad y los intereses compartidos del gobierno de la Ciudad con la empresas. Llamamos a hacer crecer la organización y el plan de lucha. Si este proyecto avanza en CABA es un golpe al conjunto de los repartidores del país y del mundo. Vayamos por una gran movilización de trabajadores de reparto el 25/7 a las 10 hs en las inmediaciones de la Legislatura porteña”, finaliza el comunicado de la agrupación.

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Entrevista a Eduardo Saab, delegado de Latam

«Venimos del día uno de la pandemia con una rebaja del 50% del salario, mientras la empresa repartía ganancias y dividendos con sus accionistas en Chile»

M.H.: El lunes 22 de junio se reunieron con las autoridades gubernamentales del ministerio de Trabajo. ¿Arribaron a alguna conclusión?

E.S.: Se hicieron presentaciones de parte de los gremios que están sentados en la mesa de negociación, rechazando el pedido preventivo de crisis que hizo la empresa, porque tenemos la lectura que estamos ante una extorsión. Más que una reunión lo que hubo fue una presentación de este escrito. No ha habido reuniones todavía formalmente con la empresa, esto sería la semana entrante. Pero como información puedo decirte que los documentos presentados son rechazando las peticiones de la empresa porque observamos que detrás de esto se esconde una extorsión contra los trabajadores, sus condiciones laborales y sus puestos de trabajo.

M.H.: Que por otro lado ya se habían dado, ya venían planteando rebajas de sueldos, de condiciones de trabajo.

E.S.: Sí. Venimos del día uno de la pandemia con una rebaja del 50% del salario, esta rebaja es ilegal, el ministerio ha fallado a favor de los trabajadores y ha exhortado a la empresa a pagar y la empresa en respuesta a esta adversidad con la que se encontró en el ministerio de Trabajo, fabricó esta extorsión, el planteo de retirarse del país porque los sindicatos “no entienden la crisis de la empresa”. No es que no la entendamos, porque mientras discutíamos esto con la empresa repartía ganancias y dividendos con sus accionistas en Chile, así que nosotros no podemos aceptar esa situación.

M.H.: ¿A cuántos trabajadores afecta esta medida? Se habla de 1.400, 1.700, hoy escuché 3.000. ¿Cuál es la cantidad exacta de trabajadores a los que afecta esta medida que pretende tomar la empresa Latam?

E.S.: Tres mil. Pero quiero hacer una aclaración, hay 1.800 trabajadores que están en relación de dependencia directa. Y hay 1.000 trabajadores más que están en una relación indirecta, son empresas contratistas, tercerizadas. Un sinfín de compañeros que trabajan para Latam, porque son empresas que tienen contratos con la empresa, pero no están considerados en el número en tanto no son trabajadores con relación de dependencia directa con la empresa.

Es muy importante aclarar esto porque muchas veces se deja de lado a aquellos compañeros que previamente a esta crisis estaban en peores condiciones que nosotros y no queremos dejar de nombrar a estos compañeros porque son los que peor la están pasando.

M.H.: ¿La empresa había recibido la ayuda gubernamental para el pago de salarios?

E.S.: Así es. Recibió ayuda estatal, los ATP, en su momento fue un escándalo porque lo recibió la CEO de Latam que tiene un sueldo millonario. Pero sí los trabajadores hemos recibido una parte en compensación de los descuentos de las ATP.

M.H.: ¿Tienen pensado tomar alguna medida en estos días?

E.S.: Tenemos la decisión de movilizarnos, estamos intentando consensuar con el conjunto de los gremios, hay que poner una fecha. La asamblea a la que yo pertenezco que es el sector de tierra ya tiene ganas de poner la fecha, pero estamos discutiendo y construyendo una movilización lo más coordinada posible. La vemos muy necesaria pero queremos hacerla de forma unitaria y los trabajadores se han pronunciado en favor de hacerla.

M.H.: Uno de los compañeros de los otros gremios alertó sobre el tema de que no se dejaran sacar las aeronaves del país.

E.S.: Compañeros pilotos y todos en realidad, estamos en sintonía con ese tema, porque hay una cuestión, Latam sigue trabajando en la Argentina. Se quiere ir del país pero quedarse con todo lo rentable. Lo rentable es la carga, recién hacía referencia a la cantidad de despedidos que habría, justamente hay un remanente de 500 compañeros que trabajan para Latam Airlines con sede en Chile pero en territorio argentino y en los cielos argentinos, donde está toda la carga que no dejó de facturar en la pandemia, al contrario, la carga aumentó inclusive en su facturación se cuadruplicaron los precios y siguen haciendo vuelos regionales e internacionales. Esto lo ponemos en discusión porque no puede ser que una empresa de un holding que tiene múltiples marcas, actúe por separado rompiendo todo sentido común, entonces se deshaga de Latam Argentina porque no le resulta rentable pero Latam Airlines sí.

Es la misma empresa, la misma matriz, los trabajadores no tenemos por qué caer en el verso de los sellos, el legalismo y el tecnicismo que son un andamiaje para proteger a las empresas, que en el caso de Latam lo tiene muy aceitado.

M.H.: ¿Querés agregar algo más?

E.S.: Simplemente volver sobre el tema de la movilización, creemos que es muy necesaria y estamos trabajando para hacerla porque hay un lobby mediático muy fuerte, porque pone mucho dinero en publicidad, tiene grandes lobistas mediáticos y queremos que se escuche la voz de los trabajadores. Hasta ahora está hablando mucho la empresa y tenemos que poder dar a conocer el punto de vista de los laburantes, que no queremos quedarnos sin trabajo, que se respeten nuestras condiciones y que no se aproveche la pandemia para azuzar una crisis y luego meter un ajuste a los trabajadores que no pudo meter durante la normalidad.

«Los directivos de Latam Argentina dejaron perfectamente claro ante las autoridades de Transporte las intenciones patronales de abandonar las operaciones en el país. Como consecuencia, señalaron que promoverán el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo», indicó en un comunicado de prensa el titular la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos, Guillermo Cruz Quival.

El dirigente sindical sostuvo que ya el gobierno nacional -como lo determina la ley vigente- hace algunos días aclaró que «ese reclamo patronal solo puede tener validez si Latam Argentina continuase sus actividades, ya que en caso contrario debe ser rechazado» y, de cerrar, «la compañía tendrá la obligación de abonar todas sus deudas o de someterse a un proceso de quiebra» tradicional.

El gremialista explicó que el PPC es una herramienta con la que necesariamente deben coincidir la empresa, los sindicatos y el gobierno en procura de hallar una salida que permita la continuidad de las operaciones mediante una reestructuración o una adecuación, puntualizó Cruz Quival en el documento.

Para el gremio, la empresa pretende tener «el aval legal para despedir de forma masiva al personal y abonar solo el 50 % de una indemnización simple, en el contexto de decretos presidenciales que determinaron la doble indemnización para el caso de no haber justificado la desvinculación laboral».

«Si Latam Argentina no puede enfrentar las obligaciones y la operatividad tendrá que someterse al respectivo proceso de quiebra, por lo que el gremio ratifica que el PPC no es el camino para realizar desvinculaciones masivas. El sindicato rechaza ese accionar y reclama la continuidad laboral», concluyó el dirigente.

Los gremios señalan que las razones invocadas por Latam Argentina “no son válidas” porque la empresa arrastra pérdidas desde hace varios años y no se pueden atribuir a razones de fuerza mayor generadas por la pandemia. Además, remarcan la vigencia de los decretos que impiden los despidos.

“Desde el 2016 en que empezó su déficit, la compañía privilegió explotar nuestro mercado interno desde Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba y Rosario, con sus filiales en vuelos hacia los hubs en Chile, Perú y Brasil en lugar de hacerlo con Lan Argentina y los trabajadores argentinos”, aseguraron desde el sindicato de los técnicos aeronáuticos que conduce Ricardo Cirielli (APTA).

A la hora de determinar responsabilidades, desde la entidad gremial apuntaron a que “este accionar fue posibilitado por la política aerocomercial del gobierno anterior” a quien culparon de no renovar su flota” y “devolver dos aviones al holding que levantó escalas”.

En ese sentido, desde APTA remarcó que “Lan Argentina comenzó a retirarse en el 2016. Fue una decisión estratégica del holding privilegiando la rentabilidad del grupo sobre la sustentabilidad de su negocio en Argentina”, con lo cual consideró que “la pandemia y la caída brutal de la demanda interna sólo aceleró los planes de Lan Argentina de retirarse para no afrontar importantes déficits, pero fue previo”.

Como si fuera poco, “tampoco se irá totalmente. Seguirá con empresas del holding operando desde Chile, Perú y Brasil y desde ahí hará conexiones internacionales”, por lo que “el grupo Lan mantendrá su lucrativa operación de carga general desde Argentina hacia el exterior mediante empresas cargueras propiedad de Lan Chile”, concluyó.

El martes 2 de julio y de manera sorpresiva,la conducción de Aerolíneas Argentinas le comunicó a los gremios de la actividad que sólo depositaría el 50% de los salarios correspondientes al mes de junio. La decisión impacta en su plantilla de empleados, aunque resta saber si la abarcará en su totalidad.

La información que la empresa acercó a los gremios, y que éstos le transmitieron a sus representados, señala que el pago se completaría en el momento en que el Estado Nacional complete la partida presupuestaria comprometida. Sin embargo, no hay precisiones de cuándo vaya a ocurrir.

También se precisó que el piso que se depositará a cada empleado, en esta primera tanda, es de 35.000 pesos.

Por estas horas los gremios están realizando consultas con sus cuerpos letrados sobre cómo proceder y en algunos casos ya avisaron que esperarán hasta el lunes 6 de julio para tomar una determinación. Es que en esa fecha vence el plazo que tiene la compañía para depositar los haberes.

El mes pasado la empresa encaró duras negociaciones con los gremios para diseñar un plan de contingencia que le permitiera hacer frente a la crisis de la actividad aerocomercial. Luego de una ronda de discusiones pactó una serie de suspensiones por 60 días, pero había asegurado que los empleados mantendrían su ingreso de bolsillo.

El convenio se enmarcó en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que contempla que ante la imposibilidad patronal de asignar tareas a la totalidad de la nómina de personal y, en acuerdo con el sindicato, una parte de esa dotación será encuadrada en la figura de suspensión, aunque percibiendo todo el sueldo de bolsillo como asignación no remunerativa. También lanzó un plan de jubilaciones anticipadas, dirigido a unos 1.000 empleados.

Pero la medida de fondo con la que quiere avanzar la dirección de la empresa es la fusión de Aerolíneas y Austral, que representaría la desaparición de esta última marca y que es resistida por los gremios aeronáuticos.

Ante la crisis económica que padece por la pandemia, la aerolínea low cost colombiana Avianca se despachó con una sorpresiva propuesta a sus empleados: que no cobren salarios por un año y que acepten retiros voluntarios. La compañía sostiene que esta es la única manera de no ir a la quiebra.

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Entrevistamos a Verónica del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) y del Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)

«El miedo está muy asociado al hecho de perder el trabajo y no tanto de contagiarse de Covid 19?

M.H.: Investigadoras e investigadores del Centro de estudios e investigaciones laborales del programa de salud subjetividad y trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, realizaron una encuesta para analizar la situación laboral de trabajadoras de casas particulares en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Fuiste una de las participantes de esta actividad que se realizó entre el 13 de abril y el 10 de mayo ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación?

V.: El objetivo de la encuesta fue recabar datos sobre denuncias que veíamos en las redes sociales que hacían las trabajadoras domésticas a partir de que se decretara el aislamiento. Decidimos hacer esta encuesta y nos encontramos con una dura realidad que ya veníamos anticipando a partir de los relatos de las trabajadoras en redes sociales y nos encontramos que el 55,9% entre 5 y 6 de cada 10 trabajadoras vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento social. De ese porcentaje un 10,5% fueron despedidas, un 20% sus empleadores no les pagan, al 13,1% les pagan menos, hay algunas que en algunos hogares les pagan y en otros no, otros casos que tienen que ver con que no saben si les van a pagar porque directamente no se comunican con ellas y hay un porcentaje de trabajadoras que les cambiaron la categoría, ellas trabajan haciendo limpieza y las cambiaron a cuidados que es una actividad esencial y que por estar exceptuadas pueden ir a trabajar. Esta estrategia entre los empleadores es bastante común y lo refleja la encuesta y tiene que ver con no respetar los derechos de las trabajadoras a cuidar su salud y a su familia.

M.H.: ¿Cuántas están en blanco de la muestra de 635?

V.: La encuesta refleja sobre un universo muy chico de trabajadoras, hoy por hoy en Argentina hay más de un millón de mujeres que realizan trabajos en casas particulares, con datos oficiales el 77% de trabajadoras está en condiciones de informalidad, en la encuesta ese número da un poco más bajo pero no se refleja con lo que sería el total como lo relevan organismos como el Indec u otros. Esto porque fue una encuesta autoadministrada, pero el índice de informalidad es muy alto en el sector.

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M.H.: Estamos hablando de una actividad fundamentalmente realizada por mujeres que supongo en estas circunstancias que se estamos viviendo la situación laboral se debe mezclar con el cuidado de sus niños y niñas. ¿Pudieron registrar algo de eso?

V.: Sí. Estamos hablando de en su mayoría de mujeres, casi el 99% de las que realizan estas tareas son mujeres y muchas de ellas tienen hijos a cargo, la encuesta reflejó además que muchas de ellas tienen hijos en edad escolar, así que también está condicionada su posibilidad de ir a trabajar, inclusive las que realizan tareas de cuidado, muchas tienen hijos en edad escolar así que se complica.

Son mujeres que cuidan a hijos de otras, pero a su vez necesitan que alguien cuide a sus hijos. Es un sector que muchas son jefas de hogar y que al tener salarios por debajo de la línea de pobreza y el que se haya empeorado su situación salarial hace muy difícil poder sostener la economía familiar. Es muy crítica la situación que están viviendo.

M.H.: ¿Pudieron registrar el salario promedio?

V.: No, no preguntamos acerca del salario. En la encuesta dejamos un campo abierto para que las trabajadoras pudieran expresar lo que están viviendo respecto a su trabajo, y muchas hablan de que no llegan a fin de mes, que no llegan a comprar comida para sus hijos y el miedo está muy asociado al hecho de perder el trabajo y no tanto de contagiarse de Covid 19.

M.H.: ¿Cuál es el nivel de sindicalización?

V.: Es muy bajo. Eso es un reflejo también de lo que tiene que ver con las características del sector, la encuesta refleja que un 88% no está afiliada, y tiene que ver también con las particularidades del sector, la informalidad y, por otro lado, que es un trabajo aislado que se realiza en hogares.

M.H.: ¿Querés agregar algo más?

V.: Me parece que es una situación crítica la que están viviendo las trabajadoras, es eso lo que quisimos reflejar con la encuesta, y este nivel de informalidad que viene padeciendo el sector, que está sumamente invisibilizado, que está precarizado y que tiene muy bajos salarios en la situación de la cuarentena las agudiza aún más y me parece que hay que poner el foco en este sector que está siendo muy golpeado. En la encuesta pudimos ver que el 55,7% de las trabajadoras cobró el ingreso familiar de emergencia que entregó el Anses pero un 15% no sabe cómo tramitarlo.

Me parece que es un sector al que hay que llegar con mucha más información, para el que hay que generar políticas fuertes de información sobre los derechos laborales, sobre las cosas que no deben hacer los empleadores y que estas herramientas que está dando el Estado puedan llegar a este sector que tiene salarios muy por debajo del resto de los trabajadores.

M.H.: ¿Cuáles fueron las principales demandas que pudieron registrar?

V.: En primer lugar que los empleadores cumplan, que paguen igual por más que no vayan a trabajar, el ingreso principalmente. Sólo un 33% de las trabajadoras están recibiendo su ingreso mientras cumplen el aislamiento. El porcentaje es muy bajo teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, que son mujeres, que tienen hijos a cargo y son jefas de hogar.

En el informe preliminar difundido por los y las investigadores se incluyen algunas respuestas abiertas que describen la situación de precarización en la que se encuentra la mayoría de las trabajadoras de casas particulares, y que va más allá del contexto actual de emergencia por la pandemia:

“Hace 16 años que trabajo y me tiene en negro. Hoy en día no me están pagando en esta cuarentena y soy persona de riesgo”.

“Uno de mis empleadores me dijo que por ningún motivo me puede pagar si no trabajo”.

“Fui despedida en cuanto empezó la cuarentena obligatoria en uno de los trabajos fijos que tenía. En los otros directamente no me responden o no se hacen cargo porque no trabajaba con registro”.

“Por necesidad me vi obligada de ir a trabajar porque no me querían pagar lo de la cuarentena”.

“Me gustaría que salga un comunicado oficial para enviar a los empleadores que no están pagando. Se hace difícil para nosotras exigir que nos paguen en riesgo de la continuidad laboral”.

“No quiero volver a mi trabajo, mi jefa me defraudó como persona. Nunca me mandó un mensaje preguntando si necesitaba algo o cómo estaba. Se borró totalmente”.

“Debería ser muy claro que no se puede cambiar de categoría por conveniencia del empleador y multar. Si cambia de categoría, que paguen más. Es muy injusto. Encima el empleador nunca te va a decir ‘quedate en tu casa’. Yo estoy poniendo en riesgo mi vida, pido un plus para las que salimos a arriesgar nuestras vidas”.

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Entrevista a Pedro Fernández Mouján de Télam

«Fue una lucha histórica contra un gobierno salvajemente neoliberal que estaba dispuesto a cualquier cosa«

M.H.: A dos años de los 350 despidos de Télam ¿cuál es el balance de esa lucha?

P.: El balance es muy positivo porque fue una lucha histórica contra un gobierno salvajemente neoliberal que estaba dispuesto a cualquier cosa, y se dio una unidad de lucha tanto entre los 354 despedidos como con los compañeros que no lo fueron, se tomaron pacíficamente los edificios, se hicieron presentaciones judiciales. Fue una lucha que tuvo mucho apoyo de toda la sociedad. Eran momentos muy convulsionados, había devaluaciones tremendas. Los despidos se dieron un día después que el gobierno firmó el acuerdo con el FMI. Imaginate la significación que tenían esos despidos en la administración pública.

M.H.: El 26 de junio de 2018.

P.: Exactamente. Tuvo también mucha significación en los medios públicos que también de alguna manera, con sus tensiones, sirvieron para equilibrar un poco la balanza respecto de muchos medios hegemónicos privados. Entonces conseguimos la reincorporación de todos los compañeros, a través de presentaciones judiciales y la lucha, por supuesto, pero la última fue una resolución judicial. Así que es un balance positivo, fue una lucha muy sólida de parte de los trabajadores, muy sustentada en una asamblea permanentemente comunicada con su Comisión interna y su sindicato Sipreba.

M.H.: ¿Cuál es la situación de la agencia Télam en la actualidad?

P.: Hay una nueva gestión porque cambió el gobierno y como la agencia es pública cada gobierno pone sus autoridades. Estamos empezando un camino nuevo, donde la agencia tiene una línea editorial más acorde a los intereses públicos, de la que tenía anteriormente. La agencia está revalorizada, respecto de la desvalorización que existía antes que se pretendía cerrar. Recuperó también el área publicitaria que era un área que habían sacado, porque Télam además es el contralor publicitario de la publicidad oficial. Eso es algo muy importante que hace Télam y que le da trabajo a muchos compañeros. Es una agencia periodística y publicitaria.

En cuanto a la pandemia nosotros más allá de que ganamos el conflicto sufrimos un congelamiento salarial de dos años. Nuestros salarios se fueron al bombo y producto de esta situación de crisis no pudimos recuperar nuestro poder adquisitivo. Pero vamos viéndolo y con la ilusión de que se vaya solucionando porque quedamos muy rezagados. Más allá de eso logramos mantener las fuentes de trabajo y conseguimos también que la agencia nacional de bandera siga existiendo, lo que nos parece importante para el país y la libertad informativa. Mucho más en estos últimos años.

M.H.: ¿Hicieron algún tipo de festejo a dos años de los 354 despidos?

P.: Decidimos elaborar una especie de memoria colectiva entre todos los que estuvimos en esa lucha. La hacemos en estos momentos de pandemia y aislamiento a través de las redes, tenemos una página que se llama “Somostélam” tenemos una cuenta de Facebook, Twitter y un Instagram bajo el mismo nombre. Entonces lo que estamos haciendo desde el 26 de junio empezamos a subir un texto escrito por un compañero de Télam que estuvo en la lucha y que quiere reflexionar sobre lo que fue esa lucha para él, cada uno con su óptica personal.

También publicamos dos adhesiones de ya sean dirigentes políticos, movimientos sociales, trabajadores de distintos gremios y empresas u hospitales que estaban en conflicto y que fueron solidarios con nosotros. Durante la lucha armamos algunas asambleas generales de trabajadores en conflicto como para tratar de encontrar soluciones comunes. Entonces al mismo tiempo publicamos un saludo de ellos donde hacen una reflexión cortita sobre nuestra lucha y los trabajadores escribimos un texto por día. También salieron una ilustración de El Ángel, otra de Constanzo que nos regalaron y vamos a seguir así durante 20 o 30 días más para seguir pensando qué fue y qué significó nuestra lucha.

M.H.: ¿Cómo se accede a estas publicaciones entonces?

P.: Por Twitter Somostelam, o por la página web www.somostelam.com.ar

Los trabajadores y trabajadoras de la Editorial Perfil decidieron incrementar desde el 1º de julio las medidas de fuerza ante la decisión de la empresa de pagarles el medio aguinaldo desde enero y en cuotas, además de exigirles mayor productividad.

“No estamos pidiendo nada descabellado. Sólo lo que nos corresponde por lo trabajado durante la primera mitad del año. Un año muy particular en que lxs trabajadorxs de la empresa aumentamos sustancialmente nuestro trabajo sin recibir nada a cambio, más que presiones y pedidos. En este contexto de pandemia, Perfil recibió ayuda ATP, pauta oficial y una licitación millonaria para imprimir material del Ministerio de Educación. Ese dinero nunca le llegó a sus trabajadorxs. Perfil no tiene ninguna eficiencia como empleador, pero le reclama eso a sus empleadxs”, denunciaron los trabajadores.

Desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Editorial reiteraron que el incumplimiento del pago del aguinaldo no es propio de este año, ya que la misma situación se produjo en 2016, 2017 y 2019.

Ante esta situación reiterada, la Asamblea votó una serie de medidas de fuerza que comenzaron el 1º de julio. En Perfil.com y sub sitios hubo tres horas de retención de tareas por turno y trabajo a reglamento en el resto de la jornada. En la ediciones impresas (Diario Perfil, Revista Caras y Noticias) y Cedoc, dos horas de retención de tareas. Al igual que en las áreas de Administración, Comercial y Sistemas, y en NET TV. En Radio Perfil, en tanto, hubo quite de firmas en los bloques, apagón en radio.perfil.com y en las redes sociales de 10 a 12, y de 16 a 18.

Los trabajadores de la web del Diario Popular emitieron un comunicado mediante el cual informaron la retención de tareas por 72 horas en la última semana de junio debido a que la empresa les adeuda “casi la mitad del sueldo de abril y la totalidad del sueldo de mayo”.

Asimismo aseguran que el medio tampoco realiza los aportes patronales que le corresponden en materia de jubilaciones, obra social y ART y que no incorporaron personal ante la reciente renuncia de ocho trabajadores. Además denuncian que la empresa decidió reubicar las instalaciones de la redacción en un nuevo edificio que “no cumple con los requisitos necesario para resguardar la salud”.

El gremio de prensa, declarado esencial desde el primer minuto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio arrastra una situación de degradación de las condiciones de trabajo que se ha visto agravada por la pandemia. Más allá de la exposición al virus de quienes ejercen su labor en forma presencial y que no han percibido un bono por esencialidad y las condiciones agobiantes que impone el teletrabajo al resto de los periodistas, se le agregan despidos ilegales en Publiexpress (una parte de los cuales fueron reinstalados por la justicia) y en Atlántida. Además el gremio en su conjunto sufre una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario así como una amplia precariedad laboral de gran parte de los trabajadores que revisten bajo la forma de “colaboradores”.

A mayo, esa caída del salario real acumulaba más de un 50% desde el año 2013. Desde 2015 se destruyeron más de 4.500 puestos de trabajo registrados en el sector. La paritaria de 2019 quedó suspendida una vez dictada la cuarentena con un aumento acumulado en el período de apenas un 15% contra una inflación de alrededor de un 50%. De esta forma, el salario de convenio de redactor se ubica más de un 10% por debajo de la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza.

Uno de los medios cuyos trabajadores abordaron la crisis salarial es El Cronista Comercial que mantiene un plan de lucha que incluyó paros de 24 horas así como retenciones de tareas y quites de colaboración bajo el novedoso formato de “un periodista = una nota”. A esa medida que afecta la productividad empresaria se le suma ahora paros de dos horas en sus publicaciones web en reclamo de una respuesta al retraso salarial que padecen.

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La Comisión Interna de Clarín agremiada en SiPreBA elaboró una encuesta entre las y los trabajadores que cobran por colaboración y freelancers. Los resultados demostraron que son una variable de ajuste: «La empresa los usa de manera fraudulenta y, en tiempos de crisis, desconoce la relación laboral y los ajusta.», denuncian.

Los cuatro principales problemas son el atraso en los pagos y en los valores de las colaboraciones, la relación de dependencia encubierta para quienes superan las 24 colaboraciones, la falta de continuidad laboral y las malas condiciones de trabajo.

«No hay #PeriodismoEsencial con #PrensaPrecarizada.», denuncian. «La empresa debe asumir la responsabilidad con sus trabajadores informales, a quienes usó durante años.» y ahora, que llegan las malas, malísimas ya, pasan a ser descartables.

Las demandas puntuales son: Continuidad como hasta marzo 2020; Saldo de las deudas y regularización en los pagos; Actualización de las tarifas; Efectivizaciones; Viáticos, equipamiento y acceso a productos de AGEA.

Choferes

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, pidió «a los Gobiernos nacional y provinciales la búsqueda de una solución para pagar los salarios y aguinaldos de los choferes de micros» en las provincias, en el marco del paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano de pasajeros del interior del país por retrasos en el pago de haberes. «Hace más de 100 días que estamos estancados por una situación como nunca vivimos», indicó el titular de la UTA.

La UTA declaró un paro por tiempo indeterminado que se cumple en el interior del país y que no afecta a los servicios en el AMBA, mientras que el cese de tareas en las provincias no abarcaba al transporte de larga distancia.

El 1º de julio, trabajadores autoconvocados de las empresas Ersa y Aucor de Córdoba cortaron el servicio en reclamo por el pago de deudas salariales.

Pasadas las 16:00, el gremio de los choferes del transporte urbano (UTA) decretó un paro por tiempo indeterminado en todo el sistema que cubre recorridos en la ciudad de Córdoba.

«Nos están debiendo diferencias de abril, mayo, todo junio, dos cuotas del decreto de Nación y aguinaldo. No aportan a obras sociales. Ni jubilación», explicó María José, la esposa de uno de los afectados. “El gremio no nos atiende y cuando reclamamos el gremio nos manda la Policía. De acá no nos movemos hasta que no esté la plata depositada. Hay 400 personas con familias en la punta de línea», agregó.

Los trabajadores del transporte interurbano de pasajeros de Córdoba cumplieron 87 días de paro el pasado 8/7 por deudas salariales, mientras que el sector empresario solicita al Estado «aportes extraordinarios para pasar la coyuntura» de la pandemia de coronavirus, al señalar que los subsidios no alcanzan.

La Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) paralizó el servicio el último 13 de abril por tiempo indeterminado a partir de deudas salariales acumuladas desde marzo, con pagos parciales, y «están pendientes los sueldos de junio y el medio aguinaldo», según una fuente sindical.

El conflicto se replica en varias provincias desde que el país entró en el aislamiento social por la pandemia de coronavirus y las empresas del transporte comenzaron a tener dificultades para afrontar los salarios ante la caída en la cantidad de pasajeros y la consecuente baja en la recaudación.

Los choferes de la empresa Unión Bus, El Urbano, como también la empresa Evelia de Jujuy, unos 70 trabajadores del transporte interurbano, hace dos meses que no cobran sus haberes. Ante la crítica situación están llevando adelante una colecta de alimentos.

Mientras las empresas siguen recibiendo subsidios nacionales y provinciales. En el caso de la empresa Unión Bus recibió un depósito como subsidio provincial de $5.324.786,84 y como subsidio Nación de $6.225.771,00.

El servicio de transporte público de pasajeros en Mar del Plata se reanudó el jueves 9, luego de que la agrupación opositora «Juan Manuel Palacios»de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) local resolviera levantar el bloqueo que mantenía desde el sábado en la cabecera de colectivos 25 de Mayo, lo que impedía la salida de las unidades.

El levantamiento de la medida se adoptó luego de que se confirmara que las empresas abonaron los sueldos de junio y el total de aguinaldo.

Tras cinco días de conflicto, el servicio diurno de colectivos comenzó a funcionar a las 6:00 en el distrito bonaerense de General Pueyrredón, aunque se mantenía la retención de tareas durante el horario nocturno, entre las 22:00 y las 6:00, indicaron fuentes gremiales.

Los municipales cordobeses cortaron 7 puentes de acceso al centro de Córdoba

Después de casi dos meses de protestas en torno del municipio o del Tribunal de Faltas, el gremio cortó el jueves 2 siete puentes céntricos.

Los empleados municipales reclaman por el recorte de salarios que percibieron, la quita de chapa a inspectores, el trabajo de los monotributistas y además ahora protestan por la baja de 117 contratos implementados por el intendente, Martín Llaryora. También realizaron un “velorio” a la figura del intendente.

Neuquén: caravana en defensa de las gestiones obreras

Los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Neuquén se encuentran en estado de alerta y movilización ante la amenaza de remate de la planta. Esta semana, junto a organizaciones gremiales, políticas y sociales realizaron una nueva caravana en defensa de las gestiones obreras por la ciudad de Neuquén.

Con un gran apoyo de la comunidad y decenas de organizaciones, lanzaron una campaña contra el remate de la fábrica y por la Expropiación y Estatización de la Cerámica Neuquén.

Reclaman a la Legislatura de Neuquén, el debate y aprobación del Proyecto de ley que presentaron en el 2018 junto al Sindicato Ceramista y decena de diputados y diputadas de la oposición.

Además, las tres gestiones obreras junto al MTD (Movimiento por un Techo Digno), la Cooperativa de Trabajo la Neuquina, la Cooperativa de viviendas 127 hectáreas y organizaciones sociales exigen al Gobierno un plan de obras públicas para la construcción de viviendas, escuelas y hospitales. “Las fábricas ceramistas, producimos los ladrillos, los pisos y revestimientos que se necesitan para la obra pública. Cada vez son más las familias que se quedaron sin trabajo en medio de la crisis sanitaria y económica. Las organizaciones sociales exigen trabajo genuino. Es una decisión política del Gobierno poner en pie un plan de obras públicas que además de dar respuesta a las necesidades de la población, genere trabajo y de impulso a la industria ceramistas”, explicó Bernardo Retamales.

La caravana sumó también el reclamo de las docentes y los trabajadores y trabajadores estatales. Rechazan el pago en cuotas del aguinaldo que pretende implementar el gobierno del MPN y exigen el pago inmediato, en tiempo y forma. Además ante el aumento de casos de contagio de coronavirus entre trabajadores de la salud, exigen medidas urgentes de protección para cuidar la salud de quienes cuidan la salud de la población.

El martes 7 los trabajadores de Expreso Argentino reclamaron por los cuatro meses de salarios adeudados y la recuperación de su fuente de trabajo. Después de más de 40 días de acampe en los portones de las instalaciones, ubicado en San Martin 2425 de Neuquén, se manifestaron en el centro, informando a la comunidad con folletos y compartiendo torta fritas y mate cocido.

Rodeados de la solidaridad de los vecinos, familias, ceramistas, textiles, docentes y estudiantes, junto a las organizaciones sociales y políticas, se desarrolló la acción sobre la Avenida Argentina.

El lunes 29 de junio, el Juez del Juzgado Laboral N° 2 de Neuquén falló a favor del reclamo que llevan adelante, estableciendo que las suspensiones pretendidas por la empresa Neusat SRL, son ilegales y que los salarios reclamados deben abonarse. A pesar de esto, la empresa incumplió la orden de la justicia.

Los trabajadores de Expreso Argentino hacen responsables a los Gobierno provincial y municipal de la grave situación en la que se encuentran, y les exigen que no pueden permanecer ajenos. Las familias están expuestas a lo peor de la pandemia del Covid 19, viviendo a la intemperie con temperaturas bajo cero. Consideran escandaloso que continúen permitiendo que la empresa siga funcionando en la ilegalidad, mientras no paga los salarios desde marzo hasta la fecha.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, informó que del 21 al 23 de julio comenzará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los empleados estatales y señaló que se cancelará en dos tramos para los sueldos inferiores de la administración pública y en tres veces para el resto de los trabajadores.

En el caso de los sueldos inferiores, el 50% restante se cancelará en agosto, mientras que para los demás trabajadores será del 30% y el 30% en septiembre.

Por último, en septiembre percibirán el total del medio aguinaldo los cargos de la planta política del gobierno.

Tras el anuncio del mandatario provincial, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, manifestó a través de un comunicado que «rechazamos el desdoblamiento del pago de aguinaldos» y agregó que «creemos que el Gobierno provincial debe hacer un esfuerzo y exigir ayuda extraordinaria al Gobierno nacional».

En el mismo sentido se expresó, a través de un escrito, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN): «Rechazamos y exigimos el pago integral de nuestro aguinaldo. Los derechos conquistados no se fraccionan».

Chubut: Piden juicio político al gobernador Mariano Arcioni

Actualmente, al 90% de los estatales les deben el sueldo de mayo y a la totalidad los haberes de junio. No se cumplieron con paritarias del 2019, ni con convenios con cada sector, tampoco con partidas Nacionales porque el gobierno provincial las secuestra, y luego las deposita en las cuentas de sus empleados cuando mejor le parece, como viene ocurriendo con los Incentivos Docentes.

Hoy, la provincia se encuentra más endeudada y sin plan para salir de la crisis. Los problemas edilicios y de insumos de las escuelas no paran de agravarse. Lo mismo ocurre con los hospitales provinciales, y en tiempos de Covid 19 es más evidente el abandono porque no solo los trabajadores de salud no cobran sus sueldos, sino que deben junto con la comunidad tapar los baches que deja el Estado, muchos de los insumos son aportados por donaciones y gestiones que realizan los propios trabajadores.

Ante este cuadro de situación distintos sectores estatales concentraron en la Plaza San Martín de Esquel, y de allí salieron en caravana hacia el muñeco de nieve que se encuentra en uno de los accesos a la zona céntrica de la ciudad. Allí intervinieron al icono turístico invernal de la zona. Para finalizar, representantes de cada sector tomó la palabra para pedir juicio político al gobernador Arcioni.

Nadie en Chubut compra más espejitos de colores. La mega minería representa el extractivismo más extremo, como proyectos de destrucción masiva que desalojan pueblos, vuelan montañas, aniquilan la vida animal y vegetal, asesinan ríos dejando enormes piletones envenenados, compran y dividen a las comunidades, detentan el poder y la impunidad para desaparecer a quienes ellos mismos enferman, matan y prostituyen, en complicidad con el Estado.

Comunicado completo:

La Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, repudia la criminalización y represión de las luchas por el Agua, el Territorio y contra el ajuste.

A 35 meses de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y 31 meses del asesinato de Rafael Nahuel, comenzaron a ser notificadxs sobre la prórroga de sus causas lxs 6 compañeres detenides y torturadxs por la policía del Chubut el 5 de diciembre de 2019, cuando la Legislatura pretendía allanar el camino para la explotación megaminera, vulnerando la Ley ex 5001, como días después se intentaría en Mendoza con la Ley 7722, intento que sería frustrado por la hazaña épica del pueblo mendocino en las calles.

La voluntad represiva del gobierno de Mariano Arcioni no cesó nunca y escaló en magnitud e intensidad en el contexto de pandemia Covid-19.

Hostigamientos, abusos, torturas, arrestos ilegales, represión en barrios humildes, allanamientos a comunidades mapuche tehuelche con operativos conjuntos de la policía, empleados de Benetton y otros terratenientes, a lo que ahora se suma la re judicialización de nuestrxs 6 compañeres y la imputación a trabajadorxs que protestaban en Rawson tras la muerte de las docentes Cristina y Jorgelina, en el marco de la lucha contra el ajuste, el pago escalonado y por la educación y salud públicas.

Queremos expresar que estxs compañeres que Uds. persiguen son parte de un Pueblo digno, lúcido y despierto, que hace rato sabe cabalmente que la burda crisis de diseño tiene como anhelo poner a la provincia de rodillas para vender caro un supuesto progreso, que es en realidad, un plan de saqueo, destrucción y muerte.

Se equivocan cuando creen que aquí existen recursos naturales, recursos humanos y paisajes. En la Wallmapu existe un Territorio Vivo, donde residen Fuerzas que no dejarán de defenderlo.

Si tocan a unx, nos tocan a todxs.Basta de criminalizar la defensa del Territorio. El pueblo sigue gritando fuerte y claro: ¡No es No! ¡No a la megamineria! Basta de extractivismo !No pasarán!

“En defensa del agua y el territorio”, bajo esa consigna tuvo lugar el sábado 4 por la tarde una nueva movilización impulsada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el “No a la Mina”. La concentración fue en la Plaza General San Martín.

Los vecinos marcharon luego por las calles céntricas de Esquel escudados en la bandera del “No a la Mina”, y repudiando la explotación minera en Chubut.

La manifestación se da todos los 4 de cada mes hace largos años en rechazo a la megaminería en la provincia.

Se da además en un contexto donde las asambleas vienen impulsando la Segunda Iniciativa Popular para lo cual avanzan con la recolección de firmas en diferentes ciudades.

Represión a trabajadores en pleno centro de Mendoza

Después de pasar 3 noches encadenados en el kilómetro 0 de la ciudad a bajas temperaturas como forma de protesta por aumento de salarios, la respuesta del intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, hacia los y las trabajadoras no distó de las anteriores reacciones: ordenó más represión.

Además de municipales, dirigentes gremiales y hasta trabajadores de prensa, fueron detenidas personas que se encontraban acompañando y asistiendo a los huelguistas.

Tras permanecer horas detenidos en distintas comisarias de Mendoza, los trabajadores municipales y dirigentes del Sute (docentes) que habían sido detenidos en la represión fueron liberados.

Los trabajadores municipales de Mendoza se encuentran hace más de un mes en lucha por la recomposición salarial. Tras una represión la semana anterior, un grupo de trabajadores se había encadenado en el KM 0 provincial para denunciar la represión y la negativa del gobierno municipal de abrir el diálogo para discutir las paritarias, congeladas desde enero de este año. El domingo 5, la Policía avanzó sobre los trabajadores, levantando el acampe y deteniendo a decenas de trabajadores y dirigentes del Sute que se habían acercado a llevar su solidaridad.

El conflicto entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Municipalidad de Mendoza sigue latente. Ante el desalojo de la protesta, la detención de 46 personas e imputación de 36 de ellos por “incumplimiento del distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, nuevamente el gremio convocó a una marcha hacia la Municipalidad. Allí se realizaron dos reuniones, según informó el intendente, Ulpiano Suárez. Una con ATE; y luego con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). Sin embargo, la misma fracasó y el gremio convocó a un paro para el 16 de julio.

Roberto Macho, secretario general de ATE, acusó al Municipio de llamarlos para dialogar, “pero fue toda una mentira. Nos dijeron que no habrá aumentos y que los trabajadores no cobrarán más de $ 12.000. Por eso llamamos a una huelga para el 16, si no tenemos una nueva propuesta”.

El dirigente, que fue uno de los detenidos e imputados por el fiscal, Lauro Monticone, sostuvo que “después de los hechos de represión, golpizas y violencia ejercida hacia los trabajadores, vemos el repudio generalizado en esta marcha”, que convocó a una gran cantidad de manifestantes en las calles del microcentro durante la mañana del martes pasado.

Además, acusó al Intendente de no ofrecer ningún tipo de solución al conflicto. “Pedimos una propuesta que supere la canasta de la Pobreza, y ese número está muy por encima de los $ 10.300 por mes que cobran los municipales en la Capital”, aseguró.

Cabe destacar que según elInstituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia tipo necesitó $ 43.080 para no caer en la pobreza, según datos de junio.

Por otro lado, la Iglesia se ofreció a mediar en el conflicto por pedido de ATE. Esta mañana durante la marcha, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, recibió a los delegados gremiales Macho, Adriana Iranzo (ATE); Carlos Ordoñez (Judiciales); y Martín Caín (Casino).

Fuente: La Haine

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