Poscapitalismo y pospandemia: propuestas para combatir el modelo civilizatorio capitalista, con los derechos humanos como eje

La crisis mundial desatada por la pandemia del coronavirus (COVID 19) ha demostrado varios puntos que, desde los sectores que tenemos una mirada poscapitalista, venimos sosteniendo hace mucho.  Esto hace por un lado al agotamiento del modelo de democracia liberal, por otro lado a las graves consecuencias del modelo de acumulación y producción que tiene el capitalismo contemporáneo.

 Empecemos a estructurar un poco someramente las cuestiones que han ido ocurriendo utilizando la realidad de la Argentina como probeta de ensayo, desde hace varios años existen en el ámbito laboral un enorme porcentaje de les trabajadores que se encuentran en la informalidad, por una lado quienes viven de las changas, por otro lado aquellos que realizan su trabajo bajo categorías de monotributistas, haciendo gran énfasis en estos últimos muchos de los cuales realizan su trabajo para el Estado (mostrándose vale resaltar de esta manera las formas de explotación que propone y de las que forma parte el Estado Argentino)  sumando a ello están lo que ahora llaman trabajadores de la economía popular; es decir la informalidad presente en el mercado del trabajo de la Argentina es de hace mucho, distintos gobiernos han mejorado o empeorado los índices al respecto.

Ahora bien en este marco la cuestión del  trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos se presenta como un modelo social, ya que no podemos obviar la relación directa entre el capital y el trabajo, en cuanto ésta relación social es la que nos plantea y muestra  la desigualdad social existente en las sociedades modernas. Desde hace décadas los sectores del trabajo vienen perdiendo con respecto al capital. Siguiendo al Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Autónoma (CTA AUTONOMA) en su informe El Trabajo en la Cuarentena (http://www.agenciacta.org/IMG/pdf/El_trabajo_en_la_cuarentena_-_Informe_ODS_CTAA_28_de_abril.pdf) , podemos observar que “en el mercado de trabajo: durante los últimos cuatro años la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado se redujo un 3,7% y el salario real promedio se redujo un 23,3% en el sector público y un 19,3% en el sector privado; como contracara de ello, entre 2016 y 2019 la cantidad de ocupados por cuenta propia creció un 16,5% y la cantidad de asalariados no registrados lo hizo un 15,3%.”

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al trabajo va de la mano de sus corolarios, estos son los programas y proyectos que hacen a la seguridad social de les trabajadores, abarcando con ello las obras sociales, el derecho a jubilarse, el salario familiar, entre otros. Es por ello que la informalidad en el trabajo, es decir trabajar no registrado, implica en sí una grave violación a los derechos de la clase trabajadora.

La seguridad social es un derecho humano que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) máxima instancia en la materia es “… la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos” OIT; (introducción a la seguridad social. Mimeo, Ginebra 1984)

Sumando a ello el derecho al trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales que está presente ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 23 Inc. 1 dice “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Otra fuente insoslayable en la materia es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, aprobado por la asamblea general de la ONU en 1966, parte III Art. 6 Inc. 1 “los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar…” en el Inc. 2 profundiza al decir “entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes (…) la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva…”

El derecho al trabajo conserva desde la integralidad de los derechos humanos, otros derechos humanos fundamentales como son: el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la seguridad social, al acceso a la educación y la cultura, etc., es por ello que se muestra fundamental comprender que con la violación al derecho al trabajo, este repercute en otros derechos.

 De este contexto pasamos a la cuestión fundamental de la salud en el marco de la pandemia mundial, la Argentina se encuentra en esta área como uno de los países mejor posicionados por la extensa red de salud, hospitales públicos, privados, de los sindicatos,  que se vio seriamente afectado por las políticas implementadas desde la Alianza Cambiemos cuando fue gobierno, pero que históricamente  carece de la mirada sanitarista, la implicación de la población y les trabajadores de la salud, en la planificación de la misma.

Desde los derechos humanos tenemos a este respecto mucho que aportar, ya que desde la mirada doctrinaria de los derechos humanos se clarifica aspectos que no sólo hacen a la conciliación del derecho a la salud con recursos tangibles tanto de infraestructura como tecnológicos, sino que además se hace énfasis en la necesaria participación democrática de la población en la proyección e implementación de las políticas de salud.

Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)  formula cuatro criterios para la evaluación de un nivel sanitario aceptable:                                                                                                 *disponibilidad – deberá existir un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud;                                                                  

   *accesibilidad– éstos deberán ser accesibles a todes, sin discriminación alguna. Esto implica la accesibilidad física: condiciones edilicias, cercanía de donde vive la población. También la accesibilidad económica: gratuidad. Y la accesibilidad a la información: conocimiento de prestaciones y, lo más importante, del derecho a ella;                                                                               *aceptabilidad – en lo edilicio y especialmente en la prestación de servicios deberán respetarse la confidencialidad de la consulta y el tratamiento, así como los valores culturales de la población asistida.

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  *calidad – los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y ser de buena calidad.

Sumando a ello la clara visión que surge desde los derechos  humanos en cuanto a la democracia y la participación hace foco en la necesaria simbiosis que debe existir entre la democracia delegativa y la democracia participativa, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. En esta definición podemos apreciar un aspecto constitutivo de este derecho que es un derecho individual de incidencia colectiva.

Es por ello que este derecho sólo puede ser comprendido en su totalidad haciéndolo trabajar con otro concepto doctrinal de los derechos humanos como lo es  la libre determinación de los pueblos, que es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas. Nótese que dice pueblos, y no nación, ya que desde la perspectiva de los derechos humanos, y es una clara falta al no estar visibilizado en la democracia argentina, pueden convivir varios pueblos dentro de un mismo Estado-Nación.

Entonces por un lado tenemos que, bajo ciertos parámetros los pueblos pueden darse la estructura democrática que quieran respetando el derecho individual que toda persona tiene a participar de su gobierno y a ser electo. Es por ello que se vuelve necesario resaltar que según la doctrina de los derechos humanos, los Estados no sólo deben promover y crear los espacios de participación, sino que también deben capacitar a las personas en su uso, rompiendo los mecanismos burocráticos que recienten la participación. Además las personas deben tener la información sobre cómo acceder a estos espacios y los procedimientos para participar de los mismos.

Es decir, desde el cuerpo de los derechos humanos y sus bases doctrinales, el derecho a la participación conlleva la garantía que las opiniones de las personas reciban la debida atención e influyan en las decisiones y gestión estatal. Es desde aquí que podemos diagnosticar bajo estas bases y parámetros que han quedado demostrados en el marco de la pandemia, las graves falencias de participación que adolece la democracia argentina, mostrándola como una democracia tutelada, elitista y de clase, formulando la existencia de gobernantes y gobernados como forma de gestión estatal. Coadyuvando a esto el fetichismo estatista del gobierno de la alianza frente de todes, hace a las prácticas verticalistas de conducción que  recienten la participación y consulta.  

Desde la visión de los derechos humanos los procesos participativos complementan las estructuras de las democracias representativas, enmarcando un nuevo tipo de democracia, más radical y protagonica. A cuenta gotas las organizaciones populares y sobre todo aquellas que abrevan en alguna forma de oficialismo, han podido sacarle al gobierno la participación en los “Comité de crisis”, es por ello que es claro que el gobierno cumple en informar más no así, en implicar a la población en el ejercicio de sus derechos.

Observamos además que desde el gobierno nacional, para el sostenimiento de la cuarentena y el asilamiento social obligatorio ha acudido a la fuerza policial para hacer cumplir las directivas que de él emanan, esto ha generado una enorme ocupación territorial por parte de la policía que ha significado una constante que deviene en estructural violencia institucional, decimos constante porque a través del aislamiento social obligatorio se cumple uno de los requisitos fundamentales del concepto de la violencia institucional que es que se da en contextos de restricción de la autonomía y/o libertad.

Pero claro primero pasemos  a explicar qué es la violencia institucional, la violencia institucional son prácticas estructurales de violación de derechos desarrolladas (por acción u omisión) por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicio penitenciario y efectores de salud, así como operadores judiciales, en contexto de restricción de la autonomía y/o libertad. En el marco de la pandemia y la cuarentena es más que claro, la restricción de la autonomía y la libertad, aclarando que si bien las medidas del gobierno en cuanto al aislamiento social obligatorio están justificadas incluso dentro de conceptualizaciones en materia de derechos humanos, como ejemplo el pacto de derechos civiles y políticos en el artículo 4 inciso 1 que dice: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”. No podemos dejar de marcar que ello no implica en sí, acudir a la presencia policial para sostener la cuarentena.

Siguiendo el informe de la situación represiva a 90 días de cuarentena de la CORREPI  http://www.correpi.org/2020/informe-de-la-situacion-represiva-a-90-dias-de-cuarentena/ que dice: “El incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar”. Podemos observar por un lado lo complejo que bajo el asilamiento social preventivo y obligatorio se hace el trabajo de les defensores de los derechos humanos, en cuanto el aislamiento resulta en sí, en una coerción estatal a nuestra labor.

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Además de ello podemos probar que la presencia de la policía prácticamente sin ningún tipo de contralor a su labor represiva, ha generado ya varias situaciones de violación a los derechos humanos, con el cenit de las prácticas represivas con la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo, por parte de la policía bonaerense.   

Es por ello que no podemos dejar de hacer hincapié en que si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el derecho a la seguridad, los Estados se encuentran obligados por el plexo normativo de los derechos humanos que exige la garantía de derechos particularmente afectados por el delito como son el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad individual, el derecho y las garantías procesales y protección judicial, el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Para ser más claros dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “La seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos”. (https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf)

 Pasemos a otro aspecto de la seguridad, que es la mirada o concepción sobre la criminalidad y quienes delinquen, acá sólo cabe mencionar que el fomento a los derechos económicos sociales y culturales ha probado internacionalmente que generan una baja o merma de los índices de criminalidad. Los derechos económicos, sociales y culturales son los reclamos impostergables inherentes a todo ser humano, como son los de alimentarse, vestirse, poseer su vivienda, educarse, cultivarse y atender su salud, son  violentados por el Estado y siendo los más acuciantes los que deben tener una pronta respuesta por parte de este.

Otro aspecto a resaltar de la mirada de los derechos humanos sobre la seguridad hace a ir en contra del autogobierno de la fuerza policial, proponiendo siempre una responsabilidad o autoridad civil, y es acá que debemos hacer énfasis en un aspecto muy controversial de la actual gestión de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, no es sólo la actitud del Ministro Sergio Berni, su fomento de una mirada conservadora y reaccionaria, sino que además le sumamos que es un médico militar  a cargo de la seguridad y la policía, es decir un NO civil a cargo de las políticas de seguridad y la policía, contrariando todas las recomendaciones que al respecto se hace desde las distintas instancias de elaboración y observancia sobre los derechos humanos.

Hemos asistido, bajo la extensa recomendación del constante lavado de manos como una forma de prevenir los contagios, como este derecho humano fundamental,  como lo es el derecho al agua, se ha visto sistemáticamente vulnerado a gran parte de la población

Venimos hablando de los derechos humanos, pero no hemos definido qué son; los derechos humanos son un cuerpo de derechos atributos de la persona humana, que se consolidan frente al Estado, esto quiere decir que el que viola y debe promover los derechos humanos es el Estado. Este “cuerpo de derechos” está formado por pactos, tratados y convenciones de derechos humanos, uno de ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene dentro de los mecanismos para su cumplimiento, un comité que realiza observancias sobre este pacto suscripto por los Estados, estas observancias están numeradas, en la observancia general número N° 15  este comité dice “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente”

Acá es cuando la integralidad de los derechos humanos muestra su faceta más potente para la construcción de derechos, pues dice que el agua es indispensable para vivir dignamente y claro está para la vida, mostrando en estos considerandos la integralidad e interrelación de los derechos humanos.

Ahora bien de esta observancia N° 15  la ONU a través del Comité del PIDESC, proporciona una guía detallada con respecto a las obligaciones del Estado al respecto del derecho al agua, que tratándose de un derecho humano siempre es la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar, a lo que el comité agrega sobre el derecho al agua:

“ a) La disponibilidad.  El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos.  Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.  La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b)      La calidad.  El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.  Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c)       La accesibilidad.  El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.  La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población.  Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas.  Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad.  La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

Accesibilidad económica.  El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.  Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

No discriminación.  El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

Acceso a la información.  La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

La muerte de Ramona en la villa 31 de Retiro en la Capital Federal, entre otras muertes por este motivo muestra a las claras la vulneración dolorosa de este derecho, que sin embargo no ha podido hacer mella a la invisibilización de este derecho humano fundamental en la agenda del gobierno y de la mayoría de los medios masivos de comunicación.

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A este respecto vale clarificar algunos otros derechos poco contemplados en la agenda gubernamental, pero que se muestran de fundamental importancia para el desarrollo de la vida, como lo es el derecho al ambiente, el actual Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John H. Knox, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo: “…los derechos humanos se basan en el respeto de atributos humanos fundamentales como la dignidad, la igualdad y la libertad. La realización de esos atributos depende de un medio ambiente que les permita florecer. Al mismo tiempo, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del ejercicio de derechos humanos que son vitales para la formulación de políticas informadas, transparentes y adecuadas. Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes”. (https://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx)

Debido a que el propio Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández ha dicho que Vaca Muerta tiene un rol central para la recuperación del país, vamos a usar esta afirmación dentro de las observaciones diagnosticas que venimos haciendo en relación de la Argentina y los derechos humanos, Vaca Muerta es de resaltar es la explotación no convencional para sacar petróleo y gas, que genera enorme contaminación además de ser resistida por la mayoría de la población. Derecho a la participación y derecho al ambiente claramente vulnerados a partir de una decisión política, dentro del programa económico del actual gobierno.

Es por ello que debemos sumar a toda esta observancia diagnostica que venimos realizando usando a la Argentina como probeta de ensayo, un aspecto fundamental de la doctrina de los derechos humanos, como lo es la Aquiescencia del Estado, está es en términos sencillos que el Estado y sus funcionarios, saben que se comete una violación a los derechos humanos e igualmente lo permiten o fomentan, Vaca Muerta es claramente el caso, este breve repaso de algunos de los aspectos constitutivos del modelo adoptado por el Gobierno frente a la Pandemia, entiendo que nos muestran la envoltura histórica  y las consecuencias del modelo capitalista en la Argentina.

De esta observancia hemos logrado explicar aquellas violaciones a los derechos humanos que, desde el Estado Argentino y su gobierno, se fomentan, hemos teorizado algunos aspectos del  cuerpo doctrinal de los derechos humanos como respuesta interpretativa a esas violaciones a los derechos humanos, pues nos queda ahora extraer las conclusiones a modo de propuestas.

Propuestas:

Es desde esta observancia puntualizada en algunos aspectos que hay que hacer énfasis en la cuestión fundamental de la interdependencia de los derechos humanos,  ya que es desde ella y desde la exigencia de la plena vigencia de todos los derechos humanos, que estos se vuelven un programa cuya radicalidad democrática rompen los cimientos del modelo civilizatorio capitalista.

Resaltando por ello que de los derechos humanos hay una mirada liberal conservadora, y otra anticapitalista y emancipadora (que moja sus fuentes en toda ideología revolucionaria) la que nos debe llevar a interpretar su cuerpo doctrinal desde prácticas prefigurativas que sean cimientos de nuevos mundos por habitar.

Es por ello que como propuesta debe figurar la capacitación de las organizaciones anticapitalistas en cuanto a los derechos humanos desde una perspectiva emancipatoria, su origen liberal puede ser interpretado en otras claves, ya que su propia elaboración dentro del marco del derecho, hacen a lo que en la filosofía del derecho se llama el sentido deóntico del discurso del derecho, este es la interpretación que se hace de las normas y leyes a partir de lo que uno es, desde la propia cosmovisión o ideología.

 Ello nos lleva a plantear que la necesaria modificación democrática que requiere la Argentina tiene en los derechos humanos un profundo programa, que sin embargo para alcanzar su plenitud, sólo puede ser orquestado bajo algunas de las formulaciones del poder popular.

Entre ellas está la exigencia a los gobiernos sobre el necesario contralor de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos sobre la policía. Como así fomentar mecanismos de consulta y democracia directa que permiten tejer nuevas alianzas desde la base para el ejercicio del poder popular.

Los aspectos simbólicos y culturales de la política, no deben llevar a fijar que si bien los derechos humanos son frente al Estado, contra el Estado, ello hace a una mirada profunda sobre el rol del Estado en la opresión y de ninguna manera significa una fetichización del rol estatal en la implementación de políticas y proyectos emancipatorios.

El poder popular fomentado desde las conceptualizaciones de los derechos humanos, abrevan en formas de poder dual que hacen foco en  la libre deterninación de los pueblos, comprender ello hace a una forma de acción política que  busca agrietar la democracia liberal imperante, e incide notoriamente en la comprensión sobre los significados del “Estado de derecho”.

Exigir la modificación inmediata del artículo 22 de la Constitución Nacional que dice: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.” Por ser contario a los derechos humanos y la democracia que los mismos sostienen.

Propiciar una ley que fije el Principio de no regresividad para todos los derechos sociales; registrando que el principio de No regresividad en materia de derechos humanos es que cuando un Estado te reconoce un derecho no te lo puede quitar, no puede ir para atrás.

Claramente la formulación de algunas propuestas, sólo son el intento de hacer que estas breves palabras y diagnósticos sirvan a les lectores para comprender los derechos humanos desde la perspectiva poscapitalista  que ha alumbrado mí militancia y no significan en sí ningún programa, que sólo puede salir de la acción colectiva.

Para todos, todo

Damián Ravenna

Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires (APDH ZONA NORTE)

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