La Privación de la Libertad en el marco de la lucha de clases

La privación de la libertad la ejerce el Estado, buscando penar comportamientos antisociales que pondrían en peligro el contrato social por él mismo desplegado. Es así cómo la punibilidad de los actos encierra en sí, una característica primigenia pocas veces abordada por parte de los especialistas en esta temática,  como lo es la función de la criminalidad para la opresión de clase, es decir la causa y los motivos que llevan a una persona a delinquir, pero además de ello qué clase social es la que sufre el encierro y por qué, todo ello desde una perspectiva y análisis que encuadre el accionar del Estado como regulador de la sociedad capitalista.

Les burguesitos cometen delitos, pero no son quienes ocupan las cárceles, complejos penitenciarios y otras espacios de encierro,  la clase social que si es mayoría en los complejos penitenciarios es la que podríamos definir como lumpen proletariado, observar y analizar los porqué de ello, hace a un necesario abordaje de la cuestión y la proyección de políticas públicas con “la doctrina de los derechos humanos desde una perspectiva anticapitalista” como eje.

Qué delitos se cometen, que motivan que algunos delitos obtengan más privación de la libertad que otros hace a la cuestión de clase en la persecución de delitos. El narcomenudeo, los delitos por robo “a mano armada” y delitos de ataque a la propiedad privada son los delitos más presentes, las “mulas” (personas que pasan droga por las fronteras) si tiene una enorme feminización, el resto de los delitos suelen ser perpetrados por varones cis.

 Pero además de analizar las cuestiones que hacen al delito, desde la propia experiencia recorriendo complejo penitenciarios y comisarías, debemos analizar los porqué del sistema de crueldad en los espacios de encierro, la tortura y la vejaciones constantes que sufren tanto les privados de la libertad como sus familiares.

Entre ellas se encuentra no sólo la tortura, sino que además se encuadran dentro de trato cruel degradante  e inhumano según se desprende las definiciones que emanan del derecho internacional de los derechos humanos.

Según la convención contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo 1 define así la tortura “por el término “tortura” se entenderá todo acto por el cual se le inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona  en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su conocimiento o aquiescencia…”

Vale resaltar que no existe en cuanto a la tortura una lista que defina cada acto que pueda ser interpretado o comprendido como tortura, ello debido a que siguiendo al comité de derechos humanos de la ONU “el pacto no contiene definición alguna relativa a los conceptos contemplados por el artículo 7, y el comité tampoco considera necesario elaborar una lista de actos prohibidos o establecer distinciones marcadas, entre los distintos tipos de castigo o trato; las distinciones dependen de la naturaleza, el propósito y la gravedad del trato aplicado” (Comité de Derechos Humanos, Comentario General 20 artículo 7 – sesión 44, 1992- )

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Y define así el trato cruel, degradante e inhumano: “Trato cruel y trato inhumano o maltrato o castigo hacen referencia al maltrato no necesariamente infligido con un fin determinado, pero si debe haber una intento de exponer a la persona a las condiciones que equivalgan o resulten en maltrato. El trato degradante puede implicar dolor o sufrimiento menos severos que la tortura o el trato cruel o inhumano, y generalmente conlleva la humillación y degradación de la víctima.” Es por ello que sus elementos esenciales son la exposición intencionada al dolor o a sufrimientos graves, sean mentales o físicos y que cuentan con el consentimiento o aquiescencia de las autoridades estatales.

En este orden de cosas vamos a referenciar hechos que hacen a lo que hemos podido comprobar en nuestras recorridas antes de la pandemia sobre los complejos penitenciarios de San Martín y Campana, y las comisarías de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

En el complejo campana, como en varios otros complejos penitenciarias se realizan con les familiares de les privados de la libertad, prácticas que son claramente de trato cruel, degradante e inhumano, en lo que son las requisas para que ingresen al complejo penitenciario, donde les hacen bajar la ropa, ponerse en cuclillas y toser. Además del constante maltrato verbal al que son sometidos.

Tanto en el Complejo Penitenciario San Martín como Campana, tienen celdas de castigo, que eufemísticamente denominan de aislamiento, que son contrarias a toda recomendación al respecto por parte del derecho internacional de los derechos humanos y son claramente parte de la tortura que se ejerce y normaliza en los espacios de encierro.       

Es de resaltar que la prohibición de la tortura tiene un rango especial dentro del derecho internacional,  al ser considerada una norma imperativa, es decir de cumplimiento absoluto por parte de los Estados.(Comité de Derechos Humanos, Comentario General 24 -52-Comentario General sobre temas relacionados con las reservas hechas en ocasión de la ratificación del pacto o de sus protocolos facultativos, o de adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del pacto, ONU-1994-Párrafo 10) .

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Distintas estadísticas nos hablan que la reincidencia baja notablemente para aquelles que acceden a sus derechos estando privades de la libertad, como es a estudiar. Pero notablemente son cada vez menos lo que acceden a este derecho en los espacios de encierro, lo que pone de manifiesto la intención estatal de mantener ciertos índices de criminalidad entre este sector social para aplicar políticas de restricción de derechos a toda la sociedad. 

En este orden de cosas para llevar a una comprensión integral sobre la cuestión de encierro, hay que pensar al Estado. Vamos a la cuestión del poder judicial, el acceso a la justicia claramente tiene una incidencia sustancial en cuanto a quiénes ingresan a los espacios de encierro. Para acceder a “la justicia” necesitamos de un “letrado” que nos patrocine, es decir un abogade, que es un profesional liberal pago, sino podemos pagar un abogade, tenemos “la defensa pública” muches abogades que el Estado mal paga y son pocos para la cantidad de causa que deben atender, por lo cual su “servicio” es deficitario siendo suave.

Sumemos que a les abogades les encanta hablar y escribir en difícil, en vez de decir hoja, dicen foja, en vez de decir antes que nada, dicen prima facie, antes de decir como dice anteriormente, dicen ut supra y así. Lo que hace que una cuestión tan básica para un Estado de derecho, como lo es la comprensión de las leyes y las formas en que están se aplican, se hace inaccesible para vastos sectores sociales sobre todo para el sector social que más ocupa las cárceles, como lo es el lumpen proletariado.

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El derecho se sigue construyendo desde una visión de clase con un fuerte arraigo ideológico liberal, en base a un tiempo totalmente terminado donde ser juez o fiscal se asume como un título nobiliario, de espaldas a la sociedad con despachos cerrados y lenguaje anacrónico.  

Además de ello claramente el derecho es colonizante de otras disciplinas, podemos observar por ello por un lado como el poder judicial no es una herramienta adecuada para atender la conflictividad social, como así como esta profesión tiene enorme presencia en los otros poderes del Estado, ya sea la cantidad de presidentes que eran abogades como así dentro del poder legislativo, que cuando no son elles mismos abogades, si lo son sus asesores.

 La mentada “reforma judicial” del actual gobierno de la Alberto Fernández, no llega ni a eso, debemos pensar la necesaria interdisciplina que se necesita para hacer que la justicia sea tal, donde otros profesionales tengan la misma incidencia y jerarquía para ejercer justicia como cualquier abogade, además de ello se debe buscar resolver ciertos delitos desde otra perspectiva que no sea la punibilidad de los actos, pero eso es materia para otro escrito.

Siguiendo con pensar al Estado en relación a la privación de la libertad, debemos pasar al primer contacto con el Estado frente al delito, como lo es la policía, huelga decir lo que cualquier militante sabe, una policía poco profesional, autoritaria, que “ocupa los territorios” como si fuera un ejército de ocupación, que participa en la  trata, la venta de droga, que hace “trabajar” a les mecheras para ellos, armados de causa, gatillo fácil y un gran etcétera.

Como anécdota en una de esas tantas asambleas que armamos cuando hay algún conflicto en una villa o barriada, aspecto metodológico constante de la APDH ZONA NORTE, una vecina dijo “si yo conozco al que vende drogas en el barrio, cómo puede ser que la policía no lo sepa” observación tan sencilla como real.   

En cuanto a los espacios de encierro, la sobrepoblación constante, que se pasa de gobierno a gobierno, el no acceso a la justicia y sus derechos, que en el marco de la pandemia acrecentó la vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad, es la que termina de ser la “frutilla del postre”.

 Todo el andamiaje del Estado que muy someramente expongo, hace a la superestrucutra de la lucha de clases, y las formas en que el modelo civilizatorio capitalista instaura formas del ser dentro del ser, dificultando la conciencia de clase para sí, aspecto sustancial entiendo yo para la construcción del socialismo desde abajo.

Es por ello que abolir el derecho penal y consecuentemente los espacios de encierro hacen para mí, al horizonte estratégico que cualquier movimiento emancipador debe tener dentro de su programa.

Para todos, todo

Damián Ravenna

Presidente

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires (APDH ZONA NORTE)

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