El derecho humano al trabajo y sus corolarios

Dentro del marco del derecho al trabajo, hay una enorme tradición en cuanto a las formas de reclamarlo y un marco teórico fructífero que ha alimentado las luchas sociales a través de los años, lo que no siempre se conoce es la mirada sobre el derecho al trabajo que se sostiene desde los derechos humanos, por ello en la presente clarificaremos algunos aspectos sobre este derecho, como así también hablaremos de sus corolarios; el derecho a huelga y la seguridad social.

 Los derechos humanos son un cuerpo de derechos atributos de la persona humana, que se consolidan frente al Estado, es decir que el que promueve y viola los derechos humanos es el Estado. Es por ello que es de resaltar que el ideal del Estado mínimo presente en el modelo neoliberal, trae como conclusión la violación al derecho al trabajo al posicionarse la estructura estatal a favor del sector privado.

Así mismo la mirada neo-keynesiana realiza un enorme fetichismo estatista sobre este derecho fundamental, utilizando los resortes del Estado para subsumir al movimiento obrero bajo la egida de la administración de la economía y las consecuencias de su programación en el mercado del trabajo.

Esta fetichización estatista del trabajo genera un movimiento sindical que formando parte del régimen digestivo del capital, negocia hacia la baja, y en este contexto actual alimenta el discurso del gobierno sobre la estabilización del mercado del trabajo en el marco de la pandemia que más adelante desmenuzamos. 

Siguiendo con este orden de ideas, me gustaría clarificar que las formas de coerción y de consenso que se instrumentalizan desde estas dos visiones del capitalismo, generan conciencia en la clase trabajadora bajo la concepción del mundo burgués,  teniendo como función principal articular el consenso de las clases subalternas, para la regulación de las etapas de acumulación capitalista ya sean estas neoliberal o neo-keynesiana.  

Desde una mirada de los derechos humanos, el derecho al trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales que está presente ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 23 Inc. 1 dice “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Otra fuente insoslayable en la materia es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la asamblea general de la ONU en 1966, parte III Art. 6 Inc. 1 “los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar…” en el Inc. 2 profundiza al decir “entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes (…) la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva…”

El derecho al trabajo conserva desde la integralidad de los derechos humanos, otros derechos humanos fundamentales como son: el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la seguridad social, al acceso a la educación y la cultura, etc., es por ello que se muestra fundamental comprender que con la violación al derecho al trabajo, este repercute en otros derechos.

En este orden de cosas, la resolución del gobierno nacional en cuanto a la prohibición de despidos no obtuvo los resultados en el sector de empleo privado que el gobierno esperaba y difunde, ya que los despidos y la conflictividad social continuaron, pero el contra-relato que hace el gobierno sobre este tema tan sustancial para los derechos fundamentales del pueblo, torna nuestro análisis cuando menos dificultoso, ya que los índices que elaboró el Ministerio de Trabajo Nacional, sostiene una estabilización del trabajo, incluso el crecimiento de la empleabilidad en el sector privado.

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Dice el informe del Ministerio de Trabajo “En este sentido, la medida inédita de prohibir los despidos sin justa causa y por las causas de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor (establecido en el decreto 397/2020) forma parte de un esquema articulado de políticas, integrado por el salario complementario que brinda el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y las suspensiones colectivas, en el marco del acuerdo firmado entre la UIA y la CGT, a través del cual se sostiene como mínimo el 75% del salario neto. En mayo de 2020, el programa ATP contribuyó a pagar los salarios de casi 2 millones de trabajadores dependientes de 230 mil empresas, número que representa el 43% del total de las empresas empleadoras privadas. Asimismo, en mayo, alrededor de 740 mil asalariados se encontraban suspendidos (un 12% del total del empleo asalariado privado).”     http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/reportelaboral/Gacetilla_Laboral_Agosto_2020.pdf

Informe de la estructura estatal que difiere notoriamente del informe del Observatorio Social de La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA AUTÓNOMA) que dice “Algunas de las denuncias sobre despidos se registraron en personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de kioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el complejo Cinemark, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet, entre otros. Incluso la empresa Techint ya anunció el despido de 1450 trabajadores ligados principalmente a la construcción. Además de los despidos, algunas empresas han recurrido a otras modalidades de recortes parciales como la firma LATAM que inició tratativas para abonar sólo 50% de los sueldos, o el ingenio San Isidro que amenazó a su personal con la de quita de presentismo o salarios a quienes no cumplan tareas. Por su parte, empresas como Telefónica o Gate Gourmet han recurrido al adelantamiento de vacaciones para personal sujeto a cuarentena. Casos más graves se registran entre les docentes del Plan Fines y empleades del Bingo Pilar quienes fueron avisados que no percibirán salarios durante la cuarentena. Finalmente, puede citarse el caso de la empresa de call center AEGIS que se negó a pagar salarios a aquellos trabajadores que deban cumplir con la cuarentena pero que no cuenten en sus hogares con las herramientas que requiere el teletrabajo.” https://www.agenciacta.org/IMG/pdf/FINAL_El_trabajo_en_el_marco_de_la_emergencia_sanitaria.pdf

Informe del Ministerio de Trabajo que en este caso no analiza el trabajo “independiente” a través de firmas y servicios online donde la explotación de les trabajadores bajo el seudónimo de emprendedores, hace a un aspecto sustancial de la disgregación de la clase trabajadora como tal, y las dificultades que el derecho interno impone a la auto-organización de la clase trabajadora y a la fundación de sindicatos en particular.

En cuanto al sector mayoritario de la clase trabajadora, que es la que trabaja desde la informalidad, changarines monotributistas y varios más, las intenciones de los espacios que mayoritariamente los representa de matizarse bajo la egida de la CGT, entiendo que tendrá una enorme consecuencia en cuanto a los regímenes o acciones emancipatorias, ya que esa construcción llevaría a un movimiento obrero mayoritario mimetizado con el orden burgués, dificultando lo que sabemos que necesitamos generar y construir, como lo es la conciencia de clase para sí, fundamento de la auto-organización  de los de abajo.   

A este respecto, vale resaltar que como los derechos humanos son frente al Estado, contra el Estado, nosotres podemos desde asesorar o apoyar una política pública de respeto o fomento de los derechos humanos, como así podemos reclamar, exigirle al Estado y los funcionarios los derechos humanos de la población. Es por ello que nuestro rol, el de les defensores de los derechos humanos, es tan fundamental; nos toca pensar la dialéctica entre el trabajo institucional, el movimiento social y la auto-organización.  

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Es por ello que el derecho humano al trabajo  debe ser entendido también desde una perspectiva de género, que permita vislumbrar la desigualdad social y los estereotipos de género que hay dentro del ámbito del trabajo. Sin dejar de resaltar en ello también la necesaria implementación del Cupo Laboral trans-travesti, como parte de una perspectiva de género(s) y sobre las consecuencias de la desigualdad social.

Así mismo se muestra necesario recordar que la sociedad Argentina es una sociedad post-genocidio, con todo lo que ello implica. Es por esto que estamos llamados a reconstruir el tejido social que fue diezmado producto del genocidio de la década del 70, parte de esa reconstrucción es la memoria histórica de lucha y organización de la clase trabajadora, no sólo en los lugares de trabajo, sino en las barriadas, en los pueblos, haciendo hincapié en los aspectos que conllevan formas organizacionales desde abajo y  que hoy nos pueden servir para la planificación política de la defensa de los derechos humanos, como parte de una planificación de un nuevo tipo de Estado y democracia, quedando explicito entiendo yo, el papel que juegan los derechos humanos desde una perspectiva anticapitalista  en la búsqueda de la emancipación social.

 La relación capital-trabajo sigue siendo fundamental para la comprensión de las violaciones a los derechos humanos en sociedades con clases sociales, además de que un análisis sobre la formación y mutaciones de la clase trabajadora como tal, sumando a los mecanismos de exfoliación en que la plusvalía se ejerce, hace a una mirada axiomática (que sobre todo la pandemia ha dejado claro),  pues sabemos y lo hemos probado: al mundo lo mueven quienes trabajan.  

El Derecho a Huelga es un Derecho Humano

El derecho a huelga se inscribe dentro de los derechos civiles de la población, dentro del marco del derecho social al trabajo, ya desde nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis clarifica este derecho entre otros enmarcados en el derecho al trabajo, ahora bien desde los derechos humanos el derecho a sindicalizarse está ya presente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  el inciso 4 que dice “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, esta declaración para quienes no sepan es de 1948!!!.

Sin embargo debemos citar a quien en la materia es quien da el encuadre desde el derecho internacional a los derechos de la clase trabajadora, como es la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  la Resolución sobre la abolición de la legislación antisindical en los Estados Miembros de la OIT, adoptada en 1957, y de la que la Argentina es parte, instaba a la adopción de una “legislación que asegure el ejercicio efectivo y sin restricción alguna de los derechos sindicales por parte de los trabajadores, con inclusión del derecho de huelga” (OIT, 1957, pág. 780).

Así mismo, la resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, adoptada en 1970, invitó al Consejo de Administración a que encomendara al Director General una serie de iniciativas “con miras a considerar nuevas medidas destinadas a lograr el respeto pleno y universal de los derechos sindicales en su sentido más amplio”, consagrando atención particular, entre otros, al “derecho de huelga “(OIT, 1970, pág. 764).

El derecho a huelga es uno de los medios legítimos  que la clase trabajadora tiene para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales (OIT, 1996, párrafos 473-475), que vendría a ser algo así como  explicitar la lucha de clases sin nombrarla claro está. Párrafo aparte merece aquellas restricciones al derecho a huelga,  hay servicios esenciales, como las guardias médicas, donde no se puede hacer una huelga general, siempre debe haber alguien prestando un servicio aunque sea reducido, esto es así porque la salud es tomada como un servicio esencial, más aún en el marco de la pandemia.

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En una verdadera democracia se respetan los derechos humanos, y principalmente se les permite a la población y sus organizaciones tanto sindicales como políticas y sociales, a luchar opinar y construir desde la defensa y promoción de sus intereses económicos, políticos y sociales, el derecho a huelga se inscribe dentro de este marco, es por ello que es fundamental su respeto y fomento por parte de quienes están en el Gobierno.

La Seguridad Social

La seguridad social según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) máxima instancia en la materia es “… la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos” OIT; (introducción a la seguridad social. Mimeo, Ginebra 1984)

Asimismo el derecho humano a la seguridad social se encuentra entre otros pactos y tratados de derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22 que establece “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” el artículo 25 define “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

En el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) adoptado por la ONU en 1966 en su artículo 3 establece que “Los estados partes del presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y mujeres a igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en este pacto” y como derivación, para afirmar el derecho al seguro social el artículo 9 dice “Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”

La convención sobre los derechos del niñx establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a la seguridad social, en su artículo 26 reconoce “… el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social” el artículo 27 incisos 1,2 y 3, reconocen el derecho de todo niñx “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (…) los estados partes deberán (…) adoptar las medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables del niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo”, fundamento sin dudas para la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La seguridad social, intrínsecamente relacionada con el derecho al trabajo y sus corolarios, según define la OIT posee nueve (9) ramas principales: 1) Asistencia médica 2) prestaciones monetarias de enfermedad 3) prestaciones de desempleo 4) prestaciones de vejez 5) prestaciones en el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional 6) prestaciones familiares 7) prestaciones por maternidad 8) prestaciones por invalidez 9) prestaciones para sobrevivientes.

Si bien, existen otros tratados, pactos y afines de derechos humanos que establecen el marco del derecho al seguro social, del breve compendio que precede, podemos afirmar que si bien el desglose de los derechos humanos facilita su justiciabilidad y comprensión, deben exigirse en clave de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

Asimismo el derecho al seguro social conforma un método de inclusión social, para desbaratar la estructura o núcleo de la pobreza. En el presente se entiende por pobreza no a la mera carencia de bienes, por significativos que estos puedan ser, sino ante todo, como la violación de los derechos humanos más generalizada, la privación para buena parte de la humanidad de las condiciones para una existencia digna.

Para todos, todo

Damián Ravenna

Presidente Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires (APDH ZONA NORTE)

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