Prioridades: para quienes reprimen, todo; para los que salvan vidas, ni justicia.

Hay quienes no logran salir de su asombro ante la sucesión de actos de un gobierno más sensible a la presión de la derecha propia; y ajena pero más sordo, cuando se trata de los reclamos populares.

En ocasión del 24 de marzo -con la cuarentena recién declarada y aun con una ínfima cantidad de contagios-, expresé en una nota la tristeza y preocupación que el día más importante, por su peso histórico y de mayor carga simbólica para reclamar Memoria, Verdad y Justicia, el Pueblo tuviera que quedarse en casa y las fuerzas armadas y de seguridad ocuparan las calles. Era una señal cargada de malos augurios. No todos lo vieron así. Pero la realidad confirmó las premoniciones. Los aparatos represivos del Estado empezaron a actuar cada vez con más violencia y brutalidad, con una dirección clara: perseguir y atacar a los jóvenes pobres de los barrios populares. Ellos son sus principales víctimas, las que engrosaron rápidamente las estadísticas de muertes, las que no se muestran en ninguna filmina. La represión creció autonomizada y con escaso control bajo la permisividad del poder político.

La figura del secretario de seguridad Gustavo Berni, con una práctica que se diferencia poco de la repudiada Bullrich, fue cobrando una dimensión que terminó opacando hasta al Ejecutivo provincial, habida cuenta que el señor es de armas llevar, que sostiene la línea de mano dura y no está en su cargo por el voto popular -aunque podría estarlo en alguno otro a futuro, si uno se guía por su campaña mediática- sino que es un funcionario del gabinete del Kicillof que fue quien lo nombró y es el responsable superior de lo que hace y quien debería decidir si se queda o se va.

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En un escalda que ya es una provocación abierta a los organismos de Derechos Humanos, a todo lo construido en materia de protección social de los más vulnerables, al derecho constitucional de un techo para vivir, según los anunciado, el Gobierno Nacional elige invertir en un plan de gastos de casi 38 mil millones de pesos para financiar reclutamiento de efectivos, compras de pertrechos, armas y tecnología y construcción de cárceles y comisarías. De ese total, más de un cuarto (entre 10 mil y 12 mil millones) se destinarán al conurbano bonaerense. Una policía que carga con 70 asesinatos en los últimos meses y que tiene un tercio de sus efectivos sumariados por actos de violencia y corrupción. Es la continuidad de las políticas de Scioli, que en 2014 anunció la incorporación de 10 mil nuevos efectivos y que solo en 2015 aumentó en 768 millones los gastos para equipamiento policial. En la gestión de Berni se reincorporaron más de mil agentes sumariados. En la misma línea trabajó Vidal con los mismos resultados espantosos. Hoy asistimos a la desaparición forzada con muerte de Facundo Castro, que involucra a la bonaerense, como la de Santiago Maldonado a la Gendarmería. Prácticas con mucha y lamentable historia, recordemos la desaparición de Luciano Arruga en 2009, durante la gestión del gobernador Scioli que tenía como su jefe de seguridad al siniestro personaje Carlos Stornelli, el fiscal enredado en las denuncias contra el kirchnerismo y actualmente vinculado a actos de extorsión y chantaje.

En medio del pico de la pandemia en Argentina y con diagnósticos de colapso sanitario, y cuando miles de familias afectadas por la situación reclaman tierra y un techo para sus hijos, el gobierno invierte en más represión, en fuerzas duramente cuestionadas e involucradas en actos criminales. Las prioridades están a la vista.

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Bastó que un grupo de policías que en plena pandemia se declaran en paro, para que Berni y compañía les otorguen un inmediato aumento. En el reino del revés, lo que se les niega a los trabajadores de la salud y a los investigadores científicos, pesimamente remunerados, pero tan elogiados por el Presidente del doble discurso, se les entrega a las fuerzas represivas. El que salva vidas al horno y arriba quienes te cocinan.

La reivindicación en el Twitter oficial del Ejército del 5 de septiembre de 1975 sobre “Combate de Potrero Negro”, que contenía las fotos del subteniente Rodolfo Hernán Berdina y el Soldado Ismael Maldonado y con el lema “Honrar el valor, aliviar el dolor, cumplir con la patria”, buscaba rendir homenaje a quienes “ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar”. Como señala la interpelación al Ministro de defensa Agustín Rossi: “el Operativo Independencia y por ende la participación del Ejercito en él, no fue el cumplimiento de ningún deber militar, sino la ejecución de una orden ilegal, que implicó la intervención ilegal de nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, y el comienzo de ejecución de un plan criminal, que desde hace más de 30 años la sociedad argentina considera que fue un GENOCIDIO”. Si bien ya fue borrado es gravísimo incidente muestra el pensamiento que aun anida en el Ejército, ante el cual recientemente el presidente Fernández propuso dar vuelta la página.

Sin un cambio profundo de la lógica con que se piensa la seguridad, que pasa por más salud, vivienda, trabajo y vida digna como camino principal y un replanteo copernicano del tipo de organizaciones necesarias para prevenir y cuidar la población, seguiremos padeciendo más de los mismo, con el doloroso resultado  de una espiral creciente de víctimas inocentes.

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Silvio Schachter 8 de septiembre 2020

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