Si la seguridad no es para el pueblo, avanza la represión

Las presiones y acciones de la Bonaerense, que han “contagiado” a otras policías provinciales a hacer lo propio, sin duda esconden mucho más que un reclamo salarial. A nuestro entender no hay condiciones hoy para una asonada golpista, pero estas acciones se suman a las recientes declaraciones de Duhalde y a cierto discurso mediático y de la ultraderecha, que apuntan a condicionar aún más a un Gobierno que en este tiempo se ha movido hacia la derecha del espectro político y tomado tibias medidas de carácter progresista. El poder económico quiere que asuma con claridad su programa a espaldas de lo que quienes votaron al Frente de Todos esperaban y anhelan. No es un golpe inmediato pero sí esmerilan, cercan, rodean e imponen.

Ante esto el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires asumieron el discurso de la derecha, como se ve claramente en el plano de la “inseguridad” y acaba de verse a dónde lleva eso: a nuevas presiones y concesiones. En Buenos Aires, esperaban que un “duro” como Berni al frente de las fuerzas represivas y el anuncio de inversiones multimillonarias en seguridad y la incorporación de otros 10 mil agentes, les permitiera manejar a la policía y quitarle espacio a la derecha, asumiendo su discurso. Eso no sólo no aplacó a los factores de poder y a la Bonaerense sino que fue interpretado como un gesto de debilidad frente al cual se desarrolla este despliegue amenazante con fuerte potencial desestabilizador.

En el transcurso del año se multiplicaron los casos de gatillo fácil y la desaparición de Facundo mostró una vez más la trama de encubrimiento político, judicial y policial que se despliega en estos casos, con el Ministro Berni liderando esa estrategia. A su vez, parte del estallido en el seno de la mafia de la Bonaerense tiene como causa la merma en la recaudación de la “caja negra” por la pandemia, a través de los espectáculos deportivos, en sociedad con las barras bravas y dirigentes, y de los prostíbulos y la trata, que tienen menos “clientes”. Esos ingresos que maneja la cúpula y que en otros momentos “derramaba” algo hacia abajo -a sabiendas de la clase política- hoy se encuentra parcialmente afectada. Al mismo tiempo hay una presión de policías destituidos, por escandalosos casos de corrupción y connivencia con el narcotráfico entre otros delitos, para aprovechar el conflicto y reingresar a la fuerza.

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Alertamos que si se cede a las presiones y condicionamientos lo que va a suceder en los próximos días es que estos policías van a garantizar la represión a las tomas de tierras. Las declaraciones públicas de diversos funcionarios demonizando las tomas y abriendo espacio para posibles represiones, como la orden judicial de desalojo de la toma en Guernica en el conurbano bonaerense son parte del escenario nada alentador.

El reclamo salarial merece ser atendido en tanto nadie debería percibir ingresos bajo la línea de la pobreza. Y por ello, mucho más justo y necesario es el aumento de emergencia a estatales, docentes y personal de salud y a compañeres de las cooperativas de trabajo, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y otros cambios que se muestran urgentes y necesarios sobre el sistema impositivo.

Entendemos que ningún intento desestabilizador beneficiará al pueblo, sino que avanzará contra nuestros derechos y consolidará la agenda reaccionaria como política de Estado. Pero la salida de este conflicto no es ceder a los reclamos de la mafia bonaerense sino una refundación del sistema de seguridad –con un amplio debate público y popular, con la participación de organismos de DDHH y organizaciones sociales– que termine con una institución que está vinculada a la perpetración de los más aberrantes delitos. Y sobre todo, que los Gobiernos asuman como política de Estado que las protestas y luchas sociales no se resuelven con el código penal y con represión, sino con el reconocimiento de los derechos básicos y fundamentales para toda la población. Si la seguridad no es para el Pueblo, estas situaciones devienen en más represión y violencia institucional contra la clase trabajadora.

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No a las mafias policiales, sí a un aumento para todes les trabajadores. Por la destitución de Berni y una urgente reforma en la política de seguridad.

Colectivo de Comunicación Popular Contrahegemoníaweb

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