El juguete rabioso

En 2004, el Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, sacó su primer álbum luego de la disolución de Los Redondos. Se tituló El tesoro de los inocentes. En Pabellón séptimo se relata en primera persona la masacre de la cárcel de Devoto, ocurrida en 1978 durante la dictadura cívico militar, a partir del relato de Horacio, uno de los protagonistas del motín. La requisa policial posterior buscaba debajo de las baldosas flojas “tesoro y miserias” de los presos: pequeñas cosas ocultas para sobrevivir al confinamiento. Me gustó eso de “tesoro y miserias”: cosas casi sin valor para los que tienen mucho, pero muy valiosas para los que no tienen nada.

La lucha de clases urbana

El sociólogo francés Christian Topalov en su libro La urbanización capitalista, publicado en los años 1970 y que en estas pampas circula en una versión escaneada, afirmaba que el desarrollo urbano comprende una forma de socialización capitalista de las fuerzas productivas ¿Qué significa esto? Que la urbanidad ofrece las condiciones generales para que las empresas puedan desarrollar sus negocios. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, ofrece infraestructuras físicas necesarias para la producción y el transporte (como rutas, puertos, trenes, provisión de servicios de electricidad); en segundo término, una reserva de mano de obra, de fuerza de trabajo, que se reproduce utilizando equipamientos colectivos de consumo (viviendas, escuelas, hospitales, espacios públicos); en tercer lugar, reúne un conjunto de empresas capitalistas privadas, en el sector productivo o en la circulación, cuya cooperación (contradictoria, en los términos competitivos capitalistas) en el espacio aumenta la productividad.

En esa articulación de condiciones, la urbanización constituye un valor de uso complejo: carece de valor de cambio; no es una mercancía que se puede comprar y vender. De este modo, la urbanización comprende varias contradicciones: la principal es que el desarrollo de sus componentes muestra la potencia de la socialización de fuerzas productivas, algo que no les agrada a los capitalistas, como tampoco les gusta tener que aportar, vía impuestos, a su financiación. Por eso, el capital presiona de manera permanente por incorporar a su esfera de valorización componentes específicos de uso común: privatización de la educación, de la salud, de los servicios públicos; o la gestión privada de autopistas, puertos, entre tantos otros negocios. Asimismo, busca obtener rentas mediante la apropiación privada del uso del suelo. A través de estas contradicciones, el desarrollo urbano exhibe la lucha de clases a cielo abierto.

Guernica

Algo de esto vemos estos días en Guernica, en la toma de tierras más grande de los últimos tiempos en el Gran Buenos Aires. Entre el combate al frío y al hambre se abre paso la urbanización de los pobres. De los que no se resignan a la condena a la miseria absoluta a la que los empuja la recesión económica y el Covid-19. Blanca Cantero, del Frente Renovador en el Frente de Todos, es la intendenta del municipio de Presidente Perón. Manifestó que tenía otros planes para esas tierras. Según relató Laura Taffetani de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, quien patrocina a les niñes que están en la toma, la intendenta fue muy clara en una reunión de la mesa de “diálogo”. Dijo que “ella tenía sus dieciocho countries y que para ella eso le iba a dar la fuente de trabajo para todo Guernica y que esa es su prioridad”. Taffetani dice que es una práctica común: gran parte de las tierras conurbanas están “reservadas” gracias a acuerdos entre las intendencias y las grandes inmobiliarias.

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En el año 2004, mientras salía a la luz El tesoro de los inocentes, que traía otro gran tema como To beef or not to beef sobre la migración mexicana, el sociólogo Mike Davis escribía en New Left Review un artículo titulado “Planeta de ciudades-miseria”, que dio lugar a un libro de título homónimo en el 2006. En inglés, se llamó Planet of Slums, que también podría traducirse como planeta de áreas urbanas hiperdegradadas. Davis decía que con la desindustrialización en muchos lugares del Tercer Mundo el motor de la “urbanización generalizada” se encuentra en la “reproducción de la pobreza y no en la reproducción del empleo”. Davis cita a la investigadora Priscilla Connolly, quien indicaba que al menos el 60 % del crecimiento de la Ciudad de México era el “resultado de la acción de la gente, especialmente mujeres, que levantan con esfuerzo sus viviendas en las zonas periféricas”. En esa situación, no era raro aventurarse a cruzar el Río Bravo, con coyotes de Laredo, camino hacia “Gringolandia”, aunque allí también espere la discriminación y la miseria.

Pablo Vitale es CoDirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integra el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Le pedí una opinión para este newsletter. Vitale explica que la toma de tierras es muy extendida en América Latina, tanto que en algunas ciudades “un porcentaje muy alto de la ciudad existente y de la población vive en asentamientos informales, en ocupaciones que en principio fueron ilegales”. En Argentina es un fenómeno con historia: comienza a fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX. Pero desde los primeros años 1980, poco tiempo después de la masacre en el Pabellón séptimo, las tomas adquieren una característica distintiva de las previas. Vitale cuenta que en la última dictadura cívico militar se desalojó al 90 % de la población que vivía en villas en la Ciudad de Buenos Aires. Así fue que “se formaron los asentamientos informales del sur de la ciudad, sobretodo en Quilmes, en el cordón sur que, en general, tomaron, a partir de la organización, una configuración, una manzanada, más regular que les dio continuidad a los entornos”. En la actualidad, el fenómeno responde a otro patrón: “a una necesidad de vivienda irresuelta por los mecanismos de mercado y por políticas habitacionales”.

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Preso en mi ciudad

Milagros tiene 18 años. El último domingo emitimos su testimonio en El Círculo Rojo: no pudo pagar más el alquiler, por lo cual se vio obligada a ir a la toma de Guernica con dos niñes muy pequeños y su pareja, que se quedó imposibilitada de salir a trabajar con el carro por el Covid-19. Los habitantes de unas tierras que estaban en desuso hace años denuncian que desde los puestos policiales les impiden ingresar materiales para construir sus viviendas. Afirman a los periodistas que ellos no están en una toma, sino en un barrio. Varios hechos dan sustento a esa ambición: avanzaron en el parcelamiento, realizaron zanjas y pusieron postes para la luz. Hay espacios proyectados para una escuela, un jardín de infantes y una plaza. La capacidad creadora de la fuerza de trabajo humana. El tesoro de los inocentes.

El Estado los quiere sacar de ahí. Se niega a planificar, a darles una solución. Prefiere que actúe la “mano invisible” de los countries, como explicó la intendenta, Blanca Cantero. En todo momento y lugar, el capital se reúsa a financiar el sistema público, como explicaba Topalov. Más bien, buscar hacer de cada necesidad un negocio. Y lo logra. Un informe de CIPPEC señala que entre el 2006 y 2016, en los principales aglomerados de la región centro del país (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe), las ciudades se expandieron en 45.828 hectáreas: el 38 % de la expansión es explicada por las urbanizaciones cerradas (countries, barrios privados), el 23 % por el uso residencial urbano habitual, el 10 % por el uso residencial extra urbano, el 10 % por las villas o asentamientos. Las viviendas de interés social apenas explican el 3 % del total. Pablo Vitale no tiene dudas de que es el mercado el que obliga al hábitat informal en tanto “distribuye en función de la capacidad de ingreso de la población”. Se pregunta qué pasaría si ocurriese lo mismo con la salud o la educación ¿Habría que someter a la muerte por enfermedad a quién no puede tener una prepaga u obra social o someter al analfabetismo a quien no puede pagar una escuela privada? “Nos parecería muy perverso”, sentencia.

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Guadalupe Granero Realini es urbanista e investigadora del Centro de Estudios Metropolitanos. Le consulté cómo veía la discusión sobre las tomas. Su respuesta fue que “por un lado, está el abordaje mediático que vuelve a poner en juego la preeminencia de la mirada jurídica sobre conflictos sociales y la contradicción histórica entre el derecho de propiedad y la función social de la propiedad (FSP). El hecho de que el primero esté consagrado constitucionalmente, con márgenes muy amplios en el código civil y además con una validación cultural muy arraigada hace que se olvide que la FSP está consagrada en el derecho internacional y tratados a los cuales Argentina adscribe y que tienen rango constitucional”. Por lo tanto, “prendés la tele y la cuestión habitacional es en realidad un mero tema normativo y las tomas son actos ilegales. Punto”. Concluye que “es bastante difícil salir del sentido común propietario”. Mejor, apagá la tele.

El mercado del suelo en perfecto funcionamiento

Guadalupe evaluó que “históricamente, las políticas de vivienda en Argentina han sido pensadas con esa mirada, la de ser propietarios. Y el abordaje ‘viviendista’ mantuvo durante mucho tiempo el tema en la órbita de dar respuesta a través de ‘soluciones habitacionales’, es decir, casas. Desde hace ya algunos años -diría que sobre todo por militancias y cambios disciplinares- el derecho a la vivienda se piensa en la dimensión del hábitat, de todo lo que implica la localización, el acceso a infraestructura y servicios, las dimensiones de los sujetos de derecho y otras cuestiones. Eso, con mucho aporte de la economía urbana, aportó a desmitificar que las villas y asentamientos son fallas del mercado y entender que, por el contrario, es el mercado de suelo en perfecto funcionamiento”. Esto permeó la política pública. No obstante, ella señala que persisten muchos límites: “no hay mirada de desigualdad y por lo tanto no se pone en cuestión la manera global en la que se producen las ciudades”.

Por último, Pablo Vitale indicó una serie de propuestas para resolver la necesidad de la vivienda para sectores populares: regularización dominial, provisión de servicios e infraestructura para quienes ya están en villas y asentamientos; provisión directa de vivienda para el resto; regulaciones al uso de suelo para limitar el mercado con fines especulativos porque el “valor que tiene el suelo y la vivienda en las ciudades no está dado por los ladrillos ni por la iniciativa individual […] sino justamente por la inversión colectiva que está hecha en infraestructuras, en servicios y en todo lo que los rodea”. Entiende que la inversión pública no debería estar sujeta a una apropiación privada, sino tener una función social. También cree que se pueden generar alternativas a la propiedad privada individual como forma de acceder a la vivienda: uso de suelo y vivienda para fines habitacionales que no esté sujeto al mercado; cooperativas de viviendas; o alquiler social.

En definitiva, existe un amplio abanico de alternativas, que incluso podríamos poner en debate en función de qué tipo de organización social queremos conquistar. A esta altura esperemos que se entienda algo: el desalojo y la represión es una “salida” primitiva en beneficio de los intereses de unos pocos

Fuente: La Izquierda Diario

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