Conflicto policial. ¿Sindicalizar o no sindicalizar, esa es la cuestión? Debates en curso

La reciente asonada de la bonaerense y la multiplicación de reacciones en diversas provincias obliga a abrir debates esenciales como por ejemplo la sindicalización o no de la policía, la política de seguridad del gobierno nacional y de los diferentes gobiernos provinciales, la relación estrecha de diversos factores de poder con las múltiples actividades ilegales, empezando con el narcotráfico, que regentea o avala en cada distrito la policía. Desde Contrahegemonia sentamos posición como colectivo en las primeras horas de la crisis (https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/09/09/si-la-seguridad-no-es-para-el-pueblo-se-promueven-la-represion-y-la-violencia-institucional-contra-la-clase-trabajadora/)

Ahora entendemos que es prioritario hacer circular distintas voces en un debate que debería ser ineludible.

Con posiciones diferentes y aún contrapuestas, presentamos a continuación escritos de María Clara Albisu (Cohete a la Luna), Esteban Rodríguez Alzueta (La Tecla Ñ), Fernando Rosso (Izquierda Diario) y José Garriga Zucal (Revista Anfibia)

Sindicatos policiales en Estados Unidos, garantes de la impunidad

Por María Clara Albisu

El rol de disciplinamiento social a través de la coerción y la violencia que cumplen las fuerzas de seguridad no ha impedido que numerosos actores consideren la sindicalización de sus integrantes como posible barrera de contención a estallidos con aparente contenido laboral, como los ocurridos esta semana. Sin embargo, vale la pena examinar la experiencia de países que siguieron esa ruta y otorgaron a su personal policial la capacidad de organizarse gremialmente. El de Estados Unidos es un caso testigo. Más de 140 sindicatos y varias federaciones representan los intereses laborales de los cerca de 800.000 agentes de policía del país. La Orden Fraternal de Policía, el mayor sindicato a nivel nacional, contiene a más de un tercio de ellos.

Aunque las organizaciones policiales de asistencia mutua existen desde principios del siglo XX, recién en los primeros años de la década de 1960 se reconoció a las fuerzas de seguridad el derecho a la agremiación y se consignó al personal policial como “trabajadores de servicios de protección”. Desde entonces, los sindicatos policiales emprenden negociaciones colectivas y funcionan como cualquier otro sindicato. La organización gremial significó un avance en materia de salarios, pero el cuento no termina allí.

De acuerdo a una investigación académica de la Universidad de Chicago, realizada sobre el caso particular del estado de Florida, la sindicalización policial se tradujo en un aumento del 40% en casos de violencia institucional.

Cláusulas de impunidad

Mientras que la tasa de sindicalización se redujo a la mitad a nivel nacional desde principios de 1980, en el caso de los gremios policiales, aumenta cada año. Menos del 12% de todos los trabajadores norteamericanos están sindicalizados. Los policías representan el 33% de los trabajadores organizados del sector público, por arriba del segundo oficio más organizado, el de los maestros. El mayor factor detrás del crecimiento, de acuerdo a los especialistas, es que sindicalizarse constituye una especie de “póliza de seguro” para un policía. Una que garantiza su impunidad y lo protege de las consecuencias de sus actos. Es su propia versión distorsionada de la conciencia de clase.

Un estudio de la Universidad de Oxford de 2018 concluyó que los convenios colectivos de las policías están directamente relacionados a los abusos de la fuerza contra ciudadanos.

Es que los gremios policiales no se limitan a discutir salario y condiciones: además defienden agresivamente los derechos de sus miembros investigados por violencia institucional y corrupción. Es parte de la negociación con la patronal, especialmente en momentos de crisis financiera en los que las ciudades y los estados ven limitada su capacidad de conceder aumentos significativos. Los gremios entonces resignan mejoras salariales, que canjean por la instauración de este tipo de protección en sus convenios colectivos de trabajo.

De acuerdo a un reporte de Reuters, la mayoría de los convenios policiales incluyen cláusulas que aseguran la remoción automática de sanciones disciplinarias de los legajos de sus miembros, transcurridos determinados plazos. Este tipo de disposiciones dificultan la separación de agentes con historia de abusos y violencia. Además, muchos convenios también establecen límites de tiempo sumamente cortos para que un ciudadano pueda presentar denuncias por abusos o mal desempeño contra un agente de policía, o restringen la posibilidad de denunciar anónimamente. El creciente control de la policía sobre su propia disciplina se perfila como un factor de peligro agazapado para la democracia y la administración de justicia. Las consecuencias del abuso de la negociación colectiva se miden en cadáveres. Aún así, el 53% de los policías estadounidenses cree que los procesos disciplinarios de sus departamentos “no son justos” con ellos.

Además de su papel hacia la fuerza, los sindicatos son actores de peso en el plano político. Su poder de lobby les permitió impedir y desarmar con efectividad numerosas iniciativas civiles de seguridad democrática. Los sindicatos policiales son uno de los grupos más activos en la oposición a reformas de justicia y seguridad, particularmente a aquellas atinentes a la racionalidad en el uso de la fuerza y la represión. Para los sindicalistas de azul, la solidaridad se expresa en los esfuerzos por acallar todo movimiento que demande mayor transparencia, incluyendo el sabotaje de iniciativas de control y supervisión civil.

Los sindicatos policiales son históricamente instituciones de raíz conservadora, muchas veces involucradas en movimientos políticos de ultraderecha. La Unión de Asociaciones Policiales, por ejemplo, apoya y financia la reelección de Donald Trump. Un controvertido dirigente gremial, Bob Kroll, es el orador predilecto del Presidente, y estrella invitada en algunos de sus actos. Kroll comanda el gremio en Minneapolis, la ciudad donde un oficial de policía asesinó a George Floyd en mayo de este año.

 Azul y negro

Luego del asesinato de George Floyd, la sociedad norteamericana se volcó a las calles para protestar la violencia policial. Parte de la reacción al crimen devino en el reconocimiento de cómo los sindicatos policiales contribuyen al odio racial. Al respecto, es clave considerar la composición de sus dirigencias. De acuerdo al análisis del sitio web The Marshall Project, incluso en los distritos donde la composición demográfica de los departamentos de policía es mayoritariamente afroamericana, los líderes gremiales son blancos. Pero el problema no está solo arriba: de acuerdo a un relevamiento, el 92% de los policías blancos cree que en Estados Unidos no hay injusticia racial, y el 67% de todos los oficiales, que los crímenes y abusos policiales contra ciudadanos negros son “incidentes aislados”.

La última ola de estos “incidentes aislados” se convirtió en un caballito de batalla para los gremios policiales. Unos días después de que fiscales de Minneapolis imputaron al oficial que mató a George Floyd, Bob Kroll denunció al gobierno local por «perseguir a los policías» y amenazó con medidas de fuerza. Algo similar había ocurrido en Nueva York en 2014, 2015 y 2019 a partir de otros casos. Paradójicamente, durante la retención de tareas propiciada por el sindicato de policías en 2014, se observó una baja en los índices criminales de la ciudad.

Recientemente, gremialistas policiales no dudaron en calificar como “terroristas” a quienes protestaban contra los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, incluyendo a diferentes agrupamientos obreros que formaron parte de las manifestaciones.

Como respuesta al rol de la policía en los últimos meses, el movimiento #BlackLivesMatter y varios sindicatos norteamericanos pidieron a la AFL-CIO, la confederación de trabajadores más grande de Estados Unidos, la expulsión de los sindicatos policiales de su seno. Gremios de distintos oficios señalaron, en resumidas cuentas, que es imposible convivir en una central obrera con aquellos que se felicitan por reprimirlos.

Blues local

Aunque hay pleno consenso sobre la necesidad de mejorar los ingresos y las condiciones de trabajo de los policías, su sindicalización continúa siendo un punto crítico en la discusión social en nuestro país. Aunque ninguna norma la prohíbe, de acuerdo a la regulación de la OIT es necesaria la autorización explícita del Estado para permitirla. La Argentina continúa reservándose la dispensa. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este criterio en abril de 2017 y se pronunció en contra de la sindicalización de la policía bonaerense. Algunos especialistas, como el actual Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, abogan por agremiar a los policías, con ciertos límites al derecho a huelga, considerando que hacerlo “podría contribuir a la democratización” de los cuerpos de seguridad. Otras voces postulan que la sindicalización puede tener efectos negativos para la sociedad, especialmente en una que aún tiene muy frescas las experiencias autoritarias de las fuerzas al poder.

Aunque los sindicatos policiales no estén autorizados, es impreciso decir que hoy los policías argentinos no están organizados. En la mayoría de las provincias operan diferentes asociaciones profesionales que bregan por sus intereses corporativos. Conducidas en gran parte por policías exonerados y jubilados, estas asociaciones «civiles» llevan adelante una agenda de reclamos y son, de cierta manera, interlocutores de los diferentes Ministerios de Seguridad provinciales. Elevan petitorios, organizan propuestas y nuclean y contienen a muchos policías en actividad y a sus familias en iniciativas de acción social. Cumplen, en algunos aspectos, el rol social de un sindicato. Sin embargo, también están vinculadas a la defensa a ultranza de los policías del gatillo fácil y en varias provincias, a la de sus miembros acusados de crímenes de lesa humanidad.

 Discutir alternativas a la sindicalización que permitan la convivencia democrática con las policías en su conformación actual es una de las tantas deudas en cuestiones de seguridad en nuestro país.

Mientras tanto, en materia de relaciones con el movimiento obrero, las fuerzas de seguridad continúan cumpliendo en todo el mundo un rol no muy diferente al que representaron el 1° de mayo de 1886, cuando comenzó una huelga motorizada por anarquistas en Estados Unidos. Los “mártires de Chicago” fueron ejecutados por enfrentarse a la feroz represión policial a la revuelta obrera. En muchos países, los trabajadores conmemoramos este hito celebrando el Día Internacional del Trabajador. La policía estaba del otro lado.

Te puede interesar:   Peculiaridades de Argentina

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-union-y-la-fuerza/?s=03

Protesta policial: gremialización bizarra, fragmentada y operada

 Por Esteban Rodríguez Alzueta

Esteban Rodríguez Alzueta analiza en este artículo los factores que confluyen para que dentro de las fuerzas policiales se viva un clima de desatención y necesidad económica que deriva en protesta. Alzueta sostiene que la policía ya no es la corporación autónoma de la década de los ‘90, una institución separada y separable de la sociedad, y que es necesario debatir profundamente algún tipo de representación de las policías que sirva de instrumento para canalizar sus problemas y demandas, y al mismo tiempo evite su fragmentación, como la sindicalización o la figura del ombudsman policial.

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

(para La Tecl@ Eñe)

Es muy probable y entendible que la oposición esté fogoneando la protesta policial, de la misma manera que hay sectores del progresismo que se dedican a sobreactuarla para victimizarse, y por eso hablan de “acuartelamiento”, “sedición”, “levantamiento policial” o “desestabilización institucional”. Todos hacen política, no hay que poner el grito en el cielo por eso. Incluso el propio Berni hace política a costa de la Policía y lo hace con parte de la plata de la Policía, porque los spot publicitarios de la serie “Fuerza Buenos Aires” con los cuales se autopromociona en la interna del PJ, los financió con el presupuesto del Ministerio que conduce. Los policías tienen derecho a sentirse destratados por su Ministro. No basta con darles unas palmaditas en la espalda para remar el malestar salarial de largo aliento, o esas palmaditas –está visto- tenían fecha de vencimiento. Más aun en contexto de pandemia, cuando los policías tienen que exponer su salud trabajando en condiciones deplorables. Los policías no se conducen con arengas sino con escucha. Una escucha que no llegaba, que Berni desautorizaba porque para él, la función policial se organiza con la lógica de la obediencia debida. El policía está para obedecer, no tienen margen para cuestionar a sus jefes ni a las autoridades civiles que la conducen.  

Berni sigue subestimando a los policías y sobreestimando su capacidad. A Berni se lo comió su propio personaje y, lo que es peor aún, también el gobernador compró semejante paquete. La cuestión es que Berni no solo le inventó un nuevo problema a su gobernador sino al resto de los gobernadores del país. Porque la protesta policial de los policías de la Bonaerense se vive en el interior como una ventana de oportunidades para que sus policías planteen los problemas laborales que también tenían y no encuentran un cauce institucional para tramitarse. Por eso la protesta está teniendo sus réplicas en Catamarca, Jujuy, Santa Fe, etc., generando climas que rápidamente se interpretan como desestabilizadores que alimentan un ciclo de descontento e insatisfacción. De allí que las palabras de Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, me parecen muy oportunas: “Se trata de un reclamo legítimo”. También las declaraciones de la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García: “Es un reclamo netamente salarial que, en verdad, está justificado, porque venían con atraso en parches.” “El desacato no debería estar presente en esta situación.”   

Pero el conflicto le saldrá muy caro a la Provincia, porque está visto que los conflictos se van a trasladar a las otras áreas del Estado. Si los policías logran un aumento, los penitenciarios querrán lo mismo, pero también los enfermeros, los médicos, los maestros y el resto de los estatales. En ese sentido, el conflicto con los policías hay que mirarlo al lado de los otros malestares laborales que surcan la administración provincial.

El propio ministro que estaba en todos lados, siempre hiperactivo, poniéndole el pecho a todas las protestas, no apareció, por lo menos no lo hizo hasta el miércoles a la mañana cuando estoy escribiendo este artículo. No se lo vio a Berni ni en Almirante Brown, ni en Lanús, Berazategui o Adrogué, no apareció por La Plata, no estuvo en La Matanza, Mar del Plata o Necochea. Berni eligió otra vez los set televisivos para responderles a los policías. Se acercaron algunos funcionarios menores, que no tienen capacidad de decisión. El único que puso la cara del ministerio fue su jefe, el Comisario Mayor Daniel García, que quedó superado por los manifestantes al no brindar ninguna respuesta concreta a los puntos que contenía el petitorio de los policías, situación que lo llevó a presentar su renuncia. Lo único que atinó a decir fue que no iban a ser sancionados los policías que estaban manifestándose, que no iban a tomar represalias, y se ganó otra vez el abucheo porque el Ministerio, a través de los distintos jefes departamentales, estaba mandando comunicaciones para que los policías que estaban de franco-servicio, sosteniendo la protesta junto a sus familiares y amigos, se presentasen a trabajar al día siguiente, bajo apercibimiento de ser objeto de un sumario interno.

Con estos desmanejos del ministro Berni, el peronismo le sigue regalando la policía a la oposición. Y Cambiemos lo sabe, porque de hecho gran parte de su electorado provino de estos sectores, y por eso se frota las manos otra vez.

Esta protesta policial no era una novedad, no cayó del cielo, era un reclamo de largo aliento que todavía puede chequearse en las redes sociales. Hace tiempo que en los foros de policías se venía hablando y denunciando estos problemas. Porque el problema proviene de la gobierno anterior, de la gestión de Ritondo, una gestión muy desprolija, que miraba sistemáticamente para otro lado, que delegó en los propios jefes de la policía el manejo de estos malestares. Entre paréntesis: no es casual que el malestar haya salido a la luz ahora, con este gobierno. Eso no habla mal del gobierno sino, en cierta manera,  muy bien: este gobierno deja margen para que incluso los policías puedan presentar en el espacio público sus problemas. De la misma manera que lo hacen otros sectores y nadie es reprimido. Esto con el macrismo no pasaba porque tenía claramente otra actitud, muy antidemocrática, para con las policías y el resto de la sociedad que tomaba la calle para protestar.   

El detonante de la protesta policial no sólo fue el reclamo exitoso de la policía de Misiones de la semana pasada, sino la inyección de dinero a seguridad que el gobierno nacional anunció a través del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad para el Gran Buenos Aires. Dinero que no recibirán directamente los policías bonaerenses a través del aumento de sus salarios, aunque se traducirá en mejores condiciones laborales: nuevos patrulleros, y reparación del parque existente, arreglo de comisarías, construcción de alcaidías que va a permitir que no haya personas detenidas en las comisarías. Que conste, entonces, que no estamos apuntando a la gestión nacional. Al contrario, desde el comienzo la Ministra Sabina Frederic, y sobran sus declaraciones en distintas entrevistas, dijo que una de las áreas prioritarias, claves para su gestión, iba a ser Bienestar, dedicada especialmente a abordar los problemas vinculados no solo al retraso salarial sino la mejora de las condiciones laborales, para hacer frente a todos los problemas que derivan de las condiciones en que prestan sus tareas. Está claro que los estilos de conducción diferentes tienen impactos distintos: mientras unos crean un área de Bienestar, el ministro de seguridad de la provincia apela a las arengas militares creyendo que basta con masajear la “vocación policial” para encuadrar a los policías. Eso es no entender a los policías, seguir creyendo que los policías experimentan la actividad policial de la misma manera que lo hacían hasta la década de los 90 incluida, perdiendo de vista que una gran mayoría la vive como una estrategia de sobrevivencia y ya no como una vocación o estrategia de pertenencia. Los policías quieren formar parte de los asalariados y reclaman algún tipo de representación para vehiculizar sus reclamos.

Entre paréntesis también: he escuchado estos días a muchos periodistas oficialistas cuestionar en vivo y en directo la protesta policial, descalificando a sus protagonistas. No me parece mal, son opinadores como sus pares de TN, mal que les pese. Pero también los he visto destratar a los policías que entrevistaban, haciéndoles preguntas con una sonrisa en la boca, incluso, retándolos. Por momentos me daba la sensación de que les estaban tomando examen. En ese destrato se colaba el clasismo elitista que saben ocultar cuando hablan de economía. Quiero decir, es fácil pegarle a la policía porque la policía está integrada por “negros”. Cuando los negros no te hacen la venia, entonces merecen no solo la reprobación sino la burla, el desdén. 

Dicho todo esto me gustaría volver ahora sobre el lugar que tiene la protesta en las policías. Hace rato que muchos sostenemos la necesidad de que los policías tengan alguna forma de tramitar sus problemas y demandas a través de canales institucionales democráticos. Y que conste también que no estoy pensando solamente en la sindicalización. Existen otras formas de representación en el mundo como por ejemplo la figura del ombudsman policial. Incluso, en algunos países donde se permiten los sindicatos existen algunas limitaciones: tienen limitado el derecho de huelga, tienen que manifestarse en el espacio público sin armas y uniformes, tienen que garantizar las guardias en las dependencias y el servicio de calle. Acá hay todo un abanico de posibilidades que se pueden debatir. Pero antes, me parece, hay que saldar otras discusiones.

Te puede interesar:   El retorno del partido militar

Por ejemplo, hay que entender que la policía ya no es la corporación autónoma de la década de los ‘90, una institución separada y separable de la sociedad -como le gustaría pensar a muchos dirigentes políticos que le cuidan sus espaldas. Y eso no significa que no haya sectores de esta policía que desarrollen sus propios intereses y actúen en función de ello, con la complacencia y participación de algunos operadores judiciales. La institución policial es un gran cachivache, una institución con cuadros cada vez más precarios, sobreocupados, que se ha ido fragmentado, con niveles de coordinación debilitados. 

Pero los policías no son extraterrestres que viven en otro planeta y bajan todos los días a realizar sus tareas. El policía vive al lado de mi casa, nos encontramos todos los días en la feria comprando verduras, llevamos a nuestros hijos a la misma escuela, gritamos el mismo gol y los fines de semana lavamos nuestros coches juntos. Hay que reponer al ciudadano que hay en los policías y devolverle su estatus laboral. El policía, antes de ser un servidor público, como pueden serlo los enfermeros, los médicos o los recolectores de basura o barrenderos, son también trabajadores. No cuestiono que no exista la vocación policial, pero la vocación no es patrimonio de las policías, la podemos encontrar en otros trabajadores del Estado, por ejemplo, hay muchos maestros que siguen considerando a la enseñanza como una vocación. También los trabajadores camioneros o los obreros de la construcción, hicieron de Camioneros o la UOCRA una gran familia.  

Si queremos una policía que no esté para cuidarles las espaldas a los funcionarios, que sea un mero garante del orden público; si queremos entonces una policía democrática que esté para cuidar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, entonces hay que postular a los policías como ciudadanos y trabajadores. El derecho a la protesta es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos y trabajadores, tal vez uno de los más importantes, porque el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, es decir, la posibilidad de manifestar un problema, de hacer evidentes sus puntos de vistas contradictorios, de hacer palpable que una decisión del Estado la viven como problema. En ese sentido, la sindicalización, pero también la figura del ombudsman, son formas de agregarle previsibilidad a los conflictos y evitar que estos escalen hacia los extremos.  

Es lógico que si no existe una representación institucionalizada, cuando aflora el conflicto la representación se fragmente y se reparta, y con ello no solo no puede unificarse una negociación sino que, y a medida que se extiende el conflicto, van apareciendo nuevos grupos con otros intereses, algunos con “frondoso prontuario” o mano de obra desocupada, otros vinculados directamente a la oposición o dirigentes como Patricia Bullrich, como una de los voceros de los policías de Mar del Plata, que van corriendo el arco, impidiendo con ello la pronta solución con todos los riesgos que eso implica, a saber: la transformación de un conflicto gremial en un conflicto político.  

Pero el malestar no solo es económico. El petitorio empieza con estas palabras: “Queremos trabajar para la ciudadanía y no para el jefe de turno”. Es decir, ¿de qué manera los policías tramitan el descontento cuando no quieren prenderse en la corrupción? Existen muchos policías que no se prenden y cuando eso sucede son acobachados en una oficina sin darles ninguna tarea. Son policías que están sentados en una oficina durante 8 horas sin hacer nada. Esto en el caso de ser policías con alta jerarquía, porque cuando no la tienen los sacan a la calle, a realizar sus tareas en los lugares con más riesgo o les niegan las horas CORE. En otras palabras: La imposibilidad de organizarse es la manera de blindar la corrupción policial, de evitar los cuestionamientos de sus trabajadores.

Salir a “bancar a Axel” contra los supuestos “golpistas policiales” no solo implica subirle el precio a la protesta sino tentar a los que fogonean la protesta, que quieren sacarle una tajada extra. Por suerte algunos comunicadores y funcionarios salieron a desmarcarse de las posiciones demagógicas, hechas de indignación y desconocimiento, y sostuvieron  que era un reclamo legítimo que hay que atender. De hecho el plan que se va anunciar en esta semana, que incluye un aumento del salario, para destrabar la protesta, va en esta dirección.   

En definitiva, la representación es otro debate pendiente que la justicia tampoco ha sabido resolver, plegándose con sus votos mayoritarios a la posición mayoritaria de la clase política dirigente: negándoles la sindicalización, pensándolos a imagen y semejanza de las fuerzas militares. Hay que pensar la crisis policial sin contarse cuentos, dejando de lado las lecturas conspirativas, porque ponemos las cosas en un lugar donde no se encuentra. Los integrantes de la policía no empezaron su carrera en la última dictadura, en su gran mayoría son jóvenes que nacieron en democracia. Los policías vieron durante las últimas décadas cómo otros sectores de la sociedad ampliaban sus derechos, en cambio ellos se mantuvieron en el mismo lugar. Si los dirigentes políticos y los operadores judiciales no se ponen a la altura de la época, estas protestas policiales van a ser recurrentes.   

La Plata, 9 de septiembre de 2020

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y controlLa máquina de la inseguridad y Vecinocracia: olfato social y linchamientos.

La conjura de los necios

Por Fernando Rosso (Izquierda Diario)

 

Fueron días de operaciones múltiples y sospechas de conspiraciones cruzadas. Cuando comenzó la revuelta policial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que detrás del reclamo había una “mano negra” de la política. Unos días antes, frente a la ocupación de tierras, su desinflado ministro de Seguridad, Sergio Berni, había asegurado que detrás de las tomas había abogados, contadores, barrabravas, punteros, el Movimiento Evita y hasta funcionarios del Gobierno nacional. 

Recurrir a hipótesis conspirativas no deja de tener su encanto enigmático, pero rara vez explica el fondo de algún fenómeno social. En general, son una confesión de cierto estado de extenuación o impotencia política. Pero, además, para que los complots tengan éxito debe existir un escenario pasible de ser “operado”. 

En la coyuntura argentina, el escenario es la crisis: ese fenómeno que en tiempos de mayor lucidez otro teórico de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde, definió como “aquellos momentos en los que todos creen que tienen razón”.

Sirenazo

Los lectores y las lectoras de este newsletter conocerán los hechos porque además se transmitieron en cadena nacional: la rebelión de tres días de los uniformados de la Bonaerense, incluida la “ultrada” de una temeraria patrulla perdida que se acercó a amedrentar a la mismísima residencia de Olivos; el anuncio del presidente Alberto Fernández que redireccionó fondos de coparticipación desde la ciudad de Buenos Aires hacia la Provincia, y  la conferencia de prensa de Kicillof, que tuvo todos los condimentos de una capitulación. El gobernador explicó que iba a “satisfacer reivindicaciones históricas de la Policía Bonaerense”. Entre 30 y 40 % de incremento salarial, $ 5000 para la compra del uniforme, triplicación del valor de las horas Cores (extras); también anunció la creación de un instituto universitario y dos hospitales exclusivos para el personal policial. Ya había anticipado un paquete millonario para “seguridad”: diez mil nuevos policías, 2200 patrulleros, construcción de nuevas cárceles y reparación de comisarías. 

Fue imperdible el espectáculo de todo el arco político de la derecha “descubriendo” los beneficios de las huelgas, las asambleas, los piquetes y las movilizaciones. Los mismos que ponen el grito en el cielo por un paro o una marcha de estatales o desocupados agitaron el sacrosanto derecho a la extorsión para apoyar a los uniformados.

Pero también fue llamativo el coro de voces que le subieron el precio a la movida reaccionaria con la denuncia de una escalada golpista que ayudaba (con mayor o menor conciencia) a cotizar en alza las demandas de la peculiar “paritaria 9 mm”. El miércoles, una hora antes de los anuncios del presidente, un funcionario con oficina en Casa Rosada aseguraba a Del otro lado que la movida estaba lejos de un golpe y era “un conflicto claramente sindical”. Aunque –explicaba– se “basó en errores propios: por ejemplo, diseñar un plan de seguridad desde la política porque no se pueden poner de acuerdo entre los funcionarios del área (Berni y Sabina Frederic), que son los que supuestamente saben”. Alberto Fernández y Axel Kicillof hablaron luego de la legitimidad del reclamo y, después de la “ultrada” de Olivos, el grueso del arco político tradicional salió a respaldar la “institucionalidad” que no estaba en peligro. Por último, a quienes inflaron el “golpismo” la resolución los dejó en offside porque la respuesta fue una concesión al pliego de demandas de los “golpistas”: no solo las que se anunciaron en voz alta sobre remuneraciones y otros beneficios, sino también la que se prometió por debajo en materia de impunidad (que no haya sanciones). Los silencios también hicieron un inquietante ruido: en medio de la conmoción por la irresolución del caso Facundo Castro y las sospechas que recaen sobre la fuerza rebelada, el nombre del joven estuvo ausente. 

La protesta –reaccionaria de principio a fin– se pareció más a las que protagonizaron las fuerzas de seguridad en 2012/2013 y fue un emergente por derecha de la crisis. La degradación de las condiciones materiales y salariales en las que realizan su tarea motivó un reclamo corporativo concreto. Pero también estuvo motorizado porque la pandemia bloqueó el acceso a muchas actividades de financiación paralela legal, semilegal y de las otras, que son producto de la cartelización histórica de un verdadero ejército de 90 000 efectivos que controla diferentes ramas de la economía “informal”. Como sucede cada vez que las Policías toman medidas de fuerza, volvió un debate clásico. 

Te puede interesar:   MENEM LO HIZO

Corporación y sindicalización

La polémica sobre la sindicalización de la Policía se desarrolla en dos niveles: uno conceptual y otro sobre la experiencia práctica. 

Una sociología vulgar deriva de algunas condiciones de los policías una consecuencia política equivocada: como provienen de familias obreras o pobres, reciben un salario, tienen una relación de dependencia con el Estado y “hacen huelga” son parte de la clase trabajadora. Esta vulgata separa o independiza la sociología de la función estatal que en esencia se reduce a la defensa de la propiedad privada y la represión al resto de los trabajadores o mayorías populares. Los rompehuelgas también pueden ser formalmente entendidos como parte de la clase obrera hasta el preciso momento en el que deciden ponerse al servicio de otra clase (justamente, la de enfrente). Los gerentes, aunque no son pobres, también son asalariados y venden su fuerza de trabajo, pero tienen esencialmente la función de “policía” o auxiliar de los dueños en las fábricas o empresas. No solamente la conciencia de los policías está determinada por su función existencial, sino también su programa “sindical”. Las barbaridades que se escucharon por estas horas de boca de los voceros del “sirenazo” (reivindicación de la impunidad por el caso Facundo Castro, saludo al “compañero” Chocobar) no se deben a una falta de educación cívica o de conciencia de los uniformados, sino a un alto nivel de conciencia de los intereses históricos de su corporación, a la síntesis de sus múltiples determinaciones.

Sobre la experiencia práctica, solo me remito a recomendar este contundente hilo de Twitter de la periodista María Clara Albisu que muestra ejemplos a nivel internacional de las consecuencias de la experiencia de sindicalización policial. Alerta spoiler: no hay ninguna buena.   

La estrella de Berni

Desde el punto de vista de las consecuencias políticas, el “soldado de Cristina” no es precisamente el que sale mejor parado del levantamiento de los “pata negra”. Fue golpeado en el centro de gravedad de su narrativa política: no por “mano dura”, sino por “mano blanda”. El pararrayos de Kicillof quedó averiado por la tormenta eléctrica de las sombras azules. En la campaña electoral que había lanzado, Berni tenía como próxima parada táctica el intento de presidir el PJ de la Provincia. Según Ricardo Rouvier, el ministro venía interpelando (y azuzando) a aquella fracción de la sociedad asustada por la “inseguridad” y con ansias de punitivismo. Hasta esta crisis tenía una imagen positiva en todo el país del 41 % (31 % negativa), y en una medición de hace unos meses había alcanzado el 55 % de imagen positiva contra el 33 % negativa en el AMBA.

La crisis le estalló por donde menos pensaba: el empoderamiento de la fuerza se volvió en su contra. Cría cuervos y te arrancarán los ojos. Acostumbrado a hablarse encima, estuvo ausente del escenario público durante toda la crisis. No está en duda que salió vapuleado: lo que queda por medir es si el golpe repercute sobre su superior inmediato y sobre su jefa política.

Pero el triunfo “sindical” (o corporativo) del que se beneficiaron también varias fuerzas provinciales, para las que se anunciaron aumentos, puede traer una contradicción política o un efecto no deseado para las autoridades: una ola de reclamos del resto de trabajadores y trabajadoras (empezando por los estatales y, entre ellos, los esenciales) que tienen congeladas sus paritarias y que pueden preguntarse con justa razón: ¿por qué ellos sí y nosotros no? 

Los condenados de la tierra

Pero el escenario no está completo si no incorporamos el fenómeno por izquierda que estaba en curso antes de que estalle la rebelión azul: la toma de tierras.  

En el oficialismo, hay optimistas que se autotranquilizan con teorías conspirativas: por ejemplo, sobre la toma de Guernica dicen que “no es nueva, empezó en octubre del año pasado impulsada por el intendente que se iba para dejarle un problema a la nueva jefa comunal que había ganado las elecciones (Blanca Cantero – Frente Renovador)”. Sin embargo, un referente de movimientos sociales que hoy se desempeña en un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reconoció a El otro lado que “si bien no hay una explosión (de tomas), sí hay un incremento y un efecto contagio”. Las causas son simples (o muy complejas), según su mirada un tanto lapidaria: “En ese terreno se hizo poco, por no decir nada. No se puso un ladrillo, no se movió un expediente para terminar aunque sea obras de viviendas empezadas. Va a llegar fin de año y no van a tener nada que mostrar”.

Como decía en el último editorial de El Círculo Rojo: “Es posible que el lugar que ocuparon los reclamos por alimentos en aquellos años (2001-2002) lo ocupen hoy las tomas de tierras”. La rebelión policial y las ocupaciones fueron solo síntomas que muestran que la verdadera “conspiración” es de la realidad contra las fantasías consensualistas en medio de un hundimiento general.

El reclamo de la policía bonaerense: comer delante de los pobres

Por José Garriga Zucal

Si el malestar en la Bonaerense es histórico, ¿por qué reclaman ahora? El anuncio de un desembolso millonario para fortalecerla no tuvo en cuenta la precariedad salarial de los suboficiales jóvenes, cuyos ingresos extras bajaron en pandemia. José Garriga Zucal analiza las variables detrás de la protesta: las desigualdades estructurales con sus jefes, el fortalecimiento de sentirse esenciales y el reclamo ante un gobierno al que consideran “anti-poli”.

La bonaerense es un monstruo gigante. Difícil de conducir, de muchas cabezas. No hay datos públicos sobre la cantidad de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires pero se calcula que son más de 90000. Son, por mucho, la fuerza de seguridad más grande de la Argentina. Esta enormidad dificulta su administración. Sin embargo, no es sólo su grandeza lo que la torna inmanejable.

En los últimos días, en la provincia de Buenos Aires explotó un reclamo salarial legítimo. Los policías de la bonaerense vieron en estos últimos cinco años que sus ingresos perdieron en la carrera contra la inflación. Aunque no todos perdieron. Los jefes siguieron ganando mucho, muchísimo. Y los que hoy protestan siguieron ganando poco, muy poco. Esta no es una diferencia menor para entender por qué es inmanejable la Bonaerense. Las diferencias de las condiciones entre oficiales y suboficiales es casi una oposición de castas. 

Una de las razones de la protesta está vinculada a ese malestar para con sus jefes. “Ellos se llenan los bolsillos, nosotros esquivamos las balas y la pobreza”, diría el eco de los subordinados. ¿Qué significa esto? Los suboficiales son, por ejemplo, a quienes vemos en las esquinas. La mayoría se desempeña en puestos de seguridad y entiende que ponen el cuerpo mientras sus jefes se hacen millonarios. Millonarios y sin correr ningún riesgo. Así lo dicen en las entrevistas: “Un comisario es un recaudador”. Para “las tropas”, a los jefes-recaudadores les interesa el dinero más que sus vidas. Forjan una dicotomía: unos mueren y otros hacen negocios. Esta representación idealizada del trabajo policial marca una diferencia entre conductores y conducidos, y genera problemas en la conducción. La encrucijada de los comisarios es cómo conducir a sus subordinados, cómo construir la legitimidad de su autoridad cuando las dos cabezas miran para lados diferentes.

Pero el reclamo no es sólo salarial, el malestar tiene otras aristas. Las condiciones laborales de la mayor parte de los policías bonaerenses son malas. Aunque, otra vez, no de todos. Las diferencias no sólo tienen que ver con las castas. La Bonaerense es tan gigante que conviven agentes de perfiles muy diferentes dentro de una misma institución. Las condiciones de trabajo de los que pasan sus horas en una comisaría de José León Suarez y de los que están en un pueblo alejado de la pampa húmeda son incomparables. Lo mismo para los que trabajan en un patrullero de los que lo hacen en una comisaría. Hay muchas policías en una sola. 

Si las condiciones laborales son malísimas desde hace muchos años, ¿por qué se manifiestan ahora? Propongo cinco cuestiones para explicar este conflicto. 

Primero, la sensibilidad política de gran parte de los uniformados bonaerenses no congenia con el color del gobierno local. A diferencia de la gestión anterior, entiende que esta es “anti-poli”. 

Segundo, los que protestan son en su mayoría suboficiales jóvenes que refuerzan sus magros sueldos con adicionales que la pandemia suspendió (o sea, hace seis meses que ganan menos plata que antes). 

Tercero, la pandemia revalorizó las tareas policiales al ubicarlos como trabajadores esenciales y eso les da más legitimidad para reclamar. Las representaciones del riesgo laboral se potenciaron con el Covid-19, se volvieron aún más reales. Ahora, son trabajadores esenciales. 

Cuarto, las medidas que tomó el gobernador Kicillof la semana pasada no cayeron bien en el mundo policial. El anuncio de otorgar recursos millonarios para el tema de la seguridad sin noticias para los bolsillos de los agentes -un gesto muy poco peronista- podría ser definido con el viejo dicho: “Comer delante de los pobres”. Esto, sumado al desembarco de las fuerzas federales, cosechó un malestar de larga data. Y la irrupción de Gendarmería y Prefectura cayó mal porque pone en peligro negocios espurios y porque, entre líneas, es una intervención por inoperancia. A nadie le gusta que vengan a decirle lo mal que hace su trabajo. 

Quinto, sin ingenuidades, los malestares existen pero se avivan al fuego de políticos de diferentes colores, incluidos los aliados del gobierno, que aprovechan cualquier ocasión para capitalizar descontentos.

La ingobernabilidad de la bonaerense quedó en evidencia durante las protestas. Los reclamos de mejores condiciones de trabajo son difíciles de procesar para los policías de la provincia de Buenos Aires. Al no existir un sindicato policial no se sabe bien cómo encauzar actores diversos y desordenados. No tienen ni gimnasia sindical ni representantes legítimos que puedan sentarse en una mesa de negociación. Por eso es ineludible una discusión profunda sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Esto permitiría formalizar este tipo de reclamos, institucionalizarlos, darle formas democráticas, ordenarlos. Además, la construcción de representaciones limitaría las arbitrariedades de las jefaturas y las formas de corrupción enquistadas en su funcionamiento. Una representación legítima de los trabajadores y la defensa de sus intereses podría limitar las injusticias, abusos e inequidades. Es necesario construir espacios donde los subordinados pueden denunciar a sus jefes sin sentir que traicionan a la institución que defienden. 

Además, la sindicalización permitiría que los policías se entiendan como trabajadores y profundicen así, posiblemente, su profesionalización. Que los policías no se comprendan como trabajadores, como profesionales, explica muchas de sus ineficiencias. Mientras sigan creyendo que su oficio es una forma de ser, una manifestación ontológica de su yo, no se preparan de la forma correcta para ser buenos profesionales. En la bonaerense, al igual que en otras tantas fuerzas de seguridad, los policías no dicen que trabajan de policías sino que son policías, un diferencial que parece mínimo pero que impide en muchos casos un proceso de formación continua. El que “es” algo no necesita “formarse para”. 

Si el reclamo era legítimo se desvirtuó cuando los que protestaban llevaron sus armas. Más que una negociación pareció una amenaza, una apretada, que desembocó en el rodeo a la Quinta de Olivos. En este episodio quedó en evidencia que la cadena de mando está rota. Porque el desprestigio sobre los jefes policiales impide construir la autoridad necesaria para conducir a la fuerza. Repetimos. Para los subordinados los jefes no pueden legitimar su autoridad porque están alejados del trabajo “real” y preocupados por sus negociados. Pero no sólo eso. La cadena de mando política tampoco existe. El control político sobre la Bonaerense brilla por su ausencia. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fue incapaz de intervenir y encauzar los malestares policiales. Se suma así a una larga lista de funcionarios que no quisieron -no pudieron- intervenir a la bonaerense.

El monstruo es gigante, está armado y nadie lo conduce. Contagia. Feo escenario.  

Fuente: revista anfibia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *