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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

El negacionismo del terrorismo de Estado por otros medios: el Ejército en el laberinto republicano

Hernán Apaza[i]

Antes de que la irrupción policial inundara las pantallas agitando fantasmas del pasado, circuló profusamente una publicación del Ejército Argentino que, a través de sus redes sociales, conmemoraba el “Combate de Potrero Negro” del 5 de septiembre de 1975, cuando “el subteniente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar” (SIC). Diversas organizaciones de DDHH, políticas y sociales, repudiaron enérgicamente este hecho, por tratarse de una acción en el marco del conocido “Operativo Independencia”, el primer acto estatal que anticipó a escala provincial la política de exterminio del activismo revolucionario, que luego del 24 de marzo de 1976 se extendería a todo el territorio nacional. Finalmente, el Ministerio de Defensa ordenó eliminar las publicaciones, pero el conflicto ya había explotado.

A partir de diferentes estudios académicos -que serán profusamente citados, por su calidad y precisión y por no ser masivamente conocidos-, en este escrito intentaré subsumir la publicación del Ejército en una narrativa que, me interesa apuntar, no es nueva en el seno de diferentes grupos militares así como también entre civiles ligados a las FFAA. Ella responde a una “política de memoria” que vienen promoviendo desde finales de la década del noventa y han sostenido, sin solución de continuidad, hasta nuestros días. Antes, repasaremos algunas características que asumió el despliegue el Ejército en el sur de la provincia de Tucumán y sus terroríficas consecuencias. A 37 años del fin de la dictadura y de continuidad constitucional, ¿no merecemos darnos un debate colectivo sobre las FFAA?

El Operativo Independencia[ii]

Si bien se ha generalizado la relación golpe de Estado-terrorismo de Estado (o genocidio, de acuerdo a la caracterización que se haga), lo cierto es que diversas voces han abogado por el establecimiento del inicio del exterminio del activismo revolucionario y de las diferentes formas de contestación social al orden imperante ya en 1974 con la irrupción de la organización para-estatal “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina). Para decirlo claramente: la persecución, las amenazas, la censura y el asesinato de militantes de organizaciones político-militares, activistas sindicales, referentes de la cultura y de las artes, líderes sociales y religiosos, defensores de presos políticos, empezó durante la misma presidencia de Perón, con su conocimiento y aval.[iii] La política represiva para-estatal fue una respuesta a la escalada en las luchas y conflictos sociales, laborales y políticos: de acuerdo al relevamiento de Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal, “durante todo el período institucional, que se inicia el 25 de mayo de 1973 y culmina el 24 de marzo de 1976, el promedio diario de conflictos es de 7,6 conflictos obreros y 8,2 hechos armados”.

A la muerte de Perón, María Estela Martínez de Perón lo sucede en la presidencia y profundiza las políticas represivas que continuaron con el terrorismo de Estado, aunque con diferencias sustanciales. Por un lado, a través de una directiva del Ministerio de Defensa las FFAA se dividen el control operacional del territorio nacional, quedando claro quiénes serían responsables en cada una de ellas a partir de ese momento. Asimismo, las fuerzas de seguridad quedaron bajo el comando de las mismas FFAA.[iv]

En lo que respecta a Tucumán, en ejercicio de su cargo Martínez de Perón firmó un decreto el 5 de febrero de 1975 en el que habilitó la participación legal de las FFAA en la “lucha contra la subversión”. Su artículo 1º autorizaba a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Esta decisión se debió a la creación a principios de 1974 de la “Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez”, frente rural del PRT-ERP, en un área situada entre la ruta 38 y la selva de la ladera del macizo del Aconquija, lindante con cañaverales e ingenios azucareros (departamentos de Monteros y Famaillá).[v] La definición de la organización respondía a su caracterización de la etapa en la guerra revolucionaria, ya que hasta el momento sólo se habían abierto frentes de lucha urbanos. Se trataba de una zona de fuerte conflictividad social, producto de la organización y lucha de los obreros de la caña. De acuerdo a los propios documentos del PRT-ERP, el número de combatientes nunca superó los 120-140 en este nuevo teatro de operaciones en la guerra revolucionaria (Crenzel, 2010; Garaño, 2020).

El 11 de febrero de 1975 se anunció el inicio del “Operativo Tucumán”, nombre con el que se lo conocería hasta que en septiembre, en oportunidad de su visita a la zona, el comandante del Ejército Jorge Rafael Videla lo rebautizara. El Operativo estuvo a cargo del general Acdel Vilas[vi], hasta que fue reemplazado por el general Domingo Bussi en diciembre de 1975. Mucho del accionar represivo se conoce precisamente porque Vilas escribió un libro en el que relata los atroces crímenes cometidos, los pormenores de sus acciones y el fundamento ideológico de la represión. Su crudeza y la auto-incriminación en delitos de lesa humanidad de toda la fuerza, hicieron que sus superiores le negaran su publicación.

El Operativo representó el inicio de una nueva modalidad represiva, con la participación directa de las Fuerzas Armadas, pero también del Ministerio de Bienestar Social de la Nación y de la Secretaría de Prensa y Difusión en tareas de “acción cívica” y “psicológica”, coordinadas por el Estado Mayor del Ejército. Como lo indica Marina Franco (2012), era la primera vez que los diferentes elementos que conforman la doctrina ‘antisubversiva’ (acciones psicológicas, cívicas y represivas) se desplegaban sistemáticamente sobre un territorio.

A través de diferentes investigaciones se ha logrado demostrar que este Operativo representó en Tucumán el inicio de la desaparición forzada de miles de personas y significó la irrupción de los centros clandestinos de detención como institución para la implementación de esta modalidad represiva. Como lo indica claramente Pilar Calveiro, “la figura de la desaparición, como tecnología del poder instituido, con su correlato institucional, el campo de concentración-exterminio hicieron su aparición estando en vigencia las llamadas instituciones democráticas y dentro de la administración peronista de Isabel Martínez” (1998: 27). Las investigaciones muestran además el amplio consenso que el accionar represivo del Ejército recibían por parte de diversos sectores: desde el gobernador Juri (peronista, electo en 1973 por el FREJULI), las patronales (sobre todo, las cañeras), los dirigentes sindicales peronistas y la CGT provincial con Héctor Pérez a la cabeza, los medios de comunicación, las altas jerarquías de la Iglesia Católica, las autoridades universitarias, entre tantas otras.[vii]

Como consecuencia de la represión, alrededor de 300 personas fueron asesinadas, cientas sometidas a tortura y desaparecidas. Se estima que el 25% de quienes siguen desaparecidxs en Tucumán fueron secuestradxs durante este operativo. Aquí radica justamente la indignación colectiva que se manifestó contra la conmemoración del Ejército. Se trata, ni más ni menos, de caracterizar como héroes a quienes participaron de la implementación del terrorismo de Estado en Tucumán, amparándose en que el mismo se llevó adelante bajo un gobierno constitucional y siguiendo expresas órdenes del Gobierno Nacional.

“Memoria completa”: victimización de verdugos y el don del perdón de un Ejército rehabilitado

A partir de lo expuesto, entonces: ¿puede desprenderse que el Ejército esté haciendo una reivindicación lisa y llana del terrorismo de Estado y del golpe de Estado?, ¿se trata de una reactualización de la teoría de los dos demonios sin más?, ¿asumen por ello una vocación golpista o tutora sobre la sociedad argentina? Las reacciones en repudio a la publicación aludida (que, repasando la cuenta oficial, no es la única que se inserta en la misma narrativa) definieron indubitablemente así el tweet del Ejército, a partir de una grilla ideológica e interpretativa que me parece no contempla algunos matices que, a la luz de diferentes resultados de investigaciones de los últimos años, podrían considerarse.[viii]

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Cuando hablamos de “Fuerzas Armadas” o del “Ejército” en particular, rápidamente se activa en la memoria de la mayoría de argentinxs y se hacen presente imágenes de nuestra historia reciente: los golpes de Estado (muy particularmente el último), el terrorismo de Estado y todos sus crímenes aberrantes, Malvinas, los alzamientos carapintadas… En general, el sentido común que se impuso fue el de una institución golpista y criminal, lo que representó una victoria histórica del movimiento de Derechos Humanos en la Argentina. El reclamo por Memoria, Verdad y Justicia que los organismos de DDHH levantaron ya durante la misma dictadura no pudo más que ser confirmada por el “show del horror” en los primeros años de la posdictadura y por la ruptura del pacto de silencio en los noventa de los represores Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, en el Senado de la Nación en 1994, y con las declaraciones de Adolfo Scilingo y Víctor Ibañez a la prensa, durante 1995. Ese mismo año, el jefe del Ejército Martín Balza, se vio obligado a presentar una “autocrítica”. Sin embargo, a pesar de que la admisión pública de las torturas y los asesinatos representó una ruptura con el carácter denegatorio del relato militar sobre los crímenes de la dictadura, el jefe del ejército negó la existencia de listas de desaparecidos. Pero en estas intervenciones públicas en su condición de cabeza del ejército, retomó una demanda central de la comunidad militar: la necesidad de la reconciliación con la sociedad civil. Sin embargo, con la impunidad por tantas aberraciones confesas, esa demanda era inaceptable.

En este contexto, el Ejército inició la elaboración sistemática de una nueva memoria a lo que interpretaban como un asedio por parte de los organismos de DDHH y de sectores muy amplios de la sociedad: la “Memoria Completa”. Si bien fue hecha pública por el teniente general Ricardo Brinzoni el 5 de octubre de 2000, en conmemoración del 25 aniversario del copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa por parte de Montoneros, su núcleo había sido producido bajo el auspicio del Colegio Militar por el general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone (integrante del gobierno de la última dictadura), quien sistematizó en tres volúmenes el “espíritu” con el que la institución castrense empezó a recordar lo acontecido en los setenta. Se trató de la obra “In memoriam” (tres tomos, el primero editado en 1998), que tenía como objetivo declarado el de “recordar y rendir homenaje a argentinos y extranjeros que murieron por la agresión subversiva terrorista” y “demostrar que en la década del 70 hubo una guerra declarada por las organizaciones subversivas terroristas…”. El foco estaba puesto en las “víctimas de la subversión” (figura reivindicada ya en los ochenta con las misas organizadas por FAMUS, Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión) y se ocupaba de describir en detalle las circunstancias en que perdieron la vida los hombres del ejército y sus familiares. La figura que reunía todos los requisitos para presentarse como tal era el Coronel Argentino Larrabure (secuestrado por el ERP y muerto en cautiverio, en condiciones aún hoy no establecidas). Con la consigna de “Memoria Completa”, el ejército buscó posicionarse públicamente frente al fortalecimiento de la memoria de los desaparecidos y disputarles a los organismos de Derechos Humanos la verdad sobre el pasado reciente.

Máximo Badaró afirma que “el período 1995-2003 muestra un proceso de consolidación de una narrativa sobre los años setenta que tiene a la figura de ‘víctima de la subversión’ y a la búsqueda de reconocimiento social y estatal de estas víctimas como ejes centrales. Esta búsqueda de reconocimiento es realizada principalmente por familiares y allegados de integrantes de las fuerzas armadas argentinas que, desde mediados de la década del 2000, realizan actos públicos para reivindicar y reclamar un reconocimiento público a las ‘víctimas de la subversión’”. Pero los jefes de la fuerza, siempre buscaron la manera de institucionalizar esta memoria, asumiendo, como lo indica Valentina Salvi, “una estrategia narrativa sobre el pasado que le permite por un lado, salir del silencio y del ámbito cerrado de la memoria corporativa para entrar en el escena pública con un discurso verosímil y disputar los sentidos sobre el pasado que se cristalizaron en los últimos 25 años; y por otro lado, renovar su deteriorada imagen con nuevas justificaciones sobre lo actuado que le permitan apuntar al reconocimiento de la sociedad y del Estado.” Ciertamente, la “memoria completa” hace sistema y es perfectamente compatible con el sentido común dominante, lo que la dota de una fuerte pregnancia en el espacio público.

El trasfondo del accionar militar fue el de una guerra no convencional, sucia, en defensa del orden constitucional, un escenario impuesto por la “subversión” y con consecuencias a veces no deseadas, que producían “errores” y “excesos” por los que responsabilizaban a las propias víctimas y a su vez negaban el plan sistemático de exterminio. El resultado es presentar a la institución militar como una víctima más de la violencia que azotó a la sociedad durante los setenta. Pero la clave está, como bien apunta Badaró, en que “la normalización del pasado militar también apunta a construir un relato que responsabiliza a militares específicos para dejar indemne a la institución militar en su conjunto. Esto supone que al igual que en cualquier institución o grupo social, el ejército también tendría algunas manzanas podridas en su historia.”

Con la llegada del kirchnerismo al gobierno, la política de Estado en materia de delitos cometidos en la dictadura fue clara: apoyo a los reclamos de los organismos de DDHH y promoción de la anulación de las leyes de impunidad para la persecución penal de los perpetradores de los crímenes. Todo ello condicionó al Ejército en sus propias políticas de la memoria. Sin embargo, la Fuerza encontró los medios para moverse con pragmatismo. El pasado fue utilizado como un instrumento de la política militar a fin de obtener finalmente la legitimación pública y política de la institución a través de un intento de convergencia con la política de memoria oficial del Estado. En términos de Badaró, “la estrategia de renunciar a la memoria corta (el pasado reciente) para recobrar un lugar en la memoria nacional (un pasado mítico y fundante)” para reclamar un lugar en el proyecto del país por venir. Ello fue posible no sólo por la propia iniciativa del Gobierno nacional sino debido al trabajo de encuadre iniciado durante el período inmediatamente anterior: “El modo en que Brinzoni encuadraba discursivamente la evocación del pasado reciente se basaba no tanto en el cuestionamiento explícito de lo que recordaban y reivindicaba públicamente diferentes actores sociales -las víctimas del terrorismo de estado- sino más bien en una reivindicación de lo que no se recordaba, esto es, las víctimas de las acciones de los grupos de guerrilla armada.” (Badaró: 2010)

Durante los gobiernos kirchneristas se sucedieron los homenajes y conmemoraciones a quienes fueron asesinados en acciones armadas de las organizaciones político-militares. En cada caso, el Ejército autorizaba estos actos, aunque no eran realizados en sus dependencias. Por ejemplo, el caso del coronel Raúl Juan Duarte Ardoy, muerto durante el intento de recuperar el Comando de Sanidad del Ejército, del 6 de septiembre de 1973, copado por el ERP. El acto se realizó en la sede del Círculo Militar el 6 de septiembre de 2006; tal y como había ocurrido el año anterior. Del mismo modo, fueron también homenajeados los “caídos” en Azul, en Formosa, en Tucumán durante el Operativo Independencia. Estos actos nunca dejaron de realizarse. El diario La Nación ha informado año a año acerca de la realización de cada uno de estos eventos.

Con el kirchnerismo “memoria completa” pasó a ser una suerte de “memoria subterránea”, que no tardó en aflorar una vez que el macrismo de hizo del gobierno nacional, cuya retórica compartía muchísimos elementos con la sostenida por el Ejército. De este modo, los actos y homenajes pasaron a formar parte del calendario oficial de la institución y se realizaban con participación de funcionarios del gobierno nacional. Las “víctimas de la subversión” encontraron finalmente el reconocimiento del Estado por el que pugnaban. Baste recordar el acto realizado en Formosa el 4 de octubre de 2019, del cual participaron Macri y sus miembros del gabinete junto a las máximas jerarquías del Ejército, en conmemoración de los militares caídos durante el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte Nro. 29 el 5 de octubre de 1975. Así como los Montoneros asesinados fueron incluidos en la lista de víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares indemnizados, Macri ordenó reconocer a través de un subsidio extraordinario a los familiares de los militares. Merece destacarse que el negacionismo y la adscripción a la “memoria completa” no es monopolio de PRO/CAMBIEMOS: al día siguiente del acto presidencial, se realizó la ceremonia central, con un desfile cívico-militar, encabezado por el “eterno” gobernador peronista Gildo Insfrán y por la máxima autoridad del Ejército, el Teniente General Claudio Pasqualini, quien destacaba que el acto se realizaba por segundo año consecutivo, en “justo y merecido homenaje junto al pueblo formoseño a aquellos soldados que dieron su vida por la patria al ser blanco de la violencia de los grupos armados que desafiaron a los gobiernos constitucionales de la república en la década del setenta.” Lo propio hicieron también el año pasado las autoridades provinciales de Tucumán, en homenaje a los hoy tristemente célebres caídos en el “Combate de Potrero Negro” del 5 de septiembre de 1975, Rodolfo Berdina e Ismael Maldonado. Los registros de este acto todavía se pueden encontrar en las redes del Ejército Argentino.

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Con ello queremos apuntar que esta política de memoria se ha institucionalizado y es la forma que el Ejército ha encontrado para “honrar sus muertos”, eludiendo toda responsabilidad sobre el terrorismo de Estado. Volviendo a las publicaciones en las cuentas del Ejército en las redes sociales, no hay mención al golpe de Estado y ha quedado muy lejos aquel intento del kirchnerismo durante sus primeros gobiernos por incorporar a las FFAA al repudio del golpe (como aquel spot publicitario a propósito del 33 aniversario del golpe de 2009, que se cerraba con un “Nunca Más”, con la firma del Ejército Argentino, del Ministerio de Defensa y de Presidencia de la Nación). Es posible que, de no haber estado en cuarentena, nunca hubiese cobrado tanta notoriedad la reivindicación del Ejército. Tal y como afirmó en una entrevista el jefe del Ejército Gral. Agustín Cejas, “la conducción del Ejército, nuestra institución, mantiene el recuerdo permanente a nuestros muertos”. Y más allá del pedido de disculpas por “haber ofendido a ciudadanos argentinos” y de borrar el tweet, no hay marcha atrás en las conmemoraciones. Siguió explicando el General, no tanto para la ciudadanía sino para sus propios camaradas: “quizás hay interpretaciones que cada uno hace desde el lugar donde se encuentra y puede alguno haber pensado que renunciamos a esto que decimos que es central para alimentar nuestro espíritu y nuestra vocación”.

También señaló Cejas: “Esa es la razón por la cual decidí, luego de una reunión que tuve con el ministro de Defensa en la tarde de ayer, de efectuar este recorrido que inicio aquí, que va a pasar por los cuarteles de los comandos de brigada y algunas agrupaciones, para transmitir este mensaje, para decirles que la conducción del Ejército, nuestra institución, mantiene este recuerdo permanente a nuestros muertos”, y agregó al respecto que “así lo hizo el Ejército el 17 de enero en la guarnición Ejército Azul, recordando a los que cayeron defendiendo esa guarnición; lo hicimos hace 15 días en el Colegio Militar recordando al coronel Argentino del Valle Larrabure, lo hice hace cuatro días en la Dirección General de Sanidad recordando al coronel (Raúl Juan) Duarte Ardoy”.

Hay un claro escamoteo de la controversia pública, pero lo que ocurre puertas adentro de los cuarteles -que a veces cobra publicidad a través de desfiles y actos cívico-militares, como en esta oportunidad, por las redes sociales- es la reproducción y continuidad sostenida de la política de “memoria completa”. Siguiendo la precisa interpretación de Valentina Salvi, se puede apreciar claramente que “a través de un uso corporativo de los padecimientos, el ejército institucionaliza un discurso de la victimización en el que todos los argentinos resultan hermanados en la evocación de los dolores comunes. Y así, en la memoria militar se asiste a una suerte de pasaje por el cual la regla de “todos” es reemplazada por la regla de “nadie”. La máxima de la culpa colectiva que sostiene “donde todos son culpables nadie lo es” es sustituida por otra igualmente exculpatoria que afirma: “donde todos son víctimas nadie es culpable” (Salvi, 2009). La publicación del Ejército motivo de escándalo, estaba acompañada del lema “Honrar el valor / Aliviar el dolor / Cumplir con la Patria”. Queda claro de quiénes se tratan cuando se refiere a reconocer el “valor” y al “dolor”.

Se cierra así el círculo y la institución es rehabilitada y puede formar parte de un proyecto de país del futuro, habiéndose quitado el peso de los “errores” y “excesos” y de las figuras degradantes y vergonzantes de su pasado reciente. Pero, ¿con qué misión, en cumplimiento de qué funciones puede presentarse el Ejército? ¿Hubo un debate colectivo, democrático, que problematizara el rol de las FFAA en nuestro país? O más radicalmente: ¿estamos de acuerdo en la necesidad de su existencia?, ¿deben reformarse o directamente la institución debe desaparecer? Lo cierto es que, más allá de episódicas controversias e indignaciones públicas, este tema -al igual que ocurre con las fuerzas de seguridad- no es centro de la atención pública y colectiva, tal y como lo merece.

El Ejército en el laberinto republicano

Desde el año 1998, la Argentina produce lo que se conoce como “Libro Blanco”, un documento público que sistematiza las políticas y doctrinas nacionales de defensa, conforme los requerimientos de ONU y EOA. Como se trata de lineamientos que pretenden marcar el accionar en el mediano plazo, en los últimos años fueron elaborados dos (2010 y 2015). Ellos condensan el consenso que existe en el país referido al papel que deben cumplir las fuerzas de defensa de un país y debe ser fruto de elaboración conjunta entre civiles y militares y se presenta como fuente de confianza y seguridad tanto para la propia ciudadanía como así también en el ámbito internacional. Si bien su acceso es público, salvo especialistas y particulares interesados, el conocimiento de su contenido es muy escaso. Poca confianza puede generar aquello que no se conoce.

Cuando parecía estabilizado el consenso en torno a la distinción absoluta entre las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior (reconocido, a su vez, en la Ley de Defensa Nacional, N° 23554), en 2018 Macri estableció -a través del Decreto N° 683- una nueva Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN) y derogó las vigentes desde los años 2009 (Decreto 1714) y su actualización del 2014 (Decreto 2645). Con ello, azuzaba el delirio punitivista que encuentra en el mayor poder de fuego de las FFAA la posibilidad de enfrentar la “inseguridad”, creando además nuevos “enemigos”, ahora internos. Ha pasado un tanto desapercibida la derogación de los decretos de Macri -posiblemente por la situación excepcional que vivimos- por parte de un nuevo decreto presidencial (N° 571/2020), en el que se restablece la vigencia de las normas anteriores. Sin embargo, debe llamarnos a la reflexión la facilidad con la que un acuerdo tan básico de la posdictadura pudo ser impuesto con un importante acuerdo de la población y de diversos sectores sociales y políticos.

Cierto es que los dos últimos Libro Blanco representan un avance en materia de la construcción de un perfil democrático de los integrantes de las FFAA, al considerar fundamental “formar al profesional militar como ciudadano pleno y servidor público especializado. La formación de ciudadanos civiles y la sensibilización de la sociedad en la temática también constituían asignaturas demoradas” (2010), enfatizando “el concepto de servicio público profesional que implica la condición militar y en el marco de la concepción democrática de la Defensa nacional” (2015: 244). También es significativo el lugar que ocupan en la publicación los ejes referidos a género, derechos humanos y derecho internacional humanitario y las políticas de “Memoria, Verdad y Justicia”. Ahora bien, poco y nada sabemos de los resultados de la implementación de esta política.

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A la luz de lo que hemos desarrollado hasta aquí y de las propias declaraciones y publicaciones del Ejército y de su Jefe, no puede considerarse que los resultados sean satisfactorios. No se ha impuesto en la fuerza el repudio al golpe de Estado y a la violación sistemática de los DDHH por parte de las FFAA durante los setenta (por no retroceder más también en el tiempo). Aquí debe enfatizarse: no fueron dos o tres “manzanas podridas”, fue toda la institución. Los trabajos de Badaró muestran que “los setenta” siguen siendo un marco de referencia ineludible para construir el perfil identitario de los integrantes de la Fuerza, aunque no la única, a la luz de las transformaciones en la vida cotidiana de miles de miembros de las fuerzas. Desestabilizar las certezas y los lugares comunes castrenses es un trabajo urgente. Sobre todo, a partir del reconocimiento que los delitos son permanentes y continuos: la apropiación ilegal de bebés –hoy personas adultas-, la supresión de identidad de cientos de personas, la no colaboración de los perpetradores en la ubicación del destino de miles de desaparecidas, hacen imposible la “vuelta de página”.

En la actualidad, más del 90% de los oficiales en actividad del ejército iniciaron sus carreras profesionales desde 1983. Ello poco y nada puede significar a la luz de una socialización que es refractaria a la construcción de un perfil identitario democrático y laico (habida cuenta de la centralidad que los ritos católicos tienen para las FFAA). Ello puede ser posible en un nuevo contexto producto de lo que diversas investigaciones presentan como un doble proceso, ocurrido durante las últimas décadas: el de la “desmilitarización de la vida política” y de la “despolitización de las fuerzas armadas”. Eso es, de alguna manera, auspicioso. Sin embargo, como lo indica Sabina Frederic, ello alentó “la tendencia a ver y ordenar la cuestión militar a partir de la división entre civiles y militares” como parte de un mismo proceso político “mediante el cual las fuerzas armadas debían replegarse en los cuarteles y dedicarse de una vez a lo suyo.”

A través de un rápido relevamiento de las redes sociales del Ejército puede apreciarse la cada vez mayor cantidad de tareas “sociales” que se le fueron asignadas, no sólo en tiempos de pandemia: desde abrir caminos en parajes inhóspitos a transportar y distribuir medicamentos o agua en pueblos rurales o a distribuir comida en barrios populares. Todo ello contribuye a la legitimación pública y popular de una institución que viene construyendo, puertas hacia dentro, su propio perfil identitario. Tal vez sea momento que la sociedad argentina encare el complejo desafío de romper ese cerco y abra el debate colectivo en torno a sus FFAA y a su futuro. ¿Hay algo, en la sociedad democrática argentina que soñamos, que sea propio de militares? ¿Tienen lugar en ella? Si continuamos merodeando el problema, puede que el laberinto que han levantado las diversas resistencias a problematizar la cuestión militar, termine por engendrar un nuevo minotauro.

Bibliografía

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  1. El texto de Badaró el trabajo de campo lo hizo entre 2002-2004 y escapa qué fue lo que pasó durante los años posteriores. Entonces, hay que atender a la generalización que se desprenda de ello.

[i] La lectura crítica y los comentarios de Fernando Stratta y de Hugo Ramos enriquecieron en forma inestimable este escrito, a quienes eximo -como es justo- de los errores que pueda tener, sólo atribuibles a mi tozudez.

[ii] En relación al Operativa Independencia, existen diferentes y muy buenas investigaciones. Aquí, recuperamos diferentes pasajes de textos de Inés Izaguirre (2004), Emilio Crenzel (2010) y Santiago Garaño (2017), Matías Artese y Gabriela Roffinelli (2007), cuyas lecturas recomendamos.

[iii] Sobre la Triple A y su relación con Perón se han ocupado en forma sistemática y documentada Sergio Bufano y Lucrecia Teixidó en su “Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a Montoneros (2015). También, “La Triple-A”, de Ignacio González Janzen (1986).

[iv] Agradezco particularmente a Hugo Ramos sus observaciones sobre este punto.

[v] Un proceso represivo altamente significativo también resultó la denominada “Operativo Serpiente Roja”, que buscó destruir la organización y radicalidad de la clase obrera en el sur de la provincia de Santa Fe, más específicamente en Villa Constitución (Cfr. Carminati, 2017).

[vi] Emilio Crenzel (2010) elaboró un perfil de Vilas: “De orientación católico-nacionalista, Vilas mantuvo durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, fuertes vínculos con el ministro de bienestar social José López Rega, uno de los creadores de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A. Como jefe de la V Brigada del Ejército, fue Jefe de la Subzona 32 desde enero hasta diciembre de 1975. Durante el operativo Independencia, Vilas tuvo bajo su responsabilidad el accionar represivo en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, así como el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención en las mencionadas provincias. A partir de diciembre de 1975, como 2° comandante del V Cuerpo de Ejército (Bahía Blanca), fue el jefe de la subzona 51. En 1983, fue precandidato a la presidencia de la Nación por el Partido Justicialista. Acusado de graves violaciones a los derechos humanos, fue indultado por el presidente Menem por decreto 1002, el 7 de octubre de 1989.”

[vii] Sobre el amplio consenso recibido por el Ejército, resultan fundamentales los estudios de Inés Izaguirre y el de Matías Artese junto a Gabriela Roffinelli, dedicado a la “responsabilidad civil” en el “genocidio”.

[viii] En particular, recupero las contribuciones de Federico Lorenz (2005) Eric Hershberg y Felipe Agüero (comps., 2005), Valentina Salvi (2007; 2008; 2010; 2014) y de Máximo Badaró (2009; 2012; 2018). También puede consultarse el trabajo de Federico Shinzato (2019).


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