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Defender la toma de Guernica, discutir las soluciones que reclamamos

Durante las últimas semanas se han escrito y puesto a circular varias notas que suman argumentos en defensa de las familias de la toma de Guernica frente a la caterva de críticos e indignados con las “usurpaciones ilegales” protagonizadas por familias pobres (porque las que protagonizan los ricos no parecen indignar tanto). Esos escritos de militantes, académicxs y compañerxs son imprescindibles en estos momentos de urgencia en los que se avecina el desalojo de unas 2500 familias por parte de las fuerzas de (in)seguridad que, de seguir respondiendo al fascismo medio pelo imperante, podría convertirse en otro episodio sangriento. Nos ayudan a contextualizar el problema, lo historizan, explican algunas de sus causas estructurales y denuncian los padecimientos de las familias de la toma, agravados por la pandemia, por eso no me voy a detener en la caracterización del problema1. Por su parte, las organizaciones sociales que no se han disciplinado frente a eso de que ‘al gobierno popular no se le protesta’, además de denunciar la gravedad del asunto y de rechazar las declaraciones fascistas del ministro de seguridad bonaerense, se han acercado a bancar la toma, acompañar a las familias, organizar actividades de solidaridad y proveer ayuda de todo tipo, mostrando una vez más la fortaleza y capacidad de reacción de las organizaciones populares cuando se trata de estar en las luchas justas, aun en los peores contextos, como el actual.

Militantes, académicxs y organizaciones coinciden en sostener que el Estado debe dar respuestas urgentes y, en general, presentan las demandas en términos de políticas de vivienda y políticas de oferta de lotes financiados o a bajo precio. El lema es “tierra para vivir” y se lo plantea en clave de derechos: La tierra es un derecho” expresa el cartel que porta Norita Cortiñas, la Madre que jamás falta en las luchas del pueblo. A mi me gustaría sumar algo más a esto, a lo que creo que se debe reclamar al Estado y no se está haciendo porque nos seguimos restringiendo al abanico de “soluciones” que se ofrece desde hace más de tres décadas y que, a la vista está, poco tienen de solución.

En nuestro país y, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, donde el problema de las restricciones al acceso al suelo por las vías formales ha sido históricamente más grave, desde la restitución de la democracia se han ensayado medidas de tratamiento ex post del déficit habitacional que se han ido configurando como “la política de vivienda” del Estado y a la vez como “el reclamo” de las organizaciones. A ver si me explico. La secuencia generalizada desde fines de la década del ‘80 (cuando las restricciones al acceso al suelo y la vivienda a través de la compra o el alquiler se profundizaron) ha sido más o menos así: 1) ocupación, 2) tolerancia, 3) inicios de procesos de regularización.

1- Frente a las restricciones, se ocupan tierras. No hay ni hubo políticas habitacionales que representen una verdadera alternativa para los sectores populares, se podrá mencionar el Plan Federal de Viviendas, el Procrear y la mar en coche, pero para las familias que ocupan tierra, se exponen al frío, la lluvia y los palos de la policía, no ha habido política de Estado en materia de acceso a la vivienda.

2- Desde los gobiernos se hace la vista gorda y se toleran las ocupaciones de suelo vacante, periférico, de malas condiciones ambientales y nulas condiciones urbanísticas2. Toman estado público si, como en Guernica, se dan sobre suelo cuyos propietarios tienen planes de grandes emprendimientos, que significan grandes ganancias concentradas en pocas manos. Si no, no.

3- Si el conflicto no toma estado público (como sucede la mayoría de las veces, que estos problemas no trascienden más allá de algún medio local que cita la “preocupación de vecinos anónimos” por los derechos de los propietarios, más anónimos y ausentes todavía) se acude a la intervención del Estado provincial, que es el que tiene competencias en el tema. Al Estado llegan los reclamos de los propietarios o los de las mismas organizaciones de pobladorxs de las tomas, pidiendo regularización.

Particularidades bonaerenses

En las últimas tres décadas y pico, en la provincia de Buenos Aires éste ha sido el mecanismo mediante el cual los sectores populares han accedido mayoritariamente a un lugar donde vivir (no digo vivienda y tampoco digo ciudad, simplemente una parcela para asentarse). Y desde el Estado -con mayor o menor énfasis según la fracción política al frente del gobierno, pero con una orientación general uniforme- se ha intervenido con medidas ex post, es decir, las que van detrás del problema, no se le anticipan.

A lo largo de este tiempo se ha ido construyendo una suerte de caja de herramientas para atender estas situaciones que no han hecho más que patear la pelota para adelante, una especie de “hacer como si” el Estado se ocupara del tema3. Esta manera de actuar pretende, cuando se han ocupado tierras “con dueño”, prometer a lxs propietarixs que se les va a pagar por su inmueble, así como tranquilizar a lxs ocupantes ofreciendo algún certificado que haga las veces de constancia de ocupación mediada por el Estado y brinde alguna ilusión de seguridad de la tenencia. Así se queda más o menos bien con dios y con el diablo, pero una vez puestas en marcha, esas herramientas de regularización (que son distintas según la situación dominial de cada inmueble) generan procesos que llevan muchísimos años y tienen bajísimos porcentajes de resolución.

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La falta de política urbana en sentido amplio (y aquí las competencias y responsabilidades recaen también en los gobiernos municipales) termina dejando a las tomas de tierra como la única alternativa para los sectores populares. La política urbanaestá constituida por el conjunto de decisiones públicas que tienen incidencia en la generación y distribución de las rentas que surgen de los procesos de urbanización, tanto por intervenciones directas (como obras públicas) como a través de la normativa urbanística que valoriza diferencialmente, favorece, limita o comanda el accionar de actores privados. Por su parte, la política habitacional atiende al déficit cuantitativo o cualitativo de viviendas mediante la construcción directa, el financiamiento (público o privado ‘facilitado’ por el Estado), la regulación de los submercados de alquileres y/o de oferta suelo urbano, apoyo a la autogestión del hábitat, etc. Política urbana y política habitacional deberían dialogar, pero no es lo que sucede mayoritariamente en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Se debería partir de una comprensión profunda de los procesos de urbanización en nuestras ciudades y actuar de manera global, no sectorial. Doy un ejemplo: que haya grandes emprendimientos urbanos e, incluso, que haya programas como el Procrear o cualquier otro programa de aliento a la construcción sin regulación del mercado de suelo4, incide en la existencia de familias sin vivienda porque no se toca la concentración de la renta urbana. No se quieren tocar los privilegios de los propietarios de suelo y los desarrolladores urbanos. El Estado no lo hace y nosotrxs no lo exigimos.

Ante un mercado al que no le interesa la demanda de los sectores populares y la insuficiencia de las políticas habitacionales, “la política” termina siendo dejar que se ocupe suelo vacante para actuar después, sobre el hecho consumado, con medidas más baratas, que resuelven poco, renuevan promesas y mantienen vigentes las sujeciones a los punteros políticos. Más baratas porque las políticas de regularización bonaerenses se han recostado sobre la dimensión dominial del problema (la cuestión de la propiedad) sin asignar recursos para ello y, por lo tanto, sólo deteniendo los estallidos, y también porque han dejado recaer la dimensión urbanística-ambiental sobre las espaldas de lxs habitantes, y es esa dimensión la que implica inversiones en infraestructura, equipamientos, viviendas y la que podría incidir en mejorar la calidad de vida de las familias de los barrios populares y también producir otro tipo de ciudad. Para ser explícita: con un certificado de ocupación o, incluso, con un título de propiedad, no evito meter las patas en el barro cada vez que salgo a llevar a mis hijos a la escuela, ni caminar 10 cuadras para llegar al asfalto (y al colectivo), ni que se corte la luz varias veces a la semana por la precariedad de los tendidos, ni que el agua que beben mis hijos sea de muy mala calidad… No intento menospreciar la sensación de seguridad que puede dar a lxs ocupantes el reconocimiento público de la posesión y/o la propiedad del suelo que habitan, pero insisto en que, al menos en la provincia de Buenos Aires, ese reconocimiento roza con lo ilusorio, tal como lo demuestran los resultados de las investigaciones al respecto. Aun apuntando preferentemente a la dimensión dominial, los porcentajes de concreción de los procedimientos de regularización son bajísimos5 y así mantienen vigenteslaspromesas y la atadura de lxs pobladorxs a los mediadorxs políticos que periódicamente (en general, antes de las elecciones) vuelven a los asentamientos a prometer “regularización por la pierri”, “ley de expropiación” y otras frases por el estilo que ya forman parte de la jerga punteril más básica, aunque pocos sepan bien de qué se trata y cuánto han fructificado realmente.

Creo que la forma que adoptó la política pública hacia los asentamientos populares ha moldeado las demandas que las organizaciones sociales le hacen al Estado y es ahí donde me parece que tenemos que apuntar los esfuerzos, no para actuar ahora ante la emergencia de Guernica ni ante ninguna situación donde estén expuestas las vidas de familias pobres, sino para prefigurar otras demandas, mejores demandas.

Derecho a la tierra, Derecho a la Ciudad. Animarse a torcer el rumbo de las demandas

Decimos ¡derecho a la tierra! ¿Qué tierra? ¿localizada dónde? ¿con qué servicios? ¿con qué equipamientos? ¿a cuánta distancia del transporte, el centro de salud, la escuela, el comercio de proximidad?

Desde las organizaciones muchas veces se insiste con la frase “queremos pagar por la tierra” para pedir venta financiada de terrenos, reinstalando de alguna manera lo que fue el submercado de loteos populares, principal mecanismo de acceso al suelo de lxs trabajadorxs hasta mediados de los ‘70 y responsable, también, de la baja calidad urbanística de los municipios del Conurbano Bonaerense (así como de la periferia platense, que vivió el mismo proceso, a menor escala). Al pedir “tierra para vivir” sin un análisis más profundo de la cuestión, en el contexto actual y en el marco de la trayectoria del vínculo entre el Estado y las organizaciones sociales, estamos pidiendo esto: “tierra para pagar a la vez que trabajamos y ponemos los escasos recursos que tenemos en construir viviendas, construir barrio de malísima calidad y construir una pésima ciudad, que resulta de la sumatoria de todos esos emprendimientos localizadosen los resquicios que deja el mercado.

Tanto nos han machacado con la idea de que la seguridad sólo la da la propiedad, que se termina pidiendo tierra en venta para cargar después con el trabajo de producir barrio y cuidad. Las familias y las organizaciones, además de levantar sus viviendas, de vivir en casas precarias y de convivir con obras de mejoramiento durante largos años, deben organizarse para pavimentar, tirar caños de agua, tendidos eléctricos, crear espacios comunitarios, etc, etc. La dimensión material del habitar -que otros sectores sociales resuelven a través del mercado- en las urbanizaciones populares será producto del trabajo de lxs habitantes, o no será. No hay acciones del Estado en pos de alivianar ese trabajo y de ser la entidad capaz de orientar los procesos de urbanización para generar ciudades menos dispersas, más sostenibles, mejor dotadas de servicios y equipamientos y más inclusivas.

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Además, no hay que olvidar que la localización periférica de las ocupaciones -signadas por la localización de las tierras vacantes- termina produciendo una ciudad dispersa, mal dotada de servicios, ambientalmente insostenible, que significará mayores esfuerzos en las vidas cotidianas de lxs habitantes, para buscar trabajo, para ir a trabajar, para ir al hospital, a la escuela, para que llegue la ambulancia… estos costos posteriores, también serán costos diferenciales, que no tendrán que asumir los sectores privilegiados que, por tener dinero, acceden a mejores localizaciones de sus viviendas y consumen los bienes y servicios urbanos con mucha mayor comodidad y menores costos (bienes que, recordemos, son producidos colectivamente). Cabe advertir aquí que los sectores populares y sus urbanizaciones periféricas no son los únicos (ni siquiera los principales) responsables de las ciudades dispersas y mal servidas que tenemos en Buenos Aires. Los procesos de urbanización que destrozan las ciudades están comandados por las lógicas especulativas sin control público. Salvo mínimas excepciones, los gobiernos municipales no han intentado comandar estos procesos en pos de ciudades compactas, ambientalmente más amigables, porque eso significa ponerse en contra a los que les financian las campañas.

La creación del RENABAP y la asignación de cuantiosos recursos para la urbanización de estos barrios es un hecho para celebrar6. Por fin se destinan fondos para atender más de 4400 asentamientos y villas en todo el país, tareas que además generaran empleo en los mismos barrios. Esas villas y asentamientos existentes necesitan obras de infraestructura y mejoramiento habitacional y ojalá que se concreten pronto. Pero también se prevé la regularización en términos de titulación individual y la disponibilidad de recursos hace prever que se podrían destrabar muchos de los obstáculos que han impedido la conclusión de los procesos de regularización y, más tarde o más temprano, culminarán en títulos individuales. Esos títulos pondrán toda esa tierra regularizada en los registros de la propiedad a nombre de sus actuales ocupantes y, por lo tanto, pasibles de ser vendidos y comprados por grandes inversores. Los barrios localizados allí donde las ciudades experimenten (o promuevan desde sus políticas urbanas) procesos de valorización, podrían comenzar a sufrir presiones de los capitales para expulsar a lxs habitantes. Y eso tanto en los barrios mejor localizados respecto del centro como en aquellos situados en la periferia, actual territorio de disputas con las empresas desarrolladoras de barrios cerrados. De ninguna manera estoy sugiriendo que las familias que con tanto esfuerzo construyeron sus viviendas y barrios, una vez obtenido el título de propiedad quieran salir a lo loco a vender y capitalizar todo ese esfuerzo, desde luego que para ellas, esas viviendas y esos lotes tienen ante todo valor de uso, no de cambio. Pero los procesos urbanos que implican grandes ganancias suelen llevarse todo por delante y los mecanismos que usan las empresas no sólo incluyen ofertas generosas, sino hostigamientos y otras artimañas (policiales, judiciales…) que pueden expulsar a las familias, aunque tengan certificados de posesión o títulos.

Si la disputa por la tierra es una disputa con el mercado, tenemos que atrevernos a torcer el rumbo general de la cuestión, redoblar la apuesta y exigir el retiro de la tierra regularizada del mercado, aunque esto signifique no convertir a cada proletario en propietario. Y no estoy hablando de prohibir a lxs beneficiarixs de la regularización la venta de esas tierras por algún periodo de tiempo7, sino de retirarla definitivamente del mercado a través de la propiedad colectiva. Dar relevancia al valor de uso de la tierra y extraérsela al mercado, planear cercamientos populares en los que no pueda entrar la lógica mercantil, en ninguna de sus formas. Me refiero, por ejemplo, a generar urbanizaciones cooperativas8 en las que se suprima la propiedad individual en pos de la propiedad colectiva, con derecho de uso de cada vivienda9 y espacios comunes abiertos a la comunidad. Inventar y defender mecanismos que protejan la propiedad colectiva en tanto garante de la exclusión de los inmuebles ganados al mercado en las luchas colectivas. Si cada toma de tierras termina en un conjunto de propietarios, la lógica mercantil operará siempre capturando individualmente los valores producidos de manera colectiva. La posibilidad de que el suelo o las viviendas se vendan después de una titularización (y que la venta incluya la valorización propia de la consolidación de los barrios)10 queda anulada si la propiedad es cooperativa y en los estatutos se prohibe la venta en ningún mercado (tanto formal como informal)11.

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No estoy inventando nada nuevo, por supuesto. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de la Ciudad de Buenos Aires tiene estos planteos desde hace más de tres décadas, en el año 2000 consiguió junto a otras organizaciones sociales que se sancione una ley de apoyo a la autogestión de vivienda en la CABA12 y actualmente pelea por la sanción de una Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular en el marco del Colectivo de Organizaciones de Hábitat. En Uruguay, tiene medio siglo el movimiento de cooperativas de vivienda impulsadas con recursos públicos y sostenidas desde la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. En Europa existen experiencias de varias décadas en Dinamarca, Suiza y Alemania y más recientes en España. Ejemplos para aprender, tenemos muchos, los más importantes están a unos pocos kilómetros de casa.

Imaginemos que esos miles de millones de pesos que va a manejar el RENABAP se destinan a obras y procesos de fortalecimiento de organizaciones autogestivas, propietarias13 de suelo excluido del mercado. Eso podría significar que todo ese dinero se queda en el pueblo y no alimenta ningún proceso especulativo. Imaginemos también que los municipios de la provincia comienzan a implementar medidas contempladas en la Ley de Acceso Justo al Hábitat para la captación de plusvalías de los procesos de urbanización y destinan esos recursos a procesos autogestivos de producción de viviendas sobre suelo que permanezca público, pero en manos de organizaciones sociales, fuera del mercado. A todo esto hay que pensarlo y convertirlo en propuestas que guíen las peleas, luego en experiencias pequeñas que sirvan de ejemplo, y así…

Si nos ofrecen propiedad, tenemos que redoblar la apuesta y decir queremos ciudad. Y una ciudad que incluya a todos los sectores sociales, hoy y dentro de 20, 30, 50 años… Creo que hay que involucrar al Estado en la defensa de lo público. Esto parece paradójico pero no lo es porque hasta el momento toda la política urbana, las políticas habitacionales y las de regularización de villas y asentamientos han apuntado a la enajenación de los recursos públicos. Y el problema sigue ahí y cada vez peor. Involucrar al Estado como agente financiador de procesos autogestivos que se inserten en proyectos de ciudad en los que también tengamos incidencia como habitantes y como productorxs de un urbanismo diferente.

Entonces, luego de toda esta perorata, lo primero es decir: ¡No al desalojo de la toma de Guernica! y pronta solución a la falta de vivienda de las miles de familias que carecen de una vivienda adecuada. Mientras tanto, discutir qué entendemos por solución, darle forma colectivamente y salir a pelearla.

Mariana Relli

28 de septiembre de 2020

Fotos: Reinaldo Ortega

Buenas notas para conocer la problemática:

Argentina: la toma de tierras, la otra Guernica, Silvio Schachter (Herramienta, 20/9/20)

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=3327&fbclid=IwAR3AqqMhn37jiu46DRWudj4L0hGEXp9CagB72Y9zeTk1hEZA1MV07D9nTTQ

“La tierra que se ocupa es la que descartó el mercado”, entrevista a María Cristina Cravino (Página 12, 21/9/20) https://www.pagina12.com.ar/293418-maria-cristina-cravino-la-tierra-que-se-ocupa-es-la-que-desc?fbclid=IwAR12pxf58AodRBMAUJXWLQzlof_0FKBTQm-1cfzKc-orE2Spkb03Zi27B8g

¿Las ocupaciones de suelo como política de vivienda?, María Cristina Cravino (Café de las Ciudades, sept 2020) https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/359/las-ocupaciones-de-suelo-como-politica-de-vivienda.html?fbclid=IwAR0_LF6WzB1J3HO_Hmhldh8HVkY9azXsc-mz8u87lR-r6rosi97b26h0qk8

La tierra, siempre la tierra, Damián Raboso (El cohete a la luna, 27/9/20) https://www.elcohetealaluna.com/la-tierra-siempre-la-tierra/

Pasado y presente de las tomas de tierra en el GBA, Santiago Nardín (UNLZ, sept 2020) http://cordon.unlz.edu.ar/2020/09/10/pasado-y-presente-de-las-tomas-de-tierras-en-el-gran-buenos-aires/?fbclid=IwAR3KZJcxHvAiekny7mwFbZpde9wYIe1PQe6r3Hn4_Kk5hBtfwM6YOEsUWus

Mercados de suelo, Rosario Fassina y Felipe Mesel ACIJ (Perfil, 19/9/20)

https://www.perfil.com/amp/noticias/columnistas/mercados-de-suelo.phtml?

1Al final del texto menciono una serie de buenas notas al respecto.

2Y acá valdría hacer varias distinciones a modo de ejemplo, para ilustrar la complejidad del asunto que suele mostrarse en los medios de una sola manera. Por un lado, los tipos de ocupaciones: organizadas y espontáneas; ocupaciones de organizaciones sociales o encabezadas por punteros en connivencia con actores políticos municipales o provinciales o con los mismos propietarios de los terrenos; ocupaciones que en realidad no lo son tanto y tienen detrás fraccionamientos ilegales llevados adelante por agentes económicos que sacan provecho de esta actividad (igual que una empresa inmobiliaria, pero en el mercado irregular y, casi siempre, con la venia de algún actor político), etc. Por otro lado, distinguir también la calidad del suelo que se ocupa: en general, las ocupaciones suelen hacerse sobre suelo vacante, es decir, sin que sus propietarios hagan uso (residencial, productivo) de él, a veces el propietario está ausente (por ejemplo, herencias vacantes) o es el Estado, pero en los medios se instala la idea de que si te vas de compras, te ocupan el patio de tu casa, y eso no es así; además, las tierras que se ocupan, suelen presentar problemas ambientales (son inundables, contienen basurales o están contaminadas por residuos industriales, etc) y carecer de todos los servicios.

3A más de treinta años, los resultados generales son muy escasos y, además, una política que se planteaba como transitoria (resolver el problema puntual de los asentamientos de fines de los ‘80 y principios de los ‘90), fue virando en política permanente y, sus organismos de aplicación, el blanco de las demandas de las organizaciones sociales.

4Existen múltiples herramientas para eso, varias contempladas en la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia, pero que no se implementan por falta de decisión política y/o connivencia entre los gobiernos municipales y los agentes inmobiliarios y propietarios de suelo.

5Tanto la ley nacional 24374 (conocida como Ley Pierri) como las leyes de expropiación, que son las medidas protagonistas de la política de regularización, ostentan bajísimos porcentajes de culminación de los procedimientos, por múltiples razones.

6El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) tiene asignados unos 8.000 millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana para avanzar en titularización y realizar obras en 4416 barrios; este presupuesto puede elevarse muy considerablemente de ser aprobado el impuesto a las grandes fortunas que prevé destinarle al Fondo un 15% de lo que se recaude (estiman unos 45.000 millones más).

7Esto suelo hacerse con las viviendas de programas habitacionales y es una manera de dar propiedad tutelada o condicionada por el Estado, además de ser una medida inútil, puesto que alimenta los mercados irregulares.

8Digo barrios nuevos y digo edificios y viviendas dentro de la ciudad consolidada. Digo construcciones nuevas y digo operaciones de renovación urbanas con financiamiento público y autogestionadas por organizaciones que no sólo estén bregando por la satisfacción de necesidades habitacionales, sino produciendo ciudad de calidad.

9Que se pueda disfrutar de la vivienda toda la vida e incluso heredarla en tanto derecho de uso, no mercancía.

10Veamos qué pasa dentro de unos 10 ó 20 años, una vez finalizados los procesos en marcha de titularización en las villas 20, 31 y 31 bis y Rodrigo Bueno de la ciudad de Buenos Aires, tan impulsados desde el BID y el gobierno Pro ¿cuántas familias beneficiarias de los programas podrán permanecer en esos barrios? ¿cuántas empresas habrán conseguido adquirir (con toda la “legalidad” que ofrece el mercado formal) suelo que hoy no está a su alcance, justamente, por ser ocupaciones irregulares?

11Claro que esta cuestión trasciende lo estatutario y debe formar parte de los valores y los posicionamientos ideológicos que nos cohesionen.

12Ley 341 de 2000.

13Propietarias o gestoras de suelo público, cedido a 50, 100 años.

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