Reforma educativa en Mendoza y resistencias que enseñan en pandemia

La provincia de Mendoza es el lugar donde nació y se acondicionó el lápiz de Quino y también la atmosfera en la que se cultivó la música del Nuevo Cancionero Cuyano, solo por nombrar dos simbolismos tan disruptivos como persistentes. Sin embargo entre la distancia de los años y la porfía de una clase dirigente consistente en eso de mostrarse conservadora, también en Mendoza surgieron los Sanz, los Cornejos y los Cobos. Harina de otro costal. Lo cierto es que si no fuera porque de golpe la lucha por la educación pública desborda las calles o la repentina muerte del creador de Mafalda nos sorprende, tal vez seguiríamos repitiendo a coro el relato de la provincia más reaccionaria.

¿Qué pasa con la educación en la provincia?

El problema de la educación en Mendoza es integral desde donde se lo mire. Docentes precarizados, estudiantes excluidos y poblaciones escolares fragmentadas. Hasta allí nada nuevo bajo el sol, solo que además de la vieja inercia política menduca, desde la llegada de Alfredo Cornejo al poder la retórica meritocrática ha intentado institucionalizarse por todos los medios. Como era de esperarse esa “virtud” cornejista ha sido bien labrada por el ahora Gobernador Rodolfo Suarez. La presentación del borrador para una nueva Ley Provincial de Educación dada a conocer por el Director General de Escuelas, José Thomas, ha logrado movilizar a todos y todas las trabajadoras de la educación provincial.

Sucede que, entre otras cosas, el proyecto pretende avanzar en una municipalización de la educación provincial como forma de hacer más eficiente la “prestación del servicio”. La propuesta enumera un conjunto de “servicios educativos” administrados por el municipio que pudieran desarrollarse “con o sin apoyo de la DGE”. En la misma línea propone la sanción de una ley específica que dotará de argumentos funcionales a los departamentos en materia educativa.

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Como siempre, la forma de abordar la problemática educativa es un buen indicador de las dosis neoliberales que los gobiernos contienen, este ensayo que la alianza local de Cambiemos propone, busca legalizar un poco más la inestabilidad laboral existente, tal como lo hacen los países “en serio”. El Otro Diario lo describe en cuerpo entero, solo rescatando las palabras del responsable de la DGE: “Chile, Perú, Ecuador la están haciendo. ¿Cómo hicieron el cambio? Ascensos según el nivel de desempeño, básico, y nivel de formación del docente; no cursito, sino se tiene un título de grado, un posgrado, un doctorado; promoción horizontal, o sea, vos en la misma carrera siendo docente podés ganar más plata si sos mejor, si tenés mejores resultados; carrera directiva en paralelo a la carrera docente; y sobre todo, que la estabilidad laboral queda supeditada a los resultados de cada docente”.

Así las cosas, el gobierno de Suarez logró articular rápidamente la bronca popular una vez más. Los sindicatos de la educación tomaron nota del reclamo de las bases a este intento de deterioro educativo y llamaron a un caravanazo los días 29 y 30 de setiembre: “Lo que se tiene que saber es que esto no es una reforma. Acá se definen dos proyectos. Uno que quiere desfinanciar la educación pública y culpar a los docentes y otro que es el que necesitamos que defienda la educación como derecho y con asignar los recursos del Estado que se necesitan, para que las escuelas sean lugares donde se aprende de verdad”.

Sin decir más, los y las trabajadoras de la educación desbordaron calles y redes, hasta hace poco solo ganadas por un pequeño número de manifestantes “anticuarentena”. Lamentablemente se descuenta la requisa de los efectivos policiales a los laburantes de la educación, no así a las señoras paquetas que reclamaban por la vuelta de la gloria militar.

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Concretamente, se denuncia que este entuerto no da garantías de incidencia en la elaboración de la reforma para los trabajadores, refuerza la evaluación de capacidades y no de aprendizajes, erosiona toda inversión artística, elimina los Centros de Capacitación para el Trabajo, abre la puerta al financiamiento de empresas, además de colocarle ropajes mercantiles al “desempeño” de los y las docentes.

Si bien ha ganado notoriedad una curiosidad de la propuesta: la vigilancia de docentes en el manejo “adecuado” de las redes sociales,  lo cierto es que esto –llamativamente- no es lo más grave. La propuesta incita a ampliar los márgenes de desigualdad de acceso a la educación, en tanto y en cuanto propone un mentado “Sistema Educativo Digital” sin la más mínima alusión a la brecha digital de la provincia; asimismo excluye a jardines maternales y los Centros de Apoyo Educativos del sistema de educación. El listado y el malestar siguen, pero en gran medida esto resume las intenciones oficialistas en Mendoza.

Por suerte la provincia cada tanto recuerda el lugar contestatario que ha sabido cultivar, y sale a poblar las calles reclamando, en este caso, que la educación es un derecho. Paco Urondo –escritor, militante y poeta- quien fuera asesinado en Guaymallen-Mendoza, escribió alguna vez “no quiero volver a ese lugar intransitable y escuálido donde todo parece dormido”. Esperemos algún día salir de esta serena siesta mendocina.

One thought on “Reforma educativa en Mendoza y resistencias que enseñan en pandemia

  1. Impecable. Muestra claramente q no se trata solamente de un pésimo momento para la propuesta de ley, sino q la propuesta en sí no puede aceptarse. Pues se basa en criterios que no son educativos.

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