Del adversario al enemigo: Un relato sobre la cacería política en Bolivia durante el 2019.

El sociólogo Patrick Champagne ya hablaba, hace 30 años, de los periodistas y comunicadores  que ayudan a organizar y poner en escena, como un espectáculo, el movimiento de protesta, para que tenga un “impacto” máximo sobre la “opinión”[1]. Si nos hemos acostumbrados a una teatralización omnipresente en nuestros paisajes mediáticos, se hace necesario investigar de manera sistemática quiénes son los actores susceptibles de cumplir tal papel en cada movilización, y lo que contribuyen a esconder e incentivar[2].

            A partir de lo sucedido a finales del año 2019 en Bolivia en torno a las elecciones generales del 20 de octubre, y de la sospecha de un fraude «masivo»[3] tras la suspensión «dudosa» del sistema de conteo rápido de votos[4], nos proponemos volver sobre el fenómeno social y mediático que desembocó en el derrocamiento del presidente Evo Morales, que intentaba lograr -bajo la Constitución de 2009 – un tercer mandato formalmente anticonstitucional[5]; y eso a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le había dado por un estrecho margen un «no» a su posible cuarta candidatura[6]. Tal fenómeno, llevado a cabo en las calles por la denominada «revolución de las Pititas», en apariencia «pacífica» y «apolítica», a favor de la «democracia» y contra la «dictadura», se encuentra en realidad nutrido por precedentes históricos corporativistas, violentos y racistas, que alcanzaron en 2019 a conseguir una legitimidad desde la cual pasaron a caracterizar al Movimiento al Socialismo (MAS) -que obtuvo un 47% de los votos, según el conteo oficial- ya no como un “adversario político a combatir” sino como un “enemigo a eliminar”.

1. El Comité Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista: la sombra detrás de las «Pititas».

            Si bien por un lado las «diferencias

[aparecían]

cada vez más evidentes entre el modelo desarrollista adoptado por Evo Morales y el defendido por las organizaciones indígenas»[7], y que por otro lado las clases medias urbanas nunca se habían sentido realmente defendidas por su gobierno, la oposición más peligrosa para el MAS seguía estando en la región de la «Medialuna», en particular el departamento de Santa Cruz. Allí el Comité Pro Santa Cruz[8] es «el más poderoso de todos en capacidad de movilización popular y de lobby»[9].

            La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) es una agrupación autónoma de extrema derecha creada en 1957 y considerada como paramilitar por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Fue concebida como el « brazo armado del Comité Pro Santa Cruz, encargado de la lucha de calle, del adoctrinamiento popular y del apoyo militar al Comité»[10]. Su filosofía se arraiga en una larga tradición colonial, racista y fascista contra los pueblos indígenas y a favor de los intereses de una oligarquía blanca, exportadora y separatista, la cual es conocida por sus malversaciones en términos de evasión fiscal, entre otras cosas. En unos videos publicados por la misma UJC, se puede apreciar el tipo de pronunciamiento del grupo a favor de la «democracia» y contra la «dictadura» de Evo Morales[11], dicotomía igualmente empleada por el movimiento «pacífico» de las autodenominadas «Pititas», que se manifestaron en las calles contra el gobierno del MAS.

            Luis Fernando Camacho, actual candidato a la presidencia, es un emprendedor y millonario cruceño que dirigía hasta hace poco tiempo el Comité Pro Santa Cruz, después de haber sido vice-presidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Tuvo un rol determinante en los eventos de octubre y noviembre por su habilitad para movilizar a las masas en grandes cabildos y su aptitud para teatralizar sus acciones. Intentó varias veces llegar a La Paz con una carta de renuncia para hacerla firmar al presidente Evo Morales y entró en el palacio presidencial el 10 de noviembre con una Biblia en mano, símbolo sujeto a polémicas – al igual que los retiros de escudos y las quemas de Wiphala, la bandera indígena, por parte de unos policías amotinados – y que la presidenta interina Jeanine Áñez usaría de la misma manera como símbolo de «esperanza»[12].

            Pero retrocedamos. En 2006 en Santa Cruz, los grupos de choque de la juventud cruceñista «circulaban en las calles, saqueaban los negocios de los propietarios que no respetaban el paro cívico

[contra el gobierno de Morales]

y linchaban a militantes del MAS», mientras «los dirigentes regionalistas […] demostraban un cierto laxismo respecto al activismo violento y racista de unas de sus bases»[13]. Con tales antecedentes, se podría entender por qué la oposición radical a Evo Morales tuvo que trabajar positivamente su imagen, aprovechándose de un movimiento «no violento» para disimular o por lo menos matizar la virulencia de semejantes acciones que no tardaron a reproducirse en 2019[14]. Como bien lo destaca Renaud Lambert, gracias al movimiento de las «Pititas», la oposición encuentra «un nuevo ángulo de ataque: no denunciará más al “Indio analfabeto” o al “comunista”, sino más bien el “dictador” que se arraiga al poder. Abordará las elecciones generales de 2019 no apelando a ganar contra un adversario, sino a echar a un “dictador”»[15]. Sin embargo, la reivindicación de la «democracia» por parte de los comités cívicos no es nueva ya que en 2007, en medio de disturbios perpetrados por la oposición, ya se trataba de imponer en los medios la dicotomía «por la democracia» y «contra la dictadura de Evo Morales»[16].

            En este momento, más de un millón de personas se habían reunido en El Alto en julio de 2007 en apoyo al gobierno de Evo Morales y la tentativa de desestabilización había fracasado. Era demasiado temprano para acusar de «dictadura» un gobierno recientemente electo con un 53,7% de los votos en primera vuelta. Además de subrayar la misma dicotomía maniquea, estos ejemplos demuestran la realidad de unos modos operativos muy similares a los que ocurrieron en 2019 y que los medios dominantes no mostraron, disminuyeron o presentaron como legítimos.

            Asimismo, el “relato” de las «Pititas» funciona como máquina discursiva para invisibilizar actos indeseables y para justificar lo visible. Según el mismo efecto de polarización, y bajo la excusa de una reacción ciudadana adecuada al autoritarismo del gobierno y la presencia de sus grupos de choque, se pudo presentar la quema de los Tribunales electorales y los numerosos saqueos (incentivados por el mismo Luis Fernando Camacho[17] que de paso impedía la posibilidad de llevar a cabo una investigación completa sobre la sospecha de fraude), como si fuera un sencillo gesto de rabia popular. Asimismo, minimizando o ignorando los innumerables testimonios de agresiones perpetuadas por los cívicos (en particular en el área rural, al igual que la represión a la prensa independiente o ligada al oficialismo), se pudo incentivar en los medios las noticias convenientes al movimiento destituyente (por ejemplo la quema de la casa del rector de la UMSA Waldo Albarracín) y evacuar de las pantallas la realidad de los saqueos y quemas de domicilios de afiliados al MAS[18], las amenazas que sufrieron ellos y sus familiares, en particular el día mismo de la renuncia de Evo Morales, perpetrando tras estos actos de terror las renuncias en cadena de partidarios al gobierno. La campaña de persecución a militantes y funcionarios que armó el gobierno «de transición», apoyada sobre grupos de choque cívicos y con la complicidad de los principales medios de comunicación, se inscribió en esta lógica autojustificadora aparentemente sin límites, que pudo legitimar la dramaturgia de maniobras reveladoras de estrechos vínculos entre fuerzas de policía, fuerzas armadas y comités cívicos[19].

2. De la negación del conflicto a la criminalización del enemigo

            Como bien lo destacan Angélique del Rey y Miguel Benasayag en su libro Elogio del conflicto, «lejos de ser pacificadas, las sociedades contemporáneas que se niegan a considerar el conflicto quedan cargadas de una violencia – fría o caliente – extrema y sin límites»[20]. De hecho, cómo no vislumbrar en ellas, destacan los autores, «un ahogamiento del conflicto que implique una desvitalización del tejido social, el olvido de este anclaje determinante en los conflictos orgánicos a la sociedad, constituyendo el principio mismo de su evolución»[21]. En este sentido, «según la ideología dominante de nuestras sociedades disciplinarias, sólo un loco puede querer la guerra»[22] mientras «en la gran mayoría de las culturas, el guerrero fue una imagen central de la sociedad, incomparable con la actual hipocresía que articula sin dilema la industria próspera del armamento y el prestigio del uniforme con discursos lenificantes sobre la investigación del fin de los conflictos armados»[23].

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            De esta manera, es interesante observar el desplazamiento significativo en la percepción de un ethos guerrero indígena (en particular Aymara), históricamente condenado por los gobiernos coloniales y neocoloniales, luego valorado en el 2003 en la época de la asunción de Evo Morales y determinante en la conformación del MAS, y nuevamente criminalizado durante los acontecimientos de 2019.

            Otra vez, retrocedamos. 20 de septiembre de 2003. Varios sectores de la población se movilizan contra el plan de privatización del gas, que el entonces presidente Sánchez de Lozada quiere vender a Chile. En un contexto particularmente represivo, «los combativos Aymaras de Achacachi publican un manifiesto anunciando la constitución de un alto comando de la resistencia civil, sostenido por una máquina de guerra indígena potente […] por su capacidad en apoyarse sobre las estructuras sindicalistas y comunitarias que encuadran la vida rural del Altiplano. El objetivo consiste en preparar bloqueos de calle para, progresivamente, llegar a cercar al gobierno»[24]. Ahí, los militares y los campesinos libran duras batallas por el control de las rutas, los campesinos adoptan el lema «Bloquear sin ser masacrados» y así, «los principales ejes de transporte se encuentran cubiertos de piedras sobre kilómetros [mientras] la consigna aymara “Ahora sí, guerra civil” llega hasta El Alto [donde] las juntas vecinales se unen al conflicto, anunciando, el 8 de octubre, una guerra cívica ilimitada»[25].

            De ser los héroes de una revolución –incluso según la opinión de muchos ciudadanos de clase media, en ese entonces solidarios en la lucha contra el gobierno represor de Sánchez de Lozada–, los mismos tipos de actores y sus prácticas pasaron a ser «hordas del MAS» en el marco del relato (storytelling) «democracia» contra «dictadura» que, después de que asumiera el gobierno «de transición», se transformó en la consigna de «pacificación» contra el «terrorismo». El grito de los diversos sectores movilizados que llegaron para protestar contra lo que calificaban de golpe de Estado y bajo el mismo lema «Ahora sí, guerra civil»[26], al cual se había sumado «Evo no estás solo carajo»,[27] fueron ignorados o descriptos, implícitamente o explícitamente, como salvajes fanáticos y antidemocráticos por parte de los principales medios televisivos[28]. Ahí se negaba la historia de las luchas indígenas[29] cuyos métodos de resistencia armada ocurrieron solamente en unos momentos determinados de la historia (y con manifiesto desequilibro de fuerzas)[30]. Los métodos de lucha tradicionales, mayoritariamente pacíficos, como los bloqueos y los cercos[31], fueron empleados nuevamente en 2019. Estos últimos han sido calificados por el ministro de gobierno Arturo Murillo como «crimen de lesa-humanidad»[32], expresión habitualmente empleada en la región para describir los casos de tortura y los genocidios perpetrados durante las dictaduras cívico-militares latinoamericanas.

            Cabe destacar que tal marco de interpretación fue permitido por las conductas previas del principal opositor a Evo Morales, Carlos Mesa, quien se sumó con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) -poco a poco minimizado por el creciente protagonismo de Luis Fernando Camacho- a la amplia Coordinadora de Defensa de la Democracia[33] asegurando ante las cámaras -con un impecable estilo diplomático y mientras había durante dos semanas incentivado las movilizaciones de calle-, que no había sucedido ningún golpe de Estado sino una «verdadera primavera boliviana democrática»[34].

3. Sacaba, Senkata, de 2002 y 2003 a 2019: mismas masacres, distinta recepción.

            Damos por última vez una vuelta por unos antecedentes en las mismas zonas de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) donde ocurrieron las masacres de 2019 que elevaron, sumado al resultado de la represión en otras regiones, el saldo de víctimas bajo el gobierno «de transición» al mínimo a 33 muertos y 500 heridos[35]. Los acontecimientos del 10 de octubre de 2003 son elocuentes en su semejanza con lo sucedido en el 2019, salvo por sus resultados: en Senkata, el gobierno de Sánchez de Lozada mandaba -dieciseis años antes y al igual que el gobierno de Jeanine Áñez-, los militares para liberar el paso de camiones-cisternas paralizados por los bloqueadores. Pero la operación terminó por aquel entonces en un fracaso para el gobierno y desembocó en la renuncia del presidente[36].

            Los atropellos de Senkata el 19 de noviembre 2019 concluyeron en un fracaso para los movilizados, y una desgracia mediática por las diez víctimas: el bloqueo se levanta sobre la sangre derramada, y los camiones-cisternas, al igual que el reaprovisionamiento de comida, terminan yendo a la capital con la aprobación de la mayoría de la población urbana, que se sentirá liberada por la policía y los militares de esos «maleantes asesinos», según se los presentaba desde el gobierno y en los principales medios de comunicación.

            En término de semejanza en el discurso, retomamos este otro evento sucedido 17 años atrás:

El 15 de enero de 2002, una manifestación de cocaleros en Sacaba, cerca de Cochabamba, deriva en un enfrentamiento sangriento entre policías y militares por un lado, y cocaleros por otro lado. Este conflicto que duro 4 días se acabó con un resultado de 9 víctimas: 5 campesinos, 3 soldados y un policía. Numerosos cocaleros, acusados de «sedición» y «asesinato», están presos. En este contexto, el clima anti-cocalero se vuelve pesado. Un editorial del periódico La Prensa (La Paz, 19 de febrero de 2002) presenta informes de los servicios secretos relativos a la presencia en Sacaba de «franco-tiradores extranjeros» (supuestamente colombianos), haciendo recordar los frecuentes viajes a Cuba de Evo Morales. A la mañana, otro editorial del mismo periódico volvió sobre la orientación «sediciosa» de un movimiento cocalero infiltrado por «terroristas», y la necesidad de «neutralizar Evo Morales». Unos días después del conflicto en Sacaba, la sede de la federación cocalera del trópico [en Cochabamba] fue asaltada por una unidad policial de choque. Una centena de campesinos quedaron arrestados (entre ellos, 21 dirigentes). Mientras tanto, las autoridades exigen la interrupción de la radio cocalera Soberanía que emite desde el Chapare.[37]

            Como en 2002, se denunció en 2019 una injerencia extranjera, planteo que se sostuvo gracias a una puesta en escena organizada y defendida ante los medios por el mismo ministro de gobierno Arturo Murillo[38]. Como en 2002, los ministros Roxana Lizarraga y Arturo Murillo emplearon las palabras «sedición» y «terrorismo» para calificar los métodos de movilización campesinos e indígenas. Tales fórmulas llevaron a ratificar el entonces polémico decreto Supremo 4078 que permitió a las Fuerzas Armadas actuar con total impunidad. Los comentadores más opuestos al ex-gobierno de Evo Morales, como Carlos Valverde, no dudaron en expresarse con énfasis en sus propios medios privados a favor del gobierno «de transición» y de sus métodos[39].

            Como bien lo relata Peter Gelderloos, «el Estado no es una cosa pasiva. Si quiere reprimir un movimiento o una organización, no espera tener una excusa para hacerlo: la inventa». Durante una «campaña general de desinformación del FBI, cuyo objetivo era facilitar el encarcelamiento y el asesinato (…) a varios activistas y militantes», el mismo FBI «afirmó que no era “necesario que existiesen hechos para justificar cargos. El repudio [en los medios] puede cumplirse sin hechos para justificarlo”»[40]. Al inventar y manipular[41], y más allá de los esfuerzos de parte de la comunidad, de militantes o de otros medios para desmentir los relatos oficiales y llevar adelante pruebas[42], se pudo demonizar -en un pronunciamiento del ministro de defensa Luis Fernando López tras los acontecimientos ocurridos en Senkata-, a un enemigo calificado como «hordas» dedicadas al «vandalismo», que había «decidido ir por el camino de la violencia», que recibía «dinero» y «alcohol» de fuentes oscuras, acusado de querer propiciar lo peor de los actos criminales (un «atentado a la planta de gas de Senkata» que podría  haber matado centenas de personas)[43] mientras en la acción represiva (de la cual el ministro reconocía en aquel momento tres muertos) «no se había dado ningún disparo por parte de las Fuerzas Armadas» («del ejército no salió ni uno proyectil»)[44]. Como lo destacan Angélique del Rey y Miguel Benasayag,

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Esta utilización de la amenaza terrorista (real o imaginaria) manifiesta la articulación de la realidad de la guerra a la emergencia del «biopoder», forma avanzada del poder disciplinario en la «gestión de las poblaciones», que había analizado Michel Foucault […] Los enemigos no son ya percibidos como adversarios políticos sino como peligros (externos o internos) por la población» así que, según el argumento de «la preservación de la salud de los cuerpos», «el biopoder produce hoy guerras presentadas como operaciones de seguridad, casi guerras sanitarias […] La sociedad (oír «el mundo civilizado») estaría amenazado por organismos «patógenos» a «erradicar», y los métodos requeridos para defenderla estarían justificados con antelación, pues no hay ya diferentes partidos en conflicto con sus propias razones, sino una población a gestionar y agentes patógenos a destruir.[45]

CONCLUSIONES

            Lo acontecido en Bolivia en 2019 se inscribe en una clara tendencia a la criminalización de los movimientos sociales y de una fuerza política de gobierno construida históricamente desde organizaciones populares, obreras y campesinas. De esta consideración resultan dos efectos paralelos. Por un lado, la descalificación y el aislamiento, sobre el aljedrez político-mediático, de un movimiento de centro izquierda, de sus militantes y de casi la mitad de la población que lo había votado, mayoritariamente popular, urbana periférica o campesina, por parte de una otra franja de la población, mayoritariamente urbana, de clase media y privilegiada, aliada de sectores populares «desilusionados» de la política del MAS. Por otro lado, la recuperación, por parte de esta segunda franja privilegiada de la población, de un repertorio de valores, temáticas y técnicas de movilización[46] de tradición popular o de izquierda que pudo, tras un vaciamiento de su contenido político «socialista» y envuelta de una postura «rebelde» y «apolítica»[47], inspirar un abanico de sensibilidades muy diversas que va desde sectores funcionales a una derecha liberal o neoliberal hasta más conservadora y neofascista[48].

            Mientras en 2020 el ministro del gobierno “de transición” Arturo Murillo multiplicó por dieciocho el gasto en importación de armas para la policía (elevándolo a 15,25 millones de dólares[49]), y siendo los militantes del MAS -como su candidato Luis Arce- las principales víctimas de numerosas violencias o tentativas de proscripción a presentarse a las elecciones del 18 de octubre, es preocupante el proceso de criminalización y banalización de los adversarios, transformados ahora en enemigos de la democracia, y frente a los cuales se justifican las peores maniobras políticas.


[1]CHAMPAGNE Patrick, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Minuit, coll. “Le sens commun”, 1990, p.11.

[2]Al respecto analizamos, en un artículo titulado «Bolivia 2019: del rol de los medios en el storytelling de la caída de Evo Morales» (próximamente publicado en la Revista Internacional de Historia de la Comunicación – RIHC), la construcción del auto-relato de las «Pititas», su inscripción en el campo mediático boliviano y sus referencias internacionales, documentando las represiones a los medios opositores que permitió justificar.

[3]La polémica sobre los análisis es intensa. Si la OEA destacaba en sus informes preliminares a fines de 2019 un fraude (véase http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/), su conclusión fue inmediatamente criticada por el Center for Economic and Policy Reseach (CEPR) (vease : CASHMAN Kevin, KHARRAZIAN Cavan, LONG Guillaume y ROSNICK David, « What Happened in Bolivia’s 2019 Vote Count? », 8 de noviembre 2019. https://www.cepr.net/report/bolivia-elections-2019-11/). El CEPR criticó otra vez en marzo el informe de la OEA (ROSNICK David y JOHNSTON Jake, « Observing the Observers: The OAS en the 2019 Bolivian Elections », 10 de marzo 2020. Vease : https://cepr.net/report/observing-the-observers-the-oas-in-the-2019-bolivian-elections/) y en agosto 2020, el economista David Rosnick del mismo CEPR insistió en su análisis tras la publicación ese mes de los datos del politólogo contratado por la OEA, Irfan Nooruddin, como lo destaca La Razón el 26 de agosto 2020 (https://www.la-razon.com/nacional/2020/08/26/cepr-la-oea-cometio-un-gran-error-de-codificacion-en-su-analisis-sobre-elecciones-en-bolivia/). Otras dos publicaciones del Whashigton Post en febrero 2020 y del New York Times en junio 2020 critican también el análisis de la OEA, la primera por parte de investigadores electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (WILLIAMS Jack R. y CURIEL John, « Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud », Monkey Cage, The Washington post, 27 de febrero 2020. Vease : https://www.washingtonpost.com/politics/2020/02/26/bolivia-dismissed-its-october-elections-fraudulent-our-research-found-no-reason-suspect-fraud/?fbclid=IwAR2NnxKcwBA-yY0O7xWpfDAedQkMdCyQmsMJYF8PHfkXJmiCae06MREBy6w) cuyo informe se encuentra online (https://jackrw.mit.edu/sites/default/files/documents/Bolivia_report-short.pdf), y la segunda (KURMANAEV Anatoly y TRIGO Maria Silvia, « A Bitter Election. Accusations of Fraud. And Now Second Thoughts », The New York Times, 7 de junio 2020. Vease : https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/americas/bolivia-election-evo-morales.html) basada sobre el trabajo de investigadores de la University of Pennsylvania y de la Tulane University (IDROBO Nicolás, KRONICK Dorothy y RODRÍGUEZ Francisco, « Do Shifts in Late-Counted Votes Signal Fraud? Evidence From Bolivia ». Véase : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621475).

[4]Sobre este aspecto de la polémica, véase : https://theworldnews.net/es-news/en-que-se-basan-las-acusaciones-de-fraude-que-sacuden-bolivia

[5]Y aunque le hubiera gustado a Evo Morales inscribir en la Constitución de 2009 la posibilidad de una sucesión ilimitada de mandatos, tal cual existe por ejemplo en la mayoría de los países europeos; decisión a la cual tuvo que renunciar frente a una dura negociación con la oposición. Véase DO ALTO Hervé et STEFANONI Pablo, Nous serons des millions. Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie, Paris, Raisons d’Agir, 2008, pp.109 y 124.

[6]Un referéndum que se ha podido interpretar como una trampa política dado que bajo el « no » se aglutinaron sectores incompatibles entre sí, pero que tuvo por efecto generar una sensación de masivo rechazo unificado; resultado negativo que unos consideraron como una oportunidad para el oficialismo para reinventarse, mientras otros analizaron como difícil un cambio de liderazgo del MAS (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160222_significado_derrota_evo_morales_referendo_reeleccion_bolivia_bm).

[7]LACROIX Laurent y LE GOUILL Claude, Le « processus de changement » en Bolivie. La politique du gouvernement d’Evo Morales (2005-2018), Paris, Editions de l’IHEAL, 2019, p.299.

[8]«En el otro polo respecto de los movimientos populares cercanos al MAS, los comités cívicos se oponen [en 2005, NDLR] a cualquier nacionalización de los recursos naturales y defienden la idea primordial de una “autonomía departamental” que permitiría a cada departamento gestionar él mismo sus recursos naturales, promoviendo sus propios acuerdos con las empresas extranjeras », in Ibid., p.41.

[9]Ibid., p.304.

[10]MARIETTE Maëlle, « En Bolivie, sur la route avec l’élite de Santa Cruz », Le Monde diplomatique, julio 2020. https://www.monde-diplomatique.fr/2020/07/MARIETTE/61942

[11]Vésase : https://www.facebook.com/watch/?v=1002694613516643. Aquí se puede encontrar un pronunciamiento de agosto de 2020 de la Unión Juvenil Cruceñista contra los bloqueos, doblado de un documental amateur sobre su historia: https://www.youtube.com/watch?v=THk-_E9kEH8 ; aquí un documental sobre la agrupación realizado por Anonymous: https://www.youtube.com/watch?v=-KvWhHRquXA, y aquí uno realizado por miembros de la misma UJC: https://www.youtube.com/watch?v=EvpraftVeMA.

[12]Véase: https://www.elpais.com.co/mundo/la-biblia-vuelve-a-entrar-a-palacio-jeanine-anez-presidenta-interina-de-bolivia.html. Para tener una idea de la fuerza de convocatoria de la fe cristiana en la región de Santa Cruz, ver este vídeo de propaganda realizada alrededor de los cabildos perpetrados en octubre y noviembre 2019: https://www.youtube.com/watch?v=gthSkKd5GN0. Hacer entender en el marco de este trabajo la construcción de tal imagen alredor de la Biblia y de la religión cristiana tras el protagonismo de la Iglesia católica y evangélica en un país constitucionalmente laico, herededor de une conciencia aguda de la colonización y caracterizado por diversos sincretismos, es un desafio complejo. Sin embargo, y a modo de entender a grandes rasgos desde este enfoque los eventos de octubre y noviembre, se puede consultar : https://www.youtube.com/watch?v=dH07H_EgSoc

[13]LACROIX Laurent y LE GOUILL Claude, op. cit., p.336.

[14]Ya el 16 octobre 2019 el ministro de gobierno Carlos Romero presentaba violencias perpetuadas por grupos de choque de la UJC, « enviados por el Comité Pro Santa Cruz », a contra de casas de campaña del MAS y del Tribunal electoral para destruir sus equipos y unos registros cívicos. https://www.youtube.com/watch?v=nHra4vvh3i4. Aquí se pueden identificar semejantes métodos : https://www.youtube.com/watch?v=HMBuOtmv5R8.

[15]LAMBERT Renaud, « En Bolivie, un coup d’État trop facile », Le Monde diplomatique, décembre 2019. https://www.monde-diplomatique.fr/2019/12/LAMBERT/61150

[16]DO ALTO Hervé et STEFANONI Pablo, Nous serons des millions. Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie, Paris, Raisons d’Agir, 2008, pp.108-110. « En marzo de 2007, el grupo de constituyentes del departamento de Chuquisaca piden que Sucre, la capital del departamento, se vuelva a ser capital de la nación […] La reinvindicación esta transmitida por las élites locales y por comités cívicos de las regiones orientales […]  En el plan organizacional, se benefician de los consejos del Comité cívico Pro Santa Cruz y de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Esta última organiza centenas de estudiantes y empleados municipales en verdaderos grupos de choque quienes, a partir del mes de junio, se lanzan en la intimidación de los constituyentes del MAS y bloquean el acceso a la sede de la Asamblea. Se asiste entonces a verdaderas “mobilizaciones de papel” [entendida como “mobilizaciones de la prensa”, NDLR] que ponen en escena a la atención de los medios un movimiento de la población de Sucre “por la defensa de la democracia” contra “la dictadura de Evo Morales” […] El 15 de diciembre 2007, mientras los partidarios de Evo Morales festejan la nueva Constitución, los prefectos de regiones orientales anuncian la puesta en vigencia de un regimen autónomo de facto […] En el mes de diciembre de 2007 se perpetuan en Santa Cruz acciones pugnantes llevadas a cabo por los grupos racistas de la Unión Juvenil Cruceñista, agreciones en pleno centro de la ciudad de individuos sospechos de ser cercanos del poder y tentativas de atentados a domicilios de militantes del MAS ».

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[17]« Convulsión en los nueve departamentos por el conteo electoral », Erbol, 22 de octubre 2019, https://erbol.com.bo/seguridad/convulsi%C3%B3n-en-los-nueve-departamentos-por-el-conteo-electoral

[18]https://www.sinembargo.mx/10-11-2019/3676271

[19]Con la certeza de la eficacia del storytelling (relato) de la « dictadura de Morales», Luis Fernando Camacho pudo anunciar en los medios a finales de diciembre 2019 la conversación que tuvo su padre con el Jefe de las Fuerzas Armadas antes de la renuncia del presidente, presentando este intercambio como una medida de prevención en pos de garantizar la paz de la transición, cuando unos observadores podrán destacar en semejante conducta una prueba tangible que se había perpetuado un golpe de Estado. Véase: «Camacho revela que su padre ‘cerró’ pacto con policías y militares; Evo dice que eso comprueba el golpe», La Razón, 28 de diciembre de 2019, http://www.la-razon.com/nacional/camacho-padre-policias-militares-video-evo-golpe-arreglo_0_3284071576.html

[20]BENASAYAG Miguel et DEL REY Angélique, Éloge du conflit, Paris, La Découverte, 2007. p.81.

[21]Ibid., p.22.

[22]Ibid., p.54.

[23]Ibid., p.55.

[24]DO ALTO Hervé et STEFANONI Pablo, op. cit., p.79.

[25]Ibid, pp.79-80.

[26]«Pueblo boliviano marcha al grito de “ahora sí, guerra civil», 11 de noviembre 2019: https://www.youtube.com/watch?v=oOGYe6ZaGTs.

[27]«Evo no está solo, carajo, aporrea tvi, noviembre 2019», 13 de noviembre 2019: https://www.youtube.com/watch?v=AdfDu1w3ICM.

[28]Una cierta concepción de la conflictividad que se inscribe en el marco de una histórica negación socio-económica y racista que a los integrantes de las clases privilegiadas –salvo en coyunturas excepcionales – les cuesta entender, que sean o no activistas «no violentos» (y sobre todo cuando se le suma el conveniente filtro de un storytelling), como lo rescata Peter Gelderloos: «los promotores de la no-violencia, procedentes de un universo social privilegiado donde el confort material y psicológico está garantizado y protegido por un orden violenta, no crecen con un complejo de inferioridad que les han inculcado por la violencia»  GELDERLOOS Peter, Comment la non-violence protège l’Etat. Essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux, Herblay, éditions Libre, 2018. p.83.

[29]Al respecto, véase el documental “Achacachi: La insurgencia aymara” que plantea unos de los históricos conflictos indígenas andinos, sus diversas reivindicaciones y técnicas de movilización. Se escuchan posturas radicales a contextualizar en la histórica marginalización y explotación del pueblo indígena (en este caso Aymara), tales como «Si vamos a morir, lo vamos a hacer peleando. Para eso hemos nacido», o «Responderemos a los ataques del gobierno con todo lo que tenemos. Con nuestras manos, piedras, [herramientas], y si es posible, con fusiles también». Se plantea una percepción del país desde una mirada indianista de la cual se destaca lo siguiente: «Aquí hay dos Bolivias. Una Bolivia es la que está en las ciudades; yo soy de la otra Bolivia. Aquí no hay teléfono, no hay Internet. No hay electricidad, ni agua potable». La posición política de lo que será el MIP de Felipe Quispe está, de cierta manera, explicitada: «Queremos la autonomía de nuestras naciones originarias. El gobierno no nos toma en cuenta. Por eso queremos desbolivianizarnos. Volver al Kollasuyu original». Véase : https://www.facebook.com/carlos.macusaya/videos/3414657298587044

[30]Como bien lo destaca también Gelderloos, existe según el historiador de las clases populares norteamericanas Howard Zinn «otros valores y principios a veces más importantes que la paz y la no-violencia, en particular por los subalternos de una sociedad desigual» ; igualmente hace falta rescatar que, según el mismo Martin Luther King, un estallido es (generalmente) «el lenguaje de los sin voz», quienes expresan, según Gelderloos, «su dolor y su rabia, lo que siempre implica criticar el contexto de la violencia estructural en la cual surgen tales violencias». GELDERLOOS Peter, op. cit., p.20.

[31]El cerco es una técnica empleada desde centenas de años por los guerreros indígenas en Bolivia, cuya referencia histórica se remonta por ejemplo al año 1781 cuando los líderes indígenas Tupak Katari y Bartolina Sisa cercaron la ciudad de La Paz contra los colonizadores.

[32]«Gobierno atribuye a Morales audio donde se ordena cerco a ciudades bolivianas | AFP», 20 de noviembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=01n_iya5_UE

[33]Véase : https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191024/coordinadora-democracia-exige-balotaje-convoca-mantener-movilizaciones

[34]Véase : « Red+ | “Ahora sí, guerra civil”: multitud de simpatizantes de Evo Morales llegó a La Paz », 11 de noviembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=UAg_4UT4x7E

[35]Para un panorama de la situación después de las masacres de Senkata y Sacaba, véase: «Bolivia. Las masacres de Sacaba y Senkata: cómo opera el terrorismo de Estado», 4 de diciembre de 2019 : https://kaosenlared.net/bolivia-las-masacres-de-sacaba-y-senkata-como-opera-el-terrorismo-de-estado/

[36]«Frente al agotamiento de gasolina, el gobierno [de Sánchez de Lozada] elige la mano dura. El 10 de octubre en fin de tarde, manda tanques, helicópteros artillados y centenas de militares […] para liberar la autopista que vincula La Paz a El Alto. La operación, que consiste en escoltar una treintena de camiones-cisternas en dirección de La Paz, es […] un fracaso. La ciudad queda completamente paralizada, pero 25 civiles cayeron bajo las balas de los policías y del ejército ». El gobierno de Sánchez de Lozada sale debilitado de tal maniobra: mientras «las radios Erbol y Pachamama difunden el sentimiento de indignación predominante en toda la sociedad», «numerosas reinvindicaciones a las cuales se juntan progresivamente las más altas clases sociales de las principales ciudades del país, queda solamente una: la renuncia del «gobierno asesino». Docenas de piquetes del hambre se organizan en barrios residenciales. Sánchez de Lozada queda privado de toda base social [y] un cabildo popular sobre la Plaza de los Héroes [deriva a que], unas horas después, el Presidente se escape por helicóptero». DO ALTO Hervé et STEFANONI Pablo, op. cit., p.80.

[37]DO ALTO Hervé et STEFANONI Pablo, op. cit., p.71. [subrayamos nosotros].

[38]Respecto a las sospechas emitidas por el ministro Arturo Murillo, véase : «Ministro de Gobierno, Arturo Murillo en CNN con Fernando del Rincón», 14 de noviembre 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=OwJQQ1NsfEw). Respecto al desmantelamiento del guión por Tele Sur, véase: «Venezolanos humillados y difamados tras tensión política en Bolivia », 28 de noviembre 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=Jey6VlenDgs).

[39]Carlos Valverde, aquí en una entrevista (11 de noviembre 2019 – https://www.youtube.com/watch?v=iI0IAQSF1R0) y aquí en su propia cadena, comentando las «grabaciones» de Evo Morales, insultando el presidente de México López Obrador y hablando, al igual que el ministro de gobierno Arturo Murillo, de «terrorismo» para calificar el cerco de La Paz ocurrido en Senkata (20 de noviembre 2019 – https://www.youtube.com/watch?v=soSBAlc7R14).

[40]GELDERLOOS Peter, Comment la non-violence protège l’Etat. Essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux, op. cit., p.106.

[41]Además del caso polémico de la quema de más de 30 buses Puma Katari pertenecientes a la alcaldía de La Paz en la noche del 10 de noviembre, y adjudicado falsamente a militantes del MAS, se puede mencionar también el caso del enfermero Ayben Huaranca Murillo – cuyo apellido fue a veces escrito «Huancara» por unos medios. Mientras se le había visto ayudar a heridos en Senkata y lamentar ante las cámaras, al lado de los cadáveres de unas víctimas, que faltaba apoyo médico en la zona, fue acusado de haber mentido al decir que era médico – lo que siempre dismintió (su cédula de enfermero fue además presentada por una vecina del barrio). Se le acusó entonces de ser un militante del MAS disfrazado, en otras videos, de policía y militar: una campaña de difamación de la cual fueron cómplices Bolivision https://www.youtube.com/watch?v=D6Q4jopVwx4, ATB https://www.youtube.com/watch?v=7g6aC6gtvlw, y Página 7 https://www.youtube.com/watch?v=pMr_h16wecQ. Aquí se puede escuchar en Erbol la defensa del enfermero: https://www.youtube.com/watch?v=oYuNkqqFxOA 

[42]Aquí los videos difundidos por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) el 21 de noviembre 2019, donde se destaca claramente la operación militar del gobierno «interino»: «BOLIVIA: BRUTAL REPRESIÓN EN SENKATA EL ALTO POR LOS MILITARES Y POLICÍAS – MINISTRO LO NIEGA ». https://www.youtube.com/watch?v=sh4sp-pYFjQ

[43]Fernando Molina habló de «hegemonía espontánea» para calificar la manera con la cual los medios de comunicación – y en particular Página 7 – se alinearon con el oficialismo del gobierno «de transición» y fallaron en cubrir honestamente dichos eventos en Senkata. Véase : Fernando MOLINA, «Hegemonía instantánea: la prensa en la crisis boliviana », Contrahegemonia Web, 3 de diciembre 2019: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/12/03/hegemonia-instantanea-la-prensa-en-la-crisis-boliviana/

[44]«Ministro de la Defensa habla de la crisis de Senkata», 20 novembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=kubJAwpRQPw

[45]BENASAYAG Miguel et DEL REY Angélique, op. cit., p.63-64.

[46]El movimiento de las «Pititas» pudó reivindicar, tras una espectacular inversión histórica, la lucha de 2003 contra el gobierno de Sánchez de Lozada como una evidencia de la resiliencia del pueblo boliviano al cual sumaba su protagonismo. Así se pudó escuchar cantar en sus rangos, entre otros cantos revolucionarios, El derecho de vivir en paz de Victor Jara, cantante popular chileno miembro del partido comunista, al igual que se hizó cada día en las calles durante días un «cacerolazo», acto simbólico historicamente empleado por los sectores más perjudicados para manifestar el hambre que sufrian en épocas dolorosas mientras los integrantes de las Pititas habían sido, de una u otra manera, beneficiaros de los logros socio-económicos del gobierno del MAS.

[47]CAHUAPAZA MAMANI Angel, « El mito de la revolución de las pititas », La Razón, 6 de junio 2020: https://www.la-razon.com/voces/2020/06/06/el-mito-de-la-revolucion-de-las-pititas/

[48]Al respecto, vease la crítica de Miguel Mazzeo que afirma que «la lucha de clases, las luchas identitarias y la autonomía popular jamás deberían erigirse en excusas para relativizar el hecho imperial y para negar el peso propio de las condiciones imperantes en el sistema interestatal. Un gesto que no ha escaseado entre algunos y algunas intelectuales-militantes de izquierda críticos y críticas del progresismo que, en estos días, en torno al golpe de Estado en Bolivia, están sosteniendo posiciones de una superficialidad manifiesta». MAZZEO Miguel, «Bolivia : El Golpe de Estado y los escenarios de impotencia critico-práctica», Contrahegemoniaweb, 21 de noviembre 2019 : https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/11/21/bolivia-el-golpe-de-estado-y-los-escenarios-de-impotencia-critico-practica/

[49]«Gobierno de Áñez-Murillo incrementa compra de armas de $us 850.000 a $us 15 millones», Plurinacional, 7 de octubre 2020: https://plurinacional.info/2020/10/07/gobierno-de-anez-murillo-incrementa-compra-de-armas-de-us-850-000-a-us-15-millones/

Baptiste Mongis

Doctorant en sociologie

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (IHEAL – CREDA / UMR 7227 – ED 122)

Universidad Nacional San Martín (UNSAM / IDAES)

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