Mariano Ferreyra, un crimen del capital

El miércoles 20 de Octubre de 2010 trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, junto con organizaciones  sociales y de izquierda, realizaban una movilización para reclamar su incorporación a planta permanente. La protesta comenzó con el intento de cortar las vías en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) y luego se trasladó al barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires. Minutos antes del mediodía de aquel día, cuando los trabajadores se desconcentraban, fueron atacados a la altura del Puente Bosch, con armas de fuego y piedras, por una patota organizada por la dirección del gremio ferroviario. Los atacantes contaron con la complicidad de las fuerzas policiales. De este ataque resultó herida Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos y fue asesinado Mariano Ferreyra; luchadores populares y militantes del Partido Obrero. Mariano junto a militantes de organizaciones populares y  de izquierda, junto a trabajadores precarizados del ferrocarril reclamaban la reincorporación de cien trabajadores tercerizados despedidos en  la línea del ferrocarril Roca, demandaban también por el fin de contratos infames y por incorporación al trabajo formal

Ese día Mariano ingresó en esa larga lista de víctimas del aparato represivo estatal y paraestatal, que con distintos niveles de energía y periodicidad, han intentado callar la protesta social. Casi todo el arco político y todos los grandes medios de comunicación  unificaron el discurso: Mariano Ferreyra había muerto como consecuencia de un enfrentamiento entre distintos sectores sindicales. Repitiendo así el esquema discursivo utilizado por estos mismos actores, el 26 de junio de 2002 cuando fueron asesinados Maximiliano Kosteky y Darío Santillán.  El discurso de los sectores de poder fue similar, el acontecimiento es el resultado de “bandas enfrentadas”; lo que se trataba era silenciar la protesta y defender  el orden del régimen y de los poderosos.

Pasemos revista sobre algunos responsables. De instigar y organizar la patota fueron José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, y el secretario de la administración del sindicato, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Cristian Favale, barrabrava del club Defensa y Justicia; y Gabriel “El payaso” Sánchez, ex barrabrava de Racing, fueron señalados en la causa como los autores materiales del asesinato. Por su parte, Pablo Díaz, delegado de la Unión Ferroviaria, fue el reclutador de la banda armada. También debemos agregar  la responsabilidad de UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) y de la Secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Juan Pablo Schiavi.

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La lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril era de larga data, pero en esta ocasión, cuando intentaban una nueva protesta, fueron atacados por un grupo de choque de la burocracia de la Unión Ferroviaria,  una casta corrupta adueñada del sindicato con el consentimiento y el sostén del Estado.  Las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, como la Federal –con competencia en las instalaciones ferroviarias dejaron actuar a este grupo paraestatal con total impunidad.

Las  prácticas burocráticas en la vida sindical no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Aunque existían anteriormente este tipo de políticas sindicales, durante la dictadura de  Juan Carlos Onganía, a mediados de la década del 60, con la Ley de Asociaciones Profesionales, una disposición legal nacida del acuerdo con un sector de los viejos dirigentes para frenar el ascenso de una nueva generación obrera combativa, se estableció este régimen legal, que preparó las bases para el surgimiento  de un nuevo tipo de burócrata sindical, desconocido hasta entonces: el burócrata sindical convertido en empresario. Este modelo y su respectiva legislación persisten en la actualidad constituyendo un lastre para los intereses de los trabajadores y las clases populares.

Esta burocracia posee una larga historia de complicidades con los gobiernos y los sectores hegemónicos actuando en contra de los intereses de los trabajadores. Muchos de estos dirigentes sindicales se transformaron  en delatores, primero, al servicio del terrorismo de la ultraderechista Triple A; luego, a las órdenes de los grupos de tarea de la dictadura militar. Cuando tuvieron que ir a declarar en el juicio contra las Juntas militares genocidas, ya no recordaban nada, como el histórico dirigente del sindicato de Correo Ramón Baldassini, quien negó la existencia de desaparecidos.  Durante el gobierno de Carlos Menem estos dirigentes sindicales fueron parte activa del proceso de desguace del Estado, de las contrarreformas neoliberales, de las privatizaciones y las desregulaciones, y de los millones de desocupados, hundidos en la miseria. En este proceso había que derrotar los sectores dispuestos a resistir y oponerse al shock neoliberal y para ello se contó con la activa participación de esta burocracia sindical. Fueron, entonces, los jefes de los principales sindicatos los socios de las políticas neoliberales, del desguace del Estado, de las privatizaciones, los despidos, pero asimismo  beneficiarios directos de las desregulaciones. Era un negocio en el que había para repartir.

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 Los burócratas sindicales pasaron durante ese proceso a ser empresarios  dueños de supuestas cooperativas o Pymes, cuyo “negocio” consistía en  “tercerizar” las tareas y recontratar a los mismos trabajadores que, habían sido despedidos de las empresas públicas privatizadas o concesionadas, con peores salarios y condiciones laborales.  También participaron en los negocios con la previsión social, con las ART (Aseguradores de Riesgo de Trabajo) y emprendimientos variados, que los convirtió  en nuevos empresarios. De esta manera, el autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra, José Pedraza, es uno de los ejemplos de estos sindicalistas empresarios: socio concesionario del Belgrano Cargas, empresa que ayudó a destruir, labor por la que recibió jugosos subsidios desde los tiempos de Menem.

El asesinato de Mariano fue definido como producto de la violencia gremial entendida como conflicto entre los tercerizados y la patota sindical, asociada a la violencia barrabrava; y no como producto de las relaciones antagónicas entre el capital  y el  trabajo. Si en la sociedad siempre hay lucha de clases de manera objetiva, esta visión fue ocultada por casi la totalidad de los analistas. Lo que evidenció este ejercicio de violencia Estatal y paraestatal son las relaciones capitalistas de explotación con empresas privatizadas que tercerizan la producción como un modo de abaratamiento costos fijos,  la reducción del costo y fragmentación del mercado laboral, externalización de la producción, descentralización de las unidades productivas, concentración de capitales mediante fusiones y compras, alianzas entre fracciones de clase, complicidad del gobierno y del aparato estatal con el sistema de producción.

Desde el progresismo se intentó ocultar  la responsabilidad de la violencia Estatal desplazándola hacia los barrabravas, las patotas como residuos del  viejo sindicalismo o grupos de marginales. Los autores materiales aparecían como lúmpenes, barrabravas  que aprietan el gatillo. Una forma de esconder el plan criminal que respondió en defensa de las tercerizaciones, un régimen de superexplotación en beneficio de los grandes capitales, con la complicidad de las fuerzas policiales, que liberaron la zona para facilitar el ataque. Quisieron imponer discusivamente que se trató de un enfrentamiento gremial que causó una muerte;  quedó ampliamente demostrado que fue una emboscada que produjo un asesinato planificado por la burocracia sindical. Los Pedraza fueron y son parte del poder hegemónico en su alianza con los empresarios,  garantizan  los negocios capitalistas  protegiendo  las relaciones de explotación existentes.

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Por su parte, el Gobierno  kirchnerista asocia esta violencia a patotas como una rémora del pasado, perteneciente a una fracción del sindicalismo originaria en el menemismo de la década del ’90. Los caracteriza como  elementos residuales en el sindicalismo  en los que continúan los vicios de burocratización, corrupción y patoterismo; sin mencionar que son uno de sus aliados políticos.  Sin embargo la  burocracia sindical no es un residuo del neoliberalismo es el modelo sindical imperante cómplice del Estado y los sectores hegemónicos del poder.  La burocracia sindical es un recurso paraestatal del capital  que opera  como un elemento disciplinador del movimiento obrero,  dado que temen  la autoorganizacion de la clase obrera y los sectores populares. 

Este crimen puso en evidencia  que los trabajadores de la  Argentina  sufren  una infausta situación social y laboral. Los  largos años de dictadura y ajuste neoliberal  produjeron  la generalización del empleo precario, la pobreza y la fragmentación extrema del mercado laboral. Una gran parte de los  jóvenes menores de 30 años tienen un empleo en negro e informal, y paradójicamente reciben un tercio del salario de quienes están en blanco, es decir en el trabajo formal.  Ese fue el origen del reclamo y de la lucha de los obreros “tercerizados” de la ex  línea Roca, una causa justa por la que murió Mariano Ferreyra. El asesinato de Mariano Ferreyra fue un crimen contra los intereses  de los trabajadores en un  intento por naturalizar las relaciones sociales  de explotación bajo el modo de producción capitalista. 

Luego de una movilización popular histórica de repudio popular por el asesinato de Mariano junto a la búsqueda  por el castigo a los culpables, Pedraza fue condenado a prisión, al igual que sus patoteros; también gracias a su lucha los trabajadores tercerizados lograron el pase a planta.  Sin embargo todavía  los negociados que asociaban a la burocracia de la Unión Ferroviaria con los empresarios que administraban los ferrocarriles y los responsables políticos,  funcionarios de la Secretaría de Transporte, permanecen impunes. La lucha, la solidaridad y la movilización que produjo el repudio popular del asesinato de Mariano, constituyó un hecho histórico y un ejemplo para los sectores populares, al lograr que los autores materiales y quienes liberaron la zona fueran condenados.  

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