Valor y precio

Dos monedas de dos pesos cayeron a los pies del hombre. Debajo del barbijo negro, tal vez hizo ese gesto de desagrado –frecuente en él— cuando amortiguó el golpe político. Martín Lozada, fiscal jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Bariloche, ordenó entonces la detención del pequeño grupo que sostenía la recuperación del territorio tradicional de la comunidad Gallardo Calfu en el paraje El Foyel y ejecutó el desalojo del espacio en conflicto cuando ya no era necesario. Al menos unos 150 policías de Río Negro, con la asistencia de drones, para desalojar siete personas que ya estaban fuera del lote que reclama un particular https://www.rionegro.com.ar/tension-y-desalojo-en-el-foyel-1541894/, ubicado justo en la entrada al predio Lago Escondido, propiedad del Tavistok Group de Joseph Lewis.

“Esto te pagan”, dijo Mirta Curruhuinca, de la lof Kurrache (noroeste de Chubut) a Lozada, una de las piezas fundamentales con que cuenta la administración de la gobernadora Arabela Carreras para la negación sistemática de los derechos del pueblo mapuche-tehuelche en esta etapa del conflicto territorial en la zona andina. Cien kilómetros entre la costa sur del lago Nahuel Huapi y el paralelo 42, un amplio cordón articulado por la ruta nacional 40 con numerosos asentamientos populares judicializados tanto en Bariloche como en El Bolsón, todos los que poder dominante asimila sin filtro a la demanda mapuche bajo el genérico de “tomas de tierras”.

Mirta Curruhuinca.

En ese cordón andino están localizadas menos de dos hectáreas en propiedad privada del Obispado de San Isidro en conflicto con la lof Lafken Winkul Mapu. El mismo fiscal Lozada tiene en suspenso el desalojo del predio, cuya existencia llegó al conocimiento del Vaticano a través del Observatorio de la riqueza Padre Pedro Arrupe, espacio que cuestionó la apología del genocidio que hicieron los apoderados de la Iglesia Católica en el expediente judicial y pidió que intervenga la Nunciatura en favor de “una cultura del encuentro en línea con el Papa Francisco”. Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio, aseguró que el jefe del Estado Vaticano no conocía el conflicto y se comprometió a hablarlo personalmente con Oscar Vicente Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y titular de la Diócesis de San Isidro. Su apoderado Ernesto Horacio Saavedra se constituyó en querellante para recuperar el lote de manos de la “banda” integrada por “delincuentes comunes”, los que deben ser entendidos como “enemigos que es preciso destruir y exterminar”, según una cita incluida en su presentación ante la Fiscalía.

Un corte de ruta de la Winkul impidió a la gobernadora llegar a tiempo al desalojo de Gallardo el lunes 19 de octubre a la tarde. De todos modos, anunció y celebró la medida del Poder Judicial supuestamente independiente. Otro juez, Martín Arroyo, dos días después ordenó restituir la posesión de un lote al Obispado de San Isidro https://www.rionegro.com.ar/ordenan-restituir-un-lote-privado-usurpado-por-una-comunidad-mapuche-en-villa-mascardi-1546085/ que está sin fecha hasta el momento. Ese mismo día, el Presidente Fernández recibió a Carreras https://www.youtube.com/watch?v=bxmszspnVTw, encuentro con alcances políticos institucionales que todavía no se advierten con claridad en el territorio.

Foyel, modelo exitoso

El jueves 15 la comunidad regresó al territorio. El viernes 16 el juez de Garantías Ricardo Calcagno hizo lugar a la defensa y rechazó el desalojo. Apartaron a ese juez, sin habilitar días especiales actuaron sábado y domingo, hicieron seis audiencias en un par de días sin respetar los tiempos del trámite administrativo. El lunes la justicia abrió las tranqueras sobre el camino Tacuifí para que ingresen efectivos del COER, grupo especial antimotines, y decenas de efectivos para desalojar la reivindicación territorial que comprende toda la fracción comprada por Miguel Arturo Soriani, comerciante de Bariloche que llegó como representante de la maderera Foyel, y una parte en manos de Steven Whewell, con aserradero y forestación.

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La apertura de ese camino de tierra confirmó “la doble vara con que se maneja la Justicia en Río Negro”, indicó Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Hace diez años que el Poder Judicial incumple la sentencia de abrir el paso público al lago Escondido, ubicado dentro de la propiedad rural de Hidden Lake SA. Los abogados de Lewis devoraron al menos 24 jueces y conjueces. Hoy sigue vacío uno de los lugares en el tribunal que tiene el expediente. La maquinaria de recusación de jueces juega en favor de la consolidación del capital trasnacional, que volcó todo su poder contra un puñado de gente mapuche que lo único que pretende es regresar a la ocupación de 600 hectáreas que la Dirección de Tierras y Colonias reconoció en 1969 a Sixto Gallardo Calfu.

En la década de los ’80, en la zona andina se articuló el fomento a la forestación con especies exóticas con las maniobras de tierras fiscales y operaciones de compra-venta en perjuicio de familias que ocupaban sin título de propiedad, recordó Mirta Ñancunao, de la lof Las Huaytekas. Así fue despojado Sixto Gallardo, así apareció Soriani como propietario de 361 hectáreas. Por fuera de esa superficie, en un espacio sin delimitar permaneció arrinconado Elías, uno de sus hijos. De acuerdo a nuestro análisis de la documentación pública del Catastro, la ruka (vivienda) de Elías quedó dentro de una ampliación de la parcela de Whewel, maniobra de acaparamiento que sólo es posible con la intervención directa de Tierras.

El INAI se presentó en el expediente del desalojo donde pidió que se llame a una mesa de diálogo y que Tierras envié la documentación original de la ocupación de Gallardo, donde debería constar el mecanismo del despojo en favor de Soriani y el avance de la propiedad de Whewel. Manuel Mansilla, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, también cuestionará la legitimidad del título de propiedad privada de Soriani, anticipó.

El fiscal Francisco Arrien de El Bolsón fue abogado de Blanca Rosa Gallardo cuando hace unos años intentó recuperar el campo, antecedente que pasó por alto y por el cual no se excusó de intervenir en la denuncia de la familia Soriani por presunta usurpación. Arrien participó junto a Lozada del dispositivo de desalojo. Aunque por la prensa la familia Soriani llegó a asegurar que estaba secuestrada, jamás se formalizó nada respecto a presunta retención indebida de personas ni lesiones a la libertad. Es más, en declaraciones publicadas por Canal 13 uno de los hijos de Soriani dijo que entró sin problemas a la vivienda rural.

Varios jefes policiales estuvieron presentes en el operativo, que condujo un efectivo en forma correcta en general, según aseguran numerosas fuentes consultadas. Sin embargo, obstaculizaron e impidieron el ingreso a tiempo del abogado de la comunidad, vulnerando un aspecto básico del derecho a la defensa. La policía colaboró en la recolección de los elementos del acampe que se levantaba voluntariamente en horas de la tarde, el pequeño grupo ya se había retirado del predio propiedad de Soriani, estaba en suelo del espacio de Elías cuando Lozada ordenó la detención de cuatro personas, entre ellos de Rosa Gallardo, hija de Sixto, hermana de Elías, y de Mirta Curruhuinca, que le puso precio al trabajo del fiscal jefe. Esas detenciones fueron innecesarias para garantizar la restitución a Soriani, por lo que sólo pueden entenderse como mensaje político a la gobernadora que estaba a pocos kilómetros https://www.rionegro.com.ar/la-justicia-federal-ordeno-la-liberacion-de-la-ruta-40-en-villa-mascardi-1541664/ y al movimiento social en general en vísperas de Guernica. Gesto en sintonía fina con Alberto Weretilneck, senador nacional y ex gobernador de RN, que propuso agravar las penas para los delitos de usurpación de tierras https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/weretilneck-propuso-agravar-las-penas-para-prevenir-usurpaciones/129664.

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Mascardi, el objetivo del mensaje de Foyel

“Ante la posibilidad de hechos violentos, pedimos a las autoridades pertinentes postergar la restitución dispuesta por el juez hasta tanto se hallen dadas las condiciones y los protocolos que garanticen dicha medida sin el empleo de violencia. Pedimos que se convoque de manera urgente al diálogo para dar lugar de manera pacífica el pedido del juez”, informó Mariano Caracciolo, Vicario General del Obispado de San Isidro https://www.obispado-si.org.ar/villa-mascardi-el-obispado-pide-postergar-el-desalojo-hasta-garantizar-la-no-violencia/. El modelo ajustado a protocolo es el que ejecutó el Estado rionegrino en Foyel; la violencia es intrínseca a la ejecución de un desalojo; y un juez no pide, ordena.

“La Conferencia Episcopal Argentina debe hacer que retire el escrito del apoderado del Obispado de San Isidro, que está planteado en términos que enfrentan al Papa Francisco”, expresó Robledo. “Como en Bolivia, Venezuela y Nicaragua, hay sectores que no expresan la verdad de la palabra de Francisco que hay que buscarla en los nuncios de cada país”. Tal vez sólo un gesto explícito del Vaticano pueda condicionar la mano dura de Carreras, quien expresa la defensa irrestricta de la propiedad privada en general, y del capital trasnacional concentrado en la zona andina en particular (Emiratos Arabes, Lewis, Benetton, BURCO, Zorreguieta).

Fuentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación insisten en la vía del diálogo para salir del conflicto, aunque coinciden en que está estancado. Sin embargo, el discurso del diálogo nada dice respecto al reconocimiento efectivo de los derechos consagrados en Argentina a los Pueblos Originarios, garantizados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y numerosa legislación.

El Consejo Asesor indígena (CAI) planteó que “la gobernadora afirmó que buscaría la aprobación de la reforma a la ley de Tierras Fiscales porque ella gobernaba para la mayoría. Si considera mayoría a los terratenientes, ¿qué somos los miles de nuestra gente que vivimos en los territorios y las ciudades? (Busca) llevar a la práctica nuestra expulsión definitiva del territorio. Blanquear, legalizar todos los despojos, como expresó recientemente en Radio Mitre dándole tranquilidad a los emprendedores. No habría investigación alguna como lo establece la Ley provincial del Indígena N°2287. Inversionistas de este país y del extranjero tendrán la oportunidad de elegir el lugar que consideren para radicarse, sin importar quienes ya estén viviendo allí, ya que se asegurarían su expulsión de manera legal. En esa misma nota radial, la gobernadora le pide al INAI que tenga un rol ‘pacificador’ y que no intervenga en el Relevamiento Territorial que establece la Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena. La directiva para ejecutar el genocidio en la Campaña al Desierto al final de los años 1800, fue dada en el Congreso Nacional. Weretilneck pide represión y cárcel para quienes recuperamos, por derecho legal y legítimo, el territorio al que pertenecemos; también, para los miles de familias que buscan un lugar donde criar a sus hijos https://consejoasesorindigena.blogspot.com/”.

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Por su parte, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, un espacio organizativo que tiene una posición más crítica los últimos años, cuestionó la sobreactuación de Carreras https://www.facebook.com/CanalAbierto/videos/2850383421897977. “Lozada ordenó sospechosamente, luego de un llamado telefónico, la concreción del desalojo y las detenciones, hecho tan grave que implica el desprestigio de la Justicia y falta a un acuerdo previo, la falta a la palabra de un hombre que todavía da clases de Derechos Humanos en una universidad pública”, planteó la organización en un documento. Reclamó, además, la puesta en marcha de una Comisión Investigadora de Títulos y Transferencias de Tierras previsto en la ley Integral Indígena 2287/88 y la devolución de las tierras ilegalmente apropiadas a las comunidades, entre otros puntos https://www.facebook.com/143013053036101/posts/627615694575832/.

No estamos tod@s

El espacio de la memoria se recupera junto con el territorio. En ese ejercicio, Blanca volvió a recordar con fuerza a Mario, ese hermano que hace unos treinta años simplemente no volvió, se perdió –decimos, como para que duela menos—. Está activo en los padrones electorales de Bariloche, pero no han podido dar con él “ni vivo ni muerto”. Hoy tiene unos 76 años. Las placenta

s de todos los hermanos fueron entregadas a la mapu al nacer en esa porción de los antiguos territorios de los pu lonkos Foyel e Inacayal.

(Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, hizo el relevamiento de la documentación catastral y la cartografía para este informe.)

Fuente: el cohete a la luna

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