Esto (no) es un ajuste

Se aprobó el presupuesto del Estado nacional para 2021 con una reducción del gasto público de 12% en términos reales en comparación con 2020 y cae el gasto del ANSES algo más de medio punto en relación al producto interno bruto (PIB). Se renegoció la deuda pública odiosa y los acreedores no perdieron nada de su capital. El gobierno propone una nueva reforma del sistema previsional que limita los aumentos de beneficios (jubilaciones, pensiones, planes sociales) a la sustentabilidad fiscal, garantizando que les beneficiaries permanezcan en la pobreza. Entra al recinto de Diputados el proyecto para establecer el llamado tal vez demasiado pomposamente “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”, que sólo pagarán unas 10 mil personas residentes (pero no las grandes empresas y extranjeros ricos como Lewis) y que se destinará en una gran magnitud a subsidiar la explotación del fracking en Vaca Muerta. Llegó la misión del FMI y comienza a negociar un acuerdo de facilidades extendidas con reformas estructurales incluidas. Pero esto no es un ajuste.

El proyecto de presupuesto nacional aprobado esta semana plantea una reducción del déficit fiscal para 2021 en torno a 4% del PIB en comparación con 2020. El gasto público total bajará al menos un 12% en términos reales (si la inflación se mantiene dentro del 29% que estima el gobierno para todo 2021). Una parte importante de esa reducción provendrá de la eliminación del IFE, el fin del ATP y la continuidad del ajuste en los salarios de les trabajadorxs del Estado. Es cierto que baja un poco el pago de intereses por la deuda pública: pasa de 2% del PIB en 2020 a 1,5% en 2021. Pero esa reducción sólo explica una mínima porción de la caída en el gasto y el déficit. El presupuesto del ANSES cae un 7% en relación al PIB (de 9,6% a 9%). En el peor momento de la crisis y la pandemia, el gobierno nacional recorta las transferencias a los sectores populares.

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Los argumentos oficiales sobre la propuesta de reforma en la fórmula de ajuste previsional son por lo menos inverosímiles. Circulan comparaciones sobre qué hubiera ocurrido si la fórmula propuesta se hubiera establecido en 2007. O, qué hubiera pasado si se hubiera utilizado la fórmula vigente entre 2018 y 2019. A menos que tengan una máquina del tiempo, ¿qué importa? La pregunta fundamental es otra. La fórmula vigente -hoy suspendida- permitiría mejorar los beneficios en 2021, y los mejoraría más que la fórmula propuesta por el gobierno. El cambio de fórmula propuesto es un ajuste en el corto plazo; eso no es mentira. El resto es pura especulación sobre un futuro que seguramente no será como nuestro pasado reciente (sino probablemente peor, si la crisis mundial continúa como se espera).

Lo dicho no obsta que ambas fórmulas son malas: ninguna pone en el centro el debate sobre cuánto deberían cobrar les beneficiaries de la seguridad social, ni cómo se financiaría. Ni siquiera se plantean recuperar lo perdido este año, o en los últimos años. El debate entre los Partidos del Orden (FdT, JxC y sus aliades) gira en torno a pagar jubilaciones, pensiones y otros beneficios que sólo garantizan que sus beneficiaries permanecerán por debajo de la canasta familiar, crezcan o no crezcan la economía, los salarios o la recaudación impositiva.

El proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario (por única vez) a les riques entra en etapa de definiciones. Un puñado de multimillonarios residentes argentines con activos registrados a su nombre pagarían unos 300 mil millones de pesos (aproximadamente 1% del PIB) en algún momento de 2021. El Banco Central les paga a los bancos ese monto cada dos meses en concepto de intereses de LELIQs y otros instrumentos. Claro, los bancos y las petroleras, las eléctricas y las empresas que operan en redes sociales, las mineras y los grandes exportadores de soja no pagarán un centavo más para hacer su aporte extraordinario y “solidario”, a pesar de los millones y millones que han cosechado durante este año pandémico y los anteriores de crisis. Tampoco lo harán, por ejemplo, el amigo del expresidente Joe Lewis (que parece tener amigos en este gobierno también), pues el proyecto de ley solo incluye a los residentes nacionales. Para colmo, un 25% de la recaudación irá destinada a seguir subsidiando a las petroleras y fortalecer el proyecto extractivista mientras el gobierno ya planea una “corrección” (hacia arriba, por supuesto) en las tarifas energéticas al consumo.

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El Ministerio de Desarrollo Social promete para Diciembre -que siempre es un mes caliente- algunas compensaciones para los sectores más empobrecidos. Pero, lógicamente, no compensa lo que pierden con la decisión de no otorgar un nuevo IFE. Más de 8 millones de personas cobraron esa transferencia en alguna de sus 3 cuotas a lo largo de estos largos ochos meses desde el inicio de la cuarentena; los nuevos programas seran recibidos por no más de 2 millones de personas.

De una política amplia y general (aunque insuficiente) el gobierno ha decidido retomar el camino de las políticas focalizadas y condicionadas. En lugar de avanzar en la ampliación de los derechos, la decisión ha sido recortarlos. Según el gobierno, la renegociación de la deuda pública permitiría ampliar los recursos disponibles para la asignación universal, pagar más IFEs y ampliar varias veces el presupuesto en salud. Ahora parece que no alcanzará porque “hay equilibrios muy delicados que mantener” dijo el ministro Guzmán. Pero claro, esto (no) es un ajuste.

Mariano Féliz

16/11/2020

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