Mientras haya explotación, habrá represión

La crisis económica agudizada por la pandemia trae consigo un aumento de la conflictividad social. Junto a la discusión sobre quién pagará los costos de la crisis se abre otro debate, acerca del modo en que los gobiernos argentinos responden al descontento popular.

Argentina se encuentra en una importante crisis económica y social hace por lo menos seis años. Profundizada durante la presidencia de Mauricio Macri, en los últimos meses, a partir de la pandemia del COVID-19, ha visto su faceta más cruda. Luego de unas primeras semanas de pretensión igualitarista bajo el discurso de que «el virus nos afecta a todos», la realidad es que quienes terminamos pagando los costos del descalabro económico somos los mismos de siempre, mientras que una selecta minoría no hace más que aumentar sus ganancias.

En estos últimos días, la agenda mediática estuvo atravesada por la reticencia de estos sectores a soltar un mínimo de sus desorbitantes riquezas para financiar algunas de las áreas más afectadas por la pandemia. La media sanción del proyecto de Ley de Aporte Solidario a las Grandes Riquezas llega tarde, resulta limitada en el alcance de su base impositiva y tiene puntos fuertemente polémicos (como la designación  de un porcentaje de lo recaudado para la explotación de hidrocarburos a través del uso del fracking). Sin embargo, este proyecto de ley permitió, también, abrir el debate acerca de quiénes son los que deben correr con el costo de esta enorme crisis.

Ahora bien, toda crisis trae aparejada conflictividad social. Y la respuesta histórica de los gobiernos –sin distinción partidaria— fue abordar el conflicto con represión. Para hablar sobre este tema central para los sectores populares (principales destinatarios de la violencia estatal) y para problematizar, además, las tareas de la izquierda en materia de seguridad y política criminal, desde Jacobin América Latina conversamos con María del Carmen Verdú, abogada y dirigente de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

IS: CORREPI fue una de las primeras organizaciones en repudiar la designación de Sergio Berni como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Obviando un balance de su gestión, ¿cómo imaginás su futuro político? ¿Cuánto de su perfil manodurista estará presente en la continuidad de su mandato, o en una eventual candidatura en las legislativas de 2021?

MCV: Efectivamente, desde CORREPI fuimos una de las primeras organizaciones que repudiamos la designación de Sergio Berni al frente de la [Policía] Bonaerense. Este planteo chocaba –y choca— con la plataforma inicial del Frente de Todos y también con las expectativas que despertó en torno a poner un freno a los cuatro años de macrismo, con Patricia Bullrich como la máxima exponente de las políticas antipopulares y fuertemente represivas, tales como la doctrina Chocobar.

Berni representa más bien todo lo contrario. Y esto no solo lo confirma su extenso prontuario (que hemos detallado puntillosamente en CORREPI), sino que debemos estar alertas por lo que ha sido su gestión hasta el momento y por el papel político que despliega en la coalición de gobierno.

A pesar de haber insultado y faltado el respeto a las organizaciones de DDHH, y a pesar también de la crisis que tuvo con el motín de la Bonaerense (promovido por los intendentes, según algunas versiones), el desalojo y represión en Guernica le devolvieron protagonismo político, y todo apunta a que apostará a encabezar una línea fascistizante al interior del Frente de Todos con una candidatura propia que explotará, por supuesto, la demagogia de la «mano dura» hacia todo un sector de la población.

Durante la pandemia quedó en evidencia que la principal oposición interna a Berni es el espacio más reaccionario del peronismo, integrado por intendentes del conurbano, por un lado, y por el massismo, por el otro. Fue por iniciativa de este sector que el presidente Alberto Fernández anunció el Plan de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, con una partida presupuestaria de 38 mil millones de pesos que ya comenzaron a llover sobre los municipios (como Quilmes y Lomas de Zamora) bajo la forma de construcción de nuevas cárceles y adquisición de patrulleros y otros pertrechos, además de financiar el reclutamiento de otros 10 mil efectivos policiales que se suman a los 96 mil ya existentes.

En ese escenario, el futuro de Berni –sea en la continuidad de su gestión, como cabeza de lista en las elecciones legislativas de 2021 o en otro lugar— dependerá del modo en que se desenvuelvan esas fricciones y pujas dentro de la coalición de gobierno, del rol que decidan asignarle sus jefes políticos en la siguiente etapa y, como siempre, de la capacidad de las organizaciones y sectores populares de imponer una salida afín a sus intereses que logre enfrentar las medidas represivas que Berni y aliados promueven.

De lo que podemos tener certeza es que, en cualquiera de esas alternativas, Berni seguirá representando un peligro concreto y permanente en perjuicio del pueblo trabajador. En ese sentido, es positivo que haya sectores progresistas del Frente de Todos y votantes y simpatizantes de la coalición críticos de Sergio Berni (algunos de los cuales incluso se han sumado al reclamo popular #FueraBerni y criticaron duramente su actuación, por ejemplo, en la represión a la ocupación de tierras en Guernica).

Desde ese punto de vista, es necesario construir la unidad más amplia posible para alcanzar su separación del cargo y, al mismo tiempo, seguir planteando la urgencia de la agenda antirrepresiva.

IS: Por fuera de una construcción retórica notable (tal vez el caso más paradigmático es el rechazo a la «Doctrina Chocobar»), ¿cuáles creés que son las continuidades y rupturas en política criminal del gobierno de Alberto Fernández respecto a lo heredado por el macrismo?

MCV: Los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri dejaron la más grave crisis económica y social de las últimas décadas. Pero, además, significaron una profunda transformación de la política represiva en el país. La represión fue llevada a niveles nunca antes vistos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica de 1976-1983.

El de Macri fue un gobierno que, al tiempo que reivindicaba el terrorismo de Estado de la dictadura, decretó la pena de muerte a punta de reglamentaria, con protocolos de actuación de las fuerzas que generaron un verdadero estado de excepción. Su gestión marcó un récord absoluto de muertes de personas por fusilamientos de gatillo fácil.

Impulsó operativos contra la protesta social con un despliegue bélico cada vez más marcado, hubo presos políticos y centenares de nuevas causas con imputaciones gravísimas contra manifestantes. Construyó un aparato de seguridad recargado, con el hostigamiento y persecución constante a trabajadores, jóvenes, migrantes, disidencias sexuales y de género y a quienes sobreviven con tareas precarias en la vía pública, y un sistema penal especializado en criminalizar pobres, con cárceles con una superpoblación como nunca se vio en Argentina.

Mientras, se ocupó de beneficiar genocidas y represores de la democracia con libertades o arrestos domiciliarios.

El día que asumió la presidencia, Alberto Fernández dijo ante la Asamblea Legislativa: «debemos escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda». A menos de 15 días de gestión, la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cumplió con algunos de los reclamos de la agenda de medidas antirrepresivas urgentes que CORREPI viene promoviendo al derogar cinco protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad federales impuestos por su antecesora, Patricia Bullrich.

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Poco después prohibió el uso del arma reglamentaria a los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y derogó un sexto protocolo, el destinado a la detención de personas LGBTTIQ+. En todos esos casos, celebramos la progresividad de esas medidas sin dejar de marcar que, tomadas de forma parcial y aislada, sin acometer el conjunto, no producirían cambios significativos.

A la vez, señalamos decisiones que contradecían, en los hechos, aquel camino progresivo auspicioso: la designación de [Sergio] Berni como Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras su primer acuerdo con Frederic o la resolución nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje. Ya en febrero, defendimos –no sin marcar sus limitaciones— el proyecto de ley antinegacionismo anunciado por el presidente a su regreso de la gira europea. Pero apenas diez días más tarde, en lugar del envío del proyecto, Fernández llamó a «dar vuelta la página» con las Fuerzas Armadas, algo que necesariamente debimos repudiar.

Entrado el mes de marzo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, una medida sin dudas correcta desde el punto de vista sanitario frente a la irrupción de la pandemia. Sin embargo, la corrección en materia de políticas sanitarias no fue acompañada por medidas de carácter social y asistencia suficientes para garantizar su cumplimiento por la totalidad de la población, cuestión que seguramente se hubiera podido realizar con medidas como el Impuesto a las Grandes Fortunas.

Ante esta situación se dispuso, durante el primer periodo de la cuarentena, un rol activo por parte de las fuerzas de seguridad para garantizar las medidas de aislamiento. Eso cedió finalmente, no por disposición sanitaria, sino por presión de las patronales por su flexibilización de hecho en los meses posteriores.

Así como las medidas que se llevaron a cabo fueron muy parciales y limitadas ante los reclamos de los barrios populares (que carecen de recursos indispensables como el agua corriente y cuyos pobladores no acceden a otros elementos básicos, tales como el alcohol y otros productos de higiene), no hubo respuesta alguna frente a la muy alarmante situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles.

En cuanto se planteó la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para una población carcelaria en riesgo por la enorme sobrepoblación, la presión de sectores reaccionarios bloqueó esas medidas, que fueron respondidas con la represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad, sin los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros «presos VIP».

Del mismo modo se advirtió la falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, muy en particular la comunidad travesti-trans, para las familias en conflicto por tierra y vivienda, etc. Lo que se hizo, en cambio, fue ampliar las facultades de las fuerzas y concederles más presupuesto, destinando fondos para la represión antes que para la asistencia a la población en riesgo.

Las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia y el resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles.

En el archivo de CORREPI que presentaremos en diciembre tenemos registrados una cantidad de casos considerable que, entendemos, sigue siendo un número preocupante, teniendo en cuenta que la disminución notoria de la circulación de personas debió haber generado una mengua mayor. En muchas barriadas, a la ya fuerte presencia policial y de otras fuerzas de seguridad se sumó la facultad del control de circulación, con lo que la arbitrariedad y violencia policial se reflejaron en centenares de situaciones que hemos ido denunciando en nuestros reportes.

En las cárceles, a pesar de la heroica decisión de la población de suspender las visitas –de las que depende su acceso a alimento y otros insumos—, el incumplimiento de protocolos sanitarios por el personal de los servicios penitenciarios abrió la puerta al virus, que en un escenario de hacinamiento duplicó el índice de contagios y mortalidad extra muros. Hubo más de medio centenar de muertes por COVID-19 sobre un total de casi doscientas por otras causas en siete meses, y, por primera vez en décadas, cuatro fusilamientos perpetrados por funcionarios penitenciarios en la represión a los reclamos en tres cárceles (Corrientes, Florencio Varela y Jujuy).

Las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Javier Cruz en la provincia de Buenos aires y de Luis Armando Espinoza en Tucumán representan hechos extremos que se destacan sobre una constante de innumerables situaciones de violencia represiva. Con el caso de Guernica como mayor exponente, numerosas ocupaciones de tierras fiscales o abandonadas por sus dueños en todo el país, llevadas adelante por familias que perdieron sus viviendas en la pandemia o que arrastran hace décadas el déficit enorme que afecta a más de dos millones de personas, han sido desalojadas de manera violenta por el aparato represivo estatal.

En franca contradicción con sus medidas iniciales, el gobierno nacional habilitó el uso de pistolas Taser para grupos especiales de las fuerzas federales y dio carta blanca a distritos como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para su uso, al amparo de la autonomía de las provincias. A ellos se suma el ya mencionado Plan de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires.

Frente a la paritaria cero de la mayoría de lxs trabajadorxs, se otorgaron aumentos salariales y un festival de suplementos y premios a las fuerzas provinciales y federales (en particular, a la de la provincia de Buenos Aires, que protagonizó un reclamo extorsivo con amotinamiento incluido, sin sanción alguna para sus protagonistas). Mientras tanto, han existido represiones con resultado de heridxs y detenciones a movilizaciones de trabajadorxs, DDHH, organizaciones sociales y otros sectores del campo popular, sin que el cambio de ASPO a DISPO en la zona metropolitana muestre señales de modificaciones sustanciales a este respecto.

Es evidente que hablar del macrismo en el gobierno es hablar de la peor gestión en términos represivos desde la vuelta de la democracia, con una política claramente negacionista y un virtual estado de excepción. En ese sentido, existen líneas de ruptura –aun desde lo simbólico y la legitimación a determinadas acciones— que no son menores; pero, a su vez, también se desnuda el carácter represivo del Estado y las continuidades de los distintos gobiernos en este aspecto.

IS: ¿Cómo ves la actualidad del movimiento antirrepresivo? ¿Se puede hablar de «movimiento» o es un concepto aún grande para todas las luchas que se vienen dando por separado? ¿Cuáles son, en tu opinión, las tareas inmediatas a desarrollar?

MCV: No hay ninguna duda de que en Argentina existe hoy un movimiento antirrepresivo importante, que comenzó a construirse a fines de la década del 80. En aquel momento, recién terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el movimiento de DDHH, que ya tenía una existencia destacada frente a otras experiencias regionales y mundiales, con los ocho organismos «históricos» y las corrientes políticas de izquierda, encontraban dificultad para reconocer a las distintas modalidades represivas en democracia como hechos de naturaleza política que constituían crímenes de estado.

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Fueron necesarios muchos años de obstinación organizada para que, poco a poco, los fusilamientos de gatillo fácil, la tortura y muertes en lugares de detención, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y femicidios de uniforme fueran percibidos como parte de una política de Estado cuya contracara es la represión selectiva sobre los sectores organizados de la clase trabajadora.

Un factor decisivo en la conformación del movimiento antirrepresivo fue la organización de familiares de las víctimas a partir de experiencias pioneras, como las familias de los tres pibes de la masacre de Budge, de Agustín Ramírez y de «Peca» Rivero a fines de los 80 o de Walter Bulacio, Sergio Durán y Fito Ríos ya comenzados los 90. La confluencia de esas familias en un mismo espacio de militancia con quienes veníamos intentando visibilizar la lucha antirrepresiva condujo al surgimiento de organizaciones como CORREPI y muchas otras que, aunque con altibajos y transformaciones, están presentes en el día a día antirrepresivo.

Simultáneamente, los organismos de DDHH y las organizaciones populares fueron incorporando de manera paulatina la agenda antirrepresiva actual como parte de su militancia cotidiana. Hoy, aun con las dificultades propias del movimiento popular en todos sus frentes, es posible sostener un nivel importante de coordinación que se traduce en campañas nacionales e internacionales y articulaciones locales que potencian la intervención.

CORREPI se denomina como «Coordinadora», justamente, por su apuesta fundacional a promover y fortalecer esas articulaciones, a partir acuerdos mínimos más que de señalar las diferencias políticas o de enfoques tácticos que podamos tener. Privilegiamos, tanto en la militancia territorial como en las intervenciones más superestructurales, la búsqueda de ejes comunes que permitan enfrentar en mejores condiciones la represión estatal. Experiencias recientes, como las campañas frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y de Facundo Astudillo Castro, muestran que ese camino existe, que es efectivo y que debemos avanzar de conjunto.

IS: ¿Qué opinás de la definición del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de construir nuevas cárceles como forma de combatir el hacinamiento y las pésimas condiciones de detención?

MCV: El sistema carcelario argentino está en crisis desde mucho antes de esta emergencia sanitaria. La tasa de carcelación creció en los últimos años de manera exponencial, a un ritmo de 10 mil nuevxs presxs por año. Hoy las cárceles federales y provinciales alojan más de 100 mil personas, a las que hay que sumar no menos de 12 mil que están en comisarías y otros lugares de detención.

De ese total abrumador, bastante más de la mitad no están condenadas, sino que son víctimas de la masificación del uso de la prisión preventiva como pena anticipada. La prueba más elocuente de esta arbitrariedad surge de comparar la situación de quienes están con prisión preventiva por delitos técnicamente excarcelables (como lo son la mayoría de los que afectan la propiedad privada) con la casi inexistente detención efectiva de miembros de las fuerzas de seguridad en causas de muchísima mayor gravedad, como homicidios de gatillo fácil y torturas.

En ese escenario, que se completa con la total dependencia de las personas presas de sus familiares para recibir comida y otros elementos de primera necesidad, la pandemia generó de inmediato una situación de gran alarma, con reclamos concretos y precisos.

Por una parte, un porcentaje importante de la población carcelaria presenta factores de riesgo por enfermedades como tuberculosis, cuadros cardíacos o renales, hepatitis, HIV, enfermedades oncológicas, etc., sin olvidar a las personas mayores de 65 años y la muy particular situación de las mujeres embarazadas o que conviven en los penales con hijxs de menos de cinco años.

Es mínima la proporción de quienes están en estas situaciones que han recibido arrestos domiciliarios, que, en cambio, algunos juzgados otorgaron a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, que gozan de regímenes de alojamiento mucho más benignos, en pabellones especiales y con permanente asistencia médica. A pesar de los reclamos de defensores particulares, y hasta de las defensorías oficiales, fiscalías y juzgados, los reiterados reclamos en ese sentido vienen rechazados.

Por otra parte, a partir de la comprensión de que era imperativo impedir el ingreso del virus a los penales, las propias personas detenidas consintieron la suspensión de visitas, con la exigencia obvia de que el Estado garantizara su subsistencia por medio de la provisión de alimentos, medicamentos y elementos de higiene y limpieza, y que el personal penitenciario adoptara medidas equivalentes de precaución.

Ninguna de las dos cosas se cumplió. Las protestas y motines que se sucedieron a lo largo y ancho del país, desde la primera semana de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, se originaron en todos los casos por la falta de insumos para comer, higienizarse y desinfectar los pabellones, y por la ausencia de todo cuidado por parte de los carceleros que, en cambio, cumplieron al pie de la letra la orden de reprimir.

Actualmente, según los datos que hemos podido recopilar desde que inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el 20 de marzo de este año, hemos dado con la inconcebible realidad de que casi 250 personas han muerto durante la pandemia en cárceles a lo largo y ancho de la Argentina. Según datos oficiales, al menos 54 fallecieron a causa del COVID-19. Durante la represión a los reclamos y las protestas, cinco personas murieron en las cárceles de Santa Fe, mientras que en Corrientes, Florencio Varela y Jujuy cuatro jóvenes fueron fusilados por miembros del servicio penitenciario con balas de plomo.

En ese escenario nacional –del que la provincia de Buenos Aires acapara más de la mitad, igual que lo hace con el conjunto de la población— claramente la respuesta no puede ser más represión. Tampoco la construcción de más cárceles, que lejos de «resolver» la superpoblación, se llenarán de nuevas personas presas en iguales condiciones a las actuales. Así lo demuestran experiencias anteriores, como la política de construcción de nuevas cárceles llevada adelante en la provincia de Buenos Aires entre los años 2004 y 2007 que sumó una decena de nuevas unidades, entre las que están las que mayores conflictos presentan hoy, como las de San Martín y Florencio Varela.

IS: ¿Qué opinión te merece el paradigma de la Justicia Restaurativa u otras formas que se proponen reemplazar al castigo como única imagen posible para quien comete un hecho ilícito?

MCV: El punitivismo, encarnado en los reclamos de mano dura y tolerancia cero, es la herramienta favorita de los sectores más reaccionarios, que no desperdician oportunidad para batir el parche en sus recurrentes campañas de «ley y orden» que promueven el endurecimiento del sistema penal hasta con la pena de muerte, la defensa de la justicia por mano propia, la vigilanteada y los linchamientos.

Frente a ello, cualquier alternativa que permita ofrecer soluciones distintas a la carcelaria debe ser contemplada. Pero no es menos cierto que los intentos de institucionalizar esas soluciones alternativas, tanto en el ámbito federal y nacional como en los provinciales y de la Ciudad, al aplicarse como «parche» sobre un sistema básica y profundamente clasista y machista, no produce los resultados propuestos.

Institutos como el principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba de conducta, el avenimiento de partes, el juicio abreviado, etc., quedan supeditados a la concepción de clase, con lo que no alcanzan, justamente, a las personas más vulnerabilizadas. Por otra parte, muchas veces vemos cómo esas herramientas, lejos de aplicarse para evitar una condena penal cuyas consecuencias serían más graves que la conducta que se pretende sancionar son utilizadas, en la práctica, como forma de descomprimir el abarrotamiento de los tribunales, a la vez que como convalidación e invisibilización de causas armadas.

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Así, jueces, fiscales y defensores acuerdan alguno de esos institutos, y es luego el defensor oficial –parte del sistema— al que le toca visitar a la persona presa y formular la frase que ya es un clásico tumbero: «Agarrá el abreviado, pibe, que te conviene». Sin acceso a una defensa material real, la extorsión funciona, y así terminan casi la mitad de las causas en trámite en algunos distritos.

IS: La izquierda anticapitalista ha tenido un divorcio histórico con los sectores mayoritarios de la sociedad a la hora de hablar de «políticas de seguridad». Ha caído, creo, en dos errores: culpar al capitalismo cómo único responsable de la desigualdad social que genera inseguridad o bien apelar a soluciones genéricas como «mayor educación y trabajo», sin lograr dar una respuesta de corto o mediano plazo. Me gustaría, si te parece, que comentes cuáles pensás que deben ser los ejes centrales de una política criminal para esta etapa que estamos atravesando.

MCV: Ya hace bastante tiempo CORREPI decidió arriesgarse a un salto de calidad en esa disyuntiva, para pasar de solo denunciar la represión y definirla como política de Estado a elaborar una agenda de medidas de coyuntura que, aunque naturalmente nunca van a lograr la eliminación de un rasgo propio de cualquier gobierno burgués, pueden reducir significativamente su letalidad cotidiana y permitir establecer un pliego de reivindicaciones inmediatas que, finalmente, se enlacen a una perspectiva social de transformación y cuestionamiento al sistema actual.

Nuestra agenda antirrepresiva urgente remite a temas históricamente tan sensibles como portación del arma reglamentaria fuera de servicio, facultades para detener personas arbitrariamente, uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva –salvo cuando son represores—, defensa técnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales, dificultad del acceso a las causas de las familias de las víctimas, mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, etc.

Se trata de medidas que no requieren la previa transformación profunda del sistema social (única vía para terminar de cuajo con las prácticas represivas como política de estado), sino que podría tomar, aquí y ahora, cualquier gobierno que quisiera realmente poner un mínimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, el gatillo fácil, las desapariciones, los femicidios de uniforme, la represión a trabajadorxs organizadxs, a conflictos de tierra y vivienda, etc.

En algunos casos se trata de reclamos que se remontan casi al origen de nuestra institucionalidad; en otros, de medidas de muy reciente data. Incluso hay algunos puntos que tienen el aval del sistema regional de DDHH, como la exigencia de la derogación del sistema de detenciones arbitrarias, ordenado al Estado Argentino por la Corte IDH en la sentencia del Caso Bulacio en septiembre de 2003, que sigue incumplida en ese tramo.

Por ejemplo, si se universalizara a todas las fuerzas de seguridad la prohibición de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, como ya rige para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se reduciría un 50% el gatillo fácil, ya que la mitad de los fusilamientos en la vía pública son protagonizados por funcionarios de franco con su arma reglamentaria.

Si se derogaran las normas que habilitan a las fuerzas a detener personas arbitrariamente y se eliminaran las prácticas no normadas como las razzias, tal como lo ordena el fallo Bulacio, caerían a la mitad las muertes en comisarías. Más del 50% de las personas que mueren bajo custodia policial no estaban detenidas por orden judicial, sino que eran «demoradas» por averiguación de antecedentes, «contraventoras» por faltas o contravenciones o arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervención previa judicial. Esas son solamente algunas entre una veintena de medidas propuestas.

Por supuesto, la puesta en marcha de estas medidas parciales y limitadas solo puede desenvolverse en el marco de una orientación más general, que permita un cuestionamiento a la distribución de la propiedad y la riqueza en nuestro país. Una cosa inevitablemente lleva a la otra, porque la agudización del carácter represivo de un determinado régimen político se ve determinado directamente por su incapacidad de realizar concesiones y su sensación de amenaza a sus privilegios. Y, a su vez, el despliegue de una plataforma de medidas antirrepresivas solo podrá consagrarse definitivamente como conquista en la medida en que podamos remover las causas sociales que la originan: en primer lugar, la explotación.

IS: Para finalizar, me gustaría pedirte una caracterización breve del gobierno nacional. Cómo lo ves en la actualidad y hacia dónde crees que irá en los próximos meses.

MCV: Retomando la segunda pregunta, a pesar de aquellas palabras del presidente Fernández cuando llamó a terminar con el gatillo fácil y la lógica del disparo por la espalda, y de esas primeras medidas auspiciosas del ministerio nacional con la derogación de seis de los «Protocolos Bullrich», la realidad, un año después –aun distando de la situación de excepción sin precedentes que nos impuso el macrismo— no es nada alentadora y se agrava con cada día que pasa. Pero como sostenemos hace más de 30 años, la política represiva no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para imponer el control social y el disciplinamiento cuando el consenso no alcanza.

El gobierno de Alberto Fernández, que asumió con la promesa de gobernar a favor de los que menos tienen, hoy inclina la balanza en defensa de los que más tienen, cediendo a las enormes presiones de los grupos empresarios que conspiran contra la moneda, los puestos de trabajo y el salario. La formulación de un capitalismo en el que todos ganen no existió –ni existirá— y, en plena crisis económica mundial, sostener los privilegios de los dueños de todo implica que los pobres sean cada vez más y más pobres.

En ese sentido, también el mensaje al FMI de «no vamos a pagar a costa del pueblo», parece terminar con la adopción de las recetas ortodoxas, como la recientemente anunciada formula previsional que vuelve a descargar el peso de la crisis sobre los sectores más castigados.

Por otro lado, en lugar de suspender el pago de la deuda externa o investigar su carácter ilícito e ilegítimo (como fue el reclamo de muchas organizaciones populares e incluso simpatizantes del Frente de Todos), el gobierno avanzó en un acuerdo con los fondos buitres y ahora con el FMI que implicará muchos sacrificios para el pueblo. Como cada vez que el FMI ha dirigido la economía de países a los que contribuyó a destruir (los ejemplos de Ecuador y Grecia están al alcance de la mano) las recetas «estabilizadoras» resultan en un cúmulo de medidas antipopulares que, en nuestro caso, ya se han puesto en marcha.

El no pago del IFE 4 (Ingreso Familiar de Emergencia) y el descongelamiento de las tarifas por servicios esenciales, el cambio de actualización en haberes jubilatorios y la baja de varios productos de primera necesidad del Programa de Precios Cuidados anuncian un verano por demás caliente.

Los créditos de Facilidades Extendidas (EFF) a los que aspira el gobierno en su negociación con el FMI implican, necesariamente, someterse a ajustes estructurales en tres materias de profundo impacto social y de especial repercusión en amplias franjas de la población: las jubilaciones y pensiones (cuyos índices de actualización ya cambiaron en detrimento del poder adquisitivo, como mencionamos), el régimen de trabajo (la reforma laboral tan reclamada por los empresarios y legitimada por la burocracia sindical de la CGT, que se viene aplicando en forma de goteo a través de acuerdos por convenios) y una reforma tributaria que «incentive la inversión», es decir, con mayores exenciones y beneficios a las patronales y recorte del gasto público.

El gobierno está convencido de que habrá un rebrote en la actividad económica y, con él, un ascenso de la recaudación que permitirá darle «sustentabilidad» al ajuste. Pero si el rebrote no es tal, o es insuficiente, el estancamiento será algo más que una posibilidad. En un país que tiene el 45% de su población en la pobreza (más de seis de cada diez niños y niñas ya lo son) el panorama no es el mejor.

Las perspectivas de tensión social se incrementan con la profundización de la crisis económica y el desempleo. Y, con ellas, las respuestas represivas –como se ha demostrado a lo largo de la cuarentena— han crecido exponencialmente, con más recursos y facultades a las fuerzas represivas. Medidas como el impuesto a las grandes fortunas, lejos de ser aisladas, son el punto de partida de un programa a favor de los sectores populares que resulta urgente.

Existe una disputa abierta en nuestro país acerca de cuál será la salida a la crisis. De parte de las organizaciones y sectores populares, hay una agenda a instalar. De hecho, en las últimas semanas, hemos visto avances en el tratamiento del proyecto de ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y el envío del impuesto a las grandes fortunas, indudablemente medidas obligadas producto del descontento creciente por la crisis. Pero nuestra tarea es potenciar esos reclamos para construir una salida popular a la crisis que debe incluir, necesariamente, una agenda antirrepresiva. Esa es la tarea central, y allí reside la posibilidad de condicionar al gobierno en su rumbo.

Por eso, este fin de año, cuando presentemos la actualización del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y el informe de la situación represiva nacional, lo haremos bajo la consigna: «Las necesidades del pueblo son esenciales, ¡la represión no!».

 

Sobre el entrevistador:

Ignacio Saffarano es abolicionista penal, integrante del Área de Sociología de la Justicia Penal – Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

Fuente: Jacobin América Latina

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