La agenda mercantilizadora no cesa a pesar de la pandemia

Al mismo tiempo que escuchamos cada vez más asiduamente en la agenda internacional un relato en el que pareciera cobrar fuerza la desglobalización y el proteccionismo, la práctica política nos dice exactamente lo contrario. De este modo, la apuesta por la primacía de los mercados globales y por el blindaje de los intereses de las empresas transnacionales, lejos de detenerse, se recrudece, pese a los cantos de sirena escuchados durante el confinamiento, cuando las cadenas económicas internacionales evidenciaron su fragilidad e inviabilidad.

Cinco ejemplos, de escala y calado diferente, nos sirven como botones de muestra. En primer lugar, la firma el 15 de noviembre de la Alianza Integradora Económica Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), el mayor acuerdo comercial del mundo que, bajo el liderazgo de China, integra a 15 países de Asia y Oceanía, abarcando a 2.100 millones de personas y el 30% del PIB mundial.

En segundo término, la agria disputa en el seno de la Unión Europea por la aprobación definitiva del tratado comercial con el bloque Mercosur. Acuerdo furibundamente defendido por las instituciones comunitarias en base a informes poco rigurosos (como han denunciado más de 200 economistas de 24 países), y que pudieran tener unos impactos tremendos en térmicos ecológicos, de soberanía alimentaria, privatización y agudización de patrones desiguales y neocoloniales de desarrollo.

Tercero, la puesta en marcha en enero de 2021 del Área de Libre Comercio de África Continental (AfCFTA, por sus siglas en inglés), integrando a 1.300 millones de personas.

Cuarto, el anuncio del pasado 17 de noviembre de la creación de la plataforma virtual “JuntosMasLejos” por parte del Gobierno español y la patronal CEOE, que engloba servicios y herramientas para dar un nuevo impulso a la internacionalización de las empresas españolas.

Por último, los planes España Puede y Euskadi Next (propuesta enviada por el Gobierno vasco a su homólogo central para su financiación vía fondo de recuperación europeo), en los que se pone a las claras la prioridad por destinar preferentemente el dinero público a la internacionalización de las grandes empresas vascas y la atracción de la volátil inversión foránea.

La agenda mercantilizadora, desde lo más global a lo más local, parece por tanto que no cesa. Las alianzas público-privadas, la captura de nuevos mercados, las alfombras rojas para atraer capital que especula y/o desahucia, el rescate público de empresas privadas, así como el blindaje político-jurídico de los intereses corporativos vía tratados comerciales siguen siendo, de esta manera, las prioridades de los diferentes gobiernos de turno.

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Bien es cierto, en todo caso, que esta agenda se sitúa en un contexto convulso e incierto, que ofrece cierto pábulo a los relatos de aparente desglobalización y relativo proteccionismo en alza. En este sentido, la pandemia no ha hecho sino agravar dos fenómenos previos y complementarios: uno, la crisis global, y dos, la pugna por la hegemonía entre EEUU y China. La combinación de ambos fenómenos explicarían en parte la desglobalización como reducción en el comercio internacional (la UNCTAD pronostica un descenso de más del 8% en 2020, que ya se redujo en -0,5% durante 2019) y relocalización de algunas empresas ante el colapso de algunos mercados globales. Al mismo tiempo, daría cobertura a un proteccionismo como resultado de una mayor disputa arancelaria y de la reestructuración de empresas de sectores en decadencia como la industria aeroespacial, la energía fósil, la automoción o el turismo, entre otras.

No obstante, siendo realidades innegables, no son por el momento significativas: si el descenso del comercio es coherente con el exiguo crecimiento económico internacional, las relocalizaciones no son ni mucho menos masivas, y la contienda arancelaria es más mediática que efectiva, dada la interdependencia global de la economía.

Por lo tanto, estos conceptos no alteran sino matizan la agenda mercantilizadora, que sigue su curso aunque desde una perspectiva más “de bloque” que universalista. Esto es, priman los intereses propios de cada élite nacional y regional (fundamentalmente la UE, China y EEUU) a los compartidos por el conjunto del capital, en un marco en el que la guerra económica se recrudece, no precisamente en torno a los aranceles, sino a las ventajas en la economía digital, el control de los recursos naturales y la primacía financiero-monetaria.

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La UE combina su apuesta por el Pacto verde europeo y la digitalización de la mano de las grandes corporaciones, por un lado, con una agenda muy agresiva de firma de tratados de comercio e inversión de última generación, por el otro. Estos incluyen no solo bienes sino también servicios, contratación pública, propiedad intelectual, comercio electrónico, etc., y priman el desmantelamiento de las medidas no arancelarias (en plata, la desregulación social, laboral y ambiental) y la protección de las inversiones en base a una justicia privatizada basada en tribunales de arbitraje.

El lánguido crecimiento europeo, su deslocalización en el ámbito tecnológico, su dependencia material-energética del exterior, y su pérdida de peso político le empujan a ello de manera desesperada. Así lo ha demostrado durante el confinamiento de la pasada primavera, en el que ha aprovechado para poner en marcha el acuerdo comercial con Vietnam, actualizar y profundizar el de México, negociar la modernización del existente con Chile, y tratar de destrabar el ya comentado con el Mercosur. Sus expectativas son, en todo caso, poco halagüeñas.

China, por su parte, asume a lo largo de la pandemia un rol más activo en la disputa geopolítica, desarrollando un multilateralismo activo clásico. Este se basa en una política keynesiana de fomento de la inversión pública y privada a escala global (el megaproyecto de la ruta de la seda es su buque insignia), así como en la firma de tratados de comercio menos agresivos (como el RCEP, que no cuenta con tribunales de arbitraje ni con medidas de acceso internacional a la compra e inversión pública), aunque sigan la senda de una hiper-globalización fallida que profundizará las desigualdades ya existentes, exacerbadas aún más por la pandemia.

Este acuerdo supone un tanto estratégico de primer orden para China, ya que ahonda su influencia tanto en Asia como en Oceanía. No obstante, es muy llamativo que India se haya salido finalmente del acuerdo, preocupado por la destrucción de empleo debido a las importaciones de China, Australia y Nueva Zelanda, partiendo de un balance comercial ya de por sí deficitario. En todo caso, el tanto obtenido por China con la firma del RCEP hay que sumarle su desempeño durante la pandemia, su vigor en la tecnología 5G, su control sobre los yacimientos más importantes de tierras raras, así como su ofensiva sobre las energías renovables o el coche eléctrico, elementos todos ellos que le sitúan en una buena posición económica y geopolítica.

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Estados Unidos, finalmente, hace valer su poderío militar, la primacía del dólar como moneda internacional de cambio y reservas, así como su posición de hegemón financiero, como principales haberes en la disputa por la hegemonía. Su mirada internacional es en la actualidad más unilateralista, priorizando los tratados bilaterales donde puede imponer su fuerza imperial (México y Canadá, Reino Unido tras el Brexit, países de América Latina y África como Ecuador y Kenia, etc.) que aquellos que le exigen concesiones en base a negociaciones múltiples.

El nuevo gobierno de Joe Biden podría virar esta dinámica, tratar de reestablecer las reglas comerciales desde un enfoque más universalista (como ha anunciado), incluso rebajar el tono de confrontación con China. No obstante, no parece que al menos en el corto plazo su estrategia pase por recuperar las negociaciones del TTIP o TTP, en un contexto de paralización de la OMC y en el que tanto republicanos como demócratas comparten la caracterización de China como amenaza. En este sentido es bueno recordar que Trump ha significado un síntoma político de los efectos internos de una globalización neoliberal que ha ahondado también la precarización de la ciudadanía estadounidense, por lo que la sombra del trumpismo (aún sin Trump) sigue siendo muy alargada.

En definitiva, cada bloque desarrolla una agenda más o menos agresiva, más o menos universalista, en un contexto de guerra económica de desenlace incierto. No obstante, comparten una apuesta común por mercantilizar la vida, por sostener el patrón global de acumulación, por desmantelar, en mayor o menor grado, el peso de lo público y de los bienes comunes.

Y es ahí donde reside la génesis del abismo social y al colapso ecológico al que hoy estamos abocados las mayorías sociales y el conjunto del planeta. Ninguna de estas estrategias mercantilizadoras es un referente por tanto, ni siquiera un mal menor, por lo que deberíamos abogar, desde una perspectiva emancipadora, por avanzar en sentido contrario: extraer aprendizajes de la pandemia  y apostar sin duda alguna por la desmercantilización de la economía, por su relocalización, por su inserción dentro de los límites físicos del planeta, así como por desmantelar el poder corporativo. Un giro completo en las políticas a todas las escalas, empezando por impedir el avance de esta agenda mercantilizadora que avasalla pueblos y ecosistemas que sostienen la vida.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zarate (OMAL-Paz con Dignidad) y Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)

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