Inflación y Derechos Humanos

La inflación ciertamente es un tema recurrente en la economía de la Argentina, que se explica desde distintas miradas técnicas, ideológicas y disciplinares, acá buscaremos observarla además en su relación con los derechos humanos de tipo económicos, sociales y culturales.

Por ello explicamos que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)[i] son derechos humanos fundamentales como el derecho a  alimentarse, vestirse, tener una vivienda adecuada, trabajar, educarse, cultivarse y atenderse la salud, entre otros.

Ahora bien producto de la forma económica adquirida a lo largo de años en la Argentina, a saber: una concentración como remanente de la forma de acumulación capitalista en los principales medios de producción, una cadena de valor que insuflúa (infla) el precio final de lo producido, acordonado con el modelo agroexportador uninominal a través de la venta del poroto de soja y sus variantes, se generó un proceso inflacionario que se vio acrecentado principalmente a través de las últimas medidas económicas.

Estas medidas económicas son marcadamente de ajuste, pues siguiendo a Mariano Féliz[ii]la reducción en el gasto público se concentra en la reducción de los gastos de la seguridad social (ANSES). El gobierno ya decidió eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y busca limitar el aumento en las jubilaciones, pensiones y planes sociales. Lo primero que se aprecia es que el gasto del ANSES se reducirá de 9,6% a 9% del PBI entre 2020 y 2021. A pesar del enorme deterioro en las condiciones de vida de la población, a pesar de salarios que mayormente no superan la canasta familiar, de desarticulación de los servicios públicos gratuitos esenciales y de condiciones de trabajo de elevadísima precariedad, el gobierno proyecta contener el gasto social”.

Producto de estas medidas se ha continuado con la concentración del capital en pocas manos y se ha generado una redistribución regresiva entre el  capital y el trabajo, esto generó que  grupos y empresas que “marcan” sus productos generen una inflación consecuencia de los monopolios, aunque esta no es la única variante inflacionaria dentro de la economía claro está.

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Lo hasta aquí expuesto nos permite concluir que al no intervenir el Estado en la cadena de valor, degenera en un proceso inflacionario en los alimentos orquestado por los monopolios empresariales, que se suma a la no creación por parte del Estado de infraestructura (vías de tren, fijación del precio de la nafta, caminos, etc.) que permita abaratar costos. Todo ello se viene a sumar a la baja cantidad y control del programa de “precios cuidados” que ha terminado de signar la poca preferencia del gobierno por el cuidado de los que menos tienen.

El gobierno del Frente de Todos además dejó de emitir dinero por comprenderlo como una de las variables inflacionarias, siguiendo nuevamente a Mariano Féliz[iii] “Por otro lado, la decisión de frenar la emisión monetaria para financiar el gasto público ha sido una decisión errada influida por la incapacidad del gobierno de controlar el valor del dólar. La presión sobre el dólar es en realidad una presión indirecta del capital para frenar la monetización del gasto público, o siendo más precisos, es una presión para reducir la parte del gasto que es dirigida a las clases populares”.

Para el actual sector del gobierno del Frente de Todos que comanda la economía el salario es además, no sólo una variante de ajuste, sino que la disputa en paritarias tiene para esta visión conservadora un sesgo inflacionario, es por ello que mediante el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que cerró en un aumento del 28% en tres cuotas, se intentó fijar y frenar el alza salarial anclando las paritarias y de esta manera la relación salario-inflación.

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Asimismo, el descongelamiento de las tarifas en la luz, el gas y servicios en general, además de la inflación  va a  potenciar la licuación del magro aumento del salario conseguido por les trabajadores.

Es por ello que resaltamos que el derecho al trabajo en materia de derechos humanos, no es una mera aspiración filosófica de los pueblos sino que es un derecho jurídico, porque a través del derecho al trabajo se puede acceder a otros derechos, como los de alimentarse, vestirse, una vivienda -ya sea mediante alquiler u otras formas-, marcando la importancia de la integralidad de los derechos humanos, es por ello que el salario y lo que se puede hacer a través de él, es una variable fundamental para comprender cómo se ejecutan las violaciones a los derechos humanos. 

En este sentido debemos exponer las propias estadísticas del Estado, que nos muestran la estructuración de la violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Siguiendo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)[iv] el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de la pobreza, subió 5,7 % en octubre, mientras que el de la Canasta Básica Alimentaria aumentó 6,6 % en el mismo período. Además el costo de la Canasta Básica Total implica que una familia formada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesita contar con ingresos por $49.912 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) al que ya hicimos referencia y que tuvo un aumento del 28% en tres cuotas, estando en $18.900, subirá en cuotas hasta alcanzar los $21.600 en marzo, muy lejos del permitir un ingreso salarial adecuado para cumplir con los derechos humanos de la clase trabajadora.

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Veamos además una paritaria a modo de “paritaria testigo” el sindicato de camioneros cerró sus paritarias en un 30%, las mismas abordan desde julio 2020 a junio 2021, distribuido en 4 aumentos mensuales a lo largo del año de agosto 2020 (8%), octubre 2020 (7%), febrero 2021 (8%) y abril 2021 (7%). Quedando el salario de un conductor de primera categoría en $35.356,55[v], lo que sigue lejos de permitir ingresos adecuados para que una familia no caiga debajo de la línea de pobreza, según el INDEC.

La inflación degenera siempre en violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la población con principal énfasis en los sectores populares, pero una adecuada política pública que haga foco en mantener los derechos de la clase trabajadora, que haga que el salario esté por encima de la inflación, con un presupuesto que se oriente a sacar de la pobreza e indigencia a la población, en fin un Estado que busque cumplir con los derechos humanos, podría hacer frente a las consecuencias de la inflación. Es por ello que no debemos dejar de  marcar la clara orientación en detrimento de la clase trabajadora y los sectores populares de las políticas orquestadas por el Frente de Todos, que así desplegadas  sólo pueden generar más hambre y pobreza.

Para todos, todo

Damián Ravenna

Presidente

Asamblea  Permanente por los Derechos Humanos Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires (APDH ZONA NORTE)


[i] Para más información sobre los DESC,  https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

[ii] https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/11/30/presupuesto-nacional-2021-prioridades-proyectos-y-ajustes/

[iii] IDEM

[iv] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_11_204A6812A389.pdf

[v] https://mundogremial.com/los-nuevos-salarios-de-camioneros-tras-la-firma-de-la-paritaria/

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