Aniversario del Mendozazo del agua: dime qué conmemoración haces y te diré qué democracia (qui)eres

Fotografía: Alber Piazza

Un año ha transcurrido de aquella rebelión popular que sacudió Mendoza ante el intento de reformar la ley 7722, propuesta motorizada por el stablishment local para habilitar la megaminería en la provincia. Un acontecimiento que tuvo repercusiones a nivel nacional e internacional. Estas tierras saben que los temblores tienen réplicas, pero nadie esperaba el sacudón que luego vendría, esta vez de la mano de un acontecimiento “global”, la pandemia. Hemos transitado un año en el que experimentamos la aceleración del tiempo histórico. Ese tiempo que miden los calendarios de cada pueblo registrando las grandes inflexiones que marcan sus conmemoraciones y puntos de identificación como colectivo. La 7722 es uno de esos lugares de la memoria, y la pueblada del pasado diciembre, uno de los hitos que sellan la historia política y cultural de la tierra del sol y del buen vino.

Los aniversarios son momentos clave para leer los conflictos sociales, pues en los actos conmemorativos cobran nueva visibilidad los discursos y prácticas de los sujetos involucrados, se escenifican y ponen en circulación sus intereses, los proyectos en pugna, sus respectivas valoraciones, las expectativas a futuro que los movilizan. Por ello, no resulta casual que el gobernador Rodolfo Suarez haya reaparecido en el debate público-mediático en las últimas semanas, con afirmaciones alusivas a la (mega)minería y el tropezón que tuvo su gobierno en el primer paso de su gestión. Mientras por su parte, las últimas semanas, organizaciones comprometidas en la defensa del agua como bien común han llevado a cabo una serie de actos conmemorativos para recordar aquellas jornadas de intensas protestas callejeras que protagonizaron.

En este primer aniversario del “Mendozazo del agua” quisiera proponer que los balances y conmemoraciones se ofrecen como oportunidad para reconocer una de las dimensiones alrededor de la cual se configura el conflicto por la 7722: las vicisitudes de nuestra democracia. Conmemoraciones de la memoria popular y efemérides oficiales se dan la mano en esta ocasión para reflexionar sobre las diferentes concepciones en juego en torno a la vida democrática. Recordemos que el 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los derechos humanos (1948) y, en nuestro país, ese festejo encuentra una acentuación especial bajo otra celebración, la del retorno de la democracia (1983). Quizás por eso, el año pasado, el gobernador Suárez eligió esa fecha para presentar en la legislatura el proyecto de modificación de la 7722, primer acto de gobierno a través del cual pretendía rendir su sentido y particular homenaje. Además, su propio discurso, el de hace un año (2019) y el de ahora (2020), ofrece ese acto como gesto grandilocuente, exuberante coherencia republicana entre los actos de gobierno y las promesas hechas en “campaña”. No somos los únicos que atribuimos esta significación, es una lectura que en verdad ha sido destacada en forma vivaz y con insistencia por los grandes medios.

Pero si prestamos atención, a lo largo de toda esta embestida legislativa contra la 7722, “ley del pueblo”, en la dinámica del conflicto gravitó, como uno de sus principales pliegues, la cuestión de la democracia y la manera como pensamos su institucionalidad. Algo que cobró importante visibilidad en lo que fuera el punto de partida de esta maniobra legislativa, un año antes, en 2018.

2018: nacidos del foro parlamentario, algunos aforismos asamblearios

Uds tienen en su poder, decidir el futuro de los mendocinos y la calidad de vida de los mendocinos. No somos ignorantes, sabemos lo que queremos, ya sabemos lo que decimos. Queremos vivir en una Mendoza digna, con agua pura (…) si votan a favor de la modificación de la 7722, sepan que votan desoyendo a la población mendocina. Sepan que votan en contra del derecho de todos y cada uno de nosotros de vivir en un ambiente sano y en una provincia productivamente rica gracias al agua pura que desciende de nuestras montañas. Por eso el agua de Mendoza no se negocia y por eso defendemos la 7722.

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Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán

Entonces la pregunta que yo les hago a los legisladores: estas situaciones de estos proyectos que se han presentado, ¿son aspectos consensuados por la sociedad o son aspectos solamente impuestos, son recetas impuestas –nacional, internacionalmente con una gran complicidad política, empresarial y judicial? ¿Sirve para una elite o sirve para las masas? Esa es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer.

Asamblea del Este

Los legisladores tendrían que estar legislando para una sociedad que sustente la vida, no para una sociedad que atente contra los bienes comunes (…) Si uds. están acá representándonos, tienen que representar la vida, tienen que cuidar el agua. (…) Porque la megaminería es muerte y no nos vamos a cansar de decirlo, porque los que estamos defendiendo la 7722 nos nutrimos entre nosotros, nutrimos nuestros corazones, nutrimos nuestro espíritu. No nutrimos nuestros bolsillos.

Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable (ACUYODS)

Fuimos nosotros quienes debimos traccionar y llevar adelante el proceso que dio como resultado la ley 7722. (…) vivimos en un sistema democrático en donde la movilización social pacífica ha sido el camino para visibilizar la defensa de nuestros derechos o el reclamo de la creación de los mismos. La protesta social no es más que el reflejo de disconformidad con los representantes. Electos por el pueblo, a veces parecen olvidarlo. Y en vez de ser nuestra voz, son nuestra oposición. Nosotros, no olvidamos.

Asamblea por el Agua Pura de Tupungato

Estamos comprobando empíricamente que en lugar de respetar nuestros representantes los mandatos del pueblo, se han transformados en los representantes de las corporaciones contra nosotros. Y si se aprobara lo que se pretende, seamos conscientes serán las corporaciones extranjeras las que lo lleven a cabo.

Asamblea de Las Heras

En octubre de 2018 irrumpieron en el escenario político provincial los primeros proyectos de ley que buscaban impulsar una (contra)reforma legislativa para habilitar la megaminería. En aquel entonces, se trataba de proyectos que fueron presentados por parte del bloque opositor, sacando a la luz la transversalidad político-partidaria que adquiere la apuesta por el extractivismo (mega)minero. Ese año, el debate en comisiones legislativas tendió a convertirse en un foro social, al cual fueron invitados durante varias semanas los diferentes actores que se suponían involucrados en el conflicto: cámaras empresariales, universidades, gremios, organizaciones de la sociedad civil, reparticiones públicas. En todo momento, gran parte del debate giró alrededor del sentido de la democracia, la representación política, el quehacer legislativo, el buen gobierno. Ese conjunto de preocupaciones, interrogantes y demandas sociales es parte constitutiva del conflicto. Desconocerlo, sólo puede llevarnos -cuando menos- a realizar una lectura deshistorizada de las disputas en juego.

Loa pasajes citados, abreviada selección, evidencian con desasosiego la presencia de esa demanda en torno a la democracia y sus instituciones. Se trata de algunas de las intervenciones que realizaron diferentes asambleas socioambientales durante el trabajo en comisiones legislativas. Son palabras que testimonian la desconfianza política y el decisivo malestar social que generaba la pretendida modificación de la 7722. En efecto, dejan poco margen para observar con inusitado asombro la pueblada que irrumpió un año más después, a finales del 2019. Que se haya presentado en forma impredecible, como lo hace todo auténtico acontecimiento político, no es lo mismo a decir que nos tomó por sorpresa. La infatigable protesta que recorrió las calles de Mendoza, el persistente reclamo que tuvo lugar en la mayoría de los departamentos, tiene su anclaje en el profundo rechazo social que el pueblo de Mendoza ha expresado, desde comienzo de siglo, frente a cada una de las diferentes iniciativas que los sectores dominantes han instrumentado para habilitar la megaminería “contaminante, secante y saqueante”. Por eso en 2018 el tratamiento parlamentario quedaría inconcluso, sin pasar a votación en el recinto, pues hacia finales de aquel año se anticipaba el clima electoral del próximo 2019 y ninguna de las fuerzas partidarias estaba dispuesta a asumir el costo político de tamaña iniciativa que se sabía antipopular.

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2019: una pueblada contra la “ley cianuro

La segunda intentona contra la 7722, en diciembre de 2019, se llevó a cabo con menos debate y mayores confrontaciones. Esta vez, la ofensiva legislativa tomó envión de la mano del poder ejecutivo, quien impulsó la modificación el primer día de gobierno, confiado en que el reciente triunfo electoral y el acuerdo interpartidario garantizarían con éxito la maniobra. Así, ambas cámaras legislativas avanzaron con las modificaciones un mismo día, en una legislatura que debió sesionar totalmente vallada y custodiada por las fuerzas de seguridad. Afuera del edificio, un intenso reclamo nacía de diversos sectores sociales y masivas movilizaciones proliferaban en varios departamentos y localidades por todo el territorio provincia. Con represión, enfrentamientos e imputaciones judiciales a manifestantes, la legislatura sancionó una nueva normativa (9209), modificatoria de la anterior (7722), que entre los cambios flexibilizaba las condiciones de explotación para la minería metalífera, principalmente habilitando el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico. Únicamente cuando el gobierno se vio acorralado por el aumento de la conflictividad social, dio marcha atrás y derogó la “ley cianuro” (9209), restableciendo la plena vigencia de la ley “guardiana del agua” (7722).

2020: anagramas en democracia… de mayorías silenciosas y reformas sinlicencias

A un año de aquella pueblada, el gobernador Rodolfo Suárez se paseó por los principales medios hegemónicos locales haciendo público su “balance” del primer año de gestión. En ese rail mediático ha ofrecido un discurso que reitera, uno a uno, los supuestos básicos que lo llevaron a su primer gran fracaso, la reforma de la 7722. Veamos algunos pasajes registrados por la prensa local (El Sol[1]; Los Andes[2]; MDZ[3]; Diario Uno[4]):

“la gente que ahora está a favor es una mayoría silenciosa”

(El Sol, 6 de diciembre de 2020).

“los grandes errores del Gobierno fueron de comunicación: A nosotros nos faltó decirle a la gente que iban a vivir mejor con esto (en referencia a la megaminería)”

(Los Andes, 10 de diciembre de 2020).

“Se creó un clima social de miedo exagerado y mentiroso (…) Hubo movimientos internacionales, también gente de otras provincias, y había que preservar la paz social (…) intereses muy grandes que llevaron a generar este miedo de la población, pero que fue muy orquestado, donde hubo mucha plata atrás de todo esto”

(El Sol, 6 de diciembre de 2020).

Para Suárez, “esa ley puede haber sido apresurada”, pero atribuye a “un contexto de campaña de miedo bien articulada por sectores muy poderosos” el haber tenido que dar marcha atrás con la modificación

(Los Andes, 10 de diciembre de 2020).

“Yo tuve que derogar una ley para evitar un caos social. (…) Y llegamos a tener una situación muy intensa en la Ciudad de Mendoza, con movimientos que venían de Alemania, gente que hacía unas movidas increíbles de otras provincias, algo que también creo que excedía el tema”

(MDZ, 6 de diciembre de 2020).

Una de las frases que tuvo mayores repercusiones mediáticas fue la afirmación de que la gente que hoy está “a favor” de la (mega)minería serían las “mayorías silenciosas”. Precisamente, las resonancias mediáticas que tuvo, la insistencia con la que fue resaltada, incita a que interroguemos qué puede haber querido decir con esa frase. Por supuesto, para ello debemos partir del hecho de que los seres humanos, cuando hablamos, decimos más de lo que queremos. Así, cabe destacar que la frase, en el mismo acto de anunciación, vuelve a desoír el profundo malestar social que rodeó la reforma de la 7722, a la vez que deja entrever la concepción que tiene sobre la democracia. En boca del gobernador esa “mayoría” remite a los guarismos de las urnas; a las campañas electorales y una retórica entrenada para hablar sin decir, prometer sin comprometer; refiere también a los arreglos inter-partidarios que garanticen acuerdos “por arriba”; alude al “consenso” de las mayorías parlamentarias que legislan en silencio, encerradas dentro de un edificio vallado y custodiado, sin abrir la palabra a un debate auténticamente plural.

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Fotografía: Alber Piazza

Hace bien el gobernador entonces en hacer referencia a “mayorías silenciosas” en lugar de hablar de apoyo popular. Pues, en verdad, se trata de un discurso que destila un profundo desprecio por toda participación plebeya. No deja lugar para pensar la potencia de las masas como sujeto político, los/las subalternos/as protagonistas de la historia y de una programática propia en la construcción de su propio destino. De allí que entienda una democracia donde el pueblo debe permanecer siempre como sujeto de tutelaje, otra vez, una “mayoría silenciosa”, sin palabra, pasiva. Porque o bien al pueblo lo inunda una terrible ignorancia y no sabe lo que quiere ni le conviene, y entonces todo el conflicto por la 7722 se limita a un problema de “comunicación”; o bien es siempre víctima de la manipulación y el engaño por parte de intereses foráneos, y entonces todo se reduce a una “campaña del miedo”. En cualquiera de los casos, cada vez que las masas se movilizan e irrumpen en el terreno de la política, no pueden sino hacerlo de una manera errática, mostrando una fuerza exagerada y desmedida, cuando no fundamentalista y violenta. Nunca, entonces, en su discurso el pueblo puede ser sujeto de una praxis transformadora, ese “río que rebalsa su cauce” como gustaron llamar las asambleas socioambientales a lo que había sucedido aquel diciembre en el que tuvo lugar el Mendozazo del agua.

No somos ambientalistas, somos el pueblo

Las últimas semanas de diciembre han sido de festejos y conmemoraciones por parte de las organizaciones comprometidas con la defensa del agua pura. Celebraciones que buscan recordar el momento en que el pueblo mendocino lograba recuperar la ley “guardiana del agua”. Rememoración que hoy alerta sobre las nuevas amenazas, una propuesta de “zonificación” similar a la que ha movilizado al pueblo de Chubut. La 7722 es hija de un movimiento social que emergió en el clima dejado por una fuerte crisis de representación política, como fueron las jornadas de protesta de diciembre de 2001: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Gran parte del recorrido del movimiento social en defensa del agua pura ha tenido, entre sus preocupaciones centrales, la inquietud por pensar nuevas formas de participación social y construcción de poder popular. De allí el recurso a la forma asamblearia de sus organizaciones y el carácter horizontal que reivindica, el desafío de la autogestión, la apuesta por la autonomía de sus decisiones en relación a los partidos y el Estado. Si bien ha sabido intervenir en los canales y espacios institucionales abiertos, en determinados momentos, la protesta callejera, los cortes de ruta y otras formas de acción directa han sido las formas de participación que encontraron “vecinoxs autoconvocadxs” para poder tomar la palabra en el espacio público, abrir el debate social a la pluralidad de miradas sobre la (mega)minería, cuestionar las visiones hegemónicas que encarnan en la política pública, hacer valer sus demandas.

Fotografía: Alber Piazza

Resulta por ello preocupante la fuerte criminalización de las acciones colectivas en defensa del agua y el ambiente que puede observarse durante los últimos años. Tal como señala el CELS, el derecho a la protesta es una de las condiciones imprescindibles para la vida democrática, estrechamente ligada a los derechos humanos[5]. Es el derecho a reclamar por los derechos. Uno de los resortes centrales de esa criminalización ha sido intentar desacreditar las voces disidentes y todas sus manifestaciones públicas. Para ello, una estrategia habitual ha sido atribuir, el rechazo social a la (mega)minería, a un interés “particular”. Se trata de “los ambientalistas”, de una “minoría bulliciosa” o de la “barrita” a la que se refirió un senador en pleno debate parlamentario. Sin embargo, en diciembre pasado más que la movilización de un sector social particular, lo que hemos presenciado está más cerca de una sociedad en movimiento: “nos somos ambientalistas, somos el pueblo”, asomaba una pancarta en plena pueblada. Un asunto clave que se juega en torno al conflicto por la megaminería y el resto de las actividades extractivas que se han propuesto en los últimos años para ampliar la matriz productiva provincial, es qué formas de participación colectiva están habilitadas para debatir y tomar las decisiones que comprometen esas actividades.

Sin dudas, la cuestión de la “licencia social” conlleva la necesidad de repensar los procesos de democratización de nuestras sociedades, comenzando por los mecanismos en la toma de decisiones. Los conflictos sociales como el que tiene lugar en Mendoza o Chubut alrededor de la megaminería, ponen de manifiesto la crisis de las democracias actuales para trascender el formalismo constitucional y proveer la trama social a través de la cual, el demos -pueblo soberano-, sea capaz de poner un freno a la privatización del mundo, el avance de la mercantilización de todo lo que nos rodea, la intensificación de la explotación, el avasallamiento de los derechos humanos como resultado del socavamiento de las condiciones materiales de existencia que hacen posible su ejercicio efectivo.


[1] https://www.elsol.com.ar/la-gente-que-esta-a-favor-de-la-mineria-es-una-mayoria-silenciosa

[2] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUyrSkgPntAhWeHbkGHZ3jDQoQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fa-un-ano-del-intento-de-reforma-de-la-7722-que-piensa-hoy-suarez-de-la-mineria-en-mendoza&usg=AOvVaw380VjnbZqwGCGlcZrVWog6

[3] https://www.mdzol.com/politica/2020/12/6/suarez-su-primer-ano-yo-no-hice-de-la-pandemia-un-relato-123911.html

[4] https://www.diariouno.com.ar/politica/el-primer-ano-rodolfo-suarez-mendoza-no-tuvo-el-favor-politico-la-nacion-n751352

[5] https://www.cels.org.ar/protestasocial/

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